1. Evaluación y cambio educativo: los debates actuales sobre las ventajas y los
riesgos de la evaluación
Alejandro Tiana
Educación y cambio
La tarea educativa es precisamente el cambio, la transformación. La esencia última de la
educación consiste en producir cambios en los más jóvenes, para convertirlos en
personas adultas capaces de afrontar con garantías de éxito los desafíos que se les
plantearán a lo largo de la vida. Por lo tanto, educar consiste en última instancia en
producir y acompañar procesos de cambio personal.
La Expansión de la Evaluación como Resultado del Cambio de los Sistemas Educativos
Al analizar las relaciones que pueden establecerse entre la evaluación y el cambio
educativo, lo primero que debemos destacar es que el proceso de auge y expansión de
aquella es en buena medida consecuencia de este.
Son varios los factores que han provocado esa situación de incertidumbre. Entre ellos hay
que destacar, por su importancia, la puesta en cuestión del Estado-nación por el auge de
la globalización
y de los procesos de articulación y convergencia supranacional; la extensión del concepto
del aprendizaje a lo largo de la vida, que ha obligado a relativizar el papel de la educación
formal; la renovada conciencia de la estrecha interrelación entre la educación y el
desarrollo económico y social, que ha vuelto a atraer la atención hacia los fenómenos
educativos, y la gran influencia que ha ejercido la ideología neoliberal, que ha puesto en
cuestión el papel que debe desempeñar el Estado en la prestación de los servicios
públicos.
Flexibilidad, descentralización y autonomía escolar
Flexibilidad: debe adaptarse a la diversidad de situaciones, condiciones de partida,
intereses y contextos. Por lo tanto, las escuelas deben actuar en consonancia con esa
diversidad, adaptando su organización, su currículo y su modo de funcionamiento a las
circunstancias cambiantes en que se desenvuelven, esto es, aplicando el criterio de
flexibilidad.
Evidente que la última década ha asistido a un intenso movimiento descentralizador en el
ámbito internacional. La descentralización se ha entendido como un traspaso del sistema
escolar por parte del Estado hacia entidades territoriales menores, sin ir siempre
acompañado de los recursos suficientes y sin insistir en la regulación estatal que debiera
asegurar la prestación del servicio público de la educación en condiciones de equidad.
Control de la educación: en los sistemas educativos uniformes y centralizados, el control
se basa en una combinación de tres factores: una producción normativa generalmente
reglamentista y detallada, que fija con precisión el marco de actuación de las escuelas y
del profesorado; una regulación minuciosa de los procesos escolares, sobre todo en
relación con el currículo que se debe desarrollar, los manuales que hay que utilizar, los
tiempos escolares que pautan la vida escolar y las agrupaciones del alumnado, y la
actuación de los servicios de inspección y supervisión educativa que aseguran el
cumplimiento de las normas establecidas.

2. Autonomía escolar: basada fundamentalmente en la evaluación y el seguimiento de los
resultados obtenidos. Las autoridades educativas han comenzado a percibir la evaluación
como un instrumento útil para la administración y el control de la educación, y en
consecuencia la han fomentado
Devolución de responsabilidades y rendición de cuentas
La devolución de responsabilidades tiene justificación social y política siempre que no
implique el descuido del papel crucial del Estado en la prestación del servicio público
educativo o el abandono a las simples fuerzas del mercado de un ámbito tan fundamental
de actuación pública como es la educación.
Entre las principales consecuencias que ha producido este complejo movimiento de
devolución de responsabilidades, descentralización educativa y refuerzo de la autonomía
escolar cabe destacar la aparición de una nueva demanda de rendición de cuentas en el
ámbito educativo. Los sistemas educativos reciben importantes recursos y se espera de
ellos que realicen una contribución relevante al desarrollo económico y social.
La Evaluación como Instrumento de Conducción de los Procesos de Cambio
Los nuevos modos de gestión educativa a que antes se hacía referencia han hecho
aparecer y difundirse nuevos modelos de administración. Uno de los que más han llegado
a calar es el modelo de conducción o seguimiento. Su imagen sería la de un sistema que
funciona y se desarrolla con notable autonomía interna (el sistema educativo) y al que
interesa ir orientando (desde la administración) para asegurar que se alcanzan los
objetivos establecidos. En ese modelo, la evaluación desempeñaría un papel fundamental
para controlar la dirección y el ritmo del cambio y para comprobar la distancia que aún
resta para alcanzar los objetivos marcados.
El modelo de conducción o seguimiento era difundido a comienzos de los noventa por
Gilbert de Landsheere, quien lo definía como “la toma de decisiones al nivel macroscópico
(es decir, de un sistema o subsistema educativo) o microscópico (es decir, de un
establecimiento o incluso una clase), sobre la base de constata ciones tan objetivas como
sea posible, relativas al estado, al funcionamiento o a los productos del sistema” (De
Landsheere, 1994, p. 8, traducción del francés).
En tiempos recientes se ha planteado un nuevo debate académico y político acerca de la
posibilidad de realizar una conducción basada en los resultados de la educación, que
viene a ser una actualización de esas mismas ideas y que entiende que se trata del
modelo mejor adaptado a las circunstancias actuales.
Evaluar no mejora la realidad que se evalúa, lo que consigue es proporcionar una
información tan rigurosa y detallada como queramos para conocerla mejor y actuar en
consecuencia. A partir del diagnóstico que hagamos y del juicio que emitamos sobre el
aspecto o aspectos de la realidad que evaluamos, podremos adoptar medidas que
permitan superar los puntos críticos detectados y adoptar decisiones orientadas a la
mejora.
Las posibilidades y los riesgos de la evaluación
Evaluación y mejora: la utilidad de la evaluación
Evaluadores consideran que su función consiste básicamente en examinar
cuidadosamente la realidad que analizan, aplicar métodos y técnicas apropiados para
profundizar en ella y ofrecer una descripción y una valoración ajustadas de su situación y
estado. Para quienes así piensan, ese es el núcleo de su tarea y ahí acaba su función.

3. Para otro grupo de evaluadores, en cambio, su actuación no puede desligarse del objetivo
último de mejorar la realidad que evalúan. Consideran que la evaluación supone una
intervención enérgica, e incluso en ocasiones algo agresiva, ya que busca qué hay debajo
de la primera apariencia de las cosas, se pregunta acerca de cuáles son las dinámicas
establecidas y la posición de los distintos actores y emite juicios de valor sobre el
funcionamiento o los logros de un programa, una institución o un sistema.
La evaluación no tendría como función única o principal la de ofrecer elementos para la
toma de decisiones, sino que también cumpliría un papel importante contribuyendo a
mejorar el conocimiento de los procesos educativos y arrojando luz sobre los mismos.
Objetividad, credibilidad y justicia de la evaluación
La objetividad es una aspiración irrenunciable de cualquier estudio con pretensiones
científicas, pero se sabe bien la dificultad que implica, sobre todo cuando su objetivo
consiste en emitir una valoración. La valoración y el juicio, que constituyen precisamente
el núcleo de la acción evaluadora, implican la referencia a valores y, por lo tanto, dificultan
una percepción puramente objetiva.
En consecuencia, toda acción evaluadora está forzosamente sometida a una tensión
interna entre conocimiento e interpretación, que no siempre resulta fácil de resolver y en
la que se juega su crédito.
Uno de los riesgos de la evaluación sobre los que se ha alertado consiste en atender
solamente a los requerimientos de quienes la encargan o financian, olvidando las
posiciones de otros actores.
Para evitarlo y para reforzar las posibilidades de la evaluación se ha introducido el
concepto de “audiencia”, denominación con la que se hace referencia a todas las
personas y grupos afectados o que tienen intereses legítimos en un proceso determinado
de evaluación.
Principio de justicia: Es un asunto que se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando se
realizan evaluaciones que tienen consecuencias directas para las personas o las
instituciones. Uno de los casos más claros es el de la evaluación de centros escolares con
la intención de adoptar decisiones sobre ellos o de establecer clasificaciones de cualquier
tipo. Tanto los agentes implicados en la evaluación como sus destinatarios deben
preguntarse si la evaluación refleja de manera justa la situación de las escuelas y actuar
de forma que lo garantice.
Coherencia de la evaluación con las políticas educativas
Fomentar los efectos beneficiosos de la evaluación para el desarrollo de la educación y de
evitar sus efectos perversos. La experiencia nos demuestra que la aparición de efectos no
deseados ni deseables en este ámbito es más frecuente de lo que debiera, lo que obliga a
no ignorarlos y a prestarles atención.
Hay que insistir reiteradamente en que las políticas de evaluación del sistema educativo
no deben concebirse al margen de las políticas generales de desarrollo del mismo.
Podría decirse de la conexión existente entre evaluación y currículo, especial atención en
las reformas educativas de la década de los noventa, aunque hoy tendamos a verlo como
un elemento que debe integrarse en una visión más sistémica del cambio. El currículo es
y seguirá siendo un elemento central en los procesos.
Debe reconocerse que la evaluación ofrece importantes posibilidades para la mejora de la
educación, pero también implica algunos riesgos que no deben obviarse.