Las reformas anulan la capacidad del Instituto de Acceso a la Información Pública para resolver controversias sobre información reservada y solo le permite recomendar desclasificaciones, también cambian las reglas sobre falta de respuesta a solicitudes e introducen nuevas causales de reserva. Esto elimina la efectividad de la ley y el derecho de acceso a la información, contradiciendo la constitución y sentencias judiciales, por lo que se consideran inconstitucionales.