Este documento es un decreto real emitido el 30 de noviembre de 1833 que divide el territorio español en la Península e islas adyacentes en 49 provincias. El decreto asigna nombres a las provincias y establece sus límites y jurisdicciones respecto a asuntos administrativos, militares, judiciales y fiscales. También instruye a los funcionarios a realizar mapas topográficos de las nuevas provincias y a proponer modificaciones a la división territorial dentro de un año.