Una mirada a la situación de las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador y su marco normativo: hallazgos y recomendaciones

hallazgos y recomendaciones
Una mirada a la situación
de las organizaciones de la
sociedad civil en Ecuador
y su marco normativo:

Una mirada a la situación de las
organizaciones de la sociedad civil
en Ecuador y su marco normativo:
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siempre que se cite la fuente. Citación sugerida:
Vallejo, M.F., Jiménez, D., Cachimuel, C.
(2024). Una mirada a la situación de las
organizaciones de la sociedad civil en
Ecuador y su marco normativo: hallazgos
y recomendaciones. Quito: FARO
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Las ideas expuestas en este documento son el punto
de vista de los autores y no necesariamente representa
la posición institucional de FARO en el tema analizado.
Directora Ejecutiva de FARO
Gabriela Suárez
Coordinadora del área de
Democracia de FARO
Camila Ulloa
Autores
María Fe Vallejo, David Jiménez y
Cristhian Cachimuel, FARO.
Supervisión editorial:
Coordinación de Comunicación,
FARO.
Corrección de estilo:
Ma. Del Pilar Cobo, Emepecé.
Diseño y diagramación:
Storymakers
Marzo, 2024.

Una mirada a la situación de las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador y su marco normativo:
4
A partir de 2022, la Federación de Organizaciones de
Sociedad Civil de Pichincha, liderada por FARO, en alianza
con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la
Sociedad Civil (CEOSC), trabajan en el proyecto “OSC en
acción: Fomentando la participación de la sociedad civil
organizada ecuatoriana”.
LEVANTAMIENTO DE
FORMA PRESENCIAL
en Loja, Azuay, El Oro,
Manabí, Guayas y
Chimborazo
LEVANTAMIENTO
DE FORMA VIRTUAL
con actores de la
Amazonía, Pichincha,
Manabí, Guayas e
Imbabura
Este proyecto tiene como fin promover un
ambiente habilitante para la participación
activa de las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) ecuatorianas en lo público.
Para cumplir con este objetivo, FARO
ha implementado acciones con el fin de
fortalecer las capacidades en incidencia a
organizaciones de la sociedad, y ha realizado
levantamientos e información para presentar
evidencia de la necesidad de promover un
ambiente normativo habilitante para las OSC
en el país.
Bajo este contexto, FARO
buscó identificar las principales
necesidades de las OSC
alrededor del marco normativo
y su aplicación mediante un
levantamiento de información
cualitativo con el empleo de
entrevistas y grupos focales.
En total, se recopilaron reflexiones de 95
actores, entre los que se incluyen liderazgos
de OSC pequeñas, medianas y grandes, ‘de
hecho’ y con personalidad jurídica, así como
expertosdelaacademiaenespaciohabilitante
y derechos de asociación.
Enfuncióndeestelevantamiento,sepresentan
a continuación una serie de hallazgos
y recomendaciones que evidencian las
necesidades de las organizaciones y
delimitan los pasos a seguir para construir
normativa habilitante.

Con el reconocimiento de los derechos a
la libertad de asociación y participación, en
Ecuador se han constituido organizaciones
sociales con personalidad jurídica y de hecho.
Respecto al primer grupo, la normativa actual-
mente reconoce como tipos de organizacio-
nes a corporaciones en tres niveles y funda-
ciones (Decreto 193, 2018).
De acuerdo con el Sistema Unificado de In-
formación de las Organizaciones Sociales
(SUIOS), hasta enero de 2024, se han regis-
trado en Ecuador:
Tabla 1.
Concentración de organizaciones sociales registradas por provincias
Fuente: Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), 2024.
Elaboración: FARO, 2024.
PROVINCIAS
TOTAL
Pichincha
Guayas
Manabí
Esmeraldas
Chimborazo
Azuay
Tungurahua
Loja
Imbabura
Cotopaxi
FUNDACIONES
28 % (10 333)
37,52 % (3401)
47,52 % (3310)
17,07 % (748)
22,17 % (711)
17,98 % (567)
15,73 % (413)
14,65 % (310)
22,24 % (445)
14,79 % (288)
9,70 % (140)
TOTAL
100 % (36 904)
24,56 % (9064)
18,87 % (6965)
11,87 % (4382)
8,69 % (3207)
8,54 % (3153)
7,11 % (2625)
5,73 % (2116)
5,42 % (2001)
5,28 % (1947)
3,91 % (1444)
1ER. GRADO
69,35 % (25 576)
58,50 % (5302)
47,60 % (3315)
81,65 % (3578)
76,30 % (2447)
81,22 % (2561)
83,35 % (2188)
82,66 % (1749)
76,46 % (1530)
83,72 % (1630)
88,37 % (1276)
CORP.
2DO. GRADO
2,43 % (900)
3,25 % (295)
4,67 % (325)
1,26 % (55)
1,43 % (46)
0,79 % (25)
0,84 % (22)
2,50 % (53)
1,20 % (24)
1,49 % (29)
1,80 % (26)
3ER. GRADO
0,25 % (95)
0,73 % (66)
0,22 % (15)
0,02 % (1)
0,09 % (3)
0,00 % (0)
0,08 % (2)
0,19 % (4)
0,10 % (2)
0,00 % (0)
0,14 % (2)
Las organizaciones sociales, de los diferentes tipos, se encuentran distribuidas a escala
nacional, y se concentran, sobre todo, en Pichincha, Guayas y Manabí:
71 789
ORGANIZACIONES
SOCIALES
SE CONSIDERAN
VIGENTES (85 %)
61 025

7
Las OSC se encuentran registradas de forma dispersa en los diferentes ministerios según
sus objetivos y ejes de trabajo. El 48 % de organizaciones sociales se encuentran bajo el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), seguido del 20 % registradas en el Mi-
nisterio del Trabajo.
De acuerdo con el estudio, estas organizaciones se registra-
ron jurídicamente porque buscaban legalizar sus actividades,
seguido de acceder a recursos económicos y obtener con-
fianza de los beneficiarios. Las organizaciones que no cuen-
tan con personalidad jurídica (dos de cada 10) manifestaron
que el principal motivo por el que no se registran es la falta de
fondos, seguido de no considerarlo necesario y el descono-
cimiento del proceso legal.
Otro aspecto a considerar es la situación financiera de las
OSC. Respecto a esto, se conoce que el 44 % de organizacio-
nes financia sus actividades con aportes de sus miembros, el
15 % se financia a través de prestación de servicios, y otro 15 %
con cooperación internacional. Las demás organizaciones fi-
Gráfico 1.
Distribución de organizaciones sociales por institución
Fuente: SUIOS, 2024.
Elaboración: FARO, 2024.
Un diagnóstico realizado por
FARO a 394 organizaciones
en seis provincias del país
determinó que ocho de cada
10 OSC cuenta con una
personalidad jurídica (Ulloa
et al., 2022).

8
nancian sus actividades con aportes del sector
público o de empresas o particulares (Ulloa et
al, 2022). Además, seis de cada 10 organiza-
ciones no cuentan con un presupuesto anual
establecido, y solo una de cada 10 cuenta con
un presupuesto superior a los USD 100 000
anuales (Ulloa et al, 2022).
Un aspecto final que debe considerarse es la
contratación de personal. De acuerdo con da-
tos recogidos por Ibach et al. (2023), seis de
cada 10 personas aportan en las organizacio-
nes de forma remunerada, mientras que cuatro
de cada 10 lo hace de forma voluntaria. Las for-
mas legales de contratación son principalmen-
te el voluntariado y la prestación de servicios.
Además, solo el 6 % de las OSC mantienen
contrataciones a tiempo completo con su per-
sonal. Esto demuestra una falta de profesiona-
lización dentro de las organizaciones.
A pesar de que se registran más de 60 000
organizaciones en el país, se desconoce su
estatus de actividad. De la misma manera, se
desconocen las particularidades del funcio-
namiento de las OSC que no poseen perso-
nalidad jurídica. Si bien la mayoría enfoca su
trabajo en ejes que conciernen al MIES y al
Ministerio de Trabajo, temáticamente son di-
versas entre sí. Respecto a su funcionamiento,
se identifican desafíos importantes en facto-
res como el acceso a recursos financieros de
cooperación internacional, el establecimiento
de presupuestos anuales, formas de contrata-
ción estables, profesionalización de personal
y sostenibilidad en el largo plazo.

9
3
Situación de las
OSC y su marco
normativo

Actualmente, tres normas rigen sobre las OSC:
Decreto Ejecutivo
No. 193
Ley Orgánica
de Participación
Ciudadana
Código Civil
1 2 3
En 2017 entró en vigencia un nuevo Decre-
to Ejecutivo, el no. 193, que modificó ciertos
aspectos restrictivos de la normativa anterior,
pero mantiene otras ambigüedades como
causales abiertas de disolución, discreciona-
lidad y falta de debido proceso en caso de re-
chazo de la personalidad jurídica.
Desde el 2017, en un trabajo de discusión co-
lectiva a nivel nacional, las OSC emprendieron
la construcción y presentación del Proyec-
to de Ley de Organizaciones de la Sociedad
Civil, que desde entonces se encuentra en el
Legislativo, pendiente de tratarse en el pleno.
Las OSC continúan enfrentando un escenario
de inseguridad jurídica y una relación de ten-
sión respecto a la normativa, que exige el tra-
tamiento y la aprobación de un proyecto de
ley. En este sentido, FARO ha recopilado las
preocupaciones de las OSC respecto al marco
normativo vigente en aspectos sobre los dere-
chos de participación y asociación (gobernan-
za); registro y disolución (formación); la ejecu-
ción de actividades (operación), y sus fuentes
de financiamiento e impuestos (recursos), que
se resumen en los siguientes hallazgos:
Durante los últimos 10 años, se introdujeron tres Decretos Ejecutivos (16, 739 y
193), cuyo fin ha sido regular a las organizaciones y su ciclo de vida. Los Decretos
no. 16 (2013) y no. 739 (2015) encendieron las alertas de la sociedad civil debido a
las restricciones identificadas en las regulaciones, y la discrecionalidad con la que
dotaban al Estado para disolver involuntariamente a las organizaciones.

11
a. Gobernanza: hace
referencia a los aspectos
que regulan los derechos
y obligaciones de las
OSC relacionados con la
participación y asociación.
Vulneración de derechos de
asociación y participación
y Quienes trabajan en OSC creen que his-
tóricamente el Estado ha buscado res-
tringir y limitar su rol a través de normativa
y regulaciones.
En la actualidad, consideran que si bien
no hay un intento activo de disolverlas,
al no contar con regulaciones con
estatus de ley, el Estado no provee un
ambiente de fomento ni un entorno
habilitante para el desarrollo de la
sociedad civil organizada.
Un líder de una OSC de Pichincha afirma
que “las condiciones en Ecuador son tan
críticas en muchos campos que no nece-
sitas cerrar organizaciones, sino que sim-
plemente las dejas morir”.
y La obstrucción del Estado de la partici-
pación a organizaciones que trabajan en
temas relacionados con la protección
del ambiente, la prohibición o restricción
de la minería, y la explotación petrolera
es mayor. Se imponen limitaciones y se
realizan controles exhaustivos sobre es-
tas organizaciones. Además, existe una
percepción de miedo a la violencia per-
petrada por otros actores. Un líder social
al sur del país relató que Ecuador “es un
régimen que si tú topas un tema que no le
gustó a alguien, como en nuestro caso es
el tema minero, se corre peligro”.
y Las OSC conformadas por grupos histó-
ricamente subrepresentados se enfrentan
con un sistema estatal que perpetúa la
vulneración de derechos en todos los es-
pacios, incluidos el de libertad de asocia-
ción y participación. Una lideresa LGBT
señaló: “Nosotras hemos estado a cargo
de liderar todo para poder ayudar de una
u otra manera a nuestras compañeras. Y
puedo decir que seguimos siendo vícti-
mas de vulneración de derechos, de vio-
lencia, de exclusión”.
y Las OSC ‘de hecho’ consideran que el
Estado desconoce su existencia y de-
rechos de participación, a menos de
que cuenten con personalidad jurídica.
Miembros de la sociedad civil en Manabí
narraron que “la gente se puede organi-
zar de hecho, de derecho o como sea.
[…] Tenemos que hacer una organización
con vida jurídica, porque, si no, no cons-
tamos en los ministerios”.

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Inseguridad jurídica
Se reconoce que sin una normativa
con estatus de ley aprobada por
el Legislativo se encuentran en
vulnerabilidad los derechos de
asociación y participación.
Ante la posibilidad de una modificación
por Decreto, un miembro de una OSC en
Guayas afirma: “Otra vez nos estamos
enfrentando a un proceso de inseguridad
jurídica que a las organizaciones sociales
[…] nos pone frente a paralización de lo
que estamos haciendo, incluso para ayu-
dar a la gente por la que trabajamos.”
Ente rector de las OSC y
cambios institucionales
y Los cambios normativos a través de de-
cretos ejecutivos han modificado cons-
tantemente los ministerios o secretarías
encargadas de registrar a las OSC. Con
la dispersión de esta responsabilidad, los
miembros de las OSC reconocen que se
enfrentan con un escenario de incertidum-
bre sobre sus derechos y obligaciones.
y La inestabilidad política, con los múlti-
ples cambios en el gobierno, interrumpe
las relaciones entre las OSC y las enti-
dades estatales. Los cambios afectan
principalmente a las OSC que trabajan
en colaboración con ministerios y sus
instituciones. Por ejemplo, en Guayas un
líder mencionó: “Organizaciones amigas,
que dependen […] del Ministerio de la
Mujer, luego de la Secretaría de Derechos
Humanos, luego se cambia a no sé qué,
luego ya no existe. Es mucho más compli-
cado porque paralizan los procesos”.
y El modelo de dispersión de las OSC a
los diferentes ministerios hace que va-
rias estén reguladas por instituciones
que no corresponden a sus ejes temá-
ticos y actividades, lo cual dificulta los
procesos de colaboración con el sec-
tor público. Una lideresa de la sociedad
civil en temas de discapacidades men-
ciona: “Nosotros tenemos organizacio-
nes que hacen educación especial, que
deberían estar en el Ministerio de Educa-
ción, que están en Salud. Y, por ejemplo,
nosotros, que somos una entidad de sa-
lud, hacemos rehabilitación de personas
con discapacidad, estamos en el MIES,
no en Salud”.
Relación entre el Estado y las
OSC
y El Estado mantiene una relación de ten-
sión con las OSC cuando estas cubren
o implementan servicios que son de su
competencia. El Estado no incorpora
mecanismos de cooperación con las
organizaciones, que en muchos casos
tienen conocimiento más especializa-
do, y opta por competir o desincentivar

13
la presencia territorial de las OSC. Esta apreciación fue
recurrente en los levantamientos en Pichincha, Guayas y
Azuay.
y Líderes y lideresas de OSC identifican situaciones
donde los gobiernos han tomado represalias contra
ellos, especialmente tras protestas pacíficas, accio-
nes de defensa de la naturaleza, publicación de infor-
mación o la presencia de vocerías públicas que eva-
lúan las acciones del Gobierno. Una lideresa en Manabí
relató: “Hemos tenido algunos enfrentamientos con el Es-
tado. Incluso tuvimos que enfrentar algunos juicios, por-
que se nos acusaba de delito de rebelión por protestar en
las calles. […] Hubo una persecución”.
y A nivel nacional y local, el Estado no provee ni fortalece
espacios de participación ciudadana para las OSC. Por un
lado, el Estado desconoce el trabajo de las OSC en el
territorio. Por otro, no las incluye en espacios de inciden-
cia pública en temáticas de su trabajo y conocimiento, una
idea común en el levantamiento es que “los entes estata-
les no consideran lo que es la participación ciudadana”.
b. Formación: hace referencia a los
aspectos que regulan el registro y
disolución de las OSC, incluyendo
regulaciones sobre el proceso.
Definiciones de las OSC
y Líderes y lideresas de las organizaciones mencionan que
son necesarias definiciones claras en la normativa
que distingan a las OSC entre sí con la economía po-
pular y solidaria, así como con otros sectores, como
el sector privado. Un experto de la academia considera

14
Procesos de
registro
que las OSC “se insertan en el Estado de
una manera en la que es más cercano a
una empresa que a un movimiento o a una
comunidad social”. Esto afecta a cómo se
constituyen en la práctica.
Sistema Único de Registro de
Organizaciones Sociales
y Varios miembros de OSC consideran que
el sistema de registro es complejo y ac-
tualmente sirve como una herramienta de
control. Respecto al existente, se estima
que incluye información innecesaria so-
bre las organizaciones y que muchas de
ellas no se encuentran registradas en el
sistema a pesar de estar activas. En el
grupo focal de la Amazonía un participan-
te mencionó: “No sé si es que ustedes
han podido verificar con los compañeros
que están aquí […] cómo ustedes están
registrados en […] el SUIOS. Entonces,
¿por qué realizo esta pregunta? Porque
[…] yo hace meses no constaba”.
y La existencia de más de 60 000 orga-
nizaciones registradas es una preo-
cupación. Las OSC mencionan que se
requiere actualizar este número para
identificar las que están activas y ope-
rantes. Un participante del levantamien-
to en Azuay señaló qué: “Está bien que
califiquen a las organizaciones, pero, en
mi opinión, tiene que haber un esfuerzo
por calificar a las que existen. […] Había
un porcentaje de membretes, o sea, una
cantidad de formulaciones que no exis-
tían, que eran puros membretes”.
Desafíos para registrar a las OSC
y Representantes de OSC a nivel territorial señalan que, por la falta de
claridad en la normativa respecto a requisitos, plazos y costos
asociados al registro y su actualización, los procesos burocrá-
ticos toman más tiempo del debido. El representante de una or-
ganización ambiental al norte del país indicó: “Son muchas trabas,
muchos procesos y unas demoras enormes para poder hacer la re-
visión, […] en hacer el proceso corres el peligro que en el momento
que estás en esto, puedes entrar en lo que llaman un limbo institu-
cional, donde no funciona ni el uno ni el otro. Y esto nos pasó una
vez por dos años”.
y Miembros de las OSC identifican desconocimiento del proceso
de registro. Varios han buscado asistencia legal fuera de su or-
ganización para poder llevar a cabo este proceso, así lo explicó una

15
lideresa de Loja: “Es un proceso complejo que demanda, por su-
puesto, el trabajo junto a abogados que además conozcan el tema,
que lleven a cabo los trámites hasta la última instancia y que puedan
poner en funcionamiento la organización formalmente hablando”.
Esta dificultad implica un costo adicional para las organizaciones,
más aún cuando se identifican situaciones donde las asesorías lega-
les desconocen los procesos y no existe un acompañamiento des-
de las instituciones estatales.
y Los entes rectores, es decir los ministerios, desconocen los
procesos o requisitos para obtener la personalidad jurídica. Así
mismo, representantes de las OSC mencionan que los entes
rectores no cuentan con archivos ordenados de la información
que entregan las organizaciones. Respecto al MIES, en la Sierra
centro se mencionó: “El ministerio [ellos] no saben la información,
no saben los requisitos. Nos mandan a un lado, nos mandan a otro”.
Requisitos de
registro
y Miembros de OSC afirman que los ministerios modifican los requi-
sitos para el registro. Varias mencionan que una vez que recopilan
la información, el ente rector solicita nuevos documentos, situación
que fue relatada por organizaciones en Guayas.
y Para mantener la personalidad jurídica, se mencionan desafíos rela-
cionados con la actualización de directivas y estatutos, y que el ente
rector realice las actualizaciones correspondientes. Se mencionan
tiempos extensos para efectuar los trámites.
y Representantes de organizaciones fuera de la capital señalan
la dificultad para realizar trámites debido a la falta de oficinas
de las entidades competentes en sus cantones, o la posibilidad
de efectuarlos de forma virtual. Un representante mencionó que
“iniciar el proceso significa tener que viajar varias veces a una ciu-
dad o a la otra para poder continuar”.
y No todos los ministerios cuentan con oficinas desconcentra-
das en el país. Esto dificulta los procesos para las OSC que se
encuentran fuera de las grandes ciudades. Un líder de Azuay
mencionó que “hubo una época en que el Ministerio de Salud no
tenía dependencia de aquí en la provincia para gestionar todos los
temas de registro, papeleo, etc. Nos tocaba ir a Quito”. Tras esta
situación, cambiaron su dependencia al MIES.
Desconcentración
de instituciones
competentes

16
Costos asociados con el
registro
y Líderes y lideresas de la sociedad civil or-
ganizada mencionan la necesidad de te-
ner un fondo interno para realizar los trámi-
tes de registro a través de la contratación
de asesoría legal, así como también para
cubrir costos asociados a la legalización
de la documentación. Una representante
de la sociedad civil manabita indicó lo si-
guiente sobre los costos asociados: “Ne-
cesitamos documentación que debe ser
notariada, para lo cual hay que ir y cance-
lar una tasa porque nadie trabaja gratis, o
si hay que ir y sacar una cuenta, la cuenta
debe tener equis cantidad de fondos, o si
hay que pagarle a un abogado para que
elabore los estatutos”.
y Si bien no hay un costo sobre el registro
actualmente, miembros de la sociedad
civil mencionan que funcionarios pú-
blicos solicitan cobros para tramitar las
solicitudes y entregar el registro con
personalidad jurídica. Esta percepción
de los entes rectores afecta a la confian-
za en el Estado, y a la relación entre la so-
ciedad civil y el sector público.
Desafíos para la disolución de
OSC
y La disolución de organizaciones es difícil
para aquellas que han logrado acceder a
bienes. La disolución de bienes requiere de
seguimiento activo por parte de los miem-
bros de la organización, así como del ente
rector. En Loja, se relató una experiencia
donde una organización lleva seis años in-
tentando disolverse, pero que, por la com-
pra de un bien y la actualización de la infor-
mación en Quito, no logran hacerlo. Por lo
tanto, las organizaciones prefieren mante-
ner su estatus legal, pero estar inactivas.
c. Operación: hace referencia
a los aspectos que regulan la
ejecución de actividades de
las OSC en la práctica.
Excesivos procesos y trámites
de operación
y Las OSC indicaron que sus operaciones
se ven afectadas por procesos y trámi-
tes excesivos e ineficientes. En particu-
lar, los trámites burocráticos exigidos
por los ministerios y los gobiernos au-
tónomos descentralizados (GAD) para
ejecutar proyectos son considerados
los más limitantes. Por ejemplo, el líder de
una organización que trabaja en temas de
salud indicó lo siguiente acerca del pro-
ceso que debe realizar ante el Ministerio
de Salud para poder conseguir los permi-
sos de operación del centro médico que
administran: “Cada año que toca sacar el
permiso se inventan nuevas condiciones,
nuevas normativas. Es bien complicado”.

17
y El exceso de burocracia hace que, para
ejecutar proyectos, las OSC estén con-
dicionadas por la presencia de un abo-
gado o equipo legal al momento de llevar
a cabo iniciativas, especialmente junto al
Estado. Acerca de esta problemática, el
director de una organización de coopera-
ción social comentó lo siguiente: “[…] si no
tienes abogado no puedes llevar a cabo
tus proyectos, no puedes llevar a cabo tu
objetivo como organización social, como
un actor que debe tener derecho a la par-
ticipación de las dinámicas sociales o, en
este caso, de los proyectos”.
Obtención de permisos de uso
del espacio público
Las OSC comentaron que, por lo general,
los gobiernos locales condicionan
o directamente prohíben el uso de
espacios públicos. Existen instancias en
las cuales los permisos son otorgados
o rechazados de acuerdo con si se van
a realizar actividades que podrían ser
consideradas ‘políticamente sensibles’.
Con respecto a este problema, el director
de una organización de cooperación in-
ternacional comentó lo siguiente: “[En el]
uso de espacios públicos del municipio,
normalmente no hay problema. Pero en
ciertos momentos, por ejemplo, el tema
GLBT, el tema de algunas organizaciones
de defensa del ámbito humano, de de-
fensa de derechos humanos, en cuanto
a la política de seguridad, que, digamos,
cuestionan el uso de la fuerza del munici-
pio, a veces, ahí hay ciertos elementos del
municipio que un poco detienen”.
y Los trámites para que se autorice em-
plear el espacio público no son senci-
llos y tardan demasiado tiempo en ser
tratados por la autoridad municipal. In-
cluso existen instancias en las cuales este
proceso debe ser gestionado solamente
mediante líderes barriales, lo cual causa
incertidumbre para las organizaciones. Un
líder de sociedad civil mencionó: “A veces
lo que ocurre es que estos espacios están
a cargo de uno o dos líderes barriales […]
todo en regla, pero no podemos hacer uso
nosotros. Tenemos que pedirle permiso a
esta persona o ir al municipio y entonces
es un vaivén que entorpece el proceso”.
y Varios líderes y lideresas comentaron que
desconocen en qué instancias se debe
solicitar permiso a los gobiernos muni-
cipales para usar el espacio público y en
cuáles no es necesario. Compartiendo
una anécdota acerca de una instancia
donde su organización pintó la pared de
una propiedad privada con la previa auto-
rización de su propietario, uno de los par-
ticipantes de los grupos focales comentó:
“Nosotros estamos pintando la pared de
equis persona que le hemos pedido la au-
torización a esa persona que es la dueña
de la pared, y ellos envían municipales,
personas, porque no se puede hacer eso,
porque tenemos que también pedir per-
miso a ellos”.

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Acceso a espacios de
participación ciudadana
Las organizaciones de la sociedad
civil reportan que usualmente no son
invitadas a formar parte de espacios
de participación ciudadana o, en caso
de tener la oportunidad de participar,
sus aportes son ignorados por las
autoridades.
Esto interfiere en su capacidad de incidir en
la política pública. El líder de una organiza-
ción de la región Sierra Centro indicó que,
a pesar de articular el trabajo de las mesas
técnicas de violencia de su municipio, so-
lamente se permitió la participación de un
número muy limitado de organizaciones.
y La falta de acceso a espacios de partici-
pación ciudadana ha causado una falta de
articulación entre el Estado y las OSC que
no permite que las organizaciones con-
tribuyan adecuadamente con su conoci-
miento y experiencia en la ejecución de
políticas públicas. Desde su experiencia
de trabajo junto a un municipio en temas
relacionados con la educación, el líder
de una organización reportó lo siguien-
te: “[...] a las organizaciones nos ponen
en temas que realmente nada que ver en
temas de educación, así como buscar
becas y ya. Pero en tema de trabajo con
la comunidad, en trabajo de género, hay
varias organizaciones expertas en género,
movilidad humana, en niñez, que no están
siendo consideradas”.

19
d. Recursos: hace referencia a
los aspectos que regulan el
acceso, manejo y ejecución
de recursos financieros y no
financieros de una OSC.
Acceso a financiamiento
y Dentro de los grupos focales y entrevis-
tas se reportaron 78 observaciones con
respecto a la falta de acceso a financia-
miento público, privado y de coopera-
ción internacional.
y Con respecto al financiamiento público,
las OSC indican el exceso de procesos
burocráticos y el desembolso impuntual
de fondos. En los grupos focales un líder
señaló sobre esto qué: “Te ponen cláusu-
las donde si tú te atrasas un día, es posible
que no te paguen. Pero, para el momento
de nosotros cobrar ese dinero, se retrasan
cuatro meses, cinco meses, hasta un año,
y nosotros igual no podemos reclamar”.
Además, las organizaciones sienten que
no existe un acompañamiento técnico
adecuado por parte del MIES que les per-
mita aplicar a financiamiento público.
y El sector privado tiene una presencia
muy limitada en las organizaciones de la
sociedad civil, pues muchas empresas
prefieren asignar fondos a sus propias
fundaciones o simplemente prefieren
no otorgar financiamiento. De acuerdo
con el representante de una organización
de protección de derechos, el reducido
financiamiento otorgado por este sector
está sujeto a un complejo proceso de pre-
sentación de evidencias del uso correcto
de los fondos.
El financiamiento de cooperantes
internacionales es considerado
inaccesible debido al desconocimiento
del proceso para aplicar a este tipo de
financiamiento, y la concentración de
fondos por parte de las organizaciones
más grandes en ciudades como Quito y
Guayaquil. El representante de una OSC
en la región Sierra centro comentó que
el 94 % del financiamiento internacional
termina en organizaciones establecidas
en la provincia de Pichincha.
y Debido a que el Ecuador es considerado
un país de renta media-alta cuya principal
relevancia geopolítica se debe a temas
de seguridad, muchos cooperantes inter-
nacionales han abandonado el país o han
reorientado su financiamiento para otorgar
recursos al Estado para combatir la inse-
guridad. La directora de la oficina nacional
de una de las organizaciones de coope-
ración internacional más importantes en el
Ecuador comentó lo siguiente con respec-
to a estos cambios recientes:

20
“La cooperación para los países sudameri-
canos y el Ecuador cada vez es menor. Lo
que está sucediendo en África y en otros
lugares, como los nuevos conflictos béli-
cos, hace que los fondos de cooperación
se muevan a esto”.
Recursos económicos
Quienes trabajan en organizaciones de la
sociedad civil reportan que no disponen
de los recursos necesarios para mantener
operativas a sus organizaciones y que,
por lo tanto, deben usar sus recursos
económicos personales para cubrir este
tipo de gastos.
Esta falta de recursos también impide que
las organizaciones puedan llevar a cabo
proyectos junto a gobiernos locales que
solicitan garantías antes de iniciar este tipo
de procesos. El representante de una orga-
nización en la provincia de Manabí comen-
tó lo siguiente acerca de su experiencia al
trabajar con un gobierno local: “El gobierno
(local) dice “no, tienes que tener en efecti-
vo el 20 %’. ¡Por favor! Las organizaciones
sociales nos mantenemos, al menos de
nuestra experiencia, de actividades que
hacemos dos veces al año, al menos no-
sotros, y que ahí hay que pagar agua, luz,
internet. Pero ese corte del 20 % tiene que
ser en efectivo, y tú también puedes poner
ese 20 % en trabajo físico en la obra”.
Incentivos tributarios
y Representantes de OSC de varias pro-
vincias coinciden en que los incentivos
tributarios para el tercer sector son insu-
ficientes e inaccesibles. Actualmente, se
dice que las organizaciones no guberna-
mentales están eximidas de pagar el im-
puesto a la renta; sin embargo, este no es
considerado un incentivo, pues de todas
maneras las organizaciones sin fines de
lucro no pagan este impuesto ya que no
generan renta. En un grupo focal un miem-
bro de la sociedad civil mencionó, “en
realidad nosotros no tenemos renta. Por lo
tanto, automáticamente estamos eximidos
del pago de la renta. No hay renta, la so-
ciedad civil no tiene fin de lucro. Por lo tan-
to, hablar de eso como un beneficio tribu-
tario para la sociedad civil es un absurdo”.
y La devolución del impuesto al valor agre-
gado (IVA) es otro de los incentivos dis-
ponibles para las OSC; no obstante, el
proceso para acceder a este beneficio es
extenso y en muchos casos no se pue-
den concretar las devoluciones. Sobre
esto, en el levantamiento de información
un representante señaló que, “es todo
un trámite que en los distintos gobiernos
siempre ha estado medio entrampado.
Porque se demora meses para que te
devuelvan el IVA y te califiquen lo que te
pueden devolver”.

21
d. Más allá de la normativa
Desafíos en la operación causados por la
inseguridad
y La inseguridad es un impedimento operativo emergente
reportado principalmente por organizaciones localizadas
en ciudades de la región Costa.
Varios líderes y lideresas comentan que las
organizaciones del crimen organizado impiden el
trabajo del tercer sector dentro de los territorios que
ellos controlan.
Este problema es crítico, pues las OSC consideran que
esta amenaza también es hacia su integridad física, un
líder social señaló sobre esto: “Entonces, ¿cómo envia-
mos a estudiantes y a docentes a unos territorios en los
que probablemente se juegan la vida? Y eso, pues, nos
impone unas limitaciones”.
y Además, la violencia desincentiva la participación de la
ciudadanía en los proyectos impulsados por las OSC.
Con respecto a este problema, la lideresa de una organi-
zación ubicada en Guayaquil comentó lo siguiente: “En el
proceso pasado tres personas se retiraron del curso por
eso mismo, por extorsión. Hubo una que fue superfuerte
el caso, que incluso le mandaron fotos de los hijos, del es-
poso, entonces esta persona tuvo que abandonar el país,
a esa magnitud [...]”.

22
4
Hacia un marco
normativo
habilitante:
recomendaciones

a. Recomendaciones a la normativa
i. Gobernanza
Garantía de derechos de asociación y
participación
y Para garantizar los derechos de asociación y participa-
ción de las OSC, es necesario que el Legislativo aprue-
be una ley que regule aspectos del ciclo de vida de
estas: registro, disolución, operación, recursos, etc.
Esto evita la dispersión y subregulación para las OSC.
Se sugiere aprobar el proyecto de Ley para Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, que se encuentra en la
Asamblea Nacional.
y Además de regulaciones sobre aspectos básicos del ci-
clo de vida de las organizaciones, se requiere normativa
de fomento para estas. Líderes de OSC mencionaron:
“El fomento significa tener capacidad de que desde el
Estado se generen condiciones para el desarrollo de la
sociedad civil a través de generación de espacios claros
de participación”. Por lo tanto, se requiere de normativa
complementaria.
En función de los
hallazgos encontrados
en el levantamiento de
información a nivel nacional,
se pueden establecer una
serie de recomendaciones
normativas sobre el ciclo de
vida de las OSC, así como
cambios esperados en el
comportamiento de los actores
que contribuyen a construir un
espacio cívico habilitante.

24
y Una vez aprobada normativa con esta-
tus de ley, se requiere operativizarla a
través de reglamentos. Los reglamentos
deben enfocarse en fomentar y garantizar
el ejercicio de la libertad de asociación. Se
recomienda que, al igual que la construc-
ción de la ley, este proceso se realice de
forma participativa.
Relación de confianza entre las OSC
y el Estado
y Para que las organizaciones alcancen sos-
tenibilidad y se consiga un espacio cívico
abierto, se requiere que el Estado reco-
nozca el rol de las OSC. El Estado debe
implementar espacios de apertura para
las organizaciones desde la participa-
ción ciudadana, así como alianzas es-
tratégicas entre ambos sectores. Desde
las OSC un representante sugiere “ma-
yores espacios de conversación [entre el
Estado] con las organizaciones sociales o
con los representantes de las organizacio-
nes sociales, para ir puliendo los procesos
de normativa, procesos de acceso a pre-
supuestos, para planificar sobre el plan de
desarrollo”.
y Las reglas para establecer alianzas es-
tratégicas entre la sociedad civil y el
Estado deben esclarecerse para incre-
mentar la confianza mutua entre ambos
sectores. Para esto, se puede requerir de
normativa adicional o reglamentos sobre
el funcionamiento de estas alianzas.
Ente rector capacitado
y La normativa debe aportar a reducir la
dispersión de competencias del Estado
sobre las OSC. En este sentido, se debe
reconocer un ente rector que sea el en-
cargado de verificar el registro de las
organizaciones y realizar un acompaña-
miento durante su funcionamiento. Este
no debe gozar de discrecionalidad para
limitar el ejercicio de la participación y
libertad de asociación.
y Funcionarios que pertenezcan al ente
rector deben capacitarse en el ámbito
que concierne a las OSC y sus procesos.
El ente rector debe guiar a las organizacio-
nes y ofrecer asistencia técnica, de ser ne-
cesario, en la realización de procesos que
correspondan a asegurar la vida de estas.
ii. Formación
Sistema Único de Registro de
Organizaciones Sociales actualizado
y Se sugiere actualizar el sistema existen-
te como un directorio de organizaciones
más que una herramienta de control. El
proceso de actualización debe registrar
a las organizaciones que se encuentran
activas y han sido previamente exclui-
das del sistema, así como remover a las
organizaciones inactivas. Esto permitiría
conocer qué iniciativas se están llevando a
cabo, con el fin de articular estrategias de

25
cooperación, incidencia o alianzas para
ejecutar proyectos. Uno de los propo-
nentes comentó: “Yo creo que otra cosa
interesante que podría tener es un censo
de organizaciones [...] para que cuando
uno vaya a intervenir en una problemática,
okey, informarse de qué capacidad hay al-
rededor, qué otras cosas están ocurrien-
do. Y eso solo lo puede hacer un ente que
lo mire desde muy arriba”.
y El sistema de registro debe operar como
una herramienta de recopilación de in-
formación simple de las organizaciones
que no pueda ser usada para disolverlas
y tampoco violentar el derecho a la priva-
cidad de sus miembros. Se espera que el
registro cumpla con fines estadísticos y
sirva como una herramienta para forta-
lecer las redes de organizaciones.
Procedimientos de registro sencillos
y transparentes
y En la normativa, los documentos reque-
ridos deben ser claros y sencillos de
obtener. Estos deben mantenerse cons-
tantes en el tiempo, y el ente regulador no
podrá solicitar documentación fuera de la
lista establecida en la normativa. Modifi-
caciones a la documentación requerida
se pueden dar únicamente con cambios
en la normativa. Las OSC buscan, en pala-
bras de uno de sus miembros, “un camino
abierto para ingresar […] y no tener que
pasar de aquí a acá”.
y La normativa y su reglamentación de-
ben establecer los procedimientos de
creación y registro de las OSC. Estos
deben ser sencillos, oportunos y claros,
en tanto deben indicar cómo y dónde se
realiza el proceso, así como los plazos
para entregar información y notificar las
respuestas. Los plazos deben ser raciona-
les y proporcionales para evitar procesos
prolongados de registro.
Se sugiere que los procedimientos
de registro sean por notificación y
que no requieran de autorización
del ente rector. El Estado debe estar
limitado de rechazar una solicitud de
personalidad jurídica y, en caso de
hacerlo, la normativa debe explicitar
el procedimiento de apelación y las
garantías del proceso.
y Desde las organizaciones ‘de hecho’, se
propone que la normativa las reconozca
y que estas serán igualmente sujetos de
derechos y obligaciones. Este recono-
cimiento promueve prácticas de asocia-
ción y participación con un espacio cívico
vibrante, porque como asegura un pro-
ponente: “No queremos pertenecer, no
queremos vida jurídica”, y es fundamental
garantizar ese derecho.
y Los requisitos y procesos deben esclare-
cerse en la normativa también para disol-
ver organizaciones, con establecimiento
de documentación específica y plazos. El

26
proceso de disolución debe simplificarse
para evitar la permanencia de organiza-
ciones inactivas en el catastro. Bajo ningún
motivo deben existir causales de disolu-
ción arbitrarias.
Específicamente, se recomienda que
la normativa omita causales ambiguas
como “el desviarse de los fines y
objetivos para los que fue constituida”
que generan preocupación entre las
OSC. Un representante en Loja narró
una experiencia propia dónde sus
cuentas fueron revisadas por el Estado,
y otros casos donde fundaciones
ecológicas fueron disueltas.
La disolución debe darse como un último
recurso, y solo donde ha existido viola-
ción del derecho interno o de los dere-
chos humanos en conformidad con los
tratados internacionales después del de-
bido proceso.
iii. Operación
Alianzas entre el Estado, el sector
privado, la academia y las OSC
y Las OSC resaltan la importancia de tra-
bajar junto a otros sectores para ejecutar
proyectos, producir información y realizar
procesos de contratación. Por lo tanto,
recomiendan que la reforma normativa
contemple garantizar la cooperación de
este tipo. Un miembro de sociedad civil
en Pichincha reportó, “hemos trabajado
en esa propuesta, también, de lo que son
las alianzas público-privadas. Pero se dijo
alianzas público-privadas y sociales. O
sea, que también se haga con lo social”.
Obtención de permisos a nivel local
y Quienes trabajan en OSC identifican de-
safíos en su relación con los GAD. Desde
los gobiernos locales se debe reconocer
el rol de las OSC e incentivar la participa-
ción ciudadana, función establecida en
sus competencias. Se recomienda que
los GAD reconozcan la naturaleza sin fi-
nes de lucro de las organizaciones y, en
consecuencia, se flexibilice la obtención
de permisos de uso de espacio público.
iv. Recursos
Asignación presupuestaria para OSC
y Las OSC consideran que es importante
que la normativa contemple asignacio-
nes presupuestarias y líneas de finan-
ciamiento, a nivel del Estado central y
los GAD, con el fin de ayudar a que las
organizaciones continúen operando.
Por ejemplo, en uno de los grupos foca-
les se recomendó “un presupuesto para
las organizaciones sociales bien consti-
tuidas” a través de la normativa. Esta idea
fue secundada por un experto de la aca-
demia, quien indicó que el acceso a pre-
supuestos debía realizarse “de una forma
ordenada y [que no esté] cubierta de vi-

27
cios, como lavado de dinero, participación
en crimen organizado, etc.”, para evitar
desvío de fondos. Es decir, esta reforma
normativa debe ir de la mano con otras re-
formas que le permitan al Estado constatar
el uso adecuado de los recursos.
Otra recomendación es que la
normativa incluya mecanismos de
distribución e igualdad territorial de los
fondos de cooperación para evitar la
concentración en Pichicha y Guayas. Un
proponente sugiere, por ejemplo, que la
ley manifieste la distribución de fondos
de cooperación dado que dichos fondos,
“deberían ser compartidos a través de las
organizaciones territoriales”.
Incentivos tributarios para las OSC
y De acuerdo con el criterio de las organi-
zaciones, una reforma normativa debería
contemplar incentivos tributarios como
exoneraciones del impuesto de salida de
divisas (ISD) y el impuesto a la renta para
donaciones. Además, la normativa tributa-
ria debería reconocer a las organizaciones
no gubernamentales como una forma de
asociación distinta a la de una empresa con
fines de lucro. Un representante de Pichin-
chaseñalóconpreocupación:“Laleytribu-
taria tiene que cambiar respecto a las ONG,
eso es obvio. Porque a nosotros nos apli-
can la normativa de una empresa privada”.
y Varios representantes de las organizacio-
nes que participaron en los grupos focales
y entrevistas señalaron que desconocían
si su organización debía pagar/pagaba
el impuesto de patente municipal. Sin
embargo, la exoneración a este impuesto
también fue una de las recomendaciones
sugeridas por las OSC consultadas.
Acceso a créditos para OSC
y Todas las organizaciones deben ser re-
conocidas como sujetos con capacidad
de acceder a créditos. Con respecto a
esta recomendación, el representante
de una organización productivo-empre-
sarial indicó que la naturaleza de su ins-
titución le permitía solicitar préstamos.
Sin embargo, reconoció que esta no es la
realidad para otras organizaciones: “Las
organizaciones sociales no somos suje-
tos, en temas financieros, de nada. [...] En
mi fundación lo hacemos, pero en menor
escala, pero ellos, por ejemplo, ¿por qué
no tienen derecho a tener un crédito de
10 000 dólares con el que compran ma-
teriales y todo el mundo hace su empresa
y vende y recuperamos el recurso con
nuestros propios socios?”. Como garan-
tía, las organizaciones sugieren que los
años de constitución legal pueden servir
como uno de los criterios que podrían
considerar las instituciones financieras
para otorgar créditos.

28
b. Recomendaciones para un
espacio cívico habilitante
multiactor
La construcción de un ambiente habilitante para las
OSC es un trabajo que requiere la intervención de
todos los actores sociales. Por lo tanto, se plantean
acciones que el Gobierno central, los gobiernos lo-
cales, la sociedad civil organizada, la academia y el
sector privado pueden llevar a cabo:

iv.
v.
i.
ii.
iii.
29
Organizaciones
de la sociedad
civil
Sector privado
Las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar, individual y colec-
tivamente, para fortalecerse en lo interno y formar redes con otras orga-
nizaciones. Una mayor transparencia, profesionalización y prácticas que
apunten hacia la sostenibilidad son estrategias que pueden contribuir a
que las OSC continúen en operaciones y se expandan. Adicionalmente,
la creación de redes entre las organizaciones podría fortalecer sus capa-
cidades operativas a nivel individual y su capacidad de incidencia.
El sector privado debe reconocer su responsabilidad con la sociedad.
Las empresas pueden aportar a la sostenibilidad financiera de las or-
ganizaciones sociales y, a su vez, a fortalecer el espacio cívico en su
conjunto. El marco normativo debe brindar las condiciones para que
las donaciones privadas no sean tributables.
Estado y
Gobierno
central
Gobiernos
locales
Academia
El Estado debe redoblar sus esfuerzos para brindar apoyo técnico a las
organizaciones de la sociedad civil y socializar la normativa que las am-
para. Además, es necesario que se comprometa a reducir los trámites
burocráticos impuestos sobre las OSC y provea la estabilidad normativa
necesaria para evitar que estas operen en una situación de constante in-
certidumbre. Sobre el ente rector recae la responsabilidad de capacitar
a sus funcionarios públicos para fortalecer las organizaciones sociales.
Es necesario que los GAD comprendan el rol que cumplen las OSC den-
tro de la comunidad. La experiencia de la sociedad civil —especialmente
a partir de su trabajo en territorio— puede ser un gran aporte al momento
de diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas. Los gobiernos locales
también deberían ser responsables de brindar espacios de incidencia,
empoderamiento y capacitación técnica para las organizaciones socia-
les. Al igual que el Gobierno central, los GAD deben aplicar exenciones
tributarias a las OSC que respeten su naturaleza sin fines de lucro.
La academia debe trabajar junto a las OSC para articular proyectos e
iniciativas sociales, especialmente para proveer asesoramiento y acom-
pañamiento a organizaciones. Por ejemplo, los centros de educación
superior podrían cooperar con el tercer sector poniendo en disposición
conocimiento generado con respecto a población, información socioe-
conómica, riesgos, entre otros.

Referencias
Decreto Ejecutivo no. 193, Presidencia de la República del Ecuador, 2017.
Ibach, J., Martínez, V., Suárez, M., y Vallejo, M. F. (2023). Organizaciones de la
Sociedad Civil en Ecuador: Actores éticos y competentes. Quito: FARO.
Proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones de la Sociedad Civil, Informe
para Segundo Debate, Asamblea Nacional, 2020.
SUIOS. (29 de enero de 2024). Directorio de Organizaciones Sociales. Ob-
tenido de Directorio de Organizaciones Sociales: https://sociedadcivil.
gob.ec/nuevo_directorio
Ulloa, C., Mancheno, D., y Martínez, V. (2022). Una mirada a las organizacio-
nes de la sociedad civil en Ecuador. Quito: FARO.

Av. Diego de Almagro y Pedro Ponce Carrasco
Casilla Postal: 170508
Teléfono: (02) 510-8011
info@grupofaro.org
www.grupofaro.org
@FARO.org.ec
@FARO.org.ec
@FARO_org
faro-org
Desde el 2022 la Federación de Organizaciones de Sociedad
Civil de Pichincha, liderada por FARO, en alianza con la
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad
Civil (CEOSC), trabajan en el proyecto “OSC en acción:
Fomentando la participación de la sociedad civil organizada
ecuatoriana”.
Este proyecto tiene como fin promover un ambiente habilitante
para la participación activa de las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) ecuatorianas en lo público. Para cumplir con este
objetivo, FARO ha implementado acciones con el fin de
fortalecer las capacidades en incidencia a organizaciones de
la sociedad, y ha realizado levantamientos e información para
presentar evidencia de la necesidad de promover un ambiente
normativo habilitante para las OSC en el país.
Directora Ejecutiva de FARO
Gabriela Suárez
Coordinadora del área de
Democracia de FARO
Camila Ulloa
Autores
María Fe Vallejo, David Jiménez y
Cristhian Cachimuel, FARO.
Supervisión editorial:
Coordinación de
Comunicación de FARO.
Corrección de estilo:
Ma. Del Pilar Cobo, Emepecé
Diseño y diagramación:
Storymakers
Fotografía:
KBL Studio/iStock

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