No discriminación de las personas con discapacidad en la unión europea.

José María Olayo olayo.blogspot.com
La no discriminación
de las personas
con discapacidad
en la Unión Europea

La Unión Europea viene estableciendo desde
hace relativamente pocos años un marco
jurídico sobre la no discriminación de las
personas con discapacidad en su territorio,
para hacer posible un modelo político y social
en todas sus naciones que garantice una efectiva
igualdad de oportunidades a todas estas personas.
Un reto que tiene que ver con el disfrute efectivo,
y en condiciones de igualdad, de todos los
derechos humanos por parte de las personas
con discapacidad, al que ha contribuido de
forma decisiva la aprobación de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

La no discriminación y la igualdad constituyen por sí
solas la base del principio general en la protección
de los derechos humanos, que forman parte, por
derecho propio y por lo tanto indivisible, de la
legislación internacional sobre derechos humanos,
vinculante para todos los Estados miembros de la
Unión Europea; una legislación que se basa en los
principios de la democracia, el respeto de los
derechos humanos y el estado de derecho.

El estudio “EL MARCO JURÍDICO DE LA NO
DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA”,
de Encarnación Blanco Egido, realiza un viaje
desde los cimientos para la propia construcción
de la Unión Europea, hasta las últimas iniciativas
jurídicas relacionadas con los derechos humanos
y sociales de las personas con discapacidad ...

… en el estudio se apunta que la principal
aportación del programa sobre la mejora de
las condiciones de vida y de trabajo de grupos
vulnerables fue la adopción por el Consejo de
determinadas directivas en el ámbito de la
igualdad de oportunidades y en el ámbito de
la salud y seguridad en el trabajo; también,
la propusta de programas de acción en favor
de las personas con discapacidad, los pobres
y las personas de edad avanzada.

Las Naciones Unidas se convirtieron en un referente
indiscutible en la década de los cincuenta del siglo
XX, respecto a la toma de decisiones en materia
de discapacidad por los Estados parte y de otros
organismos internacionales, que desarrollaron
una labor activa en la promoción del bienestar y
de los derechos de las personas con discapacidad
a través de diversas actuaciones:
- Proporcionaron asistencia técnica a los gobiernos
en materia de prevención de la discapacidad y de
rehabilitación a través de misiones de asesoramiento,
acciones de capacitación de personal técnico y puesta
en marcha de centros de rehabilitación.
- Se desarrollaron seminarios y se constituyeron grupos
de estudio que fueron un medio para el intercambio
de información y de experiencias entre expertos
de diversas nacionalidades.

En los años setenta, las iniciativas de Naciones
Unidas en materia de discapacidad se dirigieron
sobre todo a reforzar los instrumentos internacionales
de defensa de los derechos humanos de las personas
con discapacidad y a la equiparación de oportunidades.
La Asamblea General adoptó en 1971 la Declaración
de los Derechos de las Personas con Retraso Mental,
que establece que las personas con retraso mental
tienen los mismos derechos que los demás seres
humanos y, además, derechos específicos relacionados
con sus necesidades en los ámbitos médico, educativo
y social; una declaración que ponía el énfasis en la
protección de las personas con discapacidad frente a
cualquier forma de explotación y en el establecimiento
de procedimientos jurídicos para garantizar la
efectividad de esta protección.

En 1975, la Asamblea adoptó la Declaración de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, que
proclama la igualdad de derechos civiles y políticos
para las personas con discapacidad, estableciendo los
principios de igualdad de trato y acceso a los servicios
que ayudan al desarrollo de las capacidades de las
personas con discapacidad y a su integración social.
Ambas declaraciones tienen el valor de expresar
concretamente el reconocimiento por parte de Naciones
Unidas de la igualdad de derechos para las personas con
discapacidad que el resto de ciudadanos, sin embargo
carecen de valor jurídico vinculante para los Estados
parte de esta organización.

Respecto de las políticas sociales en la Unión
Europea, no fue hasta el año 1974 cuando se
adoptó el Primer Programa de Acción Social
de la Comisión Europea, relativo a la igualdad
de oportunidades, seguridad y salud de los
trabajadores, y en el que se incluyen programas
de acción en favor de las personas con
discapacidad, las personas pobres y mayores.

Durante los años ochenta se vivió el cambio de
modelo de «atención» al modelo de «derechos».
La Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró 1981 como el “Año Internacional de
las Personas con Discapacidad”, con el
objetivo de poner en marcha un plan de
acción internacional dirigido a la equiparación
de las oportunidades, la rehabilitación y la
prevención de las discapacidades.
El logro principal del Año Internacional de las
Personas con Discapacidad fue la formulación
del Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, adoptado por la
Asamblea General en diciembre de 1982.

En 1986, el Consejo Europeo aprobó la primera
y única Recomendación sobre el empleo de las
personas con discapacidad , que constituye el
referente específico más importante en la
materia en la Europa comunitaria pero con
un marcado carácter economicista.
En la recomendación se anima a los Estados
miembro a “ la adopción de medidas que
garanticen un trato equitativo de las personas
con discapacidad en la formación profesional
y el empleo, eliminación de todo tipo de
discriminación en esta materia, puesta en marcha
de acciones positivas que eliminen o compensen
las desigualdades de partida de estas personas.”

En los años 90, la Asamblea General de la ONU
adopta las Normas uniformes para la igualdad
de oportunidades de las personas con
discapacidad (20 de diciembre de 1993), que,
aunque no obligan jurídicamente a los Estados,
como lo hacen los convenios internacionales,
sirven como instrumento para la formulación
de políticas y como base para el desarrollo de
acciones de cooperación técnica y económica.
Las Normas Uniformes incluyen un mecanismo
de seguimiento y apoyo para su aplicación,
que contempla el nombramiento de un
“Relator Especial” que podrá establecer un
diálogo directo entre los Estados Parte, las
organizaciones no gubernamentales y
otros organismos intergubernamentales.

Una de las más grandes aportaciones de las
Normas Uniformes de Naciones Unidas fue,
sin duda, que sirvió como marco y orientación
para el posterior desarrollo de las políticas que
sobre discapacidad elaboraron los distintos
Estados Parte; una herramienta fundamental
en la que se apoyaron e inspiraron otroas
organizaciones internacionales como el Consejo
de Europa y la Organización Mundial de la Salud.
Las Normas Uniformes sirvieron como
base para el desarrollo de acciones de
cooperación técnica y económica.

La Unión Europea aprobó en los útimos años del
siglo pasado, en relación con las políticas sobre
discapacidad, la Resolución del Consejo y de los
representantes de los gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo de
20 de diciembre de 1996, sobre la Igualdad de
oportunidades para las personas con minusvalía,
que a la postre ha sido considerada como el
pistoletazo de salida para el establecimiento
de una nueva manera de afrontar los derechos
de las personas con discapacidad, en todos
sus ámbitos y extensiones ...

… una resolución en la que el Consejo reafirma su
compromiso de hacer realidad el principio de la
igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, evitando o suprimiendo cualquier
forma de discriminación negativa por motivo
de discapacidad.
Una propuesta que invita a la adopción de
normas específicas por parte de los Estados
miembro para legislar y adoptar compromisos
y acuerdos que garanticen la eliminación de
todos los obstáculos que impidan la plena
participación social de las personas con
discapacidad; también, sensibilizar a la opinión
pública sobre el potencial de las personas con
discapacidad y fomentar la participación de
éstas personas en la aplicación y seguimiento
de las políticas y acciones pertinentes.

En el año 2000, se produce por primera vez la
introducción de la discriminación por motivo
de discapacidad en un texto, concretamente en
la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de
noviembre de 2000, relativa al establecimiento
de un marco general para la igualdad de trato
en el empleo y la ocupación, que prohíbe la
discriminación en el empleo derivada de, inter
alia, la discapacidad: una resolución que ha
tenido un impacto significativo en el nivel
de protección ofrecido a las víctimas de
discriminación por discapacidad en los
Estados miembros.
Se aprobó el 2 de diciembre de 2002 y el
plazo para su transposición por los Estados
miembros fue el 12 de diciembre de 2003.

Esta directiva establece un marco general para
garantizar el respeto del principio de igualdad
de trato de las personas de la Unión Europea,
independientemente de su origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, en el acceso al empleo y a
la ocupación, la promoción y la formación
profesional, las condiciones de empleo y de
ocupación y la pertenencia a determinadas
organizaciones
El empleo y la ocupación son dos elementos
esenciales para garantizar la igualdad de
oportunidades para todos y, en gran medida,
contribuyen a la plena participación de los
ciudadanos en la vida económica, social y cultural
y consiguientemente a su no discriminación.

La Directiva del Consejo 2000/43/CE, de 29
de junio de 2000, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre las personas
independientemente de su origen racial o étnico,
prohíbe toda discriminación (directa o indirecta)
por raza u origen étnico, lo que puede traducirse
en un peor trato a la persona afectada o cualquier
otra disposición, criterio o práctica, neutros a
primera vista, que puedan tener consecuencias
desfavorables para una persona o un grupo de
personas determinado. El acoso, que crea un clima
hostil, se considera también una discriminación.

Para completar el desarrollo legislativo de la UE
contra la discriminación, es obligado referirse
a la Propuesta de Directiva del Consejo de
la Unión Europea por la que se aplica el
principio de igualdad de trato entre las
personas independientemente de su
religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual.
El Tratado de Ámsterdam habilitó a la Comunidad
a actuar para luchar contra la discriminación
basada en una serie de nuevos motivos, como
la raza o el origen étnico, la religión o
las convicciones, la edad, la discapacidad
y la orientación sexual.

Para reforzar la igualdad de oportunidades,
la UE puso en marcha en el año 2008 la Agenda
Social Renovada que contempla como una de
sus prioridades el refuerzo del principio de no
discriminación, entre otras medidas, mediante
una propuesta del Consejo de la Unión Europea
para la nueva directiva de igualdad de trato
entre las personas fuera de la esfera del empleo.

Una directiva que tiene como objetivo completar
el marco legal existente sobre discriminación con
un planteamiento horizontal, estipulando para ello
disposiciones comunes para todas las condiciones
por las que una persona pueda sufrir un trato
desigual y ampliando el ámbito de aplicación real.
Todo ello, dentro del reparto de competencias
entre la Unión Europea y los Estados miembros
y el principio de subsidiaridad, de modo que
una acción comunitaría ofrezca una seguridad
jurídica mínima a todos los ciudadanos de
la Unión, incluidos aquellos que se
desplazan entre los Estados miembros.

De acuerdo con los principios inspiradores de esta
directiva, la U.E. considera cinco tipos de
discriminación en situaciones de discapacidad:
● Discriminación directa: se produce cuando
una persona es tratada de manera menos
favorable que otra en una situación comparable,
tomando como base la discapacidad.
● Discriminación indirecta: ocurre cuando
una disposición, un criterio o una práctica
aparentemente neutra pueda ocasionar una
desventaja particular a personas con una
discapacidad determinada, respecto de otras
personas, “salvo que dicha disposición, criterio
o práctica puedan justificarse objetivamente
con una finalidad legítima y salvo que los
medios para la consecución de esta finalidad
sean adecuados y necesarios.

● Acoso: será considerado acoso un
comportamiento indeseable, en relación con la
discapacidad, que atente contra la dignidad de la
persona o sea intimidatoria, humillante u ofensiva.
● La denegación de ajustes razonables: es
considerada una discriminación particular
relacionada con la discapacidad y como tal se
desarrolla en un artículo específico. Consiste
en la negativa a adoptar medidas para que la
persona reciba igual trato que el resto de las
personas en los ámbitos dispuestos por la ley.
● Una orden de discriminar a personas por
motivos de discapacidad también se
considerará discriminación.

Con la adhesión de la Unión Europea a la
Convención de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad , en
noviembre 2010, se aprobó la nueva Estrategia
Europea de Discapacidad 2010-2020, directamente
vinculada a dicho tratado, mostrando así un claro
enfoque de derechos humanos. La Estrategia
contiene medidas y calendarios concretos
para la aplicación de la Convención.

Las disposiciones de no discriminación del
Tratado de Ámsterdam quedan reforzadas,
desde el 1 de diciembre de 2009, por el
Tratado de Lisboa, en cuyo artículo 10 se
exhorta a la Unión a “luchar contra toda
discriminación por razón de sexo, raza
u origen étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual”.
El artículo 19 estipula que el Consejo “podrá
adoptar acciones adecuadas para luchar contra la
discriminación” por los motivos ya mencionados.
En general, sus principales objetivos son aumentar
la democracia en la UE e incrementar la eficacia
de su actuación y su capacidad para enfrentarse
a los actuales desafíos globales.

En sus conclusiones, la autora de este estudio expone
que el marco jurídico de la no discriminación de las
personas con discapacidad en la Unión Europea está
sustentado específicamente por unas normas superiores:
- El Tratado de Ámsterdam (art. 13 y disposición adicional);
- El Tratado de Lisboa (Arts. 10 y el 19), Carta de los
Derechos Fundamentales, de 30 de marzo de 2010,
(art. 21 “Prohibición de discriminación”, entre otros,
por motivos de discapacidad, y art. 26 “Integración
de personas discapacitadas”);
- La Convención Internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad en la parte competencial
de la Unión Europea.

Autora del estudio: Encarnación Blanco Egido
Funcionaria. Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.
Jubilada. Colabora con organizaciones e instituciones del sector de la discapacidad,
participando en conferencias y en diversas publicaciones sobre discapacidad.
Breve biografía de las actividades relacionadas con la accesibilidad:
Desde el Imserso, participó activamente en la elaboración de la primera Ley a
favor de las personas con discapacidad, la Ley de Integración Social del
minusválido de 1982 (Lismi).
En calidad de Subdirectora General del Plan de Acción para las personas con
discapacidad del Imserso, impulsó, apoyó y trabajó en:
- I Plan de Acción Estatal para las personas con discapacidad.
- I Plan Estatal de Accesibilidad 2004-2012.
- La incorporación de créditos del Fondo de Desarrollo Regional de la UE al Programa de
accesibilidad del Imserso, Fundación ONCE y FEMP para el transporte accesible.
- Las actuaciones previas a la elaboración de la Ley 51/2003 de igualdad oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal (LIONDAU).

Como Directora General de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid:
- Promovió la elaboración y aprobación del II Plan de Acción para las personas
con discapacidad.
- Promovió la aprobación del protocolo de acuerdo para la ampliación y
funcionamiento del Servicio del taxi accesible.
- Impulsó la mejora de la legislación en materia de accesibilidad en plazas hoteleras.
Como representante española en el Comité para la Rehabilitación y Empleo de las
personas con Discapacidad del Consejo de Europa, participó en la elaboración y
aprobación de la Recomendación R(92)6 sobre la elaboración de una política
coherente en materia de personas con discapacidad.
Como delegada española en el Consejo de Europa, trabajó en la elaboración del Plan
de Acción del Consejo de Europa para las Personas con Discapacidad (2006-2015).
Participó en el grupo de trabajo para la elaboración de la Directiva general de la
Unión Europea sobre no discriminación, para incluir un artículo específico sobre
accesibilidad (pendiente de aprobación).
Fue designada, en calidad de experta, miembro de la Delegación española para la
negociación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas
con discapacidad.

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