La gestión pública se enfoca en administrar los recursos de un país de manera eficiente para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y promover el desarrollo. Se implementa a través de entidades gubernamentales y procesos como la formulación y ejecución de políticas. La gestión pública es crucial para el Estado porque mejora la relación entre el gobierno y el sector privado y permite abordar problemas sociales de manera efectiva.

1. LA GESTIÒN GUBERNAMENTAL
La gestión pública está enfocada en la administración eficiente de todos los recursos con
los que cuenta una nación, con la finalidad de dar respuesta a las demandas de sus
habitantes, a la vez que garantizar el desarrollo del país.
Esta especialidad se materializa a través de las entidades gubernamentales, por medio de
los procesos por los que el Estado proyecta y efectúa políticas, distribuye bienes y
servicios y, aplica disposiciones, orientadas a regular sus funciones.
La implicación de la gestión pública en el Estado es alta e indispensable, ya que de ella
dependerá un buen entendimiento y relación entre la empresa privada y el gobierno,
desprendida de las estrategias y respuestas dadas a problemáticas que surgen a diario, en
los espacios sociales.
Esta especialidad se materializa a través de las entidades gubernamentales, por medio de
los procesos por los que el Estado proyecta y efectúa políticas, distribuye bienes y
servicios y, aplica disposiciones, orientadas a regular sus funciones.
La implicación de la gestión pública en el Estado es alta e indispensable, ya que de ella
dependerá un buen entendimiento y relación entre la empresa privada y el gobierno,
desprendida de las estrategias y respuestas dadas a problemáticas que surgen a diario, en
los espacios sociales.
Funciones de la gestión pública
La gestión pública como un conjunto de procesos destinados a administrar los recursos
provenientes de organizaciones o entidades públicas cuenta con una serie de
características que la definen, como son:
 Elaborar y aplicar las políticas públicas correspondientes, cuya implementación y
evaluación se efectúe de forma conjunta entre la administración, el sector privado
y las organizaciones ciudadanas.
 Responsabilizarse por la identificación de problemas existentes o necesidades a
ser cubiertas en sus respectivas comunidades.
 Perseguir un determinado nivel de eficiencia en la gestión de los recursos.

2.  Repartir de forma equitativa los recursos, teniendo en cuenta que, frecuentemente,
las entidades públicas no solo obedecen a criterios económicos, sino también a
motivaciones políticas.
 Facilitar el crecimiento económico que mejore el bienestar del país, satisfaga las
necesidades y, por ende, las condiciones de vida de sus ciudadanos
¿Dónde se aplica la gestión pública?
En instituciones públicas dedicadas a las labores de gestión, como son las sanitarias, de
educación, seguridad y defensa es donde se puede apreciar mejor los rasgos de la gestión
pública. Si bien, en estos ámbitos se incluyen figuras del sector privado, lo normal es que
sean de titularidad gubernamental.
También se puede vislumbrar este aspecto en los procesos relacionados con los cambios
de gobierno, en donde los políticos salientes y los entrantes suelen aplicar estrategias de
acción diferentes.
Control de la gestión Gubernamental
Un aspecto importante para analizar la gobernabilidad fiscal es la forma cómo se ha
organizado la función de evaluación y control de la gestión. La evaluación presupuestaria
comprende básicamente la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y
los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas con la determinación de
sus causas y la recomendación de medidas correctivas.
El MEF es el responsable de la evaluación de los presupuestos del sector público, en
función de sus objetivos y metas, considerando la situación económica y de las finanzas
públicas. La misma que debe ser remitida trimestralmente al presidente de la República
y a través de éste, al Congreso Nacional. El MEF, sin perjuicio de la competencia de la
Contraloría, emite las normas técnicas para el control y evaluación del Sistema Nacional
de Presupuesto Público.
El control externo de los recursos de los presupuestos del sector público está a cargo de
la Contraloría General del Estado (CGE), que lo realiza obligatoriamente de manera
previa, durante y posterior al proceso de ejecución de los presupuestos.90 La Contraloría
establece y ejecuta anualmente un Programa de Auditorías, que tiene un carácter

3. selectivo, concurrente y aleatorio. Del resultado de dicho programa se debe informar al
MEF y a la máxima autoridad de la entidad respectiva, a fin de que se adopten las medidas
correctivas y las recomendaciones.
Un aspecto a destacar del Ecuador es que el Estado garantiza legalmente el control
externo, que es uno de los elementos claves en el ejercicio de la evaluación y control. Sin
embargo, la existencia de un marco legal, que ampare las mencionadas atribuciones, no
garantiza su eficiencia y, por lo tanto, tampoco su confiabilidad. Es así como, aun
contando con normas específicas que regulan las atribuciones de la Contraloría, existe
una percepción negativa sobre su confiabilidad, lo cual debería ser visto en el contexto de
una coyuntura de grave debilidad institucional. Por otra parte, el Congreso, hasta la fecha,
no ha logrado llegar a acuerdos para establecer la terna para Contralor.
Si bien la base normativa es muy clara y completa, por desgracia, en la práctica, poco o
nada se cumple. No se realizan evaluaciones periódicas de las acciones desplegadas por
las instituciones públicas, ni del desempeño administrativo y productivo de sus
funcionarios, ni de las autoridades. Los sistemas de evaluación de personal son muy
débiles y están orientados más al cumplimiento de procedimientos administrativos, antes
que a la producción, gestión y desempeño. El control se limita a una revisión de los
registros contables, puesto que los ingresos y los gastos no guardan relación con la
planificación.
La evaluación de la gestión es muy débil o escasa. Para poder evaluar la manera en que
se ejecuta el gasto público y mejorar la eficiencia y eficacia del mismo, es indispensable
contar con órganos internos confiables dedicados a la fiscalización del presupuesto. Si
bien en los últimos años se ha avanzado en la estructuración de oficinas de control interno
en casi todas las entidades públicas, existe poca confianza en su eficiencia y en su
confiabilidad. Por otra parte, los resultados de las auditorias se presentan tardíamente, o
no se realizan, y los funcionarios encontrados culpables no siempre son sancionados
conforme a derecho. Una innovación importante fue la introducción del concepto de
recursos públicos en la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado, entendidos como
“todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades,
excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus
instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de

4. préstamos, donaciones y entregas que realicen a favor del Estado o de sus instituciones,
personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales” .
Además, los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por
entidades de derecho privado. Por lo tanto, la Contraloría puede realizar control externo
a las personas jurídicas de derecho privado con participación estatal y con finalidad social
o pública cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria este integrado
en el 50% o más, con recursos públicos. El resto de las instituciones están sometidas a la
vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, de Bancos y Seguros según
sea el caso. La Contraloría, en estos casos, efectuará el control de los recursos públicos
administrados por ellas, a través del accionista, socio o partícipe del sector público.
Por su parte, cuando el Estado o sus instituciones hayan delegado a empresas privadas la
ejecución de obra pública, la explotación y aprovechamiento de recursos públicos
mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de propiedad accionaría, de
certificados de aportación o de otros títulos o derechos, o por cualquier otra forma
contractual, la vigilancia y control de la CGE no se extiende a la empresa delegataria,
pero sí, a la gestión referida a esa delegación por parte de la institución del Estado
delegante.
¿Por qué modernizar la gestión pública?
La modernización de la gestión pública en la región tiene dos olas. La primera, de carácter
neoliberal, surge en la segunda mitad del siglo XX, y responde a la necesidad de
establecer un modelo mixto de gobernanza que se encuentra entre los modelos ideales de:
gobernanza sin gobierno y gobernanza liberal-democrática. Esta ola sostiene que el
accionar del Estado entorpece el mercado por cuanto, mientras menos roles juegue la
administración pública, esta sería mejor para la sociedad (Aguilar Villanueva 2008).
Ya en el siglo XXI surgen teorías, tecnologías, normas y prácticas que minimizan el
cuestionamiento sobre la necesidad o importancia de la administración pública, y el
énfasis se da a los procesos de modernización, reforma, reinvención, reingeniería,
restructuración y/o innovación (Aguilar Villanueva 2008). Así surge la segunda ola,
posneoliberal, la cual también responde a un modelo de gobernanza mixto que tiene
elementos de los modelos de gobernanza: liberal-democrático y estatista.

5. La presencia del modelo de gobernanza liberal-democrático en ambas olas deja en
evidencia la necesidad de entender la modernización de la administración pública desde
un enfoque neoinstitucional, es decir, como un proceso social y no como un simple
resultado.
El modelo de gobernanza liberal-democrático tiene como elemento de evaluación central
la rendición de cuentas (Pierre y Petes 2005). En ese sentido, un proceso de
modernización puede ser calificado de más o menos exitoso, en términos de las
condiciones favorables generadas para la rendición de cuentas, favoreciendo así los
controles democráticos.
El proceso de modernización se inspira en la Carta Iberoamericana de la Calidad de la
Gestión Pública,1
que marca la pauta sobre el entendimiento de la calidad y la excelencia
en la gestión pública en la región, trazando la hoja de ruta para las políticas públicas de
modernización y mejora de las administraciones públicas; la Carta plantea nueve ejes y
catorce principios para materializar y guiar una gestión pública de calidad centrada en el
ciudadano (CLAD 2008).
Hay dos tipos de rendición de cuentas: vertical y horizontal. La rendición de cuentas
vertical se refiere a la capacidad del soberano para, mediante el voto, elegido a sus
representantes y delegar el poder. Incluso tiene la capacidad de ser electo y asumir la
responsabilidad y el poder para tomar acciones en función del bien común.
La rendición de cuentas horizontal puede ser entendida como la interacción para el control
mutuo, siendo así una categoría muy amplia que abarca muchos tipos de interacciones
interestatales. Es aquí que varias instituciones del gobierno empiezan a jugar un rol
protagónico para la rendición de cuentas, ya que buscan prevenir, cancelar, reparar y/o
castigar acciones (o eventualmente inacciones) de otra agencia estatal que se presumen
ilegales, tanto bajo los supuestos de transgresión como de corrupción (O’Donnell 2001).
La rendición de cuentas horizontal se caracteriza por tener instituciones de balance y
de accountability horizontal asignada. Las instituciones de accountability horizontal
asignada dan insumos (información) para que se pueda dar una accountability societal
vertical, que no es votar –como consideraba la accountability vertical– (O’Donnell 2001).

6. El rol de las agencias asignadas en la accountability es fundamental ya que estas diseñan
mecanismos que dan acceso a información a varios niveles de las instituciones a su cargo.
Esta información pública empieza a circular libremente y puede ser utilizada por aquellos
que están ejerciendo accountability vertical. La disponibilidad pública de esta
información es un efecto secundario, no necesariamente planeado, del funcionamiento de
instituciones de balance y asignadas. Este hecho es el que contribuye a mejorar las
condiciones para la rendición de cuentas fomentando la disponibilidad de fuentes de
información alternativas que Robert Dahl correctamente enumera como una de las
características centrales de una democracia política, o poliarquía (O’Donnell 2001).
Es así como las instituciones de accountability horizontal asignada juegan un rol
fundamental para fomentar los controles democráticos y una consecuente mejora de las
condiciones para la rendición de cuentas. Es decir, una externalidad positiva de estas
instituciones es su capacidad de solicitar información que posteriormente es usada para
procesos de transparencia y rendición de cuentas, aunque inicialmente tenga un carácter
más reservado.
Este artículo desarrolla la relación entre la política de modernización de la administración
pública, que apalanca el cambio en el modelo de gobernanza posneoliberal en Ecuador –
segunda ola–, y la mejora en las condiciones para la rendición de cuentas, gracias a las
externalidades positivas generadas por la participación de las instituciones
de accountability horizontal asignada. El análisis se realiza a partir del año 2007 cuando
inicia el gobierno de Rafael Correa en Ecuador.