El documento discute la organización de la justicia en Bolivia. Propone una jerarquía igual entre los sistemas de justicia ordinario y indígena originario campesino, con cobertura en todo el territorio y control de constitucionalidad. También aboga por el respeto a los derechos fundamentales, la diversidad cultural y el pluralismo jurídico a través de la interculturalidad, la autonomía jurisdiccional y la interpretación intercultural.