El documento presenta las leyes aprobadas en diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional de Venezuela sobre la propiedad en el estado comunal. Reconoce el derecho a la propiedad pero limita la disposición de bienes a fines de utilidad pública o interés general. Sin embargo, cuestiona que la ley solo mencione la propiedad social y familiar en lugar de la privada, restringiendo el derecho a disponer de la propia propiedad.