El documento destaca la importancia de una visión integral y coordinada entre autoridades e instituciones para implementar políticas y programas efectivos de seguridad alimentaria. Estas iniciativas requieren acciones intersectoriales que generen sinergias entre los sectores público, privado y la sociedad civil para abordar factores como ingresos, precios, educación, producción e importación de alimentos con el fin de garantizar el derecho a no padecer hambre.