Libro ideas libres sobre el desarrollo y la socioeconomia

IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
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Antonio Márquez S.
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Autor: Antonio Márquez S.
Writing: 2011
Edition Copyright 2011: Antonio Márquez S.
Dirección General y Diseño de Portada: Cesar Leo Marcus
Windmills International Editions Inc.
www.windmillsedition.com
windmills@clmarcus.com
ISBN 978-1-105-27002-4
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IDEAS LIBRES
SOBRE EL DESARROLLO
Y LA SOCIOECONOMÍA
Venezuela
y los nuevos paradigmas
del ciudadano del siglo XXI
Antonio Márquez S.
Windmills International Editions Inc.
California - USA – 2012

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A mis hijas, Alejandra, Valentina y Camila
A mis hijos Eduardo y Fernando;
A mi nieta Valeria,
Juntos han arraigado más en mí, los
infinitos valores del amor y la lucha por
la vida que en esencia continúa por ustedes.
A Clory mi esposa, tenaz, solidaria e invariable
en su amor de colores tan original, cruzado a
mis nervios y nucleado como el acero al
más recóndito lugar de mi corazón.
A Josefa y Antonio, mis amados padres quienes
en vida tuvieron un constante y desinteresado
empeño por mi realización como hombre útil.
A mis padres de hoy,
María del Buono y Mario Maiuri
A Jesusita, Cristóbal
A mis hermanos y al resto de mis
familiares idos en su hora hacia el
valle eterno de las flores y el silencio.
A los compañeros prisioneros
Políticos y presos comunes del Sebin,
quienes irreductibles esperan su hora
de justicia y libertad.
Antonio Márquez S.

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Antonio Márquez Sánchez, es venezolano nacido en Cantaura, Edo.
Anzoátegui, es Economista, egresado de la Universidad Central de
Venezuela en 1973 con post-grado en Economía y Finanzas de Iowa State
University USA (1976-1978).
Ha asistido a diversos cursos y seminarios nacionales e
internacionales sobre economía, en organismos como Cendes (UCV), IESA;
Banco Mundial; Bndes de Brasil e Instituto Iberoamericano de Mercado de
Valores y a Cuba, Chile, Colombia y Rusia en Foros sobre Auditoria,
Control y Regulación financiera.
Ha publicado diversos artículos en la prensa nacional desde hace 30
años sobre diferentes tópicos del área de economía, agricultura, planificación
industrial y finanzas y es autor de varias obras:
Una Exploración en la Naturaleza y Características del Proceso de
Distribución del Ingreso en Venezuela (tesis inédita de post-grado 1978)
Pensares y Escritos de la Socioeconomía Venezolana (2010)
Desarrollo Socioeconómico Productivo (inédito)
Poesía de Morral (2011).

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Ha ejercido los cargos de Director de Ingresos y Egresos Fiscales en
la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y fue Gerente de análisis de
operaciones del Banco Interamericano de Ahorro y Préstamo (BIAPE).
Ha sido Director General de Planificación del Ministerio de
Desarrollo Urbano (MINDUR) y es fundador de Econométrica (1986),
empresa consultora de proyectos agrícolas e industriales.
Fue Gerente General del Fondo de Crédito Agropecuario (FCA),
institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría.
Ha ejercido también los cargos de Contralor por concurso del
Ministerio de Salud y luego se desempeñó como Auditor Interno del Banco
de Desarrollo Económico y Social (BANDES) durante seis años.
Fue Presidente de la Comisión Nacional de Valores, órgano
regulador del mercado de capitales de Venezuela, el cual es un organismo
adscrito al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas.

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PREÁMBULO
Este es un libro escrito desde la cárcel de la policía política del
gobierno del presidente Hugo Chávez, donde permanezco recluido desde el
año 2009 sin que se me haya celebrado juicio alguno en Tribunales,
violándose mis derechos constitucionales al privarme de libertad por tanto
tiempo siendo inocente y desdeñando mi derecho a la libertad condicional
bajo la presunción de inocencia que establece taxativamente la ley. Mi
condición se adhiere a la calificación de preso político, dado que no existe
sostén jurídico en las imputaciones que, sin soporte investigativo alguno,
hizo, dentro de un montaje judicial, la Fiscalía General de la República de
Venezuela. La iniciativa provino del gobierno financiero de la época para
oscurecer fallas graves de control y supervisión bancaria del órgano
regulador, imbricado éste en juegos de intereses económicos y centrífugas
financieras reñidas con la ética de la administración pública. El descontrol en
la supervisión bancaria dio pie a que se declarara una supuesta “mini-crisis”
que sólo afectó –no casualmente por cierto- a 11 pequeños bancos donde
predominaban los depósitos del sector oficial. La “minicrisis” derivó en un
proceso de intervenciones bancarias, que culminó con la decisión política de
liquidar esos bancos y aumentar el espacio financiero de la banca del Estado,
que era la línea general pre-concebida por el Ministro de Planificación. Esa
decisión se amparó en incriminaciones inescrupulosas por razones políticas
en muchos casos, hacia personas y funcionarios del sector bursátil sin
relación alguna con la dinámica de la gestión bancaria, pero que
representaban una importante “prueba” fabricada de que estábamos en
presencia de una “crisis” que exigía tomar control de los bancos, así como
castigos ejemplarizantes y condenas carcelarias. Y así le fue prolijamente

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presentada como “la solución” ante el presidente de la República Hugo
Chávez.
En rumbo hacia los tres años de reclusión forzada que han
transcurrido, no ha habido forma ni manera de que mis derechos, de acuerdo
a lo establecido en la Constitución Nacional, hayan sido respetados. En
consecuencia, sigo secuestrado en prisión, mientras los órganos del poder
público nacional se solazan en su desidia y en su obra, aun inconclusa en
tanto planifican el golpe final a través de una condena fabricada que exculpe
a los verdaderos responsables de crímenes financieros contra la sociedad y
permita al gobierno acudir al proceso electoral del 2012 presentando como
“trofeos convincentes” del “acierto” de sus políticas, las cabezas inocentes
de los inculpados víctimas del montaje judicial como es mi caso y el de otros.
Esta distorsión con saña del curso normal de lo que antes constituía
mi vida profesional como Economista y de mi entorno familiar, junto a mis
otros desempeños como ser social con derechos y responsabilidades, no
ocurre de manera fortuita o casual. Todo se concatena en una acción
solapada, coordinada desde la alta dirección del órgano nacional de
regulación bancaria, al cual le hizo crisis en 2009 la supervisión y el control
que ejercía sobre el universo de pequeños bancos nacionales. Estos jerarcas,
actuando en contubernio de sevicia con el gobierno financiero y funcionarios
de la Fiscalía General de la República asociados en complot, fraguaron un
tinglado de culpas que con astucia las supieron achacar hacia otros órganos
del sector financiero como lo era el regulador del mercado de capitales o
Comisión Nacional de Valores (CNV) de la cual era yo su presidente.
En el tiempo transcurrido desde esta prisión no ha resplandecido la
justicia y los verdaderos culpables siguen libres en la calle, integrados a su
red operativa de manipulación del control de la institucionalidad en función
de sus más oscuros intereses ligados a una vida particular “feliz” y segura
para ellos. Desde esta óptica se facilita colegir que, está privando en el país

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un ánimo transgresor infesto, el cual choca flagrantemente con los principios
y valores propios de la democracia que como sistema socio político acogimos
desde hace cincuenta años.
Es precisamente en la refundación de estos valores y en el
cuestionamiento al estado general de cosas que lesionan el patrimonio y
oscurecen el futuro del país en lo que la cárcel ha significado un tiempo útil,
aprovechado para pensar en contribuciones desinteresadas que desde mi
óptica como profesional de la economía, pueda yo legar al país y su gente.
De manera que, con propiedad puedo decir, que si de algo sirven las
ergástulas de la cárcel, es para templar los nervios y fortalecer los principios
en los hombres que son inocentes. Pero también para proseguir la lucha sin la
bulla, por la conquista socioeconómica real de la democracia y sus valores;
por el trabajo suficiente y digno; por la familia estructurada; por los derechos
humanos, la disidencia y la libertad.
Sirve también la cárcel para entender mejor el amor humano,
complejo y misterioso pero oportuno, vigoroso y capaz de iluminar como un
haz la materia oscura de la cual también se compone la vida.
Sirve asimismo esta aciaga circunstancia para dibujar con serenidad
obligada el país que queremos y sus contornos más decisivos, ponderando en
toda su relevancia la importancia del factor social imbricado estrechamente al
proceso de producción y al disfrute de la técnica y la ciencia misma como
indicadores milenarios de progreso y bienestar.
Hoy por hoy en Venezuela está planteado un rescate urgente de la
institucionalidad democrática. El sistema socioeconómico y político ha sido
desestructurado mediante la imposición al país de un falso dilema,
extemporáneo y fundamentalmente dirigista, entre el Estado, supuestamente
benefactor pero realmente transgresor y dueño progresivo de todos los
recursos económicos, financieros, tecnológicos, productivos, mediáticos, etc.,
versus las fuerzas productivas privadas, los ciudadanos organizados, los

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partidos políticos, las academias, los trabajadores, los militares
institucionalistas, los estudiantes, los profesionales y la disidencia en general
de las mayorías ciudadanas.
Estamos a favor de la inclusión social como fin y como medio del
proceso del desarrollo económico que tiene lugar dentro del orden jurídico de
la democracia. La sociopolítica mundial está hoy inmersa en un gran vórtice
de cambios, donde el problema de la distribución del ingreso y la lucha por el
excedente económico siguen siendo el ´agujero negro´ de los nacionalismos y
la globalización.
Las necesidades de transformación en lo social, jurídico, económico,
político y cultural son ya convicciones que han calado hondo en la conciencia
ciudadana. Ahora sin embargo, no se trata de resplandecimientos teóricos
puestos en sintaxis epistemológica para ´entender´ curiosidades intelectuales
de la sociología moderna. Ahora se trata verdaderamente de entender la
época de las crisis y su larga onda sistémica así como su impacto sobre la
trascendencia real de grupos humanos del planeta.
Y es precisamente ahora, cuando la condición socioeconómica de los
ciudadanos; su calidad, su nivel y su cobertura, marcan la pauta y la urgencia
de hacer para transformar la realidad, aprovechando sus recursos hasta
realzar una condición de país realmente soberana, desarrollado en sus
potencialidades y democráticamente sustentable sobre todo.
Venezuela hoy ha tomado conciencia del grave riesgo que para el
desarrollo humano representan los modelos sociopolíticos de concepción
totalitaria, los cuales, bajo una pretendida estrategia revolucionaria, fabrican
un tinglado de privilegios y burladeros que luego se erigen justamente en la
antípoda de los cambios. En el país, y en general en el mundo, se han
desatado las corrientes de acción y pensamiento que insurgen de manera
audáz contra viejos paradigmas que antes inspiraban las luchas por el cambio
social y que hoy han devenido en adefesios nepóticos indignos hasta de la

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propia historia. La historia y la práctica de vida, cotejada en el baremo que es
hoy la condición socioeconómica de las mayorías ciudadanas, no deja lugar a
conclusiones diferentes respecto a la necesidad de transformar la realidad,
mejorando la institucionalidad hasta hacerla de dominio público general y
expansivo. Ello implica, esencialmente, fortalecer el sistema de democracia
participativa a través de una institucionalidad fluida y eficiente que logre
concretar los objetivos y las metas del desarrollo social y económico; pero,
que también logre blindar la propia sostenibilidad de la democracia mediante
el establecimiento de límites y normas a factores de orden principalmente
económico y político que pudiesen amenazar su permanencia y autenticidad.
El ejercicio de la democracia, basado en la división de los poderes
del Estado, respetando la autonomía en la práctica de sus respectivas
competencias, es el requisito básico y fundamental por excelencia el cual
garantiza las mejoras de la condición socioeconómica de los ciudadanos. Se
logra por esta vía, un curso cierto hacia el desarrollo social y el cambio sin el
costo épico, innecesario por demás, que implica desnaturalizar la instintiva
propensión humana hacia la libertad, la solidaridad, la creatividad, la
prosperidad, las mejoras en las condiciones de existencia material, el
desarrollo cultural y la espiritualidad. Y se logra también, con el avance real
y significativo en estas conquistas, contener las posibles amenazas, a veces
invisibles pero actuantes de los factores entrópicos que siempre están
presentes en todo sistema.
Hacia estas urgencias del que hacer, ante la realidad socioeconómica
de Venezuela, se orientan principalmente los propósitos contributivos del
escrito que se presenta. La inclusión social de las mayorías ciudadanas es
considerada aquí como el problema básico de fondo a resolver, en alguna
medida acreciente. En esencia se trata de la vieja problemática del desarrollo
productivo con equidad en la distribución del ingreso. El progreso general del
mundo sigue mostrando gigantescas asimetrías que no logran ser subsanadas

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por los adelantos tecnológicos, la rentabilidad de las inversiones y la mayor o
menor eficiencia burocrática que puedan mostrar los gobiernos en su gestión.
Persisten dos dinámicas con velocidades diferentes en el mundo de la
economía real y en el financiero; pero hay un solo resultado: la crisis y el
consecuente deterioro de las condiciones materiales de existencia de la
población. La filosofía y los parámetros convencionales, así como los
conceptos y la propia institucionalidad inmersa en los procesos de gestión del
Estado y del mundo global de la economía y las finanzas, se hallan hoy bajo
fuertes cuestionamientos y debates. En el fondo sin embargo, subyace la
histórica e insustituible demanda del componente social que representan las
mayorías populares y la necesidad de su empoderamiento real, dentro de las
normativas del marco institucional democrático, para acceder de forma viable
a esa pieza angular que es la equidad, como única garantía firme de un
desarrollo sociopolítico y productivo, suficientemente integral y sustentable.

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ÍNDICE
INTRODUCCION
Pag. 17
I.
Las Nuevas Realidades del siglo XXI
y el Sentido de los Cambios
Pag. 23
II.
Morfología y Desempeños de la
Socioeconomía Venezolana
Pag. 33
III.
Hacia una Política Económica Integral
Pag. 59
IV.
La Constitución Nacional como
Marco Fundacional del Desarrollo
Pag. 81
V.
Economía, Desarrollo Institucional
y Gobernabilidad
Pag. 105
VI.
Consideraciones finales
Pag. 137
Citas Pag.149

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INTRODUCCIÓN
Democracia, socioeconomía y desarrollo son hoy día conceptos
inextricablemente unidos, no solo por la densidad especifica de los
principios y valores que encierran sus contenidos para la sustentabilidad del
mundo en sociedad, sino porque juntos conforman un núcleo de procesos
cuyo genuino desenvolvimiento asegura la producción suficiente de riqueza y
su distribución equitativa en un clima de libertades individuales, de
participación ciudadana y de reconocimiento pleno de los derechos humanos
y la división de los poderes en el ejercicio de las competencias del Estado.
Las nuevas realidades del siglo XXI, han determinado a su vez, un
nuevo perfil al sentido de los cambios y nuevos paradigmas emergen
amparados en una conciencia sistémica más crítica sobre el Estado y la
política, las crisis financieras, la democracia real, la equidad y las
condiciones de vida de los ciudadanos.
Después de la estruendosa caída del modelo estatista soviético hacia
finales del siglo pasado y la crisis financiera desatada desde el 2008 en USA
con la “burbuja hipotecaria”, los cuales representan los detonantes de mayor
impacto entre los fenómenos sociopolíticos y económicos ocurridos en el
pasado reciente desde hace cuatro lustros, el mundo global aun se debate en
las contradicciones propias que desde siempre ha generado la lucha por el
excedente económico y su distribución.
Hoy, la importancia de ´lo social´ ha trascendido los límites ya
estrechos, de la academia, del convencional lobby político y del
economicismo, en un contexto donde hasta los propios árbitros de evaluación
se han vuelto tradicionales y ya expresan su agotamiento a la hora de aportar
soluciones efectivas al viejo problema de la distribución de la riqueza, a los
limites al poder del Estado y a la inclusión social verdadera.

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Ahora la practica social, como proceso concatenado en todo lo que
atañe a la vida, es quien emite las señales hacia donde hay que dirigir el
sentido de los cambios y acerca de la naturaleza y las características de la
institucionalidad necesaria para garantizar el desarrollo sistémico de la
democracia y la consolidación de las condiciones socioeconómicas
indicativas de la calidad de vida de los ciudadanos.
USA y la Unión Europea de países, siguen sin superar los escollos de
la crisis financiera que se inició hace cuatro años y que se propagó a todo el
sistema capitalista del mundo desarrollado del G-8 y está latente la amenaza
futura de que se extienda al grupo de países emergentes del Bric´s y otros de
menor relevancia, como influjos propios de la escena económica global.-
El cuadro de problemas económicos, financieros y fiscales se
presenta con cierta uniformidad cuando se observa el desempeño de algunos
indicadores en países como Grecia, Irlanda y Portugal, con tendencia al
contagio en economías como la italiana y española.
En el contexto de la Eurozona , los problemas, a grandes rasgos,
podrían resumirse en los siguientes:
- Rigideces en el funcionamiento de las economías de
mercado, merma de competitividad externa y aumento del desempleo.
- Presencia operativa interna de economías paralelas ó
sumergidas, cuyo funcionamiento informal alienta la evasión de impuestos y
deprime los ingresos fiscales.
- Merma en la confiabilidad de las cuentas públicas por la
expansión de las alteraciones contables en el sector privado, afectándose la
transparencia en la gestión.
- Rebasamiento de los pactos de estabilidad en la gestión de
los gobiernos medidos por el techo del 60% en la relación deuda / PIB.
- La experiencia derivada de los planes de rescates y
salvatages en los casos más críticos de países en general ha tomado un

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tiempo más largo que el previsto y persisten las amenazas de contagio
progresivo que amenaza a todo el sistema financiero de la Unión.
- Los beneficios derivados de la política del Welfare State
hacia los ciudadanos, se ven seriamente afectados por los cortes
presupuestarios para salud, educación, pensión de vejez, paro forzoso, etc.,
ocasionando con ello la fermentación de las protestas públicas generales para
preservar calidad de vida e ingreso real y consumo.
En USA la situación general no parece ser particularmente diferente,
por cuanto la economía muestra un desempeño de poco vigor en el
crecimiento del PIB, con un desempleo superior al 9% y bajos índices en la
construcción y venta de viviendas nuevas y usadas; junto con el cierre de
empresas pequeñas y un movimiento altamente errático en el mundo
financiero de los bancos y el sector bursátil.
A esta critica panorámica de la economía real norteamericana se
agrega la grave situación financiera y fiscal generada por el extremado
endeudamiento del gobierno el cual ya alcanzó una relación de más del 94%
del PIB, lo cual obliga a que se desmejore aun más el cuadro social, por los
recortes presupuestarios que lo afectan y que luce como la vía más
pragmática para lograr cierto ordenamiento fiscal.
En los países de Latinoamérica, el comportamiento económico y
social muestra un contexto diferenciado de acuerdo a los factores políticos
que desde diversas posiciones y convergencias operan en la región.
Por un lado está, el bloque de países del Alba, liderados por Cuba y
Venezuela, junto a Nicaragua, Ecuador y Bolivia, los cuales enfatizan una
línea de desarrollo en la onda de la estatización progresiva de los sectores
claves de la economía (agro, producción de las industrias grandes y
medianas, sector financiero y servicios), junto a reformas constitucionales
que tocan principalmente a las funciones del Poder Legislativo, el Poder

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Judicial y el Poder Electoral hasta alinearlos con el modelo de supra Estado
que se proyecta desde el Poder Ejecutivo y los partidos políticos de apoyo.
Por otro lado está el conjunto de países de desempeño independiente
que han logrado en el marco de la región celebrar convenios de
comercialización, uniones, pactos y tratados entre algunos de ellos y con
otras zonas del mundo. Estos se desenvuelven básicamente dentro de una
política económica mixta de desarrollo, donde el Estado y el mercado operan
de forma concertada para apuntalar el desarrollo endógeno, la diversificación
y el fomento de las exportaciones.
En el caso particular de Venezuela, las condiciones objetivas que
existen en el país, no permiten un clima de normalidad y ello se expresa en lo
económico, social, político, judicial e incluso en lo cultural. El discurso
político predominante en el gobierno no logra enlazar el planteamiento que
constituye el orden jurídico de la Constitución Nacional con la vida practica
en que se desenvuelven los ciudadanos. Bien por el contrario, ese discurso,
puesto en acción, ha logrado escindir las fuerzas productivas del país al
particionar el aparato productivo Nacional, despojar a los ciudadanos de los
derechos económicos que tienen a la libre asociación para dedicarse a la
actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las que
establecen las normas constitucionales referidas a la convivencia y al interés
colectivo. Del mismo modo ese discurso ha logrado, a nivel sistémico,
inhibir la iniciativa privada como recurso de apoyo para promover la
producción de bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de la
población, el comercio y la industria y en su lugar ha dado pie para la
conformación de unidades productivas difusas, sin una organización
productiva apta para desarrollar procesos alineados con los criterios
elementales de rentabilidad y viabilidad.
En este contexto, si el ciudadano conoce la naturaleza y el alcance de
sus derechos constitucionales para ejercerlos y si el Estado cumple sus

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obligaciones, las cuales ordinariamente están en déficit, entonces el sistema
republicano democrático adquiere vigencia y la economía tiene más
posibilidades de fortalecerse, dando lugar a que se afiance la gobernabilidad
junto a un mejoramiento en las condiciones socioeconómicas de vida del
ciudadano. Sin embargo, aún así, solo se estaría apenas en el umbral posible
de tener un país moderno, de avanzada, con presencia mundial, productivo,
soberano y alineado a los criterios de la racionalidad económica.
Desde esta perspectiva, como primer aspecto, en el presente escrito
se aborda parte de esta problemática a partir del uso de una concepción del
desarrollo que destaca el rol de las organizaciones políticas y sociales en la
determinación de los fenómenos económicos. (1) En este sentido, en segundo
término, en [el libro] se tocan aspectos esenciales referidos a la morfología y
el desempeño de la socioeconomía venezolana, como: son algunos elementos
sobre la capacidad real de producción que tiene el país y sus posibilidades
ciertas de generación de empleo productivo; la estructura de la distribución
del ingreso y la movilidad social que el modelo actual de desarrollo ha
propiciado; el comportamiento del gasto público y sus debilidades, y la
situación del negocio petrolero junto a la performance de las industrias
básicas localizadas en Guayana.
En el capítulo tercero, se discute sobre los elementos básicos que hay
que tener en cuenta a la hora de aplicar una política económica en algún
grado integral, para enfrentar los retos y rezagos que plantean tanto los
antecedentes históricos del desarrollo económico venezolano como los
ensayos ideológico-politicos y sociales ocurridos en esta primera década del
tercer milenio y que afectan tanto al país y su acervo histórico – político
fundacional como a la condición socioeconómica de sus ciudadanos.
Hacia adelante, en el capítulo cuarto, se analiza desde una
perspectiva amplia, el potencial de desarrollo contenido en el documento de
la actual Constitución Nacional Venezolana, resaltando el hecho de que la

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institucionalidad plasmada en su articulado, establece por si misma la
viabilidad de los procesos que en el orden económico, social, político,
cultural y jurídico deben concertarse en la práctica para consolidar un
desarrollo productivo, diversificado y sostenible del país.
Por último en el capítulo quinto, se abarca el tema crucial de la
necesaria sindéresis, que como condición, debe prevalecer en el orden
democrático constitucional, para lograr una armonía funcional entre la
economía y sus factores determinantes, el desarrollo de la institucionalidad
autorizada por referendo popular y la gobernabilidad, que como clima óptimo
político – social se amplíe hacia todos los campos de la vida nacional.
Aquí también se destaca la importancia que para la sostenibilidad y
la calidad de vida del ciudadano y los intereses mayores del país tiene la paz
social, que se pueda lograr a través del blindaje del circuito socioeconómico
democrático, su consolidación y su desarrollo ampliado a través de un control
de la actuación del Estado y sus poderes que lo integran, ejercidos éstos con
autonomía, tal cual lo demanda de forma explícita el concepto de República.
Al final, como agregado de valor y contribución de orden práctico se
presentan unas conclusiones dirigidas a focalizar la atención del país hacia lo
que significa el texto constitucional y la importancia de que su contenido sea
digerido –o mejorado en su bondad- por los ciudadanos tal como fue
autorizado por el pueblo en Diciembre de 1.999. Solo a partir de esta
metabolización de los principios y valores contenidos en la Constitución se
podrá por las vías que permite la institucionalidad allí contenida, enfrentar las
regresiones que pretende imponer un gobierno trasgresor del orden jurídico y
la convivencia ciudadana que como norma esencial ordena la Constitución.

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I. LAS NUEVAS REALIDADES DEL SIGLO XXI
Y EL SENTIDO DE LOS CAMBIOS
La gran depresión de 1929 en USA, la terminación de la segunda
guerra mundial en 1945 y la caída de la URSS en 1989, fueron los eventos
más determinantes que actuaron como propiciadores de cambios estructurales
en la socioeconomía y la geo–política del mundo en el transcurso del siglo
pasado.
Durante la gran crisis del año 1929 la propagación de la caída de las
cotizaciones de títulos en la bolsa de valores de New York distorsionó con
amplio efecto, el comportamiento de todas las variables tanto financieras
como reales de la economía en su conjunto y con ella, se impactó de manera
directa y plena a la condición de vida ciudadana, la cual sufrió deprivaciones
de todo tipo, empezando por la pérdida masiva de empleos e ingresos como
medios ordinarios de vida y consumo, hasta el efecto psicológico que implicó
el impacto sobre la población, de la incertidumbre y la angustia ante el caos
general y el descalabro del ´orden´ y la sensatez que durante una década,
después del fin de la I guerra mundial el país habría disfrutado bajo un clima
de crecimiento económico sostenido y relativa paz social.
Dominar la crisis del 29 en un lapso de cuatro a cinco años, implicó
en USA la adopción de medidas y políticas de amplio espectro cuyo alcance
tocaba el funcionamiento global del circuito económico financiero bajo
nuevas regulaciones y normas amparadas en reformas legales impulsadas
por el gobierno, como lo fueron la política del “New Deal” y la famosa Ley
Glass–Steagal donde se deslindaba la nueva institucionalidad que permitiría
el rescate de la normalidad en la economía. Ello por vía de establecer una
serie de requisitos operacionales para la cotización de los títulos valores así
como un deslinde de áreas donde los agentes económicos y financieros

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podrían operar sin que se favorecieran solapamientos, acaparamientos,
concentraciones de poder y especulaciones exageradas en el funcionamiento
del principio de la racionalidad económica del sistema en general y la
necesidad de estabilizar el crecimiento económico del país como objetivo
capital.
Cuando sobrevino el acontecimiento de la II segunda guerra, el
mundo se vio colocado ante una nueva disyuntiva de cambios, reacomodos
del poder y redivisiones, inducidos por los resultados y posiciones que
derivaron del conflicto mundial. Esa disyuntiva emergió como respuesta
adversa ante los avances del Nacionalsocialismo alemán y que luego de su
derrota ganó espacio con el advenimiento de “la guerra fría” y el riesgoso
equilibrio de vivir un clima de confrontación permanente de valores, contra
“valores” y categorías económicas elevadas con frecuencia al plano concreto
de los conflictos militares entre países, con el propósito de lograr posiciones
de dominio y ampliaciones de influencias políticas y económicas que
apoyaran la expansión geo–política de los países, bloques o alianzas más
fuertes y dominantes.
La convivencia obligada y prolongada del triunfo aliado surfeando
las olas de un mar lleno de confrontaciones de variada intensidad, arribó a la
maduración de complejas contradicciones en el plano interno, de países que
integraban el llamado “bloque soviético” y que hicieron crisis hacia finales
de los años 80´s a través de procesos sociopolíticos de gran profundidad y
alcance como el Glasnost y la Perestroika, los cuales irradiaron con fuerza y
fluidéz, hacia todas las estructuras de soporte del complicado andamiaje del
sistema socio económico y político que conformaba la URSS desde los años
30´S cuando Stalin consolidó la fractura y conducción total de la Unión.
Con la Perestroika en 1989, se puso en marcha la reforma que
implicaba la renovación de los dirigentes, la mayor eficacia en la economía y
la democratización de las instituciones, con la cual se dio la disolución

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estructural (1991) necesaria para emprender, con autonomía, nuevos caminos
hacia el desarrollo de las naciones ex integrantes de la Unión, asumiendo los
criterios moderados del comercio globalizado, la eficiencia económica en la
producción y la racionalidad implícita en la economía de mercado.
El advenimiento del siglo XXI se hizo presente en un clima general
de cuestionamiento a los iconos referenciales y paradigmas que hasta ahora
habían servido como acicate de la dinámica social para el logro de “los
objetivos del desarrollo” y el desempeño de los gobiernos. Los nuevos
horizontes permitían ahora coordinar exigencias en pro de una
gobernabilidad positiva y útil que elevara la condición de vida de los
ciudadanos y que auspiciara un direccionamiento de la gestión de esos
gobiernos hacia el logro de cierta prosperidad y bienestar social.
El fin de la guerra fría y el balance de los magros logros alcanzados
por los países ex integrantes de la disuelta URSS después de 70 años de
ejecutoria bajo los preceptos del socialismo marxista (socialismo real), no
dejaba otra opción a los ciudadanos y a las dirigencias políticas que plegarse
a formas operativas de gestión, amparadas bajo términos de mayor
racionalidad y pragmatismo, con respaldo palpable en un crecimiento
sostenido de la economía, la existencia de oportunidades de movilidad social
y la apertura democrática para el disenso y el reclamo de derechos de los
ciudadanos.
Tres países grandes, con alta presencia poblacional y significación
geo-política relevante cono China, Rusia y la India iniciaron - con las
peculiaridades de cada caso – un proceso ascendente de reformas y
relanzamiento de programas y políticas de desarrollo económico y social bajo
ópticas de mayor aprovechamiento de los recursos naturales, humanos,
financieros, comerciales y tecnológicos, establecidas en función de los
parámetros conocidos de rentabilidad, eficiencia en el alcance de las metas, y
generación de excedente económico suficiente para rescatar, en el tiempo, la

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inmensa brecha de atraso que se había consolidado como rasgo dramático de
la deprimida condición socioeconómica de vida de las mayorías ciudadanas.
Un valioso tiempo se habría consumido bajo las prácticas de un
penoso ensayo histórico con un altísimo costo humano en vidas, tiempo y
recursos para, al final, culminar en la gran decepción social que significó el
retiro abrupto de la escena de lo que antes constituyó un cuerpo “consistente
e histórico” de las llamadas categorías del preceptor, ahora desautorizadas
por el ímpetu de los cambios, los incentivos a las fuerzas creadoras de la
individualidad productiva, la práctica útil de lo cotidiano y la natural
aspiración por la prosperidad y el aseguramiento tangible del futuro. Esas
“sencillas” conquistas se arraigaron en los pueblos ´nuevos´ y prevalecieron
como expresión de continuas mejoras de la participación ciudadana, las
reivindicaciones sociales y los derechos constitucionales en cada país.
Hacia finales del año 2008 sobrevino la implosión de la crisis de las
hipotecas inmobiliarias en USA, la cual se había estado incubando al
resguardo de una legalidad regulatoria difusa y laxa en el mercado financiero
que, de nuevo como en 1929, permitían niveles especulativos exorbitantes en
las cotizaciones de las hipotecas sin asidero correspondiente en los valores
reales de mercado de los títulos, sumado ésto a la debilidad que significaba la
desactivación desde 1999, del Acta Glass–Steagal puesta en práctica desde
1934, cuando la gran depresión, para regular separadamente las actividades
de la banca comercial y la banca de inversión en USA.
Hoy, la economía mundial gravita bajo la dinámica que dicta la crisis
en sus múltiples manifestaciones y efectos sobre los países; principalmente
los del mundo desarrollado, conformado por aquellos que integran la OECD;
pero también sobre los países del grupo denominado “Bric´s”, los cuales, en
conjunto, tienen una presencia real significante a la hora de influenciar el
sentido y las tendencias del comercio, la producción y la demanda de bienes
y servicios transables a nivel global.

27
En balance, la economía mundial exhibe niveles bajos en el
desempeño de sus indicadores principales como el empleo, la inversión y el
consumo y persisten los desajustes y déficit fiscales con altos niveles de
endeudamiento, cuestionamientos a la gobernabilidad y una actitud social
muy cercana a la desconfianza y al cuestionamiento de las políticas públicas
tanto en lo que se refiere a su efectividad y alcances como en lo que atañe a
su sostenibilidad en el tiempo para remediar el deterioro de las condiciones
socioeconómicas de vida de las mayorías ciudadanas.
Dentro de la temporalidad concurrente de la crisis mundial presente,
emergen en el mundo árabe del Magreb y Medio Oriente principalmente y
por ahora, una ola continua y creciente de protestas populares
verdaderamente pluralistas en el sentido de que están conformadas por gente
de clase media, estudiantes, campesinos, artesanos, profesionales,
comerciantes y obreros, etc., todos con un reclamo central como ciudadanos:
inclusión social y reformas políticas orientadas hacia el logro de un sistema
de democracia participativa y equidad en la distribución del inmenso
excedente económico que genera la explotación de sus recursos por parte de
un Estado autocrático que junto a las minorías privilegiadas del poder, funge
como administrador “insustituible” del país y sus proventos durante el
tiempo histórico que fuese necesario.
Es ahora cuando el Glasnot de la transparencia y la necesidad vital
de reformas cala en el continente árabe con mayor fuerza y determinación.
Ello quizás represente un tránsito intermedio en la onda democratizadora
expansiva que se propaga en el mundo y que promete constituirse en el
requisito sine qua non del crecimiento con equidad y del desarrollo
económico productivo; componente sin el cual los intentos de los gobiernos
por ordenar el gasto fiscal, aumentar el ingreso per capita, manejar la deuda
pública y generar empleo, pierden sentido y suficiencia como pretendido
resumen último de los propósitos de gobernabilidad con justicia. Plasmar en

Antonio Márquez S.
28
hechos y conquistas de esas mayorías populares, un cuerpo organizado de
derechos, garantizados por normas supremas y un ordenamiento jurídico de
obligatorio cumplimiento tanto para los gobiernos emergidos de comicios
libres, como para los ciudadanos, será el marco de acción mínimo necesario
para encauzar acciones integradas con el fortalecimiento y sostenibilidad de
las condiciones socioeconómicas de vida de las mayorías, representadas estas
condiciones por los referentes conocidos de: empleo productivo; acceso a la
salud, servicios medico - asistenciales y alimentación calórica adecuada;
oportunidad de vivienda digna y derecho a recibir educación, capacitación y
cultura, según los parámetros referenciales mundiales.
Hasta ahora, la sustitución de las elites que por largo tiempo han
usufructuado el poder de gobernar, sigue siendo un objetivo que está en la
mira directa e inmediata de las protestas del pueblo árabe, así como la
instauración de sistemas de gobierno enraizados con los fundamentos y la
operacionalidad de los regímenes democráticos en alguna manera.
Las nuevas realidades del siglo XXI han derivado en un aumento de
la presión social por lograr cambios de distinta naturaleza y alcances según
las condiciones de vida material de los ciudadanos y de acuerdo al grado de
maduración de la conciencia existente para explicar y resolver las
contradicciones entre una afluencia de recursos económicos suficientes y la
inequidad manifiesta en su distribución entre los factores de la producción.
En el fondo, subyace la vieja diatriba humana por la distribución del
excedente económico entre los factores que concomitan para generarlo desde
distintas posiciones en la estructura real del poder en la sociedad. En los
países viejos desarrollados, las mayorías ciudadanas protestan y defienden en
forma decidida su parcela socioeconómica y exigen a los gobiernos aciertos y
transparencia en las decisiones y eficacia en las políticas públicas para
propiciar mejoras del confort y sostenibilidad en el crecimiento de la
economía y en el perfeccionamiento de la democracia.

29
En los países que se desenvuelven dentro del subdesarrollo y algunos
emergentes ahora, las mayorías organizan y despliegan sus luchas por lograr
una estructura social que garantice oportunidades, empleo, seguridad social,
confianza en una justicia transparente, estabilidad económica y gobiernos
democráticos autenticados en la práctica por una mayor equidad distributiva
y movilidad social de sus ciudadanos hacia las mejoras.
Desde ambos contextos, la convergencia de los hechos ha llevado a
que el cuestionamiento de la realidad presente se exprese en un cuadro
general de acciones y exigencias que abarcan de forma sistémica todos los
planos societales.
El sentido de los cambios como rasgo común en todos los escenarios,
tiene la urgencia masiva por superar los intríngulis de la crisis económico
financiera actual, la cual parece haber colocado – de nuevo pero en un ámbito
más amplio – al mundo en un grave riesgo de recuperación sostenible de
acuerdo a la exigua efectividad lograda a través de las medidas que se han
aplicado en general para recuperar el empleo y el crecimiento y en el plano
especifico para superar los desequilibrios fiscales y de deuda que tienen
países como los de la Unión Europea y en la propia USA.
Junto a estas urgencias se desarrolla y adquiere cada vez mayor perfil
en el mundo una creciente necesidad por lograr una efectiva transparencia en
las ejecutorias que a nombre de El Estado, hacen los gobiernos. La
desconfianza respecto al acierto y el verdadero sentido de la gestión de los
gobiernos, se ha incubado como elemento de criterio en el juicio de los
ciudadanos. Ello, en parte por la dificultad palpable de obtener impactos
positivos de cierta permanencia de las políticas públicas, las cuales
supuestamente están diseñadas para resolver problemas socioeconómicos de
los ciudadanos pero que al final no logran corregir las fallas y menos aun
prevenir su nueva ocurrencia ni empujar mejoras concretas del bienestar ni
colectivo ni individual. Por otra parte, la gestión de los gobiernos con

Antonio Márquez S.
30
frecuencia tiende a concentrarse en su propio sostén per–se, y se desarticula
funcionalmente de aquellos objetivos ligados a la dinámica cotidiana de los
ciudadanos, quienes sobreviven en un clima de frágil equilibrio social
marcado por la frustración, la precariedad y la incertidumbre del futuro.
A la urgencia que dicta la crisis financiera y de valores que asola al
mundo y la búsqueda de aciertos y transparencias en la gestión de los
gobiernos, se agrega una tercera tendencia en el sentido de los grandes
cambios en curso, como es la exigencia primaria de las mayorías ciudadanas
para obtener beneficios materiales a partir de los proventos del desarrollo, de
manera tal que configuren un prospecto básico de patrimonio familiar
creciente y sustentable en el tiempo, suficiente como para garantizar
seguridad y consolidación de su condición socioeconómica.
Finalmente emerge como referente fundamental de los cambios
globales, el sistema de valores democráticos, el cual como aspiración
máxima y recurrente de los pueblos, se propaga hoy con fuerza contundente
y continuidad expansiva hacia todas las regiones del mundo. Ello responde a
la profunda búsqueda de libertad y justicia en que se apoya la naturaleza
humana, de sus principios radicados sobre la equidad y el realismo de sus
valores junto a las expresiones concretas del éxito de la democracia como
sistema socio político que concilia los fines del desarrollo económico con las
oportunidades de la participación ciudadana, actuando en un marco jurídico
de garantía plena de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y de
regulación y control de los límites del Estado y sus competencias, así como
de la ética y la co-responsabilidad social en la gestión del sector privado
empresarial.
En verdad esta aspiración general de los ciudadanos del mundo tiene
hoy más que nunca arraigo como bandera de lucha y resistencia en el
contexto venezolano, ya que, por una parte hay una amenaza real de
´quiebre´ sistémico de la constitucionalidad, por la incapacidad de los

31
gobiernos y de la organización ciudadana para regular y controlar los
agentes y los flujos de la socioeconomía y la política y preservar así una
operancia satisfactoria del circuito convivencial entre el Estado y los
ciudadanos. Por otra parte, los grandes eventos de impacto sociopolítico
ocurridos en el mundo durante el siglo XX, aunados a un precioso tiempo
histórico perdido, debido al fracaso por implantar sistemas que respalden la
equidad distributiva del excedente económico, han consolidado una
conciencia ciudadana que mueve, con sentido de cambio, a los agentes
sociales respecto al acervo material que está a fin de cuentas en riesgo junto
con el patrimonio nacional y el “estado actual del arte” y las cosas.
Como señala Touraine (2), existe una pérdida de control de los
agentes sociales respecto a la economía… y los ciudadanos no participan; y
las instituciones sociales (escuelas, sindicatos, familias) ya no tienen la
función de control del poder económico.

33
II. MORFOLOGIA Y DESEMPEÑOS DE LA
SOCIOECONOMIA VENEZOLANA.
Un perfil aproximado de la realidad adscrita a la socioeconomía
venezolana puede ser visualizado a través de algunos de sus componentes
básicos más relevantes como son: la capacidad real de producción y de
generación de empleo productivo; la estructura de distribución del ingreso y
la movilidad social concurrente; el comportamiento del gasto público como
palanca de desarrollo y administración que usa el Estado; y la situación del
negocio petrolero junto al desempeño y perspectivas de las industrias básicas
de Guayana. La articulación apropiada de estos componentes, plasmados en
un mapa utilitario de apoyo, permite obtener un cuadro descriptivo
aproximado de los principales rasgos morfológicos de la socioeconomía del
país, así como de la manera agregada en que se mueven ´los flujos´ y se
interconexionan las variables determinantes de su desempeño.
• La Capacidad Real de Producción
Estimar de alguna forma la capacidad de producción de un país como
Venezuela, pasa por el propósito de que el resultado sirva como base objetiva
para hacer una prospectiva situacional de nuestro futuro en el mediano y
largo plazo. Este propósito – en sí mismo difícil dada su naturaleza –
analíticamente parte de la consideración de que la dimensión y el modo
operacional que históricamente ha asumido el gasto público a partir de su
principal tributario directo, el petróleo, ha determinado de manera importante
toda la dinámica general del país. Las características del empleo y su
calificación como productivo o parasitario y su localización espacial así
como su estabilidad, de alguna manera han estado adheridas a la dinámica
del negocio petrolero desde su aparición a comienzos del siglo pasado. De

Antonio Márquez S.
34
igual modo, la manifestación que ha asumido la distribución del ingreso, bien
sea factorial o personal, y la movilidad social que ésta, de una forma u otra
reproduce, son rasgos que responden de forma directa al modo ejecutorio del
gasto público que han adoptado los gobiernos, dependientes para su gestión
de los ingresos fiscales petroleros. Y por último, como consideración
medular que explica en mayor proporción la morfología y la dinámica de la
realidad socioeconómica venezolana, se llega al componente clave (3) de
todo ese proceso paradigmático que ha logrado estructurar una verdadera
cultura de la renta en base a un solo producto y a un solo negocio: el
petróleo. (4)
Colocando estos elementos en esa perspectiva, el gasto público como
herramienta fundamental de la acción fiscal inercial, se ha visto fortalecido
sustancialmente desde la aparición del petróleo hacia la segunda década del
siglo XX; y desde allí hasta hoy, ha marchado pari-passu con el éxito y los
fracasos de las políticas públicas. Al hecho de que el Estado como institución
ampliara progresivamente su espacio de acción en la economía contribuyó
decisivamente la relevancia mundial que adquirió el petróleo como producto
energético multidiverso en sus usos hasta el tiempo de hoy.
El Estado venezolano adquirió, como único propietario del recurso
fósil, jerarquía y decisión sobre el negocio y su total administración,
convirtiéndose en un factor económico de gran poder a la hora de actuar
como agente de intervención volitivo en las actividades económicas y
financieras determinantes para el desempeño general del país.
Ese mismo Estado, erigido en pivote central fáctico del curso del
desarrollo económico financiero nacional, dio lugar a la conformación
progresiva de un sistema satelital de actividades, empresas, negocios y
actitudes cuyo desempeño y características estaban de una u otra manera
ligadas al ámbito de “lo público” expresado éste a través del gasto y sus
ejecutorias desde el gobierno.

35
Pero estas ejecutorias de los gobiernos, con contadas excepciones en
ciertos periodos históricos, adolecían del síndrome inicial del
deslumbramiento cuantitativo que irradian los ingresos petroleros al fisco. Ha
predominado, en consecuencia, una realización del gasto sin mayor apego a
objetivos básicos del desarrollo económico como son, la expansión sostenida
de un crecimiento diversificado en las industrias y los agroalimentos; el
aumento progresivo de las inversiones en la formación bruta de capital fijo
como entorno concomitante de esa expansión; y mejoras tangibles en la
equidad distributiva expresadas a través del empleo productivo y de mejoras
constantes de las condiciones socioeconómicas de vida del ciudadano común.
A pesar que, desde el siglo XX hasta el presente han concurrido 17
presidentes para ejercer gobierno en Venezuela y que, 7 han sido militares y
han gobernado por más de 60 años y 10 han sido civiles habiendo gobernado
durante casi 50 años, los cambios fundamentales en la estructura económica
que pudieron haber significado un despegue hacia el desarrollo ó al menos un
inicio viable en la ruta de la industrialización, sencillamente no ocurrieron.
No logró ensancharse el circuito económico en actividades
preponderadamente productivas y con ello se mantuvo una estrecha
dimensión del mercado interno que arrojaban poco incentivo al sector
privado agroproductor y manufacturero para aumentar sus componentes de
oferta al mercado. Con ello se hubiese aumentado el empleo hasta absorber
los incrementales de la mano de obra económicamente activa y hubiese
subido el ingreso per–cápita hasta niveles adecuados por encima de la tasa
anual de crecimiento demográfico. No hubo la continuidad y preservación de
una política del gasto público que tomara en cuenta el riesgo que significa
disponer sólo de un recurso de capital que además no es renovable como el
petróleo, cuyo comercio en los mercados internacionales es negociado en su
fase de “crudo” con poco valor agregado nacional y además sujeto

Antonio Márquez S.
36
preponderantemente a factores externos de mercado en cuanto a precios y
demanda.
Teniendo este hándicap como punto de partida, la política de gasto
público en el país tampoco se enganchó a objetivos que empujaran una
expansión del ingreso familiar de la población por vía de crear empleos
mediante el acometimiento de aquellas actividades deficitarias ligadas a la
brecha que siempre ha existido en los llamados servicios públicos, los cuales
está obligado a proveer el Estado a sus ciudadanos según los preceptos que
durante todo el periodo democrático se forjaron y están plasmados en el
articulado de la Constitución Nacional. No cabe dudas qué el déficit de obras
públicas destinadas a atender la salud, la educación, la vialidad urbana y
rural, la electricidad, la infraestructura de las industrias básicas de Guayana,
los sistemas de riego para la agricultura, la vivienda y sus servicios conexos
y la ampliación de la capacidad productiva petrolera, conforma un
extraordinario motivo de inversión productiva asumible por el poder público
nacional, regional y local en concertación con el sector privado a través del
gasto público global y una política integral del Estado hacia el desarrollo.
Ejecutar ese gasto va en dirección lineal con el objetivo de
ampliación del mercado interno y con la absorción del gasto en la estructura
económica y productiva a través del aumento de la formación bruta de capital
fijo. Ambos son un componente necesario y obligado tanto para impactar las
variables del desarrollo en el sentido sugerido como para desencadenar
cambios cuantitativos y cualitativos en la estructura económica y social del
país. Este impacto puede aumentar su efecto positivo cuando se integra en
una política económica de amplio espectro que logre incorporar también el
factor cambiario, reversando la sobrevaluación de nuestro signo monetario
hasta adecuarlo a su verdadero valor comparativo con otras monedas y
beneficiar con ello la competitividad de productos nacionales en los
mercados foráneos – o por lo menos regionales de Latinoamérica – y

37
desalentar el creciente flujo de las importaciones de bienes finales y de todo
tipo hasta racionalizar su contribución y su uso de acuerdo a metas.
Dos elementos adicionales ayudan a completar una visión consistente
sobre los factores que han privado para debilitar un empuje sostenido en el
país hacia una acumulación de capital autónoma; a saber, el manejo austero
del concepto de gasto publico equilibrado sin la pertináz recurrencia al déficit
como ha quedado registrado en los anales de la historia fiscal venezolana,
donde lo “tradicional” ha sido una gestión pública deficitaria por excelencia
para aumentar el componente corriente del gasto, en desmedro del gasto de
inversión en capital y el gasto social. Más aun, hasta la sistemática
recurrencia al endeudamiento externo e interno, junto al compromiso
soberano del país hubiese estado plenamente justificado si el creciente gasto
fiscal se hubiera destinado, en grado importante, a ofrecer al ciudadano
venezolano, contribuyente ó no como mínimo el caudal de obras públicas y
mejoras de los servicios públicos arriba mencionados.
De seguro, también se hubiesen obtenido otros beneficios
concomitantes para el país de haberse logrado expandir la base del ingreso
nacional y con ello la demanda agregada interna y el mercado;
configurándose una base productiva más amplia de la economía con efectos
positivos sostenidos hacia el consumo y la inversión.
El otro elemento que amplía la visión sobre las debilidades del
desarrollo nacional, es la modalidad de involucración lejana y a veces
omisiva que ha asumido el sector privado empresarial en los momentos
apremiantes de vacío en el subdesarrollo venezolano. En términos generales,
el sector se ha adocenado en una actitud básicamente pasiva y de
aprovechamiento selectivo de las circunstancias ante los retos y las
dificultades que se han presentado a lo largo de la historia económica y
política nacional.

Antonio Márquez S.
38
La ´propuesta´ del sector privado ha permanecido sustancialmente
amparada en la inercia derivada del modo de gestión pública petrofiscal,
desarticulada y desprovista de objetivos transformadores de largo alcance. Ya
desde 1936 cuando tuvo lugar la célebre diatriba de Alberto Adriani del lado
oficial y los banqueros, se percibía la anarquía de criterios respecto al cauce
que debía tener el desarrollo (5). La fijación del tipo de cambio en 3.09
bolívares por dólar ya definía el perfil de una dificultad que, como lo
comprueba la historia se hizo difícil de superar en términos de lograr
competitividad para las exportaciones de productos no–petroleros
venezolanos. Aun hoy esa falla básica –y genética- de la sobrevaluación del
tipo de cambio continua presencial como una traba estructural funesta de las
capacidades del desarrollo posible.
El proteccionismo como política conexa de apoyo al potencial de la
industria y el comercio, lejos de haberse constituido en un aliciente temporal
al desarrollo, la productividad y la racionalización de los costos, se
transformó en una muleta definitiva que ocultaba un desempeño empresarial
ineficiente, dotado ahora con ventajas altas y seguras ganancias, pero con
ineficacias flagrantes que a la larga se resguardaron bajo controles indebidos
del mercado y una calidad espuria de los productos con el consecuente daño
al perfil del consumo y a la condición de vida de los ciudadanos como
consumidores.
En la consolidación de esta debilidad, como elemento que en buena
parte explica la sedimentación del subdesarrollo venezolano, hay que asignar
la debida responsabilidad no solo a la ejecutoria del propio sector privado
empresarial, el cual es sabido que no sacrificó la temporalidad en el reparto
de beneficios en lugar de invertir en capacitación y formación del recurso
humano usado como factor productivo así como en tecnología, investigación
y organización para aumentar la productividad, sino que el propio Estado,
visto como gran administrador de la gestión pública del país y de sus

39
inmensos recursos, tampoco instrumentó políticas viables integrales y de
alcance mas allá de la coyuntura circunstancial de ejercer un gobierno dotado
de riqueza petrolera. No hubo una política comercial concebida para
destrancar la falla estructural de nuestro comercio exterior. Pocos productos
y poca competitividad, lo que hace deficitario siempre el balance de bienes
diferentes del petróleo por la imponencia además, cuantitativa y cualitativa
de las importaciones como parte del consumo aparente. No se articuló así,
una política arancelaria realista y alineada con las tendencias mundiales,
concebida como instrumento para desmontar progresivamente el nocivo
proteccionismo perpetuo que operaba como amparo paternal de ineficiencias
y privilegios que estaban fuera de las exigencias de la racionalidad
económica capitalista convencional. Se configuró así un anclaje fijo a
parámetros y circunstancias lejos de las borrascas del riesgo pero también
lejos de los cambios necesarios para avanzar.
Para ambos agentes, el público y el privado, privó la seguridad del
corto plazo y la preservación de cuotas de poder en un mercado estrecho pero
cautivo, adaptado al manejo clientelar de los resortes políticos por los
partidos de turno en el gobierno. Se creó una complicidad equilibrada en la
administración y el ejercicio real del poder económico, usando la política
´autorizada´ por la Constitución Nacional como palanca hercúlea de sostén
del “establishment” democrático. El gran perdedor seguía siendo la
comunidad de ciudadanos y la subvaloración de sus intereses como escuálido
balance dentro del orden democrático.
Su condición socioeconómica de vida dejo de mejorar después de los
inicios del segundo periodo democrático hacia los 70´s y se fue estructurando
un patrón de agotamiento de iniciativas económicas emergidas con apoyo de
los gobiernos pero diseñadas tímidamente para ampliar algunos segmentos de
la economía aunque sin transformar la esencia del núcleo medular de la
pobreza. Crecieron los estratos pobres de la población y se fue concentrando

Antonio Márquez S.
40
la riqueza y el ingreso nacional en reducidos sectores, salidos tanto de la
acumulación privada de capitales como de los grandes negocios públicos de
contratos y la manipulación burocrática de medidas y normas en favor de
grupos organizados vinculados a los gobiernos.
Operaba una bilateralidad de beneficio mutuo correspondiente en que
hasta la gran caja de los recursos financieros del gobierno petrofiscal fueron
direccionados hacia supuestos esfuerzos “serios” en favor del crecimiento, la
diversificación industrial y el desarrollo mediante la formación por decreto
de corporaciones públicas de financiamiento a los sectores empresariales
(CVF; FCA; BIV etc.) que con el tiempo tampoco concurrieron a ofrecer
resultados esencialmente diferentes a los que hasta esa época existían como
realidad económica menguada y bien pudo el país haberse ahorrado el riesgo
de pérdida en los préstamos a juzgar por los valores agregados netos
obtenidos de escaso sentido económico colectivo o nacional, y más bien de
un alto costo de oportunidad.
Varias crisis y desajustes de índole económica y política
sobrevinieron como consecuencia de la contención de los cambios necesarios
para propiciar la equidad distributiva del ingreso y la movilidad social del
sector laboral, concebidos éstos como componentes indispensables del curso
del proceso de acumulación de capitales y del reparto del excedente
económico.
En balance, la estructura económica del país no ha variado en
proporción significativa después de 60 años y se mantiene la regresividad
como rasgo distintivo de la distribución factorial del ingreso.
A diez años de adentramiento en las modernidades y las crisis del
siglo XXI y doce años transcurridos del gobierno de Hugo Chávez, el
balance situacional de la economía y su contraparte social representado por la
condición socioeconómica del ciudadano común, se ha agrietado aún más,
alcanzando niveles preocupantes de riesgo en variables como la deuda

41
pública y su ritmo anual de crecimiento acelerado junto al déficit fiscal; la
paralización de las inversiones en la industria privada; el aumento de los
grupos humanos que se adhieren al sector informal de la economía y al sector
público fundamentalmente administrativo en lugar del empresarial y la
persistencia del fenómeno inflacionario en niveles anuales promedio del 28%
al 30% junto a una distribución del ingreso familiar que agrupa al 75% de
las familias devengando salarios nominales inferiores al techo de dos salarios
mínimos al mes (Bs. 3.000), y que en términos reales representan 300 dólares
al mes. (6) A este cuadro crítico hay que agregar una fuga de capitales que
promedia alrededor de 15.000 US$ millones cada año (7) y un
congelamiento casi absoluto de la inversión extranjera privada directa por
razones de riesgo debido a las expropiaciones como recurso intervencionista
del Estado.
El riesgo se acentúa cada vez más con la acción contradictoria y
desarticulada del gobierno y las tendencias hacia la mayor conflictividad
social que invade casi todos los espacios de la socioeconomía en que se
desenvuelve el ciudadano común.
La acción de gobierno se organiza cada vez más en torno a un
modelo estatista que emula con programada obstinación el llamado
socialismo real soviético, defenestrado por las reformas que tuvieron lugar en
la URSS a comienzos de los 90´s. Este socialismo real criollo trata
forzosamente de imponerse a contrapelo de numerosas experiencias
históricas fallidas en todo el mundo y cuyos ejemplos más resaltantes están
representados por la propia URSS y toda la Europa del Este que fue anexada
como satélite obligado de esa burbuja ideológica que explotó después de 70
años de pérdidas en cuanto a tiempo, recursos, vidas e ilusiones. Le sigue en
la fila de fracasos los harto conocidos experimentos realizados en Cambodia;
Albania; Korea del Norte; Perú con Velazco Alvarado; y Cuba.

Antonio Márquez S.
42
El estado actual de los indicadores económicos financieros y sociales
en Venezuela debería ser hoy un alerta oportuno quizás, para motivar una
exhaustiva evaluación de los objetivos y las políticas puestos en práctica por
el gobierno y en la medida de lo posible rectificar el sentido de los cambios
hasta favorecer un orden de la economía alineado con el rescate del
patrimonio nacional, con los valores económicos y con la realidad que
aconseja la práctica y los resultados hoy a la vista. El ´dirigismo´ estatista
sesgado de acuerdo a un modelo político autocrático ya está agotado
históricamente en el mundo. Los pueblos reclaman hoy participación activa
en el desarrollo de la sociedad a nivel tanto individual como colectivo;
protestan por obtener mejoras concretas en las oportunidades y tener
derechos políticos en la práctica, amparados por la carta de derechos
constitucionales y justificados por la historia. La gente exige respeto a lo que
fue aprobado bajo las reglas del sistema democrático dentro de un marco de
libre expresión de las ideas y el pensamiento. Los ciudadanos aspiran a la
separación expresa de los poderes que integran el poder público nacional
señalado expresamente en la Constitución y lucharán por preservar un clima
de transparencia, libertad, control y límites en la acción pública del Estado.
• Las Variables Relevantes y las Dimensiones del Riesgo
Después del derrocamiento de Pérez Jiménez en enero del 58, en
Venezuela el curso “normal” de la economía jamás implicó amenazas tan
grandes que pudieran significar una ´epirogénesis´ nacional. El gran
salvavidas que era el petróleo siempre funcionó como un recurso elástico que
por la suerte del propio negocio a nivel mundial y los mecanismos del crédito
público y el endeudamiento – que siempre mostró proporciones más o menos
manejables dentro de la estructura del PIB – solventaron situaciones de
premura que se presentaron principalmente en el ámbito cambiario (1983) y
financiero (1994) y menos en el campo de la economía real.

43
Desde el año 2000 en adelante, en Venezuela se ha venido
configurando un ensayo económico que a troti mochi pretende emular el
modelo soviético estatista que instauró Stalin en Rusia y los países de Europa
del Este desde la muerte de Lenin en 1924 las medidas convergentes en tal
sentido, plasmadas en el llamado Plan Bolívar20007-2013, no pueden menos
que ocasionar un mayor obstruccionismo operativo en el ya bastante
deformado cauce de funcionamiento de la economía. Ello ocurre cuando se
trata, desde las imposiciones autocráticas del poder, de direccionar practicas
en la economía desvinculadas de la realidad, las cuales, en el corto y mediano
plazo causan asfixia en el desempeño de las variables que articulan el circuito
básico de la socioeconomía a la circulatoriedad financiera necesaria para
garantizar un determinado nivel de operacionalidad productiva.
En el esfuerzo por dimensionar de alguna forma, la situación de
riesgo generalizado en que se encuentra actualmente Venezuela, hay que
tratar de interpretar en red algunas variables y conceptos claves de la
socioeconomía y la política para visualizar las tendencias que explican el
modus operandi del ´nuevo´ sistema estatista y la ´rationale´, esencialmente
ideológica, subyacente en el sentido oculto del lenguaje de los cambios. Ello
ayuda a interpretar y comprender los resultados que se obtienen del
embotellamiento económico logrado así como sus razones esenciales de
ocurrencia. La comprensión permite explicarle al colectivo afectado, que son
en primera y última instancia los ciudadanos, y su condición de vida, la
medida de los daños sociales causados por el uso de esa lógica económica en
per contra del sentido común. La comprensión permite asimismo
dimensionar el riesgo al que se enfrenta hoy tanto el país como las futuras
generaciones y, el deterioro en curso del patrimonio no sólo nacional sino
familiar y hasta personal del venezolano común.
• El Gasto Público, El Déficit Fiscal y La Deuda.

Antonio Márquez S.
44
En Venezuela es suficientemente conocido el hecho de que el gasto
público constituye una muy poderosa palanca movilizadora de todas las
actividades, ligadas o no directamente a la economía. Su poder como
orientador decisivo del curso económico nacional adquiere mayor perfil
cuando se examinan las proporciones altas y recurrentes del déficit, el cual es
sufragado en forma cada vez más cuantiosa por vía extraordinaria mediante
la contratación de deuda externa e interna. De manera que el recurso del
déficit fiscal para financiar el gasto público ha comportado un efecto
importante en las expectativas de la sociedad en cuanto al logro de objetivos
se refiere, puesto que el endeudamiento implica compromisos de pago e
intereses que a determinado plazo tienen que ser sufragados con recursos
cuyo uso alternativo hubiese sido un mayor aporte al bienestar de los
ciudadanos. Por tanto la justificación y la eficacia de su uso debieran estar
garantizadas bajo una responsabilidad específica. Pero, con bastante
frecuencia – y casi como una ley – en el curso de la historia de la gestión
pública nacional, no han estado presentes ninguno de éstos requisitos. Si se
evalúan los registros históricos de crecimiento del presupuesto anual se
observan comportamientos a veces paradójicos donde convergen altos
ingresos fiscales, aumento del gasto y alto déficit con aceleración del ritmo
del endeudamiento sin que haya una concomitancia halagüeña en el
desempeño.
Después de la muerte de J.V. Gómez, el nuevo gobierno asumió al
país con un presupuesto público equilibrado y con una deuda saneada desde
el año 1930. Lejos, a comienzos del siglo XX, había quedado aquel escuálido
nivel del gasto público de extremada rigidez por su atadura tributaria a la
agricultura y al comercio como actividades económicas casi únicas y que en
cierta forma, ante el crecimiento demográfico y las necesidades de la
población, pudieron justificar una ampliación del gasto social mediante
empréstitos externos y deuda interna. Pero los ingresos públicos fueron

45
sobradamente satisfechos hacia la segunda década del siglo por la aparición
del petróleo como recurso fiscal. Y hay que decir también que, durante el
mandato de Gómez se contó con una eficiente hacienda pública, que con
disciplina y un criterio aldeano pero eficaz de austeridad, logró cumplir con
las obligaciones financieras del Estado y a su muerte, el saldo de la deuda
(8) era de Bs. 3.7 millones en el sector interno.
Es claro que, haber saneado la hacienda pública no eximió a su
gobierno de ser el responsable de un saqueo consistente del patrimonio
nacional ni tampoco de no haber auspiciado un clima de crecimiento y
desarrollo económico más acorde con el portentoso orden de los recursos
fiscales que se manejaron bajo una autoridad férrea que imponía inmediata
obediencia. Pero, al menos en materia fiscal se logró arraigar la práctica
institucional de no subestimar el principio general del equilibrio en las
cuentas públicas. En los gobiernos subsiguientes – militares y civiles – con
algunas excepciones por supuesto, este principio mínimo de gestión en
general, se resquebrajó y justo se instituyó, hasta el presente, la práctica de lo
contrario en la gestión pública.
Desde 1936 en adelante hasta las postrimerías del gobierno de Pérez
Jiménez, la importancia de la renta petrolera del suelo como componente
fundamental del presupuesto del gobierno creció a un ritmo relativamente
rápido como se observa en el cuadro N° 1 anexo. En 1938 ese porcentaje era
de un 26% y en 1956, año en el que comenzó el desorden fiscal del gobierno
y el deterioro económico junto al endeudamiento, ese porcentaje de
contribución alcanzó al 73%. A partir de allí comenzó un descenso
progresivo hasta 1964 cuando el gobierno de Betancourt decretó otra
devaluación del bolívar con respecto al dólar como recurso de acopio
extremo de ingresos fiscales dada la vigencia del decreto del Dr. Sanabria
(60-40) que puso cierto tope a los ingresos por tributación a las compañías
petroleras.

Antonio Márquez S.
46
Fuente: Tomado de: “Las ganancias extraordinarias y la soberanía
nacional (1.977) Comisión Ideológica de Ruptura. Cuadro N° 7. Tomo II.
Pág. 149.
Fuente: ONAPRE. Leyes del presupuesto años respectivos.
Documento: “Información Estadística” Exposición de motivos 2010.
De acuerdo al cuadro N° 1, desde 1950 y hasta 1972, los porcentajes
de participación de la renta petrolera en el presupuesto oscilaron en un rango

47
siempre superior a 50% lo cual da idea de su significación como
componente del gasto público.
En el lapso 2005-2011 del cuadro N° 2 las proporciones de
participación de la renta petrolera en los ingresos ordinarios del presupuesto
descienden desde un 53% en el año inicial, hasta casi un 28% en el último
año; ello debido a la creciente importancia con que sufragan al presupuesto,
la tributación a la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA) que en
conjunto como fuentes internas aportan un 58% del presupuesto en 2011. Sin
embargo, en la real significación del negocio petrolero en el ámbito de la
dinámica económica, está el hecho de que solo por las ventas del crudo en los
mercados internacionales se aporta al país el 95% de los ingresos por divisas;
evento el cual define tanto ingresos extrapresupuestarios superiores a los
montos totales del presupuesto nacional anual, como el nivel de nuestras
reservas internacionales y por ende la cualidad del tipo de cambio, así como
las características del sector financiero nacional y las políticas públicas en
general.
Pero, el gasto público como palanca financiera ha sido el gran motor
forjador del capitalismo venezolano por vía de la traslación de la proventos
internacionales del petróleo a la economía interna usando como recurso la
fijación sobrevaluada del tipo de cambio por el Estado lo cual dotó de un
gran poder de compra en el mercado mundial a los empresarios nacionales,
quienes hicieron sus inversiones de acuerdo a las ventajas que proveía esta
realidad y además contaron con una estructura arancelaria siempre
proteccionista. Asdrúbal Baptista (9) señala para Venezuela, como la
acumulación de capital que ha ocurrido hasta ahora, está en relación directa
con la renta petrolera (Ref: ídem pág. 66).
Y agrega que, en el lapso de 1920 a 1960 “la acumulación de capital
en Venezuela,…rigió un patrón muy acelerado, transformando de raíz la
escena material de la sociedad, tras ese lapso económico, no debe dudarse, se

Antonio Márquez S.
48
halla el petróleo en toda su integra significación. De no haber estado éste
presente cabe preguntarse, ¿Cómo podía la economía venezolana haber
llevado a cabo el descomunal esfuerzo acumulativo que la hizo duplicar su
acervo de capital por habitante en apenas 16 años, ó a triplicarlo en solo 27
años, ó a multiplicarlo por 7.5 veces en 40 años?”.
Durante los 12 años de gobierno de Hugo Chávez la vieja práctica
del uso del gasto público ampliado, con énfasis en el gasto corriente, ha
continuado sin mayor variación en un país donde la estructura de la economía
que se configuró desde la aparición del petróleo en los años 20´s del siglo
pasado, a grandes rasgos permanece inmanente. Persisten, y ahora con mayor
grado de complicación por el creciente avance de la estatización, los
componentes básicos, característicos de todo país subdesarrollado: i) la falta
de diversificación en la economía; ii) economía altamente vulnerable por la
monoproducción; iii) incertidumbre en cuanto a un crecimiento y desarrollo
económico sostenible; y iv) bajo nivel en la calidad de vida ciudadana.
Bajo el gobierno de Chávez el nivel del gasto público se ha ampliado
sustancialmente a través del endeudamiento fiscal externo e interno y además
por el manejo discrecional y sin control fiscal del llamado ingreso
exorbitante y del gasto paralelo extrapresupuestario. Y con el mayor gasto ha
crecido también la desarticulación en su ejecutoria, la cual no logra
concatenar los objetivos esenciales que demanda el desarrollo, con las metas
plasmadas en las formulaciones del presupuesto anual (10)
También han crecido los precios del crudo petrolero que negocia la
OPEP en los tres últimos años; y eso ha motivado una expansión de los
recursos en manos del gobierno venezolano el cual estableció un techo de 40
dólares el barril para las estimaciones del presupuesto sujetas al control fiscal
de los organismos contralores competentes por Ley. El resto “está eximido”
de control y regulación y, siendo cuantiosos (hasta abril del 2011 cerca de los
60 dólares por cada barril negociado) se usan a la libre por el gobierno sin

49
consulta ni autorización de los poderes públicos ni sus instituciones, llegando
a conformar un presupuesto paralelo que es utilizado para incidir de forma
determinante en toda la economía nacional y sobre el avance controlado del
modelo socio-político autocrático en que se apoya el gobierno.
Según declaraciones de la firma consultora Ecoanalítica (Diario El
Nacional de fecha: 20/02/11) diez fondos estructuran la institucionalidad del
llamado gasto paralelo que se configuró a partir de 2004 cuando se
aumentaron sostenidamente los ingresos fiscales. Entre ellos destacan, el
Fondo de Desarrollo Nacional, (FONDEN) y el Fondo Pesado Chino. El
primero ha recibido entre 2005 y 2010 recursos por el orden de los 67
millardos de dólares, conformados a partir de reservas excedentarias del
BCV y remanentes de PDVSA.
El Fondo Chino, que centraliza los préstamos del Banco de
Desarrollo de China, recursos del Bandes y del propio Fonden, ha dispuesto
hasta la fecha de recursos financieros por el orden de los 18 millardos de
dólares.
Se agregan al universo de los fondos, el Fondo ALLAN que engloba
los reintegros de los entes oficiales y el Fondo Renot, el cual acopia los
ingresos que se reciben de notarias y registros. También existen los
mecanismos de financiamiento que se canalizan desde los Fondos MAO y
Simón Bolívar que administran los intereses que provienen de las
colocaciones del Fonden y Fondo Chino; y el primero también recibe
recursos de PDVSA para incrementar sus disponibilidades y aplicar en los
gastos de reconstrucción del país causados por los desastres de las lluvias que
ocurrieron a finales de ese año. Hasta enero del 2010 el gasto paralelo
representaba un 71% del presupuesto del año y sus disponibilidades estaban
en el orden de los 34.7 US $ millardos.
Esta inmensa suma de recursos debería tener una expresión
verificable – por vía de la supervisión y el control – en obras y servicios, o en

Antonio Márquez S.
50
todo caso mensurable a través de la adición hecha al acervo nacional no
residencial o como parte de otros componentes que aseguran la calidad y el
disfrute de la condición de vida de los ciudadanos. Pero no pueden estos
fondos seguir siendo parte de un destino poco transparente y menos aun
exentos del control institucional necesario que pueda dificultar algún grado
de exigibilidad por la sociedad.
A este respecto del presupuesto paralelo del cual dispone el gobierno
de Chávez, el Dr. Maza Zavala (11) señala con acierto que en verdad existen
tres presupuestos que maneja el Estado: un presupuesto formal de Ley, un
presupuesto adicional donde deliberadamente se subestiman los ingresos
fiscales para luego tener un margen de maniobra que se maneja por vía de los
créditos adicionales y, un tercer presupuesto sin control fiscal, ni
parlamentario, ni social que es aquel conformado por los recursos que se
administran a través de los fondos anteriormente mencionados (Fonden,
Fondo Chino etc.) y que constituyen la base objetiva del poder real de gasto,
tanto interno como externo, que tiene el gobierno nacional para direccionar
su gestión, atada ésta – como antes – al solo negocio petrolero y sus
complejas derivaciones en el sector financiero nacional e internacional.
Algunas cifras son ilustrativas de la magnitud de los recursos y del
poder efectivo que se maneja a través de los instrumentos fiscales del
presupuesto por parte del gobierno a nivel global (Poder Público).

51
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto. Leyes de Presupuesto respectivas.
Analizando en comparativo algunas de la proporciones en el cuadro
N° 3 se tiene que, desde el año 2009 hasta el 2011 los ingresos totales se
incrementaron en 19% mientras que los ingresos corrientes ordinarios
crecieron en un 28%; no obstante los ingresos obtenidos de otras fuentes de
financiamiento (deuda), se incrementaron en 5% en los dos años extremos. El
gasto corriente aumentó un 9.4% y el gasto de capital e inversión no se
movió en términos porcentuales. Evaluando las participaciones
proporcionales en cada año, la recurrencia a las fuentes de financiamiento
distintas a los ingresos ordinarios disminuyeron poco, de 22.6% en el 2009
al 20% en 2011; siendo que el gasto corriente, en proporción se mantuvo
entre 85 y 78% mientras que el gasto en capital e inversión varió su
proporción en los dos años comparados al bajar de 24% al 20% durante los
dos años referenciados.
Ya desde la perspectiva de este somero análisis, se perciben serias
inconsistencias reñidas con las reglas de la sanidad fiscal en la formulación
de estas ´Leyes´ del presupuesto regular de la nación para esos años; y es que
ni siquiera amparándose en el crecimiento de los gastos corrientes (25%) se

Antonio Márquez S.
52
justifica recurrir a un endeudamiento de más de Bs. 40.000 millones en
2011como se reseña en el cuadro.
Y estos parámetros son los que inicialmente convergen hacia lo que
se denomina el presupuesto formal de ley. Hay que agregar ahora los flujos
que configuran el llamado por Maza Zavala (Ref. citada Revista Nueva
Economía N° 28) presupuesto adicional, donde los créditos adicionales
definen otro perfil del gasto público todavía más desarticulado –por lo
improvisado, abrupto y la poca objetividad existente en su justificación– de
objetivos acordes con los requisitos del crecimiento armónico productivo que
reclama el desarrollo del país.
Fuente: MIN Economía y Finanzas. Gacetas oficiales. ONAPRE.
Información Estadística. Exposición de Motivos 2010 Comparativos de
Créditos Adicionales y Presupuesto: Cálculos Propios.
En el cuadro N-° 4 se observa que, el recurso del crédito adicional es
un componente recurrente del gasto público después de haber sido formulado
el presupuesto anual. En la serie de años reseñada la proporción del gasto
desprogramado – o no planificado – siempre superó 1/5 del presupuesto; y
durante los años 2008 y 2010 alcanzó proporciones más elevadas del 28 y
44% respectivamente.
Los créditos adicionales agregados durante los cuatro años completos
sumaron un monto total de Bs.F 187.428 millones, lo cual representó casi un

53
30% de la sumatoria de los presupuestos en esos años que fue de Bs.F
655.255 millones.
Con respecto al cuatrimestre Enero – Abril de 2011 destaca el hecho
de que comenzando el año ya se autorizó gasto adicional por un monto
superior a los Bs.F 10 mil millones, concentrado paradójicamente en un 76%
solo en los Ministerios de Planificación y Finanzas; Min. Salud e Interior y
Justicia (Ref. gaceta Oficial 2011referenciadas en Diario: Reporte Diario de
la economía, del 13/05/2011: pág. 5).
Con relación al presupuesto paralelo, la firma consultora
Ecoanalítica (Ref. Diario El Nacional del 28/04/11) señala que la industria
petrolera, entre 2004 y 2010 destinó a los llamados fondos de gasto del
gobierno 44 millardos de dólares, de los cuales 28 millardos fueron al
Fonden. La ejecución de estos recursos, como se sabe no es detallada por los
organismos a cargo de su ejecución y tampoco están sujetos a control fiscal
alguno (ni por la Contraloría General de la República, ni por la Asamblea
Nacional y menos por Contraloría Social) ni tampoco se adhieren a alguna
rendición de última instancia ante representantes de esa figura coloidal que es
el llamado poder ciudadano, señalado en el artículo 272 de la Constitución
Nacional. En verdad, la Fiscalía General de la República debe investigar las
denuncias de hechos pertinentes para determinar la omisión de
responsabilidades y las presuntas transgresiones y daños al patrimonio
público por parte de funcionarios en ejercicio indebido de sus funciones.
Similarmente la Contraloría General tiene que fiscalizar todos los
componentes y usos del gasto del Estado, sin privilegios dentro del poder
público establecido. Todo el gasto público tiene que ser integralmente
auditable en aras de la transparencia en la gestión.
Para precisar un mayor orden de magnitudes, durante el lapso de
2005 al 2010, el Fonden recibió 67 millardos de dólares provenientes de los
recursos excedentarios del BCV y los remanentes de PDVSA (Ref.

Antonio Márquez S.
54
Ecoanalítica Diario El Universal del 20/02/11, pág. 10). El destino genérico
de esos fondos de gastos del alto gobierno para proyectos y otros pagos, es
difuso e inauditable, con lo cual se mantiene una discrecionalidad perversa
en el uso de los recursos y se burla la restricción regulatoria y de control
establecida en la ley de presupuesto cuando señala la prohibición de ´usos
distintos´ a los previstos en las partidas establecidas en la ley.
Otros movimientos de fondos por esta tercera vía del presupuesto
paralelo, que se extraen de algunos informes y documentos de ejecución
hechos para consumo intra–gobierno (Ref. Diario El Universal, 14/05/2011;
pág. 8) refieren del otorgamiento pródigo dado a las llamadas Empresas
Socialistas ó de producción Social, por un orden de 2.900 millones de dólares
desde el año 2007 hasta el cierre del 2010. De ese monto el Fondo Chino
asignó 1.500 millones; pero en total para el país, por este mecanismo, desde
su constitución en 2008 se han ejecutado hacia destinos diversos cerca de
12.000 millones de dólares mediante préstamos del Banco de Desarrollo de
China con resultados inescrutables en la práctica a la hora de medir aportes
en términos de producto. En agosto de 2010 se tramitó una extensión de
20.000 millones de dólares adicionales (Ref. diario El Nacional, 26/03/11,
pág. 4), con ello la deuda externa nacional se incrementa sustancialmente por
esta vía sin que hasta ahora se haya logrado algún éxito burocrático como por
ejemplo, morigerar la inflación y darle sostenibilidad a las tasas de
crecimiento de la economía real ni activar un aporte concreto del sector
“productivo” socialista que supere siquiera un 2% de PIB total.
Haciendo un breve resumen conclusivo previo, sobre el típico modus
operandi del gasto público vía el presupuesto regular, los créditos adicionales
y el gasto paralelo como herramientas que se manejan desde el alto gobierno,
puede señalarse como gran colofón que, el ciudadano común sigue siendo el
gran afectado en sus intereses por ese desorden público prevaleciente en el
manejo de las finanzas, atadas como están a un solo recurso primario que son

55
los proventos que derivan de la renta internacional del petróleo. Existe una
considerable falta de apego y desidia por parte del gobierno hacia los
estudios técnicos a la hora de medir factibilidad en los proyectos del Estado
donde se gastan con dispendio indolente los recursos del país. Existe así
mismo una apremiante falta de regulación y control legal (constitucional) y
social (gremios, sindicatos, ciudadanos etc.) para enmarcar la
institucionalidad que orienta la ejecución del gasto de manera que se obligue
al Estado a mantener la transparencia en el uso de los fondos y la
inalterabilidad de las normas y principios del control en la administración, la
gestión fiscal del aparato público y la eficiencia del gasto. Ello constituye un
principio elemental de propósito hacia un desarrollo que auspicie y fomente
la acumulación de capital y la formación de excedente económico alineado
con una distribución del ingreso con más equidad que actúe como
condicionante para apoyar un modelo productivo viable.
De manera que, el ciudadano tiene que crecer en el dominio de su
espacio como sujeto y objeto que es del desarrollo y, en esa medida elevar su
nivel de exigencia en cuanto a obtener el grueso de las mejoras posibles a su
condición de vida y el aseguramiento de una sostenibilidad que le permita
trascender como ser humano.
La condición socioeconómica de vida de los ciudadanos se hace
sostenible en la medida que se logre superar en el país el riesgo y la
vulnerabilidad en la economía y cuando se afirme una institucionalidad que
concite la realización en la práctica de los preceptos contenidos en la
Constitución Nacional y éstos logren ser asimilados y concientizados como
fuerza movilizadora de sus derechos, luchas y reivindicaciones.
El diagrama N-° 1 (página 57) intenta reflejar de manera grafica, la
dinámica de las relaciones esenciales que tienen lugar dentro del circuito
socioeconómico de la realidad nacional venezolana de acuerdo al marco
establecido en la Constitución Nacional, y cuya institucionalidad establece

Antonio Márquez S.
56
los instrumentos y recursos para activar procesos transformadores de una
situación presente hasta lograr los objetivos referenciales de un desarrollo
factible.
En principio hay tres grandes bloques interactuando: i) Los
instrumentos/medios/recursos, que comprenden dos sub- componentes
definitorios y de gran envergadura como son el gasto público y la inversión
privada. Ambos en conjunto o por separado, son factores decisivos a la hora
de movilizar recursos (financieros, tecnológicos, materiales, etc.) y medios
de producción hasta obtener un determinado nivel de oferta de bienes y
servicios. De una concurrencia armónica de ambos componentes en el
proceso productivo, derivará una mayor fuerza conectiva actuando en la
economía, propendiéndose a la mayor eficiencia en su desempeño y a la
obtención de mejores resultados en el crecimiento. ii) como efecto inducido
del bloque conformado por el gasto público y la inversión privada, tiene
lugar la configuración de una situación expresada en procesos de ocurrencia
transversal y simultánea como son: el grado de diversificación de la
economía; el logro en el esfuerzo por reducir la vulnerabilidad del país
(monodependencia petrolera sobrevaluación cambiaria por ejemplo); el
avance en asegurar un crecimiento y desarrollo sostenible; y, la
consolidación de un nivel aceptable y de calidad en la condición de vida
ciudadana. iii) por último está un tercer bloque que representa el objetivo
/producto de la interacción de los instrumentos/recursos en el desarrollo de
los procesos/situación de la economía. Este bloque final pero interactivo con
los dos bloques precedentes, reproduce en resultados mensurables los logros
del ciudadano común, en materias básicas y vitales como el empleo /ingreso;
la salud (condición y acceso); la ingesta alimentaria; el progreso educativo y,
la dotación de viviendas dentro de un estándar aceptable.
Desde la perspectiva descrita, se observa entonces, por una parte, el
referencial obligado que es la Constitución Nacional y su cuerpo ético –

57
moral de principios y valores que constituyen los preceptos fundacionales
que regulan el funcionamiento de los poderes públicos en el marco de las
relaciones entre los preceptores que son los órganos del Poder Público
Nacional y los receptores que son los ciudadanos; ambos con derechos y
obligaciones. Y por otra parte, de acuerdo a las condiciones y circunstancias
en que se desenvuelvan los procesos ligados a la economía (p. ej. La
diversificación; la vulnerabilidad; sostenibilidad etc.), está el logro de los
objetivos que se vinculan con el fin último del desarrollo que es, el
afianzamiento de una condición de vida sostenible en los ciudadanos, quienes
son realmente el factor activo que debe estar empoderado para la exigencia
continua de cumplimiento pleno y suficiente de las obligaciones asignadas
por Ley al Estado bajo el orden democrático.

59
III. HACIA UNA POLÍTICA ECONÓMICA INTEGRAL
Las exigencias que plantean las nuevas realidades económicas,
políticas, sociales y culturales, manifiestas en esta primera década del siglo
XXI en el mundo y particularmente en Venezuela, justifican reflexionar y
actuar con mayor responsabilidad ante la diversidad y la envergadura de las
amenazas que afectan hoy la condición de vida de los ciudadanos y asegurar
ahora, mejoras sostenibles para el caso venezolano según los preceptos
establecidos en la Constitución Nacional de la República.
Ello es una condición sine-qua-non para avanzar hacia la
estructuración de una política económica suficientemente comprehensiva en
lo que se refiere a transformar aquellos aspectos que son esenciales para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en un verdadero recurso de la
fuerza productiva nacional.
El efecto de una política así concebida hacia lo social, auspicia en
buena parte su viabilidad junto a la incorporación de otros requisitos como el
de la voluntad política hacia los cambios y otros ubicados en el campo de la
racionalidad económica implícita en las propias medidas para impulsar la
movilización de recursos materiales y financieros y del factor humano y las
tecnologías.
El diagnóstico de la realidad del país ya ha sido descrito y difundido
su perfil por numerosos autores, gremios y organizaciones desde distintos
ángulos y perspectivas. Algunos con mayor alcance y profundidad que otros
pero, en todos afortunadamente ha privado la voluntad de contribuir a superar
fallas y carencias aplicando correctivos para lograr un mejor desempeño en la
gestión global del país. Sin embargo, cierta garantía, al propósito de diseñar
una política integral sobre la economía del país, le confiere el hecho de
exponer las causas interconectadas de los fenómenos que en mayor

Antonio Márquez S.
60
proporción explican los resultados actuales, a los efectos de propiciar
soluciones integrales alineadas con el desarrollo.
• Potencial, Oportunidades y Trabas.
A grandes rasgos, Venezuela dispone de un inmenso potencial en
cuanto a recursos se refiere, el cual de manera relevante capitaliza el petróleo
desde hace casi 100 años, pero que lastimosamente aún se negocia en los
mercados mundiales como una materia prima (crudo) sin mayor agregado de
valor nacional. Dispone también el país como activo valioso, un recurso
humano que, aunque de escasa capacitación promedio por ahora, en el plano
productivo tiene que ser provisto de oportunidades de empleo,
adiestramiento, formación técnica y educación formal suficiente para elevar
sus niveles de calificación y la productividad necesaria hasta estructurar una
fuerza productiva robusta que sirva de respaldo al esfuerzo nacional por el
desarrollo y a las mejoras en las condiciones socioeconómicas de vida del
propio ciudadano.
En tercer lugar, como pieza relevante de ese potencial están las
industrias básicas de Guayana, cuya importancia a la hora de establecer las
fronteras de lo posible en lo que respecta a la industrialización diversificada,
tienen que ser incorporadas como una pieza angular de fondo, toda vez que
la inmensa formación de capital fijo y tecnología que se ha consolidado allí
desde la década de los 50’s junto a la experticia desarrollada en sus procesos
técnicos y operativos, aparte de las ventajas comparativas disponibles para
sus productos tan diversos y la existencia real de mercados, son factores que
configuran una potencialidad cierta y factible.
A pesar de la dotación o acervo que en grado importante tiene el país
de ciertos componentes y recursos cuya explotación ya dispone de un
recorrido a través de una curva de aprendizaje, han emergido numerosas
trabas de dificultad variada que han logrado obstruir – y a veces distorsionar

61
– un aprovechamiento socioeconómico concreto de mayor alcance y
profundidad. Y ello ha derivado en la pérdida de oportunidades para impulsar
procesos tecnológicos básicos encadenados directamente al propósito de
alcanzar un desarrollo económico suficientemente diversificado.
• Se Avanza Hacia la Epirogénesis de la Economía.
Desde cualquier ángulo importante en que se analicen las tendencias
de la economía venezolana en los últimos 25 años se llega a la casi unánime
conclusión formal de que en el país se ha incubado el riesgo, la pérdida de
oportunidades y la incertidumbre en lo que se refiere a impulsar las
transformaciones necesarias que permitan superar el status del subdesarrollo.
Siguen presentes las ausencias y el yerro en la aplicación de políticas
que por su naturaleza y debilidad conceptual teórico-práctica, no han logrado
llegar al fondo del problema. Al menos en lo que respecta a alterar en
positivo y con sentido de cambio, sus rasgos más esenciales y el circuito
dispendioso y errático de su funcionamiento.
Diversificar la economía, reducir su vulnerabilidad, asegurar un
crecimiento y desarrollo sostenible y consolidar un nivel aceptable y con
calidad en la condición de vida de los ciudadanos son, desde una perspectiva
general, los objetivos estratégicamente necesarios, los cuales son factibles,
dado el acervo y potencial de recursos – y factores – existentes. Al menos ha
sido así desde la segunda mitad del siglo pasado cuando se comenzaron a
sentar las bases de la Corporación Venezolana de Guayana y SIDOR como
industrias básicas pioneras de un desarrollo posible que se avizoraba viable.
También lo era porque ya el recurso petrolero como nutriente ordinario del
erario público se había consolidado suficientemente en cuantías de alto
contorno que rondaban – nominalmente – las proporciones del impuesto
“fifty – fifty”. Eso desde el punto de vista económico, pero del lado
sociopolítico crecían las expectativas ciudadanas por la participación real, en

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