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El abordaje de esta lectura debe entenderse de manera integral. La mera división de títulos y acápites representa una forma de
organización, pero no que los términos analizados puedan ser estudiados de manera aislada ni como compartimentos independientes
los unos de los otros.
La teoría constitucional en la práctica
Referencias
Revisión del módulo
Teoría constitucional IV
Para problematizar los ejes fundamentales de la teoría constitucional que desarrollamos en las lecturas anteriores,
abordaremos brevemente las modificaciones producidas por la última reforma constitucional producida en 1994 y cómo
estas generaron tensiones en la práctica. Para ello vamos a distinguir, en primer lugar, las modificaciones contenidas en el
denominado núcleo de coincidencias básicas, sobre el que pesaba acuerdo previo por parte de los dos partidos
políticos mayoritarios, que debían aprobarse en conjunto; en segundo lugar, temas que habían sido habilitados por el
Congreso en la declaración de necesidad de reforma para el libre debate y tratamiento por parte de la Convención
Reformadora. Todos estos puntos están contenidos en la Ley 24.309 que habilita la Reforma Constitucional.
Tengamos presentes las lecturas anteriores, con especial énfasis sobre los conceptos de: poder constituyente y sus
clasificaciones; procedimiento de reforma constitucional (artículo 301
de la Constitución Nacional); supremacía
constitucional (artículo 31 y 75 inciso 222
) y control judicial de constitucionalidad.
[1] Art. 30, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6     
[2] Arts. 31 y 75, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
El núcleo de coincidencias básicas
Esta parte contenía doce puntos centrales destinados a rediseñar la arquitectura institucional, cuyo objeto principal recaía en la intención de atenuar el sistema
presidencialista. Las reformas en este sentido fueron:
Atenuación del sistema presidencialista. 
Al efecto, se crea la figura del Jefe de Gabinete de Ministros, designado y removido por el Presidente de la Nación, con responsabilidad política ante el Congreso de
la Nación, quien también puede removerlo mediante interpelación y voto de censura, según los actuales artículos 100 y 1013
.
Sus atribuciones se detallan en el artículo 100, con 13 incisos que lo transforman en una figura con atribuciones constitucionales semejantes a las de un jefe de la
administración. Posee funciones políticas que recibe del Presidente y ejerce, además, atribuciones que fueran del Presidente –ya que tiene a su cargo la
administración general del país– y otras que le son delegadas. Tiene el deber de concurrir por lo menos una vez al mes al Congreso para informar de la marcha del
gobierno y puede ser interpelado y removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras, con lo que se constituye en el “fusible
de cambio” en épocas de crisis.
Consecuentemente, se modificaron también atribuciones del Presidente, contenidas actualmente en el artículo 994. Se le prohíbe emitir disposiciones de carácter
legislativo, es decir, decretos de necesidad y urgencia, salvo situaciones extraordinarias.
LECCIÓN 1 de 3
La teoría constitucional en la práctica
[3] Arts. 100 y 101, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
[4] Art. 99, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
Reducción del mandato del Presidente y Vicepresidente de la nación. 
Se reduce el mandato del Presidente de seis a cuatro años con la posibilidad de reelección por un solo período consecutivo y luego con el intervalo de un período
(artículo 905). Cabe destacar que el mandato presidencial en curso al tiempo de la reforma fue considerado como primero a los fines de la reelección, lo que quedó
así consagrado en la novena cláusula transitoria.
[5] Art. 90, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
Se elimina el requisito confesional para ser Presidente. 
A fin de consagrar la libertad de culto, se eliminó el requisito confesional para ser Presidente de la Nación y, consecuentemente, se modificó el juramento del
mismo (artículos 89 y 936).
[6] Arts. 89 y 93, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
Elección directa de tres senadores por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires. 
Se modifica la estructura del Senado, incorporándose tres senadores por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires con un sistema de elección directa. Se
asignan dos bancas al partido político más votado y la tercera al que le sigue (artículo 547
). Se reduce el mandato de senador de nueve a seis años, renovándose el
cuerpo a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años (artículo 568  y cláusula transitoria cuarta).
[7] Art. 54, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hY IY6   
[8] Art. 56, Ley 24.430  Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6
Elección directa del Presidente y vicepresidente de la Nación. 
Se modificó también el sistema electoral de Presidente y vicepresidente, que tal como lo dispone el artículo 949 se elegirán en forma directa por el pueblo y en
doble vuelta electoral.
[9] Art. 94, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6
Elección directa del Intendente y reforma de la ciudad de Buenos Aires
Se dispone dotar de un status especial a la ciudad de Buenos Aires, que se conserva como Capital Federal y asiento de las autoridades de la Nación. En ese
sentido se dispone en el artículo 12910 un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción y la elección de su Jefe de gobierno
en forma directa por el pueblo. Cabe acotar que la ciudad de Buenos Aires ya dictó el Estatuto de Organización de sus instituciones, que tiene el rango de una
Constitución provincial, incorporándose la más moderna tendencia del derecho público provincial.
[10] Art. 129, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
Regulación de la facultad presidencial de dictar decretos de necesidad y urgencia y procedimientos para la
agilización del trámite de discusión y sanción de las leyes.
Bajo este marco, se prohibió el dictado de decretos de necesidad y urgencia, excepto que excepcionales circunstancias hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes y que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos (artículo 99
inciso 3). También se prohibió la delegación legislativa a favor del presidente (artículo 7611). Se modificó el procedimiento de formación y sanción de las leyes para
agilizarlo al limitar a tres las intervenciones posibles de las Cámaras. Con tal finalidad, se modificó todo el capítulo quinto desde el artículo 77 en adelante y se
extendió el período ordinario de sesiones, que inicia el 1º de marzo para culminar el 30 de noviembre.
[11] Art. 76, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
Consejo de la Magistratura.  
Dentro de las reformas al Poder Judicial se dispuso la creación del Consejo de la Magistratura (artículo 11412) cuya atribución principal será la de seleccionar los
magistrados judiciales y la administración del Poder Judicial. Se detallan, también, otras facultades de este cuerpo: la administración de los recursos y la ejecución
del presupuesto, algunas facultades disciplinarias, la apertura del proceso de remoción de magistrados inferiores y el dictado de reglamentos relacionados con la
organización judicial. Además, se crea por el artículo 11513
  el jurado de enjuiciamiento a los fines de la remoción de magistrados inferiores.
[12] Art. 114, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6   
[13] Art. 115, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
Designación de los magistrados federales.  
Se dispone el sistema de designación de los ministros de la Corte Suprema de la Nación por medio de pliego enviado por el Presidente de la Nación al Senado,
quien aprueba la propuesta con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del cuerpo. A su vez, la designación de los demás jueces se realizará
por medio de ternas vinculantes previamente seleccionadas por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública.
Remoción de magistrados federales. 
Se sostiene el juicio político como mecanismo de remoción de  los miembros de la Corte y se dispone la creación de un jurado de enjuiciamiento para remoción de
jueces inferiores cuyo proceso se inicia a instancia del Consejo de la Magistratura (artículo 115).
Control de la administración pública. 
En lo relativo al control de la administración pública, se dispone el control externo del sector público nacional en su faz patrimonial, económica, financiera y
operativa y se crea la Auditoría General de la Nación, como órgano con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso. Este está encabezado por un
miembro de la oposición y su regulación se encuentra en el artículo 85 y siguientes14.
[14] Arts. 85 y ss., Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
Establecimiento de mayorías especiales para la sanción de leyes que modifiquen el régimen electoral y de
partidos políticos. 
Esta propuesta se redactó y trató en el seno de la Comisión de Núcleo de Coincidencias Básicas y en la Comisión de Redacción y fue votado por el plenario, pero
por un error formal no se incluyó en el texto final de la Constitución. Esta omisión se corrigió por medio del Congreso quien, por ley, mandó imprimir una versión
oficial del texto constitucional y rescató esta norma que quedó incluida como segunda parte del artículo 7715. Por ella se dispone la exigencia de mayoría absoluta
del total de los miembros de las Cámaras para modificar los temas atinentes al régimen electoral y de partidos políticos.
[15] Art. 77, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
Intervención federal. 
Como último punto del “núcleo de coincidencias básicas” se dispone regular la intervención federal a las provincias, lo que queda como atribución exclusiva del
Congreso, salvo receso y urgencia (artículo 7716).
[16] Art. 77, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
Temas habilitados para su debate por la convención constituyente
Dentro de los temas habilitados para su debate y tratamiento individual se encuentran:
[17] Art. 124, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6
Fortalecimiento del régimen federal. Se introducen sustanciales reformas al Título Segundo sobre Gobiernos de Provincia. Así en el artículo
12417 se posibilita la creación de regiones por la sola voluntad de las provincias, con el deber de comunicación al Congreso de la Nación. Esta
norma ya se aplicó, como en el caso de la creación de la región de la Patagonia en 1996 y en 1998 la región Centro del país.
Se dispuso el dominio de las provincias sobre los recursos naturales que se encuentran en su territorio (artículo 12418) y la jurisdicción
provincial sobre establecimientos de utilidad pública.
Según el artículo 12519 las provincias pueden celebrar entre sí tratados parciales con conocimiento del Congreso, salvo que sean de carácter
político.
Dentro del fortalecimiento del Régimen Federal se modifican incisos del actual artículo 75, que legisla sobre atribuciones del Congreso,
determinándose un nuevo régimen de coparticipación impositiva entre la Nación y las provincias (inciso 2).
[18] Art. 124, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6
[19] Art. 125, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
[20] Art. 123, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
[21] Arts. 39 y 40, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
[22] Art. 86, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
Autonomía municipal.  Se reglamenta la autonomía municipal, dotándola de alcance y contenido en el orden institucional, político,
administrativo, económico y financiero, tal como lo establece el actual artículo 12320.
Posibilidad de incorporación de la iniciativa y de la consulta popular. Ambos institutos se incorporaron en el capítulo nuevo de derechos y
garantías en los artículos 39 y 4021 respectivamente.
Posibilidad de establecer el acuerdo del Senado para la designación de funcionarios de organismos de control y del Banco Central. En este
sentido, el artículo 85 exige que su presidente sea designado a propuesta del partido político de la oposición. También se crea la figura del
Defensor del Pueblo, incorporado en el artículo 8622, quien es designado y removido por el Congreso.
Si bien en la Constitución Nacional no se incorpora el necesario acuerdo del Senado para la designación del presidente del Banco Central, esta
disposición se incluyó en la ley orgánica de la entidad.
Actualizar las facultades del Congreso previstas en el artículo 75 y del Presidente de la Nación en el artículo 99. La Comisión de Redacción
estuvo a cargo de este tema y allí se planteó un debate. Una parte de la Comisión sostenía la tesis de que la actualización debía ser
interpretada con un sentido restringido, es decir, limitar la reforma al lenguaje utilizado (eliminar o suplantar los términos en desuso) y no
modificar el contenido de las atribuciones. Prevaleció el criterio amplio y se produjo una actualización importante, por ejemplo varios incisos
del artículo 75, donde se redacta nuevamente la llamada cláusula del progreso, se actualiza el régimen de educación (se incluyó expresamente
la autonomía de las universidades) y se dispone el dictado de medidas de acción positiva para garantizar la igualdad efectiva de
oportunidades, entre otras. También se produce la modificación completa del actual artículo 99 que trata sobre las atribuciones del Presidente
de la Nación, las que debieron adecuarse a la inclusión de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros.
Establecimiento del Defensor del Pueblo. Queda incorporado en el artículo 86, creándose como un órgano independiente instituido en el ámbito
del Congreso de la Nación, con autonomía funcional. También se destaca que, para cumplir con la misión de defender y proteger los derechos
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados, tiene legitimación procesal.
Ministerio Público como órgano “extra-poder”. Queda incorporado en el artículo 12023 y se le otorga autonomía funcional y autarquía
financiera. Su función radica en promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Está
integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e
intangibilidad de remuneraciones.
[23] Art. 120, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
[24] Art. 36, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
[25] Art. 37, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
[26] Art. 38, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
[27] Art. 41, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6
Facultar al Congreso a pedir informes, interpelaciones y comisiones de investigación (detallado en los actuales artículos 71 y 101).
Instituciones para la integración y jerarquía de los tratados internacionales. Este tema merece un tratamiento especial. El artículo 75 inciso 22
dispone como atribución del Congreso aprobar o desechar tratados internacionales con la Santa Sede. Hasta aquí el texto original, y a
continuación se sienta el principio general de que todo tratado internacional o concordato con la Santa Sede aprobado por el Congreso
adquiere jerarquía superior a las leyes. Es destacable que con esta disposición se respeta la Convención de Viena que impide que un Estado
firmante de un tratado lo incumpla al aducir normativa interna.
En el segundo párrafo del inciso se incluye una excepción a este principio ya que se incorporaron, con rango constitucional, diez tratados y
convenciones internacionales de protección a los derechos humanos que transforman a nuestra Constitución en una de las más amplias en la
materia. No solo se amplían los derechos consagrados en el texto originario, sino que también se engloban las garantías para hacerlos
efectivos, posibilitándose el recurrir ante cortes internacionales en caso de desconocimiento o falta de cumplimiento por parte de los órganos
jurisdiccionales del Estado Nacional.
En el inciso 24 del artículo 75 se faculta al Congreso para aprobar tratados internacionales de integración, con naciones latinoamericanas o
con otras naciones.
Garantías de la democracia en cuanto a la regulación constitucional de los partidos políticos, sistema electoral y defensa del orden
constitucional. Estos temas se incorporaron en un Segundo Capítulo dentro de la Primera Parte, titulado “Nuevos Derechos y Garantías” Este
capítulo se inicia con el artículo 3624, que incluye la llamada “garantía del sistema democrático”; luego en el artículo 3725  se legisla sobre los
derechos políticos, y se determina el carácter del sufragio como universal, igual, secreto y obligatorio. Por último el artículo 3826  reconoce y
regula los partidos políticos.
Preservación del medio ambiente. Por esta cláusula se consagra el nuevo artículo 4127, que incluye el derecho de todo habitante a gozar de un
ambiente sano y apto para el desarrollo humano, así como la preservación de los recursos naturales no solo para generaciones presentes sino
también futuras. Se preserva también el patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica y el derecho a la información y educación
ambiental. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos.
Completa este artículo consagratorio de derechos de tercera generación, la acción de amparo (artículo 4328) que en estos casos puede ser
ejercida por el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan esos fines (debidamente registradas).
[28] Art. 43, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6
[29] Art. 42, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 
La Reforma en tela de juicio: el control judicial sobre los actos
del poder constituyente derivado
Una vez sancionada la Constitución reformada, se suscitó un planteo sobre una de las cuestiones modificadas por la Convención, dando lugar en el año 1999 a un
fallo sin precedentes en la teoría constitucional. Posteriormente, hacia 2017, la Corte revirtió su criterio. Observemos ambos fallos y sus argumentos para ver los
ejes teóricos puestos en práctica.
Creación de un consejo económico y social con carácter consultivo. Fue el único tema que no logró tratarse, por lo acotado del límite temporal
(que fijó en noventa días la actividad de la Convención).
Garantía de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. En virtud de esta disposición se deroga la segunda parte del antiguo inciso
15 de artículo 67 que consagraba como atribución del Congreso el propender la conversión de los indios al catolicismo. En virtud del actual
inciso 17 del artículo 75 se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y se les garantiza el derecho a una
educación bilingüe, el acceso a la propiedad comunitaria de la tierra y la entrega de sus antiguos territorios o de tierras aptas para sus
actividades, entre otros.
Sobre este tema debe destacarse que el despacho de comisión fue suscripto por unanimidad y se acordó tratarlo en el recinto por su sola
lectura –sin discursos– y por aclamación. El registro de las opiniones vertidas por los convencionales constituyentes quedó en el diario de
sesiones por incorporación de agregados escritos para su publicación.
Defensa de la competencia, del usuario y del consumidor. Este tema se incorpora en el actual artículo 4229, por el que se ampara a
consumidores y usuarios de bienes y servicios, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a
una información adecuada y veraz, entre otras previsiones. Es de resaltar que las acciones en protección de estos derechos pueden ser
iniciadas por el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines (artículo 43).
Esta previsión constitucional cobra mayor relevancia al tener en cuenta que existen prestadores de servicios públicos que se encuentran en
distintos ámbitos (organización estatal, no estatal y personas jurídicas privadas).
Consagración expresa del habeas corpus y el amparo. Esta regulación se incluye en el artículo 43 y respeta, en general, los lineamientos
existentes en la legislación previa y en los sucesivos fallos de la Corte, pero adquiere rango constitucional expreso a partir de la reforma. En
este artículo también se incluye una acción especial, el habeas data, que permite a toda persona conocer si sus datos están inscriptos en
registros públicos o privados, en qué sentido y en caso de error lograr su rectificación.
Implementar la posibilidad de unificar la iniciación de todos los mandatos electivos en una misma fecha. Esta disposición no pudo
concretarse en todos los mandatos –debido a circunstancias políticas más que jurídicas– aunque logró unificarse el momento de asunción de
nuevos Senadores y Diputados de la Nación (cláusula transitoria cuarta) en la fecha del 10 de diciembre. En lo que respecta al Presidente de la
Nación, se dispuso considerar el mandato en curso —al momento de la reforma— como primer mandato (cláusula transitoria novena) y por la
cláusula transitoria décima se dispuso que el Presidente de la Nación, que asumiera el 8 de julio de 1995, extinguiría su mandato el 10 de
diciembre de 1999.
El Caso “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional” CSJN, Fallos 322:1616
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Santiago Fayt, planteó una acción declarativa de inconstitucionalidad, que fue acogida por el
juez federal de primera instancia y rechazada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo federal, habilitándolo así para
recurrir al máximo Tribunal por vía extraordinaria.
El objeto de la acción era lograr una declaración de inconstitucionalidad del tercer párrafo del inciso 4 del artículo 99 y de la disposición transitoria undécima,
introducidos en la reforma constitucional de 1994.
El artículo 99, en lo pertinente, expresa, refiriéndose a los magistrados federales: 
 
Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que
cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años,
y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite30.
 
A su vez, la cláusula transitoria undécima dice: “La caducidad de los nombramientos y la duración limitada previstas en el artículo 99º inciso 4º entrarán en
vigencia a los cinco años de la sanción de la reforma constitucional”31, por lo que esta caducidad operaría el 24 de agosto de 1999.
La Corte, con el voto de siete de sus nueve miembros (los ministros Nazareno, Moliné O’Connor, Belluscio, Boggiano, López, Vázquez y Bossert; más una disidencia
parcial y un voto por sus propios fundamentos), declaró la nulidad de las dos mencionadas reformas introducidas por la Convención constituyente de 1994. Se
produce así un hecho sin precedentes, ya que ha invalidado a la propia reforma constitucional y asumido, así, la potestad de revisar judicialmente las facultades
del poder constituyente derivado, contradiciendo la tradicional postura de no interferir en las llamadas “cuestiones políticas no justiciables”.
[30] Art. 99, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6
[31] Cláusula transitoria undécima, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de
https://bit.ly/30hYIY6 
Podemos destacar cuatro argumentos centrales utilizados por el máximo tribunal, para resolver la cuestión a favor del actor:
1) El control judicial sobre la reforma constitucional.
–
El Alto Tribunal sostuvo en el considerando 6°32 que ya en el caso “Soria de Guerrero, J. A. c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. SA” se había aplicado a una convención reformadora
(provincial) el principio jurisprudencial que limita las facultades jurisdiccionales en el procedimiento común de formación y sanción de las leyes.
Afirmó, además, que el propio Congreso federal, al declarar por ley 24.309 la necesidad de la reforma y establecer los puntos sujetos a revisión por la constituyente, dispuso en el
artículo 6º la sanción de nulidad de todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realizase la Convención constituyente, apartándose de la competencia establecida.
Esto habilitaría a que la Corte –es decir, un poder constituido, recordando lo abordado en la segunda lectura– pueda revisar los actos de la Convención constituyente (Poder
Constituyente derivado o reformador)
La posición de la doctrina
La doctrina constitucional se dividió a partir de este fallo entre quienes compartieron la tesitura de la Corte (Emilio Ibarlucía, Miguel M. Padilla, Adrián Ventura,
Alberto B. Bianchi, Mario Midón, Andrés Gil Domínguez, Horacio García Belsunce, Alberto Spota) y entre los que se posicionaron en contra de la potestad revisora
de la Corte a lo actuado por la Convención (Daniel A. Sabsay, Carlos Colautti, Alberto García Lema, María Cristina Serrano, Pedro J. Frías, Néstor Sagües y Antonio
María Hernández, entre otros).
La posición de la Corte en la actualidad: el fallo “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional” CSJN,
Fallos 340:25733
[32] CSJN, “Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de reconocimiento”, Fallos 322:1616 (1999).
2) Los límites precisos del órgano reformador.
–
Para la Corte, según el precedente de Fallos 316:2743 y la cita de Manuel Gorostiaga en su obra “Facultades de las convenciones constitucionales” de 1898, así como del texto
expreso del artículo 30 de la Constitución Nacional, las convenciones constituyentes se reúnen al solo efecto de modificar aquellas cláusulas constitucionales que previamente el
Congreso declaró susceptibles de reforma. Ninguna otra reforma es posible ya que faltaría en ése caso tanto la voluntad expresa del Legislativo como del pueblo de la Nación que,
al elegir a los convencionales constituyentes, lo hizo para que tratasen únicamente aquellas reformas y no otras.
3) Rechazo a las facultades implícitas del órgano reformador.
–
El Procurador General en su dictamen –contrario a la postura que en definitiva adoptó la Corte— sostuvo que la Convención gozaba de ciertos poderes implícitos que validaban las
modificaciones efectuadas en 1994 y ahora impugnadas.
Por su parte, la Corte (considerando 9°) sostuvo que dichos poderes implícitos tienen por finalidad ejercer ciertas atribuciones imprescindibles que se concedieron expresamente
siempre que sean adecuadas y compatibles con el diseño general de la Constitución Nacional. Tales facultades implícitas no son de fondo ni independientes de las facultades
expresas, esto es, son auxiliares y subordinadas. 
Las facultades expresas son, en suma, las que constan en las denominadas “coincidencias básicas” que se receptaron en el artículo 2 de la ley 24.309 que declaró la necesidad de
la reforma.
En el considerando 10°, la Corte alude al artículo 6 de la referida ley 24.309 que sanciona con nulidad todo accionar de la futura convención que importase modificación, derogación
o agregado de la competencia determinada en los artículos 2° y 3° de la misma ley.
4) La no inclusión de la norma impugnada (artículo 99 inc. 4) en el procedimiento de reforma.
–
Con base argumental en las premisas anteriores, la Corte (considerandos 11°, 12° y 13°) afirmó que la garantía de inamovilidad de los jueces no aparece expresa ni implícitamente
como materia objeto de reforma constitucional, por lo tanto decidió que la Convención reformadora se excedió en sus facultades al limitar el mandato de los jueces según la
intención del artículo 99 inc. 4. Ergo, la norma presenta defectos formales que la tornan nula constitucionalmente hablando, en los términos de la ley que habilitó la reforma
constitucional.
A fines de marzo del año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió una causa en la que se discutió la validez de la misma cláusula impugnada por
Fayt, incorporada por la Convención Reformadora de 1994.
Con este pronunciamiento, la Corte Suprema abandonó lo decidido en el fallo “Fayt” en 1999. Al revocar la doctrina del caso “Fayt”, la decisión de la Corte en el caso
“Schiffrin” devuelve la validez a la única norma de la Constitución Nacional que fue declarada nula -en toda la historia constitucional de la Argentina- por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Este fallo restableció entonces la potestad del Congreso y del Presidente de la Nación –como poderes políticos reconocidos por la Constitución– de ejercer las
funciones que el constituyente reformador les había otorgado para decidir como representantes del pueblo si un juez puede continuar ejerciendo su función
después de los 75 años.
La doctrina que emana de la presente sentencia apunta a devolver su vigencia a la totalidad del texto de la Constitución Nacional, tal como fue aprobada por los
constituyentes reformadores en 1994.
En el fallo, la Corte Suprema declaró por una mayoría de votos compuesta por los doctores Lorenzetti, Maqueda y Rosatti -con disidencia del Doctor Rosenkrantz- la
plena validez y vigencia de la norma señalada y, con ello, de la totalidad de las cláusulas de la Constitución Nacional, con las reformas incorporadas por la
Convención Constituyente de 1994.
Para la Corte en “Schiffrin”, la Convención reformadora actúa como poder constituyente derivado, reuniéndose con la finalidad de modificar, o no, sólo aquellas
cláusulas constitucionales que el Congreso declaró que podían ser reformadas. Dentro de los límites de la competencia habilitada, la Convención Constituyente es
libre para determinar si lleva a cabo la reforma y, en su caso, para definir el contenido de las disposiciones constitucionales que modificará.
En ese sentido se entendió que el control judicial de la actuación de una Convención Constituyente debe adoptar la máxima deferencia hacia el órgano reformador,
acorde al alto grado de legitimidad y representatividad que tiene la voluntad soberana del pueblo expresada a través de la Convención Constituyente. En caso de
duda debe optarse por la plenitud de poderes de esa Convención.
La Corte sostuvo que la ley 24.309 (artículo 3°, tema e), al habilitar a la Convención reformadora de 1994 a actualizar las atribuciones del Congreso y del Poder
Ejecutivo contenidas en la Constitución Nacional, incluyó los diversos componentes del proceso de designación de los jueces federales que impera en nuestro
país.
Esa habilitación sostiene la conclusión de que la necesaria intervención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo –cuando los jueces federales alcanzan la edad de
75 años– aparece razonablemente como una de las modalidades posibles reservadas a la Convención Constituyente.
La doctrina utilizada en el caso “Fayt” fue abandonada y sustituida por un nuevo estándar de control, deferente y respetuoso de la voluntad soberana del pueblo,
titular del poder constituyente que eligió a los miembros de la Convención reformadora.
La aplicación de la nueva doctrina lleva a concluir que la Convención Constituyente de 1994 no ha excedido los límites de su competencia al incorporar la cláusula
del artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional. Ni tampoco ha vulnerado el principio de independencia judicial, que hace a la esencia de la
forma republicana de gobierno. Esto es así en tanto el límite de edad modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad de los
jueces.
Con estos fundamentos, se declaró procedente el recurso extraordinario, se rechazó la demanda promovida por el juez Schiffrin y se dejó en claro que el
pronunciamiento no afectaba la validez de los actos cumplidos por dicho magistrado.
[33] CSJN, “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional”, Fallos 340:257 (2017) 
Resumiendo…
CONTINUAR
Hasta aquí hemos transitado los ejes fundamentales de la teoría constitucional. El hecho de avanzar en
las lecturas que siguen, no debe significar abandonar los contenidos incorporados hasta ahora. Ellos nos
darán las herramientas necesarias para abordar la materia, no solo en lo que respecta a la bibliografía,
sino también para tener una lectura crítica de los temas fundamentales.
La incorporación de los dos fallos que muestran en la práctica las formas de aplicar los ejes teóricos ¿te
ha generado alguna inquietud respecto a lo decidido por la CSJN en ellos?
CSJN, “Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de reconocimiento”, Fallos 322:1616 (1999)
CSJN, “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional”, Fallos 340:257 (2017)
Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  
CONTINUAR
LECCIÓN 2 de 3
Referencias
Hasta acá aprendimos
CONTINUAR
LECCIÓN 3 de 3
Revisión del módulo
Teoría constitucional I
–
En esta lectura abordamos la evolución del constitucionalismo, el concepto de constitución y los métodos fundamentales para su interpretación, lo que nos brinda un panorama
inicial de la disciplina.
Teoría constitucional II
–
Aquí nos detuvimos sobre dos de los grandes ejes de la teoría constitucional: el concepto del poder constituyente (que incluye la teoría de la reforma constitucional), y el concepto
de supremacía constitucional. Ambos conceptos son fundamentales para la estructura de la materia.
Teoría constitucional III
–
Esta lectura la dedicamos por completo al control de constitucionalidad. Entendemos que este es necesario para sostener la supremacía de la constitución y que, como abogados,
nos aporta el conocimiento requerido para comprender y abordar conflictos normativos.
Teoría constitucional IV
–
En la última lectura del módulo se intentan aplicar los conceptos teóricos desarrollados a una situación real. Para esto, se presenta lo sucedido durante la reforma constitucional de
1994 y el impacto que esta tuvo sobre dichos conceptos.

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  • 1. El abordaje de esta lectura debe entenderse de manera integral. La mera división de títulos y acápites representa una forma de organización, pero no que los términos analizados puedan ser estudiados de manera aislada ni como compartimentos independientes los unos de los otros. La teoría constitucional en la práctica Referencias Revisión del módulo Teoría constitucional IV
  • 2. Para problematizar los ejes fundamentales de la teoría constitucional que desarrollamos en las lecturas anteriores, abordaremos brevemente las modificaciones producidas por la última reforma constitucional producida en 1994 y cómo estas generaron tensiones en la práctica. Para ello vamos a distinguir, en primer lugar, las modificaciones contenidas en el denominado núcleo de coincidencias básicas, sobre el que pesaba acuerdo previo por parte de los dos partidos políticos mayoritarios, que debían aprobarse en conjunto; en segundo lugar, temas que habían sido habilitados por el Congreso en la declaración de necesidad de reforma para el libre debate y tratamiento por parte de la Convención Reformadora. Todos estos puntos están contenidos en la Ley 24.309 que habilita la Reforma Constitucional. Tengamos presentes las lecturas anteriores, con especial énfasis sobre los conceptos de: poder constituyente y sus clasificaciones; procedimiento de reforma constitucional (artículo 301 de la Constitución Nacional); supremacía constitucional (artículo 31 y 75 inciso 222 ) y control judicial de constitucionalidad. [1] Art. 30, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6      [2] Arts. 31 y 75, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  El núcleo de coincidencias básicas Esta parte contenía doce puntos centrales destinados a rediseñar la arquitectura institucional, cuyo objeto principal recaía en la intención de atenuar el sistema presidencialista. Las reformas en este sentido fueron: Atenuación del sistema presidencialista.  Al efecto, se crea la figura del Jefe de Gabinete de Ministros, designado y removido por el Presidente de la Nación, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, quien también puede removerlo mediante interpelación y voto de censura, según los actuales artículos 100 y 1013 . Sus atribuciones se detallan en el artículo 100, con 13 incisos que lo transforman en una figura con atribuciones constitucionales semejantes a las de un jefe de la administración. Posee funciones políticas que recibe del Presidente y ejerce, además, atribuciones que fueran del Presidente –ya que tiene a su cargo la administración general del país– y otras que le son delegadas. Tiene el deber de concurrir por lo menos una vez al mes al Congreso para informar de la marcha del gobierno y puede ser interpelado y removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras, con lo que se constituye en el “fusible de cambio” en épocas de crisis. Consecuentemente, se modificaron también atribuciones del Presidente, contenidas actualmente en el artículo 994. Se le prohíbe emitir disposiciones de carácter legislativo, es decir, decretos de necesidad y urgencia, salvo situaciones extraordinarias. LECCIÓN 1 de 3 La teoría constitucional en la práctica
  • 3. [3] Arts. 100 y 101, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  [4] Art. 99, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Reducción del mandato del Presidente y Vicepresidente de la nación.  Se reduce el mandato del Presidente de seis a cuatro años con la posibilidad de reelección por un solo período consecutivo y luego con el intervalo de un período (artículo 905). Cabe destacar que el mandato presidencial en curso al tiempo de la reforma fue considerado como primero a los fines de la reelección, lo que quedó así consagrado en la novena cláusula transitoria. [5] Art. 90, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Se elimina el requisito confesional para ser Presidente.  A fin de consagrar la libertad de culto, se eliminó el requisito confesional para ser Presidente de la Nación y, consecuentemente, se modificó el juramento del mismo (artículos 89 y 936). [6] Arts. 89 y 93, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Elección directa de tres senadores por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires.  Se modifica la estructura del Senado, incorporándose tres senadores por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires con un sistema de elección directa. Se asignan dos bancas al partido político más votado y la tercera al que le sigue (artículo 547 ). Se reduce el mandato de senador de nueve a seis años, renovándose el cuerpo a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años (artículo 568  y cláusula transitoria cuarta). [7] Art. 54, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hY IY6    [8] Art. 56, Ley 24.430  Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 Elección directa del Presidente y vicepresidente de la Nación.  Se modificó también el sistema electoral de Presidente y vicepresidente, que tal como lo dispone el artículo 949 se elegirán en forma directa por el pueblo y en doble vuelta electoral. [9] Art. 94, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 Elección directa del Intendente y reforma de la ciudad de Buenos Aires
  • 4. Se dispone dotar de un status especial a la ciudad de Buenos Aires, que se conserva como Capital Federal y asiento de las autoridades de la Nación. En ese sentido se dispone en el artículo 12910 un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción y la elección de su Jefe de gobierno en forma directa por el pueblo. Cabe acotar que la ciudad de Buenos Aires ya dictó el Estatuto de Organización de sus instituciones, que tiene el rango de una Constitución provincial, incorporándose la más moderna tendencia del derecho público provincial. [10] Art. 129, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Regulación de la facultad presidencial de dictar decretos de necesidad y urgencia y procedimientos para la agilización del trámite de discusión y sanción de las leyes. Bajo este marco, se prohibió el dictado de decretos de necesidad y urgencia, excepto que excepcionales circunstancias hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes y que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos (artículo 99 inciso 3). También se prohibió la delegación legislativa a favor del presidente (artículo 7611). Se modificó el procedimiento de formación y sanción de las leyes para agilizarlo al limitar a tres las intervenciones posibles de las Cámaras. Con tal finalidad, se modificó todo el capítulo quinto desde el artículo 77 en adelante y se extendió el período ordinario de sesiones, que inicia el 1º de marzo para culminar el 30 de noviembre. [11] Art. 76, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Consejo de la Magistratura.   Dentro de las reformas al Poder Judicial se dispuso la creación del Consejo de la Magistratura (artículo 11412) cuya atribución principal será la de seleccionar los magistrados judiciales y la administración del Poder Judicial. Se detallan, también, otras facultades de este cuerpo: la administración de los recursos y la ejecución del presupuesto, algunas facultades disciplinarias, la apertura del proceso de remoción de magistrados inferiores y el dictado de reglamentos relacionados con la organización judicial. Además, se crea por el artículo 11513   el jurado de enjuiciamiento a los fines de la remoción de magistrados inferiores. [12] Art. 114, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6    [13] Art. 115, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Designación de los magistrados federales.   Se dispone el sistema de designación de los ministros de la Corte Suprema de la Nación por medio de pliego enviado por el Presidente de la Nación al Senado, quien aprueba la propuesta con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del cuerpo. A su vez, la designación de los demás jueces se realizará por medio de ternas vinculantes previamente seleccionadas por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública. Remoción de magistrados federales.  Se sostiene el juicio político como mecanismo de remoción de  los miembros de la Corte y se dispone la creación de un jurado de enjuiciamiento para remoción de jueces inferiores cuyo proceso se inicia a instancia del Consejo de la Magistratura (artículo 115). Control de la administración pública. 
  • 5. En lo relativo al control de la administración pública, se dispone el control externo del sector público nacional en su faz patrimonial, económica, financiera y operativa y se crea la Auditoría General de la Nación, como órgano con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso. Este está encabezado por un miembro de la oposición y su regulación se encuentra en el artículo 85 y siguientes14. [14] Arts. 85 y ss., Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Establecimiento de mayorías especiales para la sanción de leyes que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos.  Esta propuesta se redactó y trató en el seno de la Comisión de Núcleo de Coincidencias Básicas y en la Comisión de Redacción y fue votado por el plenario, pero por un error formal no se incluyó en el texto final de la Constitución. Esta omisión se corrigió por medio del Congreso quien, por ley, mandó imprimir una versión oficial del texto constitucional y rescató esta norma que quedó incluida como segunda parte del artículo 7715. Por ella se dispone la exigencia de mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras para modificar los temas atinentes al régimen electoral y de partidos políticos. [15] Art. 77, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Intervención federal.  Como último punto del “núcleo de coincidencias básicas” se dispone regular la intervención federal a las provincias, lo que queda como atribución exclusiva del Congreso, salvo receso y urgencia (artículo 7716). [16] Art. 77, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Temas habilitados para su debate por la convención constituyente Dentro de los temas habilitados para su debate y tratamiento individual se encuentran: [17] Art. 124, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 Fortalecimiento del régimen federal. Se introducen sustanciales reformas al Título Segundo sobre Gobiernos de Provincia. Así en el artículo 12417 se posibilita la creación de regiones por la sola voluntad de las provincias, con el deber de comunicación al Congreso de la Nación. Esta norma ya se aplicó, como en el caso de la creación de la región de la Patagonia en 1996 y en 1998 la región Centro del país. Se dispuso el dominio de las provincias sobre los recursos naturales que se encuentran en su territorio (artículo 12418) y la jurisdicción provincial sobre establecimientos de utilidad pública. Según el artículo 12519 las provincias pueden celebrar entre sí tratados parciales con conocimiento del Congreso, salvo que sean de carácter político. Dentro del fortalecimiento del Régimen Federal se modifican incisos del actual artículo 75, que legisla sobre atribuciones del Congreso, determinándose un nuevo régimen de coparticipación impositiva entre la Nación y las provincias (inciso 2).
  • 6. [18] Art. 124, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 [19] Art. 125, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  [20] Art. 123, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  [21] Arts. 39 y 40, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  [22] Art. 86, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Autonomía municipal.  Se reglamenta la autonomía municipal, dotándola de alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, tal como lo establece el actual artículo 12320. Posibilidad de incorporación de la iniciativa y de la consulta popular. Ambos institutos se incorporaron en el capítulo nuevo de derechos y garantías en los artículos 39 y 4021 respectivamente. Posibilidad de establecer el acuerdo del Senado para la designación de funcionarios de organismos de control y del Banco Central. En este sentido, el artículo 85 exige que su presidente sea designado a propuesta del partido político de la oposición. También se crea la figura del Defensor del Pueblo, incorporado en el artículo 8622, quien es designado y removido por el Congreso. Si bien en la Constitución Nacional no se incorpora el necesario acuerdo del Senado para la designación del presidente del Banco Central, esta disposición se incluyó en la ley orgánica de la entidad. Actualizar las facultades del Congreso previstas en el artículo 75 y del Presidente de la Nación en el artículo 99. La Comisión de Redacción estuvo a cargo de este tema y allí se planteó un debate. Una parte de la Comisión sostenía la tesis de que la actualización debía ser interpretada con un sentido restringido, es decir, limitar la reforma al lenguaje utilizado (eliminar o suplantar los términos en desuso) y no modificar el contenido de las atribuciones. Prevaleció el criterio amplio y se produjo una actualización importante, por ejemplo varios incisos del artículo 75, donde se redacta nuevamente la llamada cláusula del progreso, se actualiza el régimen de educación (se incluyó expresamente la autonomía de las universidades) y se dispone el dictado de medidas de acción positiva para garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, entre otras. También se produce la modificación completa del actual artículo 99 que trata sobre las atribuciones del Presidente de la Nación, las que debieron adecuarse a la inclusión de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros. Establecimiento del Defensor del Pueblo. Queda incorporado en el artículo 86, creándose como un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, con autonomía funcional. También se destaca que, para cumplir con la misión de defender y proteger los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados, tiene legitimación procesal. Ministerio Público como órgano “extra-poder”. Queda incorporado en el artículo 12023 y se le otorga autonomía funcional y autarquía financiera. Su función radica en promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.
  • 7. [23] Art. 120, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  [24] Art. 36, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  [25] Art. 37, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  [26] Art. 38, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  [27] Art. 41, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 Facultar al Congreso a pedir informes, interpelaciones y comisiones de investigación (detallado en los actuales artículos 71 y 101). Instituciones para la integración y jerarquía de los tratados internacionales. Este tema merece un tratamiento especial. El artículo 75 inciso 22 dispone como atribución del Congreso aprobar o desechar tratados internacionales con la Santa Sede. Hasta aquí el texto original, y a continuación se sienta el principio general de que todo tratado internacional o concordato con la Santa Sede aprobado por el Congreso adquiere jerarquía superior a las leyes. Es destacable que con esta disposición se respeta la Convención de Viena que impide que un Estado firmante de un tratado lo incumpla al aducir normativa interna. En el segundo párrafo del inciso se incluye una excepción a este principio ya que se incorporaron, con rango constitucional, diez tratados y convenciones internacionales de protección a los derechos humanos que transforman a nuestra Constitución en una de las más amplias en la materia. No solo se amplían los derechos consagrados en el texto originario, sino que también se engloban las garantías para hacerlos efectivos, posibilitándose el recurrir ante cortes internacionales en caso de desconocimiento o falta de cumplimiento por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado Nacional. En el inciso 24 del artículo 75 se faculta al Congreso para aprobar tratados internacionales de integración, con naciones latinoamericanas o con otras naciones. Garantías de la democracia en cuanto a la regulación constitucional de los partidos políticos, sistema electoral y defensa del orden constitucional. Estos temas se incorporaron en un Segundo Capítulo dentro de la Primera Parte, titulado “Nuevos Derechos y Garantías” Este capítulo se inicia con el artículo 3624, que incluye la llamada “garantía del sistema democrático”; luego en el artículo 3725  se legisla sobre los derechos políticos, y se determina el carácter del sufragio como universal, igual, secreto y obligatorio. Por último el artículo 3826  reconoce y regula los partidos políticos. Preservación del medio ambiente. Por esta cláusula se consagra el nuevo artículo 4127, que incluye el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, así como la preservación de los recursos naturales no solo para generaciones presentes sino también futuras. Se preserva también el patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica y el derecho a la información y educación ambiental. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Completa este artículo consagratorio de derechos de tercera generación, la acción de amparo (artículo 4328) que en estos casos puede ser ejercida por el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan esos fines (debidamente registradas).
  • 8. [28] Art. 43, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 [29] Art. 42, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  La Reforma en tela de juicio: el control judicial sobre los actos del poder constituyente derivado Una vez sancionada la Constitución reformada, se suscitó un planteo sobre una de las cuestiones modificadas por la Convención, dando lugar en el año 1999 a un fallo sin precedentes en la teoría constitucional. Posteriormente, hacia 2017, la Corte revirtió su criterio. Observemos ambos fallos y sus argumentos para ver los ejes teóricos puestos en práctica. Creación de un consejo económico y social con carácter consultivo. Fue el único tema que no logró tratarse, por lo acotado del límite temporal (que fijó en noventa días la actividad de la Convención). Garantía de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. En virtud de esta disposición se deroga la segunda parte del antiguo inciso 15 de artículo 67 que consagraba como atribución del Congreso el propender la conversión de los indios al catolicismo. En virtud del actual inciso 17 del artículo 75 se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y se les garantiza el derecho a una educación bilingüe, el acceso a la propiedad comunitaria de la tierra y la entrega de sus antiguos territorios o de tierras aptas para sus actividades, entre otros. Sobre este tema debe destacarse que el despacho de comisión fue suscripto por unanimidad y se acordó tratarlo en el recinto por su sola lectura –sin discursos– y por aclamación. El registro de las opiniones vertidas por los convencionales constituyentes quedó en el diario de sesiones por incorporación de agregados escritos para su publicación. Defensa de la competencia, del usuario y del consumidor. Este tema se incorpora en el actual artículo 4229, por el que se ampara a consumidores y usuarios de bienes y servicios, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a una información adecuada y veraz, entre otras previsiones. Es de resaltar que las acciones en protección de estos derechos pueden ser iniciadas por el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines (artículo 43). Esta previsión constitucional cobra mayor relevancia al tener en cuenta que existen prestadores de servicios públicos que se encuentran en distintos ámbitos (organización estatal, no estatal y personas jurídicas privadas). Consagración expresa del habeas corpus y el amparo. Esta regulación se incluye en el artículo 43 y respeta, en general, los lineamientos existentes en la legislación previa y en los sucesivos fallos de la Corte, pero adquiere rango constitucional expreso a partir de la reforma. En este artículo también se incluye una acción especial, el habeas data, que permite a toda persona conocer si sus datos están inscriptos en registros públicos o privados, en qué sentido y en caso de error lograr su rectificación. Implementar la posibilidad de unificar la iniciación de todos los mandatos electivos en una misma fecha. Esta disposición no pudo concretarse en todos los mandatos –debido a circunstancias políticas más que jurídicas– aunque logró unificarse el momento de asunción de nuevos Senadores y Diputados de la Nación (cláusula transitoria cuarta) en la fecha del 10 de diciembre. En lo que respecta al Presidente de la Nación, se dispuso considerar el mandato en curso —al momento de la reforma— como primer mandato (cláusula transitoria novena) y por la cláusula transitoria décima se dispuso que el Presidente de la Nación, que asumiera el 8 de julio de 1995, extinguiría su mandato el 10 de diciembre de 1999.
  • 9. El Caso “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional” CSJN, Fallos 322:1616 El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Santiago Fayt, planteó una acción declarativa de inconstitucionalidad, que fue acogida por el juez federal de primera instancia y rechazada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo federal, habilitándolo así para recurrir al máximo Tribunal por vía extraordinaria. El objeto de la acción era lograr una declaración de inconstitucionalidad del tercer párrafo del inciso 4 del artículo 99 y de la disposición transitoria undécima, introducidos en la reforma constitucional de 1994. El artículo 99, en lo pertinente, expresa, refiriéndose a los magistrados federales:    Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite30.   A su vez, la cláusula transitoria undécima dice: “La caducidad de los nombramientos y la duración limitada previstas en el artículo 99º inciso 4º entrarán en vigencia a los cinco años de la sanción de la reforma constitucional”31, por lo que esta caducidad operaría el 24 de agosto de 1999. La Corte, con el voto de siete de sus nueve miembros (los ministros Nazareno, Moliné O’Connor, Belluscio, Boggiano, López, Vázquez y Bossert; más una disidencia parcial y un voto por sus propios fundamentos), declaró la nulidad de las dos mencionadas reformas introducidas por la Convención constituyente de 1994. Se produce así un hecho sin precedentes, ya que ha invalidado a la propia reforma constitucional y asumido, así, la potestad de revisar judicialmente las facultades del poder constituyente derivado, contradiciendo la tradicional postura de no interferir en las llamadas “cuestiones políticas no justiciables”. [30] Art. 99, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6 [31] Cláusula transitoria undécima, Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6  Podemos destacar cuatro argumentos centrales utilizados por el máximo tribunal, para resolver la cuestión a favor del actor: 1) El control judicial sobre la reforma constitucional. – El Alto Tribunal sostuvo en el considerando 6°32 que ya en el caso “Soria de Guerrero, J. A. c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. SA” se había aplicado a una convención reformadora (provincial) el principio jurisprudencial que limita las facultades jurisdiccionales en el procedimiento común de formación y sanción de las leyes. Afirmó, además, que el propio Congreso federal, al declarar por ley 24.309 la necesidad de la reforma y establecer los puntos sujetos a revisión por la constituyente, dispuso en el artículo 6º la sanción de nulidad de todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realizase la Convención constituyente, apartándose de la competencia establecida. Esto habilitaría a que la Corte –es decir, un poder constituido, recordando lo abordado en la segunda lectura– pueda revisar los actos de la Convención constituyente (Poder Constituyente derivado o reformador)
  • 10. La posición de la doctrina La doctrina constitucional se dividió a partir de este fallo entre quienes compartieron la tesitura de la Corte (Emilio Ibarlucía, Miguel M. Padilla, Adrián Ventura, Alberto B. Bianchi, Mario Midón, Andrés Gil Domínguez, Horacio García Belsunce, Alberto Spota) y entre los que se posicionaron en contra de la potestad revisora de la Corte a lo actuado por la Convención (Daniel A. Sabsay, Carlos Colautti, Alberto García Lema, María Cristina Serrano, Pedro J. Frías, Néstor Sagües y Antonio María Hernández, entre otros). La posición de la Corte en la actualidad: el fallo “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional” CSJN, Fallos 340:25733 [32] CSJN, “Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de reconocimiento”, Fallos 322:1616 (1999). 2) Los límites precisos del órgano reformador. – Para la Corte, según el precedente de Fallos 316:2743 y la cita de Manuel Gorostiaga en su obra “Facultades de las convenciones constitucionales” de 1898, así como del texto expreso del artículo 30 de la Constitución Nacional, las convenciones constituyentes se reúnen al solo efecto de modificar aquellas cláusulas constitucionales que previamente el Congreso declaró susceptibles de reforma. Ninguna otra reforma es posible ya que faltaría en ése caso tanto la voluntad expresa del Legislativo como del pueblo de la Nación que, al elegir a los convencionales constituyentes, lo hizo para que tratasen únicamente aquellas reformas y no otras. 3) Rechazo a las facultades implícitas del órgano reformador. – El Procurador General en su dictamen –contrario a la postura que en definitiva adoptó la Corte— sostuvo que la Convención gozaba de ciertos poderes implícitos que validaban las modificaciones efectuadas en 1994 y ahora impugnadas. Por su parte, la Corte (considerando 9°) sostuvo que dichos poderes implícitos tienen por finalidad ejercer ciertas atribuciones imprescindibles que se concedieron expresamente siempre que sean adecuadas y compatibles con el diseño general de la Constitución Nacional. Tales facultades implícitas no son de fondo ni independientes de las facultades expresas, esto es, son auxiliares y subordinadas.  Las facultades expresas son, en suma, las que constan en las denominadas “coincidencias básicas” que se receptaron en el artículo 2 de la ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma. En el considerando 10°, la Corte alude al artículo 6 de la referida ley 24.309 que sanciona con nulidad todo accionar de la futura convención que importase modificación, derogación o agregado de la competencia determinada en los artículos 2° y 3° de la misma ley. 4) La no inclusión de la norma impugnada (artículo 99 inc. 4) en el procedimiento de reforma. – Con base argumental en las premisas anteriores, la Corte (considerandos 11°, 12° y 13°) afirmó que la garantía de inamovilidad de los jueces no aparece expresa ni implícitamente como materia objeto de reforma constitucional, por lo tanto decidió que la Convención reformadora se excedió en sus facultades al limitar el mandato de los jueces según la intención del artículo 99 inc. 4. Ergo, la norma presenta defectos formales que la tornan nula constitucionalmente hablando, en los términos de la ley que habilitó la reforma constitucional.
  • 11. A fines de marzo del año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió una causa en la que se discutió la validez de la misma cláusula impugnada por Fayt, incorporada por la Convención Reformadora de 1994. Con este pronunciamiento, la Corte Suprema abandonó lo decidido en el fallo “Fayt” en 1999. Al revocar la doctrina del caso “Fayt”, la decisión de la Corte en el caso “Schiffrin” devuelve la validez a la única norma de la Constitución Nacional que fue declarada nula -en toda la historia constitucional de la Argentina- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este fallo restableció entonces la potestad del Congreso y del Presidente de la Nación –como poderes políticos reconocidos por la Constitución– de ejercer las funciones que el constituyente reformador les había otorgado para decidir como representantes del pueblo si un juez puede continuar ejerciendo su función después de los 75 años. La doctrina que emana de la presente sentencia apunta a devolver su vigencia a la totalidad del texto de la Constitución Nacional, tal como fue aprobada por los constituyentes reformadores en 1994. En el fallo, la Corte Suprema declaró por una mayoría de votos compuesta por los doctores Lorenzetti, Maqueda y Rosatti -con disidencia del Doctor Rosenkrantz- la plena validez y vigencia de la norma señalada y, con ello, de la totalidad de las cláusulas de la Constitución Nacional, con las reformas incorporadas por la Convención Constituyente de 1994. Para la Corte en “Schiffrin”, la Convención reformadora actúa como poder constituyente derivado, reuniéndose con la finalidad de modificar, o no, sólo aquellas cláusulas constitucionales que el Congreso declaró que podían ser reformadas. Dentro de los límites de la competencia habilitada, la Convención Constituyente es libre para determinar si lleva a cabo la reforma y, en su caso, para definir el contenido de las disposiciones constitucionales que modificará. En ese sentido se entendió que el control judicial de la actuación de una Convención Constituyente debe adoptar la máxima deferencia hacia el órgano reformador, acorde al alto grado de legitimidad y representatividad que tiene la voluntad soberana del pueblo expresada a través de la Convención Constituyente. En caso de duda debe optarse por la plenitud de poderes de esa Convención. La Corte sostuvo que la ley 24.309 (artículo 3°, tema e), al habilitar a la Convención reformadora de 1994 a actualizar las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo contenidas en la Constitución Nacional, incluyó los diversos componentes del proceso de designación de los jueces federales que impera en nuestro país. Esa habilitación sostiene la conclusión de que la necesaria intervención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo –cuando los jueces federales alcanzan la edad de 75 años– aparece razonablemente como una de las modalidades posibles reservadas a la Convención Constituyente. La doctrina utilizada en el caso “Fayt” fue abandonada y sustituida por un nuevo estándar de control, deferente y respetuoso de la voluntad soberana del pueblo, titular del poder constituyente que eligió a los miembros de la Convención reformadora. La aplicación de la nueva doctrina lleva a concluir que la Convención Constituyente de 1994 no ha excedido los límites de su competencia al incorporar la cláusula del artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional. Ni tampoco ha vulnerado el principio de independencia judicial, que hace a la esencia de la forma republicana de gobierno. Esto es así en tanto el límite de edad modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad de los jueces. Con estos fundamentos, se declaró procedente el recurso extraordinario, se rechazó la demanda promovida por el juez Schiffrin y se dejó en claro que el pronunciamiento no afectaba la validez de los actos cumplidos por dicho magistrado. [33] CSJN, “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional”, Fallos 340:257 (2017)  Resumiendo…
  • 12. CONTINUAR Hasta aquí hemos transitado los ejes fundamentales de la teoría constitucional. El hecho de avanzar en las lecturas que siguen, no debe significar abandonar los contenidos incorporados hasta ahora. Ellos nos darán las herramientas necesarias para abordar la materia, no solo en lo que respecta a la bibliografía, sino también para tener una lectura crítica de los temas fundamentales. La incorporación de los dos fallos que muestran en la práctica las formas de aplicar los ejes teóricos ¿te ha generado alguna inquietud respecto a lo decidido por la CSJN en ellos?
  • 13. CSJN, “Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de reconocimiento”, Fallos 322:1616 (1999) CSJN, “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional”, Fallos 340:257 (2017) Ley 24.430 (1994). Constitución de la Nación Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Recuperado de https://bit.ly/30hYIY6   CONTINUAR LECCIÓN 2 de 3 Referencias
  • 14. Hasta acá aprendimos CONTINUAR LECCIÓN 3 de 3 Revisión del módulo Teoría constitucional I – En esta lectura abordamos la evolución del constitucionalismo, el concepto de constitución y los métodos fundamentales para su interpretación, lo que nos brinda un panorama inicial de la disciplina. Teoría constitucional II – Aquí nos detuvimos sobre dos de los grandes ejes de la teoría constitucional: el concepto del poder constituyente (que incluye la teoría de la reforma constitucional), y el concepto de supremacía constitucional. Ambos conceptos son fundamentales para la estructura de la materia. Teoría constitucional III – Esta lectura la dedicamos por completo al control de constitucionalidad. Entendemos que este es necesario para sostener la supremacía de la constitución y que, como abogados, nos aporta el conocimiento requerido para comprender y abordar conflictos normativos. Teoría constitucional IV – En la última lectura del módulo se intentan aplicar los conceptos teóricos desarrollados a una situación real. Para esto, se presenta lo sucedido durante la reforma constitucional de 1994 y el impacto que esta tuvo sobre dichos conceptos.