El documento señala diversas irregularidades en la formación no formal, incluyendo la confusión generada por la denominación de centros y la publicidad engañosa sobre la validez académica de sus certificaciones. Además, se destaca la falta de adecuación en los contenidos y requisitos de acceso, así como la ausencia de información clara sobre el profesorado y las empresas organizadoras. Por último, se señala que muchos de estos cursos operan sin la autorización administrativa necesaria y no cumplen con criterios éticos en la enseñanza.