El documento discute la propuesta de elevar el royalty minero aplicado a la gran minería del 5% al 8% y ampliar su alcance para recaudar US$500 millones anuales para la reconstrucción tras el terremoto. La industria minera se opone alegando invariabilidad tributaria de 15 años. Otras opciones son aumentar impuestos a la renta, dado que las mineras renunciaron a invariabilidad previa al aceptar la ley actual.