El principio de legalidad administrativa establece que todos los actos de la administración pública deben estar sometidos a la ley y tener una base legal. Este principio es fundamental en un estado de derecho para limitar el poder discrecional de la administración y garantizar la seguridad jurídica. El principio de legalidad incluye derivados relacionados con la forma de apreciación de los hechos, la competencia por materia, territorio, grado y tiempo. El principio se ha renovado para proteger no solo la ley formal sino también los derechos humanos y la prom

1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICERECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
FACULTAD DE DERECHO
ENSAYO
Autor:Delia Rivero
Cedula: 7.467.114
Barquisimeto, Febrero 2020

2. 1. Cuál es la importancia del Principio de la Legalidad Administrativa si se
habla de una Administración Reglada y un poder discrecional.
El principio de la legalidad se define como el fundamento en virtud del cual todos
los actos administrativos relacionados con la contratación, manejo y disposición de
los bienes y servicios del sector público, deben estar sometidos a las leyes y las
sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan
sido previstas por norma expresa (Ley Nº 2341 “Ley De Procedimiento
Administrativo” de 23 de abril de 2002 Art. 72).
Cuando se habla de legalidad se está en presencia de un sistema de leyes que debe
ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o
circunstancias. La legalidad es, entonces, todo lo que se realice dentro del marco
de la ley escrita y que tenga como consecuencia supuesta el respeto por las pautas
de vida y coexistencia de una sociedad dependiendo de lo que cada una de ellas
entienda por tal concepto. En este orden de ideas, la legalidad es un atributo y un
requisito del poder. Un poder legal es un poder que nace y se ejerce de acuerdo
con las leyes. Lo contrario del poder legal es el poder arbitrario, ejercido al arbitrio
del gobernante, basado en su voluntad y juicio personal sobre las situaciones.
En la actualidad el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio
fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público
debe estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de
las personas (ej. el Estado sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por
esta razón se dice que un Estado, es un Estado de Derecho y de seguridad jurídica.
Así mismo, según el pensamiento del maestro Moles Caubet, citado por Santos
Gabriel Ruan (1998), señala que el principio de legalidad se determina jurídicamente
por la concurrencia de cuatro condiciones, cuyo conjunto forma la contextura del
mismo. Estas condiciones operan produciendo cuatro efectos correlativos, a saber:
uno, delimitando el espacio donde tan solo puede intervenir la ley; otro asegurando
el orden prelativo de las normas subordinadas a la ley; un tercero, haciendo la
selección de la norma o normas precisas que hayan de aplicarse

3. al caso concreto; y últimamente, midiendo los poderes que la norma confiere a la
administración.
2. Explique la utilidad de los Derivados del Principio de la legalidad: Derivados
de la forma de apreciación de los hechos; derivados de la Competencia por la
materia, territorio, grado, tiempo.
Fundamento básico de derecho constitucional que exige que determinadas materias
de importancia sólo pueden ser reguladas por ley como garantía de que pasará por
las discusiones plurales que hay en cualquier poder legislativo. No debe ser
entendido como una mera formalidad, sino como una vía para que asuntos
especialmente importantes sean debidamente discutidos por los representantes de
la soberanía popular. En Venezuela, este principio fundamental, en cuanto al fondo,
puede ser obviado a partir del momento en que se puede otorgar una ley habilitante
al presidente para que dicte leyes en cualquier materia, lo cual ha ocurrido y ha
generado leyes que fueron publicadas sin ningún tipo de discusión pública.
El principio de legalidad no sólo es un componente característico del Estado
democrático de derecho, sino que, a la luz del nuevo orden internacional de los
derechos humanos, se constituye en verdadera garantía indispensable para la
protección de los derechos fundamentales. Respecto de esta afirmación convienen
algunas precisiones en el contexto del sistema interamericano y, particularmente,
de la jurisprudencia, escenario en el cual se han hecho numerosos aportes en
relación con el alcance sustancial de esta premisa, los efectos que de este principio
se desprenden y las obligaciones que se derivan para los Estados, en especial, las
relacionadas con la función judicial.
En el espíritu mismo de la noción de Estado de derecho, el principio de legalidad
aparece con una doble función: como contención y como protección. Visto desde la
óptica tradicional, el principio de legalidad sirve, por un lado, como contención al
ejercicio del poder público que encuentra en la ley su fundamento y margen de
actuación; por otro lado, como garantía individual, en cuanto preserva la órbita
individual libre de intervención estatal, salvo en los casos previstos en la ley. Esta
perspectiva tradicional no deja de ser importante hoy, pero resulta ser sólo un

4. presupuesto de la verdadera dimensión que adquiere el principio de legalidad en un
escenario contemporáneo, profundamente marcado por la necesidad de la
promoción y protección de una auténtica cultura de los derechos humanos.
La idea misma de una legalidad cuyo referente exclusivo sea la ley nacional
meramente formal es un concepto reevaluado intelectualmente, aunque quizá aún
muy enquistado en la práctica judicial. El principio de legalidad de vieja data se
renueva con implicaciones originales. Puede decirse que el alcance de la clásica
función de contención de este principio adquiere nuevos matices a la luz de las
obligaciones del Estado, en calidad de garante de los derechos humanos y promotor
especial de los derechos económicos, sociales y culturales. Los efectos de este
análisis resultan muy variados y merecen un estudio propio que desborda el objeto
del presente escrito; sin embargo, vale la pena anotar que en el Estado moderno, la
ley como instrumento del orden público no sólo cumple un papel de cortapisa, sino
también de canal facilitador de una gestión eficaz en la tarea de promover y elevar
la calidad de vida de los ciudadanos. Desde este ángulo, podría decirse que el
principio de legalidad no tiene ya tanto una connotación negativa sino más bien
positiva.