Este documento resume varias leyes y resoluciones relacionadas con la construcción y edificación en la República Dominicana. Establece los roles de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, la Oficina de Planeamiento Urbano municipal y la Dirección General de Edificaciones en aprobar planos y supervisar proyectos. También describe los requisitos y permisos necesarios para proyectos de construcción, estaciones de gasolina y almacenamiento de combustibles, así como las sanciones por no cumplir con las normativas.

1. Esta ley deroga y modifica varios artículos de la Citada Ley 675, el principal objetivo de creación es el Establecimiento del Sistema de reglamentación técnica que garantizan la seguridad de la estructura, los requisitos de habitabilidad, la preservación de la ecología y demás normas relativas a las obras de transporte y edificaciones . Esta norma en sus artículos 17 y siguientes estatuye las medidas de seguridad, y al efecto establece competencia a la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones para ordenar la suspensión de toda obra en ejecución que incurra en una de las siguientes violaciones: Ley 687 del 27 de julio de 1982, que crea un sistema de elaboración de reglamentos técnicos para preparación y ejecución, relativos a la Ingeniería y Arquitectura y Ramas Afines.

2. Que no se ajuste a las disposiciones establecidas en los Reglamentos que expida el Poder Ejecutivo; Que no esté provista de la correspondiente autorización o licencia; Que no se encuentre bajo la vigilancia responsable de un director o encargado; Que no se ajuste al proyecto aprobado; Que de alguna forma se haya obstaculizado o impedido la inspección o cualquier otra función del personal autorizado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.

3. En el artículo 18 de la citada ley se le confiere además la facultad para ordenar la clausura total de la obra cuando: 1.- La misma constituya un atentado contra la seguridad pública (ver art. 29 y 30 de la Ley 675); 2.- Cuando se trate de una obra terminada que no se ajuste al proyecto aprobado o que, por dársele un uso diferente al autorizado, perjudique la seguridad o el ornato público;

4. Como se puede observar las disposiciones contenidas en esta ley se corresponden con el contenido de la ley 675, específicamente con lo dispuesto en los artículos 36 y 111 de la indicada norma. Observándose entonces que no sólo el juez de Paz Municipal tiene competencia para ordenar la paralización o suspensión de la obra, ya que tanto el Ayuntamiento como a la Secretaría de Estado de Obra Pública, también se le atribuye dicha facultad, bajo los presupuestos anteriormente enunciados, fuera de éstos la competencia es del Juez de Paz Municipal, aunque también hay que señalar que el Juez sólo lo puede ordenar cuando exista acusación o querella en contra del autor, ya que el juez no puede actuar de manera extrajudicial.

5. SANCIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY 687 El artículo 23 de la Ley contempla las sanciones a las infracciones a la misma, así como en los reglamentos que se expidan para ejecución de la misma, estableciendo en ese sentido multa de 3 a 6 por ciento del monto total de la obra, conforme a tasación hecha por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones a través de su departamento correspondiente, o prisión correccional de 10 días a 6 meses o ambas penas a la vez, según la gravedad del caso.

6. En caso de que Obras Públicas aún no haya realizado la tasación de la obra, requerimiento indispensable para imponer la multa, como la ley no establece que hacer en este presupuesto a mi entender el Juez de ordenar la misma a través de una liquidación por Estado. Internas o en la Tesorería Municipal correspondiente, que pondrá a disposición de los respectivos Ayuntamientos la parte de los Impuestos a que tienen derecho, de conformidad con el artículo 42 de la ley 675. Por su parte el artículo 24 estatuye la Responsabilidad Penal de las Personas Morales en este tipo de infracción y al efecto dispone que las penas, cuando la infracción sea cometida por una persona moral, recaerá en la persona del Presidente, su administrador o al funcionario que fuere su representante legal. Este artículo contempla además que cuando no se haya obtenido la licencia, la sentencia condenará además, a pagar el doble de los impuestos establecidos por la ley, en la Colecturía de Rentas

7. LEY 6232 de fecha 25 de febrero de 1963, que establece un proceso de planificación urbana Esta ley crea la Oficina de Planeamiento Urbano, dependientes de los Ayuntamientos, cuyas atribuciones se contemplan en el artículo 5 de la citada ley, las cuales incluyen entre otras las siguientes: 1.- Confeccionar los proyectos municipales de carácter urbanístico; 2.- Mantener al día el plano de cada una de las poblaciones bajo su jurisdicción; 3.- Revisar y controlar el aislamiento, habitabilidad, estética y demás aspectos funcionales de todos los proyectos de edificaciones, urbanizaciones, encauzando los demás trámites requeridos para su aprobación de conformidad al reglamento que se dicte; 4.- Determinar las áreas que deban ser objeto de remodelación y confeccionar los proyectos correspondientes; 5.- Promover la rehabilitación de los barrios que así lo ameriten, entre otras.

8. Además de las funciones anteriormente citadas se le atribuyen a dicha oficina, conforme al artículo 8 de la ley, la función de emisión, previa revisión y declaración de conformidad con las leyes y requisitos vigentes, de todos los permisos relativos a cualquier tipo de construcción, reconstrucción, alteración, ampliación, traslado, demolición, uso o cambio de uso de edificios y estructuras; con el uso o cambio de uso de terrenos; con la instalación o alteración de rótulos o anuncios, así como de cualquiera otro aspecto relacionados con los planes de zonificación .

9. Por otra parte en el artículo 11 de la ley se dispone que en caso de que las partes no estén de acuerdo con los juicios emitidos sobre algún proyecto por la Oficina de Planeamiento Urbano, éstas pueden apelar por ante los Ayuntamientos respectivos, a la Junta Nacional de Planificación y en última instancia a los Tribunales Ordinarios de Justicia. Esta litis que se puede suscitar de aquí sin embargo por no tratarse de una violación a resolución, reglamento o disposición dictada por el Ayuntamiento, su conocimiento no corresponde al Juzgado de Paz Municipal, sino que como es un desacuerdo respecto de una disposición administrativa emanada del Ayuntamiento, específicamente la Oficina de Planeamiento Urbano, su conocimiento corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo.

10. En definitiva la Oficina de Planeamiento Urbano se encarga de que previo a la urbanización de un terreno se establezcan los planos correspondientes, haciendo constar en ellos, todas y cada uno de los requisitos establecidos en la ley, tales como son los trazados de vías, la formación de manzanas, alcantarillados, con la finalidad de que las construcciones sean erigidas con precisión y armonía. Se encarga además de confeccionar todos los proyectos urbanísticos, así como la revisión y control de todos los proyectos sometidos a estos fines, a fin de determinar si los mismos se ajustan a los planes de zonificación previstos por la ley;

11. Aprobados estos planos, la parte interesada debe erigir la construcción apegados a ellos, de lo contrario sería pasible de una demanda por Construcción Ilegal. Esto implica entonces que toda construcción que se levante sin la obtención de estos permisos, se presume ilegal y es pasible entonces de que sea sancionado por el artículo 42 y 111 de la ley 675.

12. En definitiva hay que señalar que a la Dirección General de Planeamiento Urbano le corresponde la aprobación de la primera fase para la obtención de la licencia de Construcción de cualquier edificación, y la segunda fase como vimos anteriormente corresponde entonces a la Secretaría de Estado de Obras Públicas, significando entonces que las partes deben haber aprobado sus planos y obtenido los permisos correspondientes en ambas oficina, tanto en Planeamiento Urbano del Ayuntamiento, como en la Secretaría de Estado de Obras Públicas, sin que uno sea excluyente del otro, de ahí que si no se paga uno de los dos la demanda en Construcción Ilegal es pasible.

13. OTRAS LEYES CONOCIDAS EN MATERIA MUNICIPAL .- LEY 5150 DEL 3 DE JUNIO DE 1959 QUE CREA LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES e INTRODUCE ALGUNAS MODIFICACIONES A LA LEY 675. Esta ley crea la Dirección General de Edificaciones, dependiente de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, cuya misión es velar por que se de cumplimiento a todas la normativas relativas sobre edificaciones, ya sea que se trate de construcción, reconstrucción, ampliación o alteración de un edificio o de cualquier otra estructura pública o privada y sin perjuicio por consiguiente, de la facultad que tengan o que pudieren tener los organismos correspondientes para dictar, de acuerdo con sus atribuciones, leyes, disposiciones, reglamentos y ordenanzas de la naturaleza indicada.

14. Dicha dirección tiene además las siguientes atribuciones: Tramitar la revisión de los planos para edificaciones en general El control, dirección y centralización de los servicios de diseños, Todo lo relativo a la revisión, aprobación de los proyectos y planos (art. 3 crea la Oficina Central de Tramitación de Planos, que a su vez es una dependencia de la Dirección General de Edificaciones), para urbanización, incluyendo los elementos de ornato, y sin las cuales no podrá otorgarse autorización para urbanizar, conforme a los artículos 2 y 5 de la ley 675.

15. A través de esta norma se encomienda ya no sólo a los ingenieros la realización de los planos de construcción, sino también a los arquitectos, modificando en ese sentido el art. 4 de la Ley 675, sin embargo en ambas normas se contempla que dichos planos deben ser presentados al Consejo Administrativo u autoridad Municipal correspondiente, que en la actualidad y conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 6232, lo es la Oficina de Planeamiento Urbano, esto indica entonces que los planos de toda construcción deben ser tramitados en principio a través de la Oficina de Planeamiento Urbano, quien luego de autorizarlos, deberá tramitarlos hacia la Dirección Nacional de Edificaciones (Oficina Central de Tramitación de Planos), quien los revisará y también aprobará, sin que esto implique que la aprobación realizada por la Oficina de Planeamiento Urbano vincule a la Dirección General de Edificaciones; sin embargo lo que sí es deducible es que las autorizaciones de uso de suelo, así como los planos deben ser aprobados tanto por la oficina de planeamiento urbano, como por la Oficina de Tramitación de Planos adscrita a la Dirección General de Edificaciones de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, ambas instituciones deben dar su aprobación en los proyectos de edificaciones que se dispongan a realizar, de faltar cualquiera de esta autorización, la construcción devendría en ilegal.

16. Esta norma no establece ningún tipo de sanción, sin embargo su inobservancia se sanciona conforme a las disposiciones de los articulados de la ley 675 que contemplan la construcción ilegal. SANCIONES

17. Esta norma atribuye competencia a la Secretaría de Estado de Obras Públicas para que pueda emitir las autorizaciones para la instalación en todo el territorio nacional de tanques para el depósito o almacenamiento de combustibles, y establece además todos los requisitos que debe observar dicha Secretaría previo a emitir una autorización de esta naturaleza. Para ello la Secretaría de Estado de Obras Públicas, emite una resolución autorizando, siempre que se cumplan con los requisitos dispuestos en la ley, en enterramiento de los tanques correspondientes . La Ley 1728 sobre Enterramiento de Tanques de Combustibles, del 9 de junio de 1948.-

18. Cabe señalar que las autorizaciones que dispone esta norma a cargo de la Secretaría no son excluyentes de las autorizaciones que debe dar la autoridad municipal, indicando si el suelo está apto para tal instalación (ver párrafo II del artículo 1 y artículo 9).

19. Las autorizaciones concedidas en esta materia se emiten por un período de 10 años, pudiendo renovarse al noveno año (ver artículo 4). VIGENCIA DE LA AUTORIZACION.-

20. Las sanciones que se contemplan en esta norma se encuentran en el artículo 11 el cual dispone que toda violación a la ley, al reglamento que dicte el Poder Ejecutivo con relación a ella o a las autorizaciones que se concedan de acuerdo con ella, se castigará con multa de cien a diez mil pesos, y las sentencias podrán ordenar el retiro de los violadores de cualquier obra o parte de obra construida en infracción de esta ley, sus reglamentos o las autorizaciones concedidas, siempre que dicho retiro sea solicitado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas o por el Ministerio Público. SANCIONES.-

21. Resolución 28/66 de fecha 15 de junio de 1966 sobre Construcción, Instalación y Operaciones de establecimientos destinados al expendio de gasolina y otros combustibles de naturaleza similar . Esta Resolución fue emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional como reglamento a regir en las construcciones, instalaciones y operación de establecimientos destinados al expendio de gasolina y otros combustibles de naturaleza similar.

22. En esta se establecen los requisitos para las instalaciones de las Estaciones de Servicios y Puestos de Gasolina y al efecto se dispone que las mismas no podrán erigirse sino cuando cumplan las siguientes condiciones: A) Se encuentren a 50 metros de estaciones o subestaciones eléctricas;

23. B) A 75 metros y una calle de por medio de cualquier construcción destinada o proyectada para Escuela, mercado, hospital, iglesia, teatro, cine, asilo, biblioteca, plaza, parque, jardín público y de aquellos otros establecimientos y lugares de carácter público o institucional para los que la oficina de Planeamiento Urbano correspondiente juzgare conveniente la aplicación de tal medida;

24. C) A 200 metros de plantas de llenado de gas y otros depósitos de materiales inflamables o explosivos; D) A 200 metros de otro puesto de Gasolina o Estación de Servicio aprobada o construida, cuando la ciudad tenga una población inferior a 15 mil habitantes; cuando la cantidad de habitante supere esta cantidad será de 350 metros cuando estuvieren localizados en una misma vía, y será de 250 metros cuando se encuentren en vías diferentes ;

25. Cabe señalar que además de los requerimientos anteriormente transcritos se establecen en esta resolución otros requisitos atinentes al área perimetral que debe contener el puesto o estación de gasolina; la visibilidad y ubicación de la misma (ver artículo 5). Esta resolución dispone además que las edificaciones e instalaciones para el enterramiento de los tanques de combustibles y los requisitos para dicha operación, se acogerán a lo dispuesto por la Dirección General de Edificaciones de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, la que en estos casos se rige conforme a la señalada Ley 1728.

26. El trámite y ejecución de los permisos para las construcciones, instalaciones y operación de establecimientos destinados al expendio de gasolina y otros combustibles de naturaleza similar se inicia a través de la Oficina de Planeamiento Urbano, pero luego de que dicha oficina emite su autorización el interesado cuenta con un plazo de tres meses para requerir de la Dirección General de Edificaciones el permiso para el enterramiento de los tanques; seis meses para solicitar la licencia de construcción y un año para iniciar la obra, esto indica entonces que ambas oficinas también aquí trabajan de manera simultánea y los permisos u autorizaciones emitidas por una no atan a la otra (ver artículo 8).

27. SANCIONES.- Esta resolución no contiene ningún tipo de sanción, pero su desconocimiento conlleva el sometimiento por construcción ilegal y se aplican las normas de la ley 675 sobre construcción ilegal.

28. Esta norma fue promulgada con la finalidad de legalizar y reglamentar la instalación de estaciones de servicio o puestos para el expendio de gasolina en las avenidas y calle principales de las zonas residenciales , ya que hasta la fecha sólo existía la resolución anteriormente detallada y aunque esta norma derogó varias disposiciones de la resolución, ésta aún continúa vigente en gran parte ya que las regulaciones de la resolución son más amplias que las instituidas en la ley, ya que en principio ésta sólo se votó para regular las zonas de Santo Domingo y Santiago, por lo que para los demás casos sigue rigiendo la resolución. No obstante esta ley también rige en los demás lugares del país, pero de manera específica en lo atinente a las disposiciones del artículo 3, ya que de lo contrario se rige por la resolución. Ley 317-72 que Reglamenta la Instalación de Estaciones de Servicios o Puestos para el Expendio de Gasolina.

29. Esta Ley faculta a la Oficina de Planeamiento Urbano para que establezca cuales son los lugares de Santo Domingo y Santiago, así como las calles y avenidas de éstos en los cuales no se pueden instalar estaciones de servicio o puestos para el expendio de gasolina. Sin embargo se establece que en los lugares en que la oficina no se haya pronunciado con tal prohibición, podrán operar dichas instalaciones siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:

30. A) Cuando el solar mida por lo menos 50 metros lineales en su lindero menos extenso y estén a una distancia mínima de 700 metros lineales uno del otro; B) En los municipio no cabecera el lindero menos extenso por lo menos de 40 metros lineales; C) En ningún caso puede la estación ser erigida a menos de 200 metros (para Santo Domingo y Santiago) de las escuelas, mercado, hospital, iglesia, teatro, cine, asilo, biblioteca, plaza, parque, jardín público u otros establecimientos de carácter público que la Oficina de Planeamiento Urbano juzgue necesario, sin embargo si es para el interior del país que se proyecta la instalación, la distancia requerida con relación a dichos establecimientos es de 125 metros.

31. Ver artículos 97 al 105 de la ley 64-00, y 174.5.6 Art. 34 ley 675 y comparar también con dicha ley. SANCIONES .- Las sanciones se encuentran contenidas en el artículo 4 de la indicada norma y dispone que las violaciones a las disposiciones de la ley serán castigadas con multa de cien a quinientos pesos o con prisión de dos a seis meses, o con ambas penas a la vez, según la gravedad del caso, pudiendo la sentencia ordenar la destrucción de la obra que se haya erigido en contravención a dicha ley.

32. Ley 120 que prohíbe tirar desperdicios en calles y otros lugares públicos.- Esta norma fue votada con la finalidad de mejorar la calidad del medio ambiente y controlar la contaminación causada por exceso de desechos en las calles, de ahí que la misma tenga una notable afinidad con la ley 64-00 sobre medio ambiente, cuya competencia es del Juzgado de Primera Instancia. No obstante esta ley no fue derogada de manera expresa por la 64-00, de ahí que la misma, al no contradecirle aún continúa vigente y sólo es considerada como complementaria de la ley 64-00.

33. Dentro de las prohibiciones contempladas en la ley se encuentran: 1.- Tirar desperdicios sólidos y de cualquier naturaleza en las calles, aceras, contenes, parques, carreteras, caminos, balnearios, mares, ríos, cañadas, arroyos y canales de riego, playas, plazas y otros sitios de esparcimientos y demás lugares públicos; 2.- Se prohíbe a los propietarios e inquilinos de hogares y establecimientos comerciales sacar basura, desechos o desperdicios en horas distintas a las establecidas por las disposiciones municipales correspondientes. 3.- Se prohíbe desorganizar la basura, rebuscar en ella, virar los zafacones, romper los recipientes en donde hayan sido depositados.

34. SANCIONES.- De 2 a 10 días o multa de quinientos a mil pesos o ambas penas. En caso de reincidencia se aplica el doble de la multa establecida y el máximo de la prisión prevista. Cuando la infracción la cometa una persona moral la sanción se aplica a sus representantes.- Cuando se trate de una institución que se dedique a ofrecer servicio privado de acarreo de desperdicios la multa será de hasta 10 mil pesos.

35. COMPETENCIA.- El artículo 6 atribuye de manera expresa la competencia al Juzgado de Paz Municipal para conocer las infracciones a esta ley. Ver artículos 97 al 105 de la ley 64-00, y 174.5.6 Art. 34 ley 675 y comparar también con dicha ley.

36. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA INFRACCION MUNICIPAL.- Como hemos visto hasta ahora en materia municipal conocemos varias infracciones a las normas municipales y las mismas se caracterizan de diferentes formas, de ahí que la configuración de cada infracción es independiente y depende del presupuesto legal que se haya vulnerado.

37. Delito de violación de linderos los elementos especiales para ello son los siguientes: Un elemento material, el cual consiste en el levantamiento de una construcción; Que esa construcción se realice en una zona que reúna los requisitos de zona residencial (ver art. 13); Que la construcción vulnere el espacio requerido por la ley; El elemento intencional, es decir que dicha construcción se erija a sabiendas de que se están violando los linderos. Hay que agregar que aunque la ley dispone un lindero mínimo para las zonas residenciales, el Ayuntamiento tiene la facultad de limitar el mismo mediante resolución, cuando así lo considere de lugar, siendo que dicha situación la parte que lo alegue debe probarlo en juicio, a través de la autorización de los planos correspondientes, de lo contrario se impone la norma.

38. - La Ley 687 y 675 en lo atinente al responsable de la construcción estableen que debe ser un Ingeniero o un Arquitecto, de lo contrario la responsabilidad sigue en manos del propietario. (art. 17.c Ley 687 y 4 ley 675). Personalidad de la pena.

39. La infracción Construcción Ilegal. - La edificación de una construcción Que esta construcción haya sido hecha sin la obtención de la licencia correspondiente o sin la aprobación de los planos por los organismos correspondientes, o también que los planos hayan sido inobservados (variación de densidad); El elemento intencional; - Ver art. 111, como el mismo no especifica que su aplicación es para los sectores residenciales, se entiende entonces que en aquellos sectores no residenciales se puede demandar por construcción ilegal, a diferencia del de violación de linderos en que sí se establece la distinción.

40. Para la configuración de Las infracciones contenidas en la Ley 120-99 se requiere lo siguiente: Un hecho material de arrojar desperdicios sólidos y de cualquier naturaleza en las calles, aceras, contenes, parques, carreteras, caminos, balnearios, mares, ríos, cañadas, arroyos y canales de riego, playas, plazas u otros sitios de esparcimientos y demás lugares públicos; o sacar basura, desechos o desperdicios en horas distintas a las establecidas por las disposiciones municipales o desorganizar la basura, rebuscar en ella, virar los zafacones, romper los recipientes en donde hayan sido depositados. b) Que dicho material sea tirado en un lugar no apto para ello o que exista prohibición de esta naturaleza; c) La intención

41. Con relación a la infracción contenida en las leyes 1728 y 317 atinentes al enterramiento de tanques de combustibles y Estaciones de expendio de combustible, rigen las reglas de la construcción ilegal en caso de que las mismas se instalen sin los permisos de las autoridades competentes.

42. LA PRESCRIPCIÓN. (45)‏ El artículo 45 de la ley 76-02 dispones que la acción penal prescribe al vencimiento del plazo igual al máximo de la pena en las infracciones sancionadas con penas privativas de libertad; sujetando a un mínimo de tres años y aun máximo de 10 años dependiendo de la infracción que se haya consumado, como en la especie la sanción máxima es de un año de prisión, entonces se aplica la prescripción máxima de tres (3) años, y por aplicación del artículo 46 este plazo empezará a correr a partir del día en que cese la continuidad de la infracción, es decir que sólo empezará a correr a partir de que haya cesado la infracción por tratarse de un delito continuo o permanente.

43. PRINCIPALES MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA MUNICIPAL En materia municipal rige como en toda materia penal la libertad de prueba, no obstante este sistema debe ajustarse a las estipulaciones de legalidad previstos en los artículos 166 y siguientes del Código de Procedimiento Penal a los fines de ser admitida como prueba válida.

44. Es usual que en esta materia las partes presenten como principales pruebas las siguientes: A) Testimonio de personas, B) Pruebas documentales como son las Actas de Infracción levantadas por los inspectores y Certificaciones emitidas por las entidades correspondientes; C) Peritajes (que en su mayoría son acordados por el tribunal a solicitud de parte en aquellos casos donde por su complejidad haya necesidad de establecer una situación determinada), en esta materia por lo general los agrimensores del CODIA son los peritos por excelencia. D) Las Inspección de los Lugares. E) Las fotografías.

45. Las pruebas documentales son valoradas atendiendo a la especialidad de la materia y son introducidas mediante lectura al juicio, por aplicación del artículo 170, 312 y 329 del Código Procesal Penal.

46. Es común que en esta materia se solicite al tribunal la inspección del lugar mediante un traslado del tribunal, contrastando esto con lo que es el proceso penal, ya que este demanda de un juez imparcial y limitado en la consecución de pruebas. Hoy en día dicha actividad ha quedado en manos del fiscalizador, quien como ente acusador debe realizar los levantamientos correspondientes en el lugar de los hechos.

47. INCIDENTES DEL PROCESO Los incidentes son conocidos de conformidad con lo estipulado en el artículo 305 del Código, no obstante si alguna de las partes pretende formular un incidente luego de transcurrido dicho plazo, el juez debe valorar la pertinencia del mismo, esto así porque el artículo 54 de dicho Código conmina al Juez a que pueda examinar aún de oficio aquellas excepciones.

48. Dentro de los principales incidentes que es común que se presenten en esta materia tenemos los siguientes: A) La falta de calidad que se conteste a la parte acusadora o constituida en actor civil; B) Las nulidades tanto de los actos como de las resoluciones dadas por los Ayuntamientos; C) La Declinatoria por conexidad o litispendencia. (querellas y contraquerellas).