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FondoMonetarioInternacional
El Fondo Monetario Internacional(FMI) es una organización internacional
resultante de la Conferencia de Bretton Woods (1944). Concebida al final de
la Segunda Guerra Mundial, sus idealizadores tenían como objetivo construir
una estructura de cooperación que evitara la repetición de las políticas
económicas que llevaron a la Gran Depresión de los años 1930 y al conflicto que se dio
posteriormente.
Los objetivos declarados de la organización son promover la cooperación económica
internacional, el comercio internacional, el empleo y la estabilidad cambiaria, inclusive
mediante el otorgamiento de recursos financieros a los países miembros con el fin de
aportar al equilibrio de sus balanzas de pagos.
Los 188 países miembros contribuyen poniendo a disposición del FMI una parte de sus
reservas internacionales. En caso de necesidad, el Fondo utiliza esos recursos para
operaciones de préstamo, buscando ayudar a países que enfrentan desequilibrios en
sus pagos. Los recursos son desembolsados por medio del cumplimiento de requisitos
establecidos en un programa negociado con el Fondo.
Además de los préstamos para auxiliar a países en dificultades, el FMI realiza un
seguimiento periódico de la política económica de sus miembros, así como hace
recomendaciones. El secretariado del FMI elabora evaluaciones, análisis estadísticos y
presenta previsiones económicas globales, regionales y por país. El Fondo también
proporciona asistencia técnica y entrenamiento en su área de competencia.
A diferencia de lo que ocurre en otras organizaciones internacionales, en las cuales las
decisiones son tomadas de acuerdo al principio de que un país equivale a un voto, el
FMI sigue un modelo corporativo de toma de decisiones. El poder del voto de cada país
se determina por la proporción de cuotas que posee en el Fondo.
La revisión de distribución de cuotas se realiza periódicamente, constituyendo una
oportunidad para que la institución pase a reflejar el aumento de la participación relativa
de los países emergentes en la economía mundial. Brasil tiene un compromiso con la
promoción de la reforma del FMI, a fin de aumentar el peso de economías emergentes
y en desarrollo de la institución.
La estructura organizacional del FMI está encabezada por la Asamblea de Gobernantes
(donde el titular brasileño es el Ministro de Hacienda), que toma decisiones y elige el
Consejo de Directores. Hay sólo 24 directores, lo que hace con que muchos directores
representen un grupo de países (“constituency”). En el caso del Brasil, su Director
también representa los siguientes países: Cabo Verde, Ecuador, Guyana, Haití,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Timor Leste, Trinidad y Tobago.
Las directrices políticas de la organización se definen en reuniones bianuales a nivel
ministerial del Consejo de Asuntos Financieros y Monetarios. Esas reuniones, realizadas
generalmente en la sede central en abril y octubre, congregan a un número de ministros
correspondiente al número de directores. En el caso del Brasil, el representante es el
Ministro de Hacienda.
FMI: POLÍTICAS ECONÓMICAS Y OPERACIONES MINERAS
IMPULSARÁN ECONOMÍA DEL PERÚ
País pasa por revés temporal y crecimiento se dinamizará:
Conferencia de prensa sobre las perspectivas de la economía mundial, realizada en
Washington.
10:39 | Washington, abr. 14.
Por Juan Carlos Cruzado, enviado especial:
La encargada del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Oya Celasun, señaló hoy que las políticas económicas del Gobierno peruano y
las nuevas operaciones mineras previstas para este año impulsarán la economía en el
2015 y 2016.
En conferencia de prensa, luego de presentar las perspectivas de la economía mundial,
indicó que la acción política concertada en nuestro país y la entrada de nuevas
operaciones mineras favorecerán un repunte en el 2015, pues el Perú atraviesa por un
revés temporal y en los próximos años recuperará mayores tasas de crecimiento.
PBI de 5 % en el 2016
De acuerdo con el informe del FMI, nuestro país crecerá 3.8 por ciento este año y en el
2016 mostrará un mayor dinamismo y se expandirá 5 por ciento.
La analista refirió que el Gobierno adoptó un programa de estímulos, en vista de la
desaceleración global, de dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), y
hubo una distención monetaria.
“En ese sentido, esperamos que el crecimiento del Perú esté más cerca de 4 por ciento
este año y si bien las autoridades tienen estimaciones ligeramente superiores, ambos
observamos este desempeño como un revés temporario y que el avance seguirá en los
próximos años”, puntualizó.
Factores
Celasun explicó que el Perú se vio afectado por la desaceleración de los precios de los
metales en el exterior.
"El Perú dinamizó su crecimiento con mucha fuerza en el 2013 y luego llegó a niveles
de expansión cercanos a 3 por ciento el año pasado, debido a la baja de los precios de
los metales", respondió ante la consulta de la Agencia Andina.
Asimismo, mencionó que existieron algunos factores domésticos que provocaron una
menor producción en algunas minas temporalmente, “algo que culminó el año pasado”.
Inflación
En el mismo informe del FMI se proyecta también que la inflación en el Perú al cierre del
2015 será de 2.5 por ciento; mientras que el año siguiente se situará en 2 por ciento. En
tanto, el desempleo se mantendrá en 6 por ciento.
(FIN) JCC/JJN
GRM / Publicado: 14/4/2015
FMI: MENORES COSTOSDE PRODUCCIÓN MINERA EN PERÚ, LE
PERMITIRÁSOBRELLEVARCAÍDA DE COMMODITIES
Patrick Blagrave, economista del FMI, consideró que Perú es uno de los países con
menor costo de producción en minería, situación que le favorece de darse una posible
caída en el precio internacional de los metales.
REDACCIÓN GESTIÓN / 01.11.2016 - 12:10 PM
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó ante el Banco Central de Reserva
(BCR) su último reporte de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO por sus siglas
en inglés), el último 31 de octubre.
Durante el evento, Patrick Blagrave, economista de la División de Supervisión
Multilateral del Departamento de Investigación del FMI, subrayó que el Perú es uno de
los países con menor costo de producción en minería, lo que le permitiría sobrellevar
una posible caída en el precio internacional de los metales.
Asimismo, señaló durante su ponencia sobre "Los Efectos de Contagio de la
Transición en China y la Migración", que a pesar de los desafíos que presentan, la
transición de China y la migración, si se gestionan bien pueden tener efectos
favorables en el largo plazo.
"La transición en curso en China hacia una economía basada en el consumo y los
cambios demográficos causados por la migración son dos fenómenos que surgen en
economías emergentes y cuyos efectos de contagio influyen en muchas otras
economías, tanto emergentes como avanzadas", detalló.
En esa línea, el funcionario estimó que estos efectos de contagio, si bien en el corto
plazo presentan desafíos, en el largo plazo pueden encauzarse para dar un impulso a
la economía mundial.
El economista precisó que las proyecciones del FMI muestran que un aumento de 1
punto porcentual en el número de trabajadores migrantes se traduce en un incremento,
de 2 puntos porcentuales del PBI en el largo plazo de las economías que reciben estos
trabajadores.
PROYECCIONES
Por su parte Eugenio Cerutti, asistente del Director del Departamento de Investigación
del FMI, señaló que la economía global registrará una expansión de 3.1% este año y el
próximo año el crecimiento se acelerará a 3.4 % impulsado por el dinamismo de los
mercados emergentes.
En esa línea, recomendó que los países deben utilizar todas las herramientas de
política económica para mejorar sus perspectivas de crecimiento.
"Para respaldar el crecimiento a corto plazo, los bancos centrales de las economías
avanzadas deben mantener políticas monetarias expansivas. Y cuando sea posible,
los gobiernos deberían incrementar el gasto en educación e infraestructura para
ampliar la capacidad productiva", aconsejó el economista.
También opinó que en los países es necesario contrarrestar la disminución del
crecimiento potencial, mediante reformas estructurales para incrementar las tasas de
participación laboral y reducir las barreras de acceso a los mercados.
Por último, Eugenio Cerutti quien expuso sobre "Cómo Allanar el Camino del
Comercio", sostuvo que la debilidad de la actividad económica, en especial la de las
inversiones, representa cerca de 75% de la dramática desaceleración del volumen del
comercio desde 2012.
"La liberalización del comercio se ha estancado y el proteccionismo y la lenta
dispersión de la producción transfronteriza también estancan el comercio, aunque a un
menor grado", precisó.
Ante este panorama, consideró como probable que los volúmenes del comercio
permanezcan moderados, a menos que aumenten la inversión y el crecimiento.
En su mensaje central, el funcionario del FMI comentó que las reformas comerciales
junto con medidas que ayuden a los más expuestos, revitalizarán el comercio, lo que
ayudaría a difundir la tecnología, el conocimiento y la experiencia.
CÓMO EL BANCO MUNDIAL LE PRESTÓ MÁS DE US$ 80 MILLONES A
YANACOCHA, MINERA DENUNCIADA POR CONTAMINACIÓN Y
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS, PARA LUEGO CONVERTIRSE EN
SOCIO DE LA COMPAÑÍA.
Las denuncias de contaminación contra Yanacocha provocaron que en 2001, Newmont,
una de las accionistas de la minera, enviara a su vicepresidente, Larry Kurlander, a
inspeccionar el proyecto en Cajamarca, al norte de Perú. “Estamos incumpliendo
nuestros propios permisos de explotación…”, reconoció Kurlander. Solo entre 2010 y
2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalizción Ambiental (OEFA) inició a la
empresa doce procesossancionadores por infracciones medioambientales. A pesar de
ello fue una de las compañías beneficiadas por la ley 30230, que le permitió ser
exonerada de tres multas por infracciones detectadas en el campamento Chaupiloma
Sur como demostró Convoca. El crecimiento de la compañía no habría sido posible si la
Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo del Grupo del Banco Mundial
(BM), no hubiese aportado 23 millones de dólares para inaugurar el proyecto en 1993.
Seis años después, IFC no dudó en prestar 60 millones más para una ampliación del
depósito minero La Quinua. La relación del BM y la mina no se limitó a préstamos: hoy
IFC tiene el 5% de acciones de Yanacocha. En Perú, este organismo financió nueve
proyectos de diversos sectores, de los cuales tres provocaron el desplazamiento de mil
149 personas entre 2004 y 2010. Esta es la historia de la minera financiada por el Banco
Mundial, organismo cuyos representantes llegarán a Lima la próxima semana para su
reunión anual con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por: Ben Hallman y Roxana Olivera, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Para Elvira Flores, una pastora adolescente de las tierras altas andinas del norte de
Perú, todo empezó como una más de las tareas del rancho. El 8 de septiembre de 2013
cruzó con su rebaño una pista de tierra que atraviesa los pedregosos campos de su
familia y bajó a un arroyo. Cuando las ovejas hubieron bebido hasta hartarse, algo no
fue como debía. “De repente empezaron a saltar, a darse patadas en el vientre y a
golpear las cabezas contra el suelo”, recordaba la tímida joven de 16 años una
tempestuosa tarde de un año después, envolviéndose con el jersey para protegerse del
frío. “Les salía espuma blanca por la boca y la nariz”. Una a una, las 18 ovejas se
desplomaron y murieron. Flores las observaba impotente. “En cinco minutos todo había
terminado”, explicaba.
Hace dos décadas que entre la gente que subsiste a duras penas en La Pajuela y las
comunidades vecinas de esta región de sobrecogedora belleza natural y opresiva
pobreza circulan historias como esta. Las tortugas y las ranas han desaparecido de los
cursos de agua, dicen los campesinos; según la población local, a veces su ganado se
niega a beber de los arroyos que riegan sus tierras, o bien bebe y luego enferma o
muere.
Para los campesinos, la causa de la contaminación es evidente. Las montañas del lugar
contienen oro —uno de los minerales más escasos de la Tierra— en partículas, y la
empresa estadounidense Newmont Mining Corp., con ayuda financieradel Banco
Mundial, lleva 22 años volando montañas y utilizando sustancias químicas tóxicas para
extraerlo.
La mina de oro Yanacocha es una explotación a gran escala que se extiende por cientos
de kilómetros cuadrados a altitudes de hasta 4.000 metros. La Corporación Financiera
Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), que forma parte del Grupo del Banco
Mundial, concedió los créditos para ayudar a construir y ampliar la mina y posee una
pequeña participación en ella.
Desde 1993, Yanacocha ha dado un
rendimiento de más de 35 millones
de onzas de oro. Es la mayor mina
de este metal de Sudamérica y una
de las más productivas del mundo.
La explotación ha resultado
sumamente beneficiosa para el
gobierno central de Perú, siempre
falto de fondos. La empresa afirma
que, desde que empezaron las
operaciones, Yanacocha ha
aportado 2.750 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros) en ingresos fiscales
y derechos. Pero en los ranchos y los pueblos más próximos a la mina, la pobreza sigue
siendo una lacra sin resolver, y la animadversión hacia Yanacocha está muy extendida.
Hace 15 años, el vertido de mercurio de un camión hizo enfermar a cientos de habitantes
de tres pueblos vecinos. Diversos estudios han demostrado que se han producido
filtraciones de los metales pesados de la mina, en una zona en la que mucha gente ya
no tiene acceso al agua potable. Ya a principios de la década de los 2000 Stratus
Consulting lo advertía en un informe que repitió con similares resultados en años
posteriores. Los campesinos del lugar están profundamente preocupados por su salud
y la de sus familias.
“Si nuestros animales están muriendo a causa del agua contaminada, ¿qué va a pasar
con nosotros”, se preguntaba Felipe Flores, tío de Elvira.
“No causar daño”
No es nada raro que una explotación minera industrial tenga borrones en su currículo
medioambiental, pero se supone que los proyectos respaldados por fondos de una
institución del Grupo del Banco Mundial tienen que seguir unas normas más estrictas.
El Grupo del Banco Mundial financia proyectos de desarrollo económico en países
pobres y a menudo inestables en pos de una noble aspiración: acabar con la pobreza
en el mundo. Los prestatarios que aceptan un crédito del Banco Mundial, que concede
préstamos a los Gobiernos, o de la IFC, que lo hace a las empresas, deben respetar
unas normas específicas dirigidas a proteger a las personas y el medioambiente desde
un enfoque que definen como “no causar daño”.
“La IFC se ha comprometido a garantizar que los costes del desarrollo económico no
recaigan desproporcionadamente en los pobres y vulnerables, que el medio ambiente
no se degrade en el proceso, y que los recursos naturales renovables sean gestionados
de forma sostenible”, declaraba la institución crediticia en una revisión de su política de
sostenibilidad de 2012.
Pero un examen de las inversiones del grupo bancario por parte de The Huffington Post
y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha descubierto que,
en lugar de evitar los proyectos de alto riesgo con probables repercusiones nocivas, el
Grupo del Banco Mundial opta cada vez más por invertir en minas de oro como
Yanacocha: grandes, destructivas y plagadas de riesgos para el medio ambiente y para
las personas que viven en o cerca de los terrenos escogidos para su explotación.
Los prestamistas del Banco Mundial clasifican los proyectos en función de sus posibles
amenazas para la población y el medio ambiente. A pesar de que tanto la institución
como la IFC han recibidocríticas por subestimar los riesgos (críticas que afectan también
al Departamento del Tesoro estadounidense), un análisis de sus inversiones a lo largo
de la última década muestra un fuerte aumento de aquellas que, según la clasificación
del banco, previsiblemente tendrán impactos sociales y ambientales “irreversibles y sin
precedentes”.
De 2009 a 2013, las dos entidades crediticias inyectaron 50.000 millones de dólares en
239 proyectos de alto riesgo Categoría A, como presas, minas de cobre y oleoductos.
Los documentos muestran que la cantidad supera en más del doble a la del quinquenio
anterior. Gran parte de las iniciativas se sitúan en países como Perú, con Gobiernos
centrales débiles y normativas laxas.
“Aplicar una estrategia de alto riesgo en esos contextos es como echar cerillas a un
polvorín”, sentenciaba Natalie Fields, directora ejecutiva de Accountability Counsel, un
grupo jurídico que representa a los indígenas en conflicto con el Banco Mundial y la IFC.
“Es seguro que darán lugar a abusos o incluso que serán un fracaso”.
El examen por parte del grupo investigador de los proyectos de alto riesgo del Banco
Mundial surgió como parte de una indagación más amplia de las repercusiones que los
más de 455.000 millones destinados a inversiones entre 2004 y 2013 habían tenido para
las familias que vivían en las propiedades escogidas para ser explotadas o en sus
proximidades.
Según sus resultados, en ese período, 3,4 millones de personas perdieron sus hogares,
fueron despojadas de sus tierras o vieron sus medios de vida menoscabados por las
carreteras, las centrales eléctricas y otros proyectos respaldados por el grupo bancario.
Aunque muchas fueron compensadas por sus pérdidas, otras no recibieron nada a
cambio o fueron desalojadas por la fuerza sin darles tiempo a recoger sus escasas
pertenencias. Los informadores detectaron que, en docenas de casos, el Banco Mundial
y la IFC no obligaron a cumplir sus propias políticas dirigidas a proteger a estos
refugiados del desarrollo.
El daño ambiental suele tardar
más en hacerse visible que los
abusos infligidos directamente
a la población local, pero las
consecuencias para la gente
pueden ser igualmente
funestas.
En noviembre, el médico
estadounidense Jim Yong Kim,
presidente del Grupo del
Banco Mundial, instó a Estados
Unidos, China y otros grandes
países a que emprendan
iniciativas para combatir el cambio climático, que, según exponía en un blog para The
Huffington Post, supone una amenaza de enormes dimensiones para los pobres y los
desposeídos.
En los últimos años, los bancos supervisados por Kim han aumentado sus inversiones
en proyectos solares y eólicos, pero también han financiado otros que contribuyen a las
emisiones de gases de efectos invernadero, como las explotaciones petroleras frente a
las costas de Ghana y una gigantesca central térmica en Sudáfrica.
Las minas de oro plantean problemas diferentes. Las empresas mineras excavan pozos
colosales y mueven cargamentos de rocas que depositan en cúmulos más altos que
muchos edificios de oficinas. A continuación, rocían los promontorios con una solución
de cianuro. El cianuro se amalgama con las diminutas partículas de oro y se filtra a una
plataforma. La solución final se bombea a un molino, se refina y se convierte en lingotes
de oro.
Este método, ampliamente utilizado en todo el mundo, está automatizado en su mayor
parte y puede ser enormemente destructivo. Las balsas de “estériles” que contienen el
residuo contaminado con cianuro pueden resquebrajarse y derramar una riada tóxica
sobre las comunidades que viven aguas abajo, mientras que la lluvia puede arrastrar a
los arroyos el peligroso desecho, además de metales pesados. El drenaje ácido
procedente de las rocas expuestas suele perdurar mucho después del cierre de la mina.
“No conozco ningún caso en el que no haya habido algún problema de contaminación”,
afirma Keith Slack, un experto en minería de Oxfam, un grupo de defensa de los
derechos humanos.
Desde 2004, la IFC ha destinado 650.000 millones de dólares (583.000 millones de
euros) a 26 proyectos mineros relacionados con el oro.
En Perú, el organismo aportó 23 millones de dólares (20,6 millones de euros) para
construir Yanacocha a partir de 1993, y seis años más tarde financió una ampliación.
Asimismo, posee una participación del 5% en la propiedad de la mina. (El accionista
mayoritario es Newmont, con una participación del 51%. El resto de las acciones
pertenecen a Buenaventura, un socio peruano).
En una declaración enviada por correo electrónico, el banco afirmaba que la minería
ofrece “la mejor vía para salir de la pobreza” a muchos de los países más pobres del
mundo.
“Los proyectos mineros con éxito pueden generar flujos de efectivo vitales para los
Gobiernos, que estarán en condiciones de reinvertir en sanidad, educación y otros
servicios básicos”, afirma la declaración. “A los puestos de trabajo generados
directamente por la mina se añaden muchos otros que se generan indirectamente con
los negocios locales”.
Yanacocha asegura que la mina proporciona 2.300 puestos de trabajo directos. La
presencia de sus ejecutivos, que llenan la primera clase de los vuelos diarios que salen
de Lima, ha supuesto un empujón para los taxistas, los propietarios de restaurantes y
otros trabajadores del sector servicios.
Pero en los pueblos y las aldeas cercanos a la mina, la opinión dominante es que,
mientras que las empresas extranjeras, los bancos y el lejano Gobierno de Lima se
benefician de la explotación, a la población local le toca lidiar con el desastre social y
ambiental.
Según las últimas cifras del Gobierno, el 53% de los habitantes de la provincia de
Cajamarca, en la que se encuentra Yanacocha, viven por debajo del umbral nacional de
la pobreza, situado en alrededor de 100 dólares (90 euros) al mes. A pesar de sus
inmensas reservas de mineral, es la provincia más pobre de Perú.
Las autoridades locales no han contribuido a mejorar las cosas. Un estudio de 2012
afirma que la mayor parte de los impuestos transferidos al Gobierno regional no se ha
gastado.
“Esto nos pone en una situación difícil”, asegura Javier Velarde, un portavoz de
Yanacocha. “Nosotros no podemos cambiar el Gobierno”. Velarde señala que su
empresa ha invertido 500 millones de euros en construir carreteras y mejorar el
abastecimiento de agua, además de en otros proyectos sociales. Pero el gasto “no es lo
bastante significativo como para suponer una gran diferencia”, recalca.
Ahora, Yanacocha y su matriz, Newmont, quieren excavar cuatro lagos de montaña
cercanos y poner en explotación Conga, una mina de oro y cobre valorada en 4.300
millones de euros. Al igual que Yanacocha, Conga está en las tierras altas,
concretamente en la cabecera de una cuenca fluvial que riega centenares de kilómetros
cuadrados de tierras agrícolas y abastece de agua potable a los pueblos y aldeas
vecinos.
Newmont afirma que Conga es uno de los proyectos mineros más concienzudamente
estudiados de la historia de Perú, y que un equipo formado por expertos diversos ha
declarado que cumple con la normativa internacional.
Los que se oponen a la nueva mina no creen en las promesas de la empresa. “Agua y
no oro” es uno de los gritos de guerra de los adversarios de la explotación, que temen
que el proyecto contaminará las comunidades que viven aguas abajo.
En 2012, la policía mató a cinco personas que protestaban por la expansión a Conga.
El mismo año, un sondeo de opinión reveló que cuatro de cada cinco habitantes de
Cajamarca se oponían a la nueva explotación minera. Otra encuesta más reciente
llevada a cabo por Yanacocha mostró que el apoyo había aumentado… al 37%.
“El oro que sacan de nuestra región está manchado de sangre”, sentenciaba Milton
Sánchez, uno de los líderes del movimiento de protesta. “Los extranjeros se lo ponen en
las orejas, en el cuello y en los dedos para estar guapos, pero su vanidad va a costa de
nuestro sufrimiento. Hemos sido testigos de la destrucción de la cultura y del entorno.
Están destrozando a nuestras familias”.
A unos 50 kilómetros de Cajamarca, subiendo por una serpenteante carretera de dos
carriles, el rancho de los Flores ofrece un primer plano de la forma en que Yanacocha
ha transformado profundamente las vidas y el paisaje. Los pastos verdes y ondulantes
terminan de repente en la llaga intensamente roja de una montaña de la que se ha
eliminado toda vegetación. Mientas la joven Elvira cuenta la historia de las ovejas
muertas, un enorme camión minero pasa retumbando monte abajo.
Por la noche, las luces de la instalación centellean cerca, como un recordatorio de que
la prometida riqueza de dos décadas de minería no ha alcanzado a la población local.
Aquí la joyería de oro es un lujo inconcebible. Nadie tiene ni siquiera electricidad.
La mayor preocupación es también la mayor incógnita. Los científicos han observado
que los niveles de los nocivos metales pesados han aumentado en los suelos y el agua
de los alrededores de la mina. Yanacocha reconoce que anteriores análisis del agua ya
habían puesto de manifiesto la existencia de problemas, pero declara haber gastado
cientos de millones de dólares en modernizar sus plantas de tratamiento. La empresa
explica que ha enseñado a los campesinos a tomar muestras, de manera que puedan
verificar ellos mismos que el agua de la que dependen es segura. “Es importante ser
transparente”, concluye Velarde.
Grandes inversiones, grandes riesgos
El Grupo del Banco Mundial aspira a poner remedio a la pobreza “extrema” financiando
el desarrollo de las regiones más pobres del planeta. El objetivo es ambicioso. Más de
1.000 millones de personas de todo el mundo viven con menos de 1,25 dólares al día.
Según la IFC, de aquí a 2020 los países en desarrollo necesitarán 600 millones de
nuevos puestos de trabajo únicamente para mantener el ritmo del creciente aumento
demográfico.
En los últimos años, los créditos concedidos por el Banco Mundial han contribuido a que
se construyan carreteras que han conectado a poblaciones aisladas de Sri Lanka, han
asegurado cultivos que han hecho que aumenten las cosechas de arroz en Sierra Leona,
y han financiado un proyecto de paneles solares que ha llevado la electricidad a dos
millones de hogares rurales y comercios en Bangladesh.
Las innovadoras políticas de protección creadas por el Banco Mundial y la IFC exigen
que la entidad crediticia evalúe las inversiones en función de su impacto social y
ambiental antes de financiarlas. Los Gobiernos y las empresas que reciben el dinero del
banco están obligados a garantizar que las personas desplazadas reciban ayudas que
les aseguren un nuevo lugar donde vivir y un nuevo empleo. También se les exige que
eliminen, o al menos reduzcan al mínimo, la emisión de contaminantes.
“Cómo equilibrar el riesgo plantea un dilema”, señalaba Martyn Riddle, exasesor de la
IFC en materia de medio ambiente. “¿Dónde hay que trazar los límites de un proyecto
de interés comercial para una zona, frente a su huella ecológica y social?” El reciente
aumento de los casos de alto riesgo muestra que los funcionarios del Banco Mundial
cada vez están más dispuestos a apostar por que los beneficios de esos proyectos
superan a sus considerables perjuicios.
El BM y la IFC han financiado proyectos incluso en casos en los que Estados Unidos,
máximo accionista de la entidad, ha puesto objeciones. En 2010, el Departamento del
Tesoro declaraba que un crédito de 3.750 millones de dólares (3.370 millones de euros)
a un tipo de interés inferior al del mercado para financiar Medupi, una central térmica de
4.800 megavatios en Sudáfrica, “devalúa la estrategia del Banco Mundial de contribuir a
que los países alcancen el crecimiento económico y la reducción de la pobreza por vías
sostenibles desde el punto de vista medioambiental”.
Se prevé que Medupi emita 25 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al
año, más que la suma de las emisiones de docenas de países. (En la votación sobre la
central, Estados Unidos se abstuvo, en lugar de oponerse abiertamente). Entretanto, el
banco se ha comprometido a limitar la financiación de centrales térmicas a casos en que
se den “circunstancias excepcionales”.
Una propuesta de presa en el río Congo, que drena gran parte de África occidental y es
uno de los mayores cursos de agua del planeta, ilustra los pros y los contras de las
gigantescas inversiones en infraestructuras. El año pasado, el Banco Mundial aprobó
una concesión de 73 millones de dólares para ayudar al Gobierno congoleño a estudiar
el impacto ambiental y social de la obra. La presa, conocida como Inga Ill, produciría una
enorme cantidad de energía en un país que prácticamente carece de ella.
Sin embargo, los expertos en medio ambiente sostienen que los principales beneficiarios
serían las compañías mineras y las fundiciones de aluminio. Los ecologistas también
han expresado su preocupación por la posibilidad de que la represa del río provoque la
desecación de un delta crucial que actúa como un sumidero de carbono en el que queda
atrapado el primer gas responsable del calentamiento global.
Peter Bosshard, director de políticas de International Rivers, un grupo ecologista,
calificaba la presa de “quimera”. “En apariencia es realmente atractiva, y llenará un
montón de bolsillos privados y de funcionarios del Gobierno”, ironizaba, “pero nosotros
no vemos que vaya a beneficiar a los pobres”.
Un legado de conflicto
Cajamarca es el centro neurálgico de la minería moderna en Perú. Hace 500 años, los
conquistadores españoles capturaron allí al emperador inca Atahualpa y chantajearon a
sus súbditos exigiéndoles 24 toneladas de oro y plata antes de estrangularlo.
Newmont, cuya sede está en Denver, identificó primero un rico filón intacto de
yacimientos de mineral en las colinas que se elevan sobre la ciudad. Reunir el dinero
para financiar una mina resultaba problemático. Sendero Luminoso, un grupo rebelde
violento, tenía atenazado al país. Los bancos y las empresas extranjeras eran reacios a
invertir en Perú. Newmont acudió a la IFC, que se especializa en dar créditos para
lugares que otros evitan por miedo.
A comienzos de la década de 1990, los agentes de Yanacocha viajaron al corazón de
los Andes para acaparar propiedades. Muchos vendedores, pobres y analfabetos,
cuentan que no eran conscientes de que las rocas que había bajo sus campos
encerraban una enorme riqueza. Otros afirman que sus vecinos vendieron
fraudulentamente tierras que eran suyas.
Negritos, una comunidad en la que hay familias de La Pajuela, demandó a la compañía
minera ante un tribunal peruano, alegando que la empresa había expropiado ilegalmente
una extensión de terreno de casi dos veces el tamaño del neoyorquino Central Park. La
demanda acusaba a las personas que se atribuían la representación de la comunidad
de Negritos de no tener autoridad para negociar y de vender las tierras comunales sin
tener derecho a ello por el injusto precio de 30.000 dólares.
Yanacocha impugnó las alegaciones, y el año pasado un juez peruano se puso de parte
de la empresa y desestimó el caso. Negritos apeló la decisión y está esperando los
resultados.
Cuatro meses después del acuerdo de venta, Yanacocha hipotecó la misma propiedad
por 50 millones de dólares a International Finance Corp. y a un banco alemán. La mina
produjo el primer lingote de oro ese mismo año de 1993. Pronto surgieron más fricciones
por la duración de Yanacocha. Lo que se había previsto que fuese un proyecto a 10
años se prolongaba una y otra vez.
En 1999, en plenas restricciones a la financiación en Latinoamérica, la IFC concedió un
crédito de 60 millones de dólares para facilitar la expansión. “No se prevén impactos
significativos en los hábitats naturales debidos a las actividades del proyecto”,
manifestaba el banco en una evaluación. “El historial de Yanacocha en materia de
seguridad concuerda con la normativa internacional y ha mejorado con el tiempo”. Los
acontecimientos del año siguiente desmintieron esta afirmación.
En enero de 2000, miles de campesinos llenaron la plaza central de Cajamarca para
protestar contra la mina y las ampliaciones previstas. Los arroyos que antes corrían
transparentes se habían vuelto turbios y pestilentes, decían. Poco antes, el Ministerio
de Pesca había informado de que más de 21.000 truchas habían muerto debido a que
la escorrentía ácida había llegado a dos ríos que pasan cerca de Yanacocha.
Seis meses después, un camión que transportaba mercurio de la explotación derramó
más de 130 kilos del peligroso metal a lo largo de la carretera de Cajamarca cuando se
agrietó uno de los bidones que lo llevaba. Más tarde los investigadores dictaminaron que
el contenedor nunca se debería haber usado como para desechos tóxicos.
Creyendo que podría ser valioso, muchos lugareños recogieron el mercurio y se lo
llevaron a casa. En los días siguientes, alrededor de 1.000 personas presentaron
síntomas de intoxicación. Más tarde, los investigadores de la IFC reprocharon a
Yanacocha su “falta de respuesta sistemática y eficaz” tras el accidente, y declararon
que la empresa no había cumplido las normas internacionales relativas a la seguridad
del transporte de sustancias peligrosas.
“El vertido inclinó la balanza en contra de Yanacocha”, decía un habitante de Cajamarca
a los entrevistadores de la Oficina del Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de
Observancia de la IFC, creada en 1999 para ayudar a resolver disputas entre las
empresas respaldadas por la corporación y las comunidades vecinas. “A mucha gente,
sobre todo de la ciudad, en realidad no le importaba lo que estaba sucediendo en el
campo a los que vivían cerca de la mina. Cuando se enteraron de que ellos también
podían envenenarse con la contaminación empezaron a preocuparse”.
Al año siguiente, un grupo indígena se quejó ante el defensor de que Yanacocha estaba
causando daños a las tierras y el agua de los pueblos de la zona. En respuesta a la
reclamación, la oficina convocó una mesa de diálogo entre la compañía y los airados
agricultores y lugareños.
Un estudio efectuado en el marco de la mesa encontró que algunos arroyos contenían
elevados niveles de metales pesados, nitratos y otras sustancias nocivas. El informe,
elaborado por hidrólogos de Stratus Consulting, detectó que “en algunos lugares se
superaban” los patrones de referencia de la calidad del agua, lo cual planteaba un
“problema a largo plazo”. No obstante, según el estudio no había peligro a corto plazo
para las personas.
En un momento dado, los participantes en la mesa propusieron un “sistema de alerta
rápida” que establecía la elaboración de informes mensuales en las zonas críticas en
las que persistiese el problema de la calidad del agua. Nunca se hizo. El defensor
atribuyó la responsabilidad a “las limitaciones de recursos y la debilidad de las
instituciones en el seno de la mesa”.
La oficina puso fin a la queja y a la mesa sin dar nunca una respuesta satisfactoria para
las comunidades locales a la cuestión fundamental de si su agua estaba contaminada.
A lo largo de ese periodo, Yanacocha restó importancia a los riesgos del vertido de
mercurio y a la contaminación del agua, pero, entre bastidores, los ejecutivos de su
matriz, Newmont, mostraban inquietud por la corriente de publicidad negativa que
rodeaba a una de sus inversiones más importantes. Después del derrame de mercurio,
Newmont envió a Larry Kurlander, veterano vicepresidente de la empresa, a relizar una
inspección de la mina. Lo que vio allí le hizo alarmarse.
Según los documentos obtenidos en el marco de una investigación llevada a cabo en
2005 por Frontline y The New York Times, Kurlander descubrió que los campesinos
tenían motivos para preocuparse. Advirtió a los altos cargos de Newmont de que la
empresa había infringido las normativas medioambientales a una escala enorme, y de
que las malas prácticas con las que se había encontrado eran tan graves que el equipo
directivo estaba en peligro de “procesamiento penal o encarcelamiento”. “Estamos
incumpliendo nuestros propios permisos de explotación… y ese incumplimiento tiene
lugar prácticamente el 100% de las veces”, escribía. Kurlander, actualmente jubilado, no
ha respondido a los mensajes telefónicos que se dejaron en su domicilio.
A raíz del estudio del agua, Yanacocha gastó cientos de millones de dólares en
modernizar una planta de tratamiento y en idear un nuevo método para capturar y filtrar
la escorrentía de la mina, refería Velarde, portavoz de Yanacocha. “No es todo perfecto,
de vez en cuando tenemos problemas, sobre todo en la época de lluvias, pero
informamos inmediatamente de ellos a las comunidades”, insistía.
Víctor Mendoza, líder de una cooperativa agrícola de una minúscula comunidad de
Negritos llamada Extrema decía que, puntualmente, la empresa se ha esforzado en
mejorar las relaciones construyendo un tejado nuevo para la escuela de su hijo en un
caso y dando una cabra a cada una de las 79 familias de Extrema en otro.
Estas donaciones no han servido en absoluto para mitigar su preocupación por lo que
la escorrentía de la mina está provocando en el agua sin filtrar que sus tres hijos y otros
miembros de la familia cogen de un arroyo que fluye desde las zonas altas cercanas al
punto donde se encuentra Yanacocha. Mendoza explicaba que sus animales, que
también beben agua del arroyo, tienen tasas de aborto muy altas.
Su comunidad, refería este hombre de 32 años, está desecha por décadas de
incertidumbre y desavenencias sobre Yanacocha. “Llevamos discutiendo sobre ello
desde que éramos niños”, recordaba.
En noviembre de 2011, agentes de policía pluriempleados por la empresa minera
dispararon gases lacrimógenos, balas de goma y munición real contra una multitud de
campesinos que había instalado un campamento de protesta cerca de Conga, la mina
que la empresa espera poner en explotación con el apoyo de la IFC. Elmer Campos
sintió el impacto de la bala en su espalda cuando se inclinó para ayudar a un amigo al
que habían disparado. Perdió un riñón y el bazo, y sufrió una lesión en la médula espinal
que lo dejó paralizado de cintura para abajo.
Ahora, Campos pasa sus días en una herrumbrosa silla de ruedas dentro de una
habitación diminuta. Su esposa trabaja duramente en lo que queda del rancho familiar,
que han ido dividiendo en parcelas y vendiendo para pagar el tratamiento médico.
Cuenta que el dolor nunca se va. “Por la noche apenas puedo dormir. No puedo andar
ni salir. Estoy preso en mi propia casa”.
El verano después de que le disparasen, la policía nacional abrió fuego contra otra
multitud de manifestantes y mató a cinco personas, entre ellas un chico de 16 años. La
policía alegó que habían intentado asaltar las oficinas del Gobierno provincial de la
ciudad de Celendín, partidario de la mina.
Los tiroteos fueron noticia internacional, y en Perú recibieron una condena generalizada.
A consecuencia de ello, Newmont suspendió el proyecto Conga indefinidamente.
Más adelante, ese mismo año, la empresa dio el inusual paso de hacer pública una
petición formal de perdón por sus acciones del pasado. “No nos sentimos orgullosos del
estado actual de nuestras relaciones con la población de Cajamarca”, escribieron los
ejecutivos en diciembre de 2012. “Deseamos aprovechar la ocasión para reconocer los
errores que hemos cometido en la forma de comportarnos y de dirigir el negocio”.
Velarde afirmaba que, en los últimos años, la empresa se ha esforzado por impulsar el
apoyo de la comunidad. Por ejemplo, ha empleado a más contratistas locales, de
manera que la zona participe más completamente de la prosperidad económica que ha
traído la mina. “La verdad es que en el pasado la empresa no se esforzó lo suficiente
para que la gente del lugar tuviera los máximos beneficios”, reconocía.
Los ejecutivos de Yanacocha siguen queriendo construir una nueva mina. En los pozos
existentes el oro se está agotando. Según la empresa, se espera que las reservas que
quedan duren unos cinco años más. La empresa y su matriz, Newmont, sostienen que
un informe de evaluación ambiental de 27.000 páginas demuestra que Conga, que tiene
unas reservas de más de seis millones de onzas de oro y unos depósitos de cobre
mucho mayores, es segura. El informe, redactado para Newmont por una consultora en
2010, concluía que la mina “no tendrá impacto significativo aguas abajo”.
Newmont indica que se calcula que la explotación proporcionará 2.700 millones en
impuestos y derechos, y garantizará miles de puestos de trabajo. Varios evaluadores
independientes han calificado el estudio sobre el impacto ambiental de confuso,
engañoso e incompleto. Robert Moran, un especialista contratado por el Centro Legal
de Defensores del Medio Ambiente, que defiende a los que luchan por proteger el
entorno en los países en desarrollo, calificó el estudio de receptáculo de “medias
verdades y opiniones interpretadas incorrectamente”.
Yanacocha recalca que no seguirá adelante con la mina hasta que no tenga la
“autorización social” de la población de la zona. Según Velarde, se prevé que hasta
finales de año no haya una decisión final sobre cómo proceder. Mientras tanto,
Yanacocha está construyendo presas que asegura que compensarán la pérdida de
cuatro lagunas en Conga. Si el proyecto se lleva a cabo, los pequeños lagos se
destruirán o se convertirán en depósitos de residuos.
Los ejecutivos se han trasladado a Cajamarca y en este momento están en primera línea
de una campaña de relaciones públicas que ha incluido el patrocinio de un programa de
pintura para escolares y el empleo de más contratistas de la zona como proveedores de
la mina, informa Velarde. “Todavía no estamos donde queremos estar, pero vamos
progresando”, resume.
En una declaración por correo electrónico, la IFC afirma tomarse en serio los riesgos
asociados con la minería. “En el caso de Yanacocha, nuestro cliente se ha
comprometido a mejorar la situación sobre el terreno”, especificaba el banco. “Nuestra
constante colaboración con clientes comprometidos puede distinguirnos como vehículo
de un impacto positivo en el desarrollo”. La IFC “valorará qué papel nos corresponde
desempeñar con los socios del proyecto en la propuesta mina de Conga cuando llegue
el momento adecuado”, añade Vecino.
Cuando las ovejas de los Flores murieron en otoño de 2013, funcionarios de la agencia
agraria de Perú analizaron los órganos de los animales y el agua de los arroyos locales
en busca de toxinas. Según la empresa minera, los resultados no fueron concluyentes.
Yanacocha compensó a Felipe Flores por el ganado perdido, a pesar de que —de
acuerdo con la versión de la compañía— el relato de la familia es incorrecto en un detalle
clave.
Omar Jabara, portavoz de Newmont, puntualizaba en un correo electrónico que los
animales bebieron de un charco con fluido tóxico cerca de una planta de procesado
situada en terrenos de la compañía, al otro lado de una valla que había sido cortada, y
no de un arroyo, como afirma la familia. La “causa probable” de las muertes fue que
bebieron del charco contaminado, opinaba Jabara.
Expertos en toxicología explicaron a The Huffington Post que el incidente descrito por
Flores podría ser consecuencia del vertido accidental de una toxina, como el cianuro, en
un curso de agua. Informan de que ese tipo de vertidos pueden dejar pocas evidencias,
y a no ser que el análisis se haga inmediatamente después, es posible que,
sencillamente, con el tiempo, el agua se lleve el veneno. Mientras tanto, los interrogantes
sobre la contaminación del agua siguen abiertos.
En 2014, especialistas en seguridad alimentaria de la Universidad de Barcelona
encontraron niveles altos de plomo, cadmio y otros metales pesados en los alimentos y
el agua de comunidades próximas a Yanacocha. Los registros más altos correspondían
a las cercanías de La Pajuela. Estos metales se asocian con altas tasas de cáncer e
insuficiencia renal, así como con enfermedades cardiovasculares. “Es razonable
aconsejar a los habitantes de La Pajuela que no beban de sus fuentes de agua”, concluía
el informe.
Un asesor ambiental contratado por Newmont para revisar el estudio de Barcelona lo
calificó de “básicamente defectuoso”.
En diciembre, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de Perú hicieron público
un estudio que señalaba que había habido una filtración de agua contaminada de la
mina a la comunidad de San José, cerca de La Pajuela. Yanacocha también puso en
duda estas conclusiones.
En la actualidad, el defensor del pueblo de la IFC está estudiando varias demandas
relacionadas con litigios sobre tierras en los que está involucrada Yanacocha. El banco
no ha revisado el asunto de la contaminación del agua en más de una década, pero
afirma que las lecciones aprendidas después del vertido de mercurio “se incorporaron
directamente” a la mejora de sus normas de actuación.
En la carretera que lleva al rancho, Yanacocha ha puesto una señal verde como las que
se suelen ver en Estados Unidos recordando a los conductores que no tiren desperdicios
o que respeten los límites de velocidad. “Los seres humanos somos los únicos
guardianes de nuestro entorno natural”, dice. “Conservémoslo”.
Ahora, Felipe Flores se trae el agua de más arriba de Cajamarca, a una hora en coche.
Pero sus animales siguen bebiendo del arroyo, y sus hijos siguen bebiendo la leche y
comiendo el queso que estos producen. Y lo mismo pasa con el resto de Perú. Flores
explica que vende alrededor de 60 litros de leche al día a Nestlé, que distribuye
productos agrícolas por todo el país.
Cuando era joven, recuerda, recibió la mina de oro con entusiasmo. Incluso trabajó un
tiempo para la empresa. La realidad que hay detrás de esa clase de explotación le hizo
cambiar de parecer. “No son los vecinos que dijeron que serían”, concluye.¿

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Fondo monetario internacional

  • 1. FondoMonetarioInternacional El Fondo Monetario Internacional(FMI) es una organización internacional resultante de la Conferencia de Bretton Woods (1944). Concebida al final de la Segunda Guerra Mundial, sus idealizadores tenían como objetivo construir una estructura de cooperación que evitara la repetición de las políticas económicas que llevaron a la Gran Depresión de los años 1930 y al conflicto que se dio posteriormente. Los objetivos declarados de la organización son promover la cooperación económica internacional, el comercio internacional, el empleo y la estabilidad cambiaria, inclusive mediante el otorgamiento de recursos financieros a los países miembros con el fin de aportar al equilibrio de sus balanzas de pagos. Los 188 países miembros contribuyen poniendo a disposición del FMI una parte de sus reservas internacionales. En caso de necesidad, el Fondo utiliza esos recursos para operaciones de préstamo, buscando ayudar a países que enfrentan desequilibrios en sus pagos. Los recursos son desembolsados por medio del cumplimiento de requisitos establecidos en un programa negociado con el Fondo. Además de los préstamos para auxiliar a países en dificultades, el FMI realiza un seguimiento periódico de la política económica de sus miembros, así como hace recomendaciones. El secretariado del FMI elabora evaluaciones, análisis estadísticos y presenta previsiones económicas globales, regionales y por país. El Fondo también proporciona asistencia técnica y entrenamiento en su área de competencia. A diferencia de lo que ocurre en otras organizaciones internacionales, en las cuales las decisiones son tomadas de acuerdo al principio de que un país equivale a un voto, el FMI sigue un modelo corporativo de toma de decisiones. El poder del voto de cada país se determina por la proporción de cuotas que posee en el Fondo. La revisión de distribución de cuotas se realiza periódicamente, constituyendo una oportunidad para que la institución pase a reflejar el aumento de la participación relativa de los países emergentes en la economía mundial. Brasil tiene un compromiso con la promoción de la reforma del FMI, a fin de aumentar el peso de economías emergentes y en desarrollo de la institución. La estructura organizacional del FMI está encabezada por la Asamblea de Gobernantes (donde el titular brasileño es el Ministro de Hacienda), que toma decisiones y elige el Consejo de Directores. Hay sólo 24 directores, lo que hace con que muchos directores representen un grupo de países (“constituency”). En el caso del Brasil, su Director también representa los siguientes países: Cabo Verde, Ecuador, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Timor Leste, Trinidad y Tobago. Las directrices políticas de la organización se definen en reuniones bianuales a nivel ministerial del Consejo de Asuntos Financieros y Monetarios. Esas reuniones, realizadas generalmente en la sede central en abril y octubre, congregan a un número de ministros correspondiente al número de directores. En el caso del Brasil, el representante es el Ministro de Hacienda.
  • 2. FMI: POLÍTICAS ECONÓMICAS Y OPERACIONES MINERAS IMPULSARÁN ECONOMÍA DEL PERÚ País pasa por revés temporal y crecimiento se dinamizará: Conferencia de prensa sobre las perspectivas de la economía mundial, realizada en Washington. 10:39 | Washington, abr. 14. Por Juan Carlos Cruzado, enviado especial: La encargada del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Oya Celasun, señaló hoy que las políticas económicas del Gobierno peruano y las nuevas operaciones mineras previstas para este año impulsarán la economía en el 2015 y 2016. En conferencia de prensa, luego de presentar las perspectivas de la economía mundial, indicó que la acción política concertada en nuestro país y la entrada de nuevas operaciones mineras favorecerán un repunte en el 2015, pues el Perú atraviesa por un revés temporal y en los próximos años recuperará mayores tasas de crecimiento. PBI de 5 % en el 2016 De acuerdo con el informe del FMI, nuestro país crecerá 3.8 por ciento este año y en el 2016 mostrará un mayor dinamismo y se expandirá 5 por ciento. La analista refirió que el Gobierno adoptó un programa de estímulos, en vista de la desaceleración global, de dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), y hubo una distención monetaria. “En ese sentido, esperamos que el crecimiento del Perú esté más cerca de 4 por ciento este año y si bien las autoridades tienen estimaciones ligeramente superiores, ambos observamos este desempeño como un revés temporario y que el avance seguirá en los próximos años”, puntualizó. Factores Celasun explicó que el Perú se vio afectado por la desaceleración de los precios de los metales en el exterior. "El Perú dinamizó su crecimiento con mucha fuerza en el 2013 y luego llegó a niveles de expansión cercanos a 3 por ciento el año pasado, debido a la baja de los precios de los metales", respondió ante la consulta de la Agencia Andina. Asimismo, mencionó que existieron algunos factores domésticos que provocaron una menor producción en algunas minas temporalmente, “algo que culminó el año pasado”. Inflación En el mismo informe del FMI se proyecta también que la inflación en el Perú al cierre del 2015 será de 2.5 por ciento; mientras que el año siguiente se situará en 2 por ciento. En tanto, el desempleo se mantendrá en 6 por ciento. (FIN) JCC/JJN GRM / Publicado: 14/4/2015
  • 3. FMI: MENORES COSTOSDE PRODUCCIÓN MINERA EN PERÚ, LE PERMITIRÁSOBRELLEVARCAÍDA DE COMMODITIES Patrick Blagrave, economista del FMI, consideró que Perú es uno de los países con menor costo de producción en minería, situación que le favorece de darse una posible caída en el precio internacional de los metales. REDACCIÓN GESTIÓN / 01.11.2016 - 12:10 PM El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó ante el Banco Central de Reserva (BCR) su último reporte de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO por sus siglas en inglés), el último 31 de octubre. Durante el evento, Patrick Blagrave, economista de la División de Supervisión Multilateral del Departamento de Investigación del FMI, subrayó que el Perú es uno de los países con menor costo de producción en minería, lo que le permitiría sobrellevar una posible caída en el precio internacional de los metales. Asimismo, señaló durante su ponencia sobre "Los Efectos de Contagio de la Transición en China y la Migración", que a pesar de los desafíos que presentan, la transición de China y la migración, si se gestionan bien pueden tener efectos favorables en el largo plazo. "La transición en curso en China hacia una economía basada en el consumo y los cambios demográficos causados por la migración son dos fenómenos que surgen en economías emergentes y cuyos efectos de contagio influyen en muchas otras economías, tanto emergentes como avanzadas", detalló. En esa línea, el funcionario estimó que estos efectos de contagio, si bien en el corto plazo presentan desafíos, en el largo plazo pueden encauzarse para dar un impulso a la economía mundial. El economista precisó que las proyecciones del FMI muestran que un aumento de 1 punto porcentual en el número de trabajadores migrantes se traduce en un incremento, de 2 puntos porcentuales del PBI en el largo plazo de las economías que reciben estos trabajadores.
  • 4. PROYECCIONES Por su parte Eugenio Cerutti, asistente del Director del Departamento de Investigación del FMI, señaló que la economía global registrará una expansión de 3.1% este año y el próximo año el crecimiento se acelerará a 3.4 % impulsado por el dinamismo de los mercados emergentes. En esa línea, recomendó que los países deben utilizar todas las herramientas de política económica para mejorar sus perspectivas de crecimiento. "Para respaldar el crecimiento a corto plazo, los bancos centrales de las economías avanzadas deben mantener políticas monetarias expansivas. Y cuando sea posible, los gobiernos deberían incrementar el gasto en educación e infraestructura para ampliar la capacidad productiva", aconsejó el economista. También opinó que en los países es necesario contrarrestar la disminución del crecimiento potencial, mediante reformas estructurales para incrementar las tasas de participación laboral y reducir las barreras de acceso a los mercados. Por último, Eugenio Cerutti quien expuso sobre "Cómo Allanar el Camino del Comercio", sostuvo que la debilidad de la actividad económica, en especial la de las inversiones, representa cerca de 75% de la dramática desaceleración del volumen del comercio desde 2012. "La liberalización del comercio se ha estancado y el proteccionismo y la lenta dispersión de la producción transfronteriza también estancan el comercio, aunque a un menor grado", precisó. Ante este panorama, consideró como probable que los volúmenes del comercio permanezcan moderados, a menos que aumenten la inversión y el crecimiento. En su mensaje central, el funcionario del FMI comentó que las reformas comerciales junto con medidas que ayuden a los más expuestos, revitalizarán el comercio, lo que ayudaría a difundir la tecnología, el conocimiento y la experiencia.
  • 5. CÓMO EL BANCO MUNDIAL LE PRESTÓ MÁS DE US$ 80 MILLONES A YANACOCHA, MINERA DENUNCIADA POR CONTAMINACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE TERRENOS, PARA LUEGO CONVERTIRSE EN SOCIO DE LA COMPAÑÍA. Las denuncias de contaminación contra Yanacocha provocaron que en 2001, Newmont, una de las accionistas de la minera, enviara a su vicepresidente, Larry Kurlander, a inspeccionar el proyecto en Cajamarca, al norte de Perú. “Estamos incumpliendo nuestros propios permisos de explotación…”, reconoció Kurlander. Solo entre 2010 y 2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalizción Ambiental (OEFA) inició a la empresa doce procesossancionadores por infracciones medioambientales. A pesar de ello fue una de las compañías beneficiadas por la ley 30230, que le permitió ser exonerada de tres multas por infracciones detectadas en el campamento Chaupiloma Sur como demostró Convoca. El crecimiento de la compañía no habría sido posible si la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo del Grupo del Banco Mundial (BM), no hubiese aportado 23 millones de dólares para inaugurar el proyecto en 1993. Seis años después, IFC no dudó en prestar 60 millones más para una ampliación del depósito minero La Quinua. La relación del BM y la mina no se limitó a préstamos: hoy IFC tiene el 5% de acciones de Yanacocha. En Perú, este organismo financió nueve proyectos de diversos sectores, de los cuales tres provocaron el desplazamiento de mil 149 personas entre 2004 y 2010. Esta es la historia de la minera financiada por el Banco Mundial, organismo cuyos representantes llegarán a Lima la próxima semana para su reunión anual con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por: Ben Hallman y Roxana Olivera, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) Para Elvira Flores, una pastora adolescente de las tierras altas andinas del norte de Perú, todo empezó como una más de las tareas del rancho. El 8 de septiembre de 2013 cruzó con su rebaño una pista de tierra que atraviesa los pedregosos campos de su familia y bajó a un arroyo. Cuando las ovejas hubieron bebido hasta hartarse, algo no fue como debía. “De repente empezaron a saltar, a darse patadas en el vientre y a golpear las cabezas contra el suelo”, recordaba la tímida joven de 16 años una tempestuosa tarde de un año después, envolviéndose con el jersey para protegerse del frío. “Les salía espuma blanca por la boca y la nariz”. Una a una, las 18 ovejas se desplomaron y murieron. Flores las observaba impotente. “En cinco minutos todo había terminado”, explicaba. Hace dos décadas que entre la gente que subsiste a duras penas en La Pajuela y las comunidades vecinas de esta región de sobrecogedora belleza natural y opresiva pobreza circulan historias como esta. Las tortugas y las ranas han desaparecido de los cursos de agua, dicen los campesinos; según la población local, a veces su ganado se niega a beber de los arroyos que riegan sus tierras, o bien bebe y luego enferma o muere. Para los campesinos, la causa de la contaminación es evidente. Las montañas del lugar contienen oro —uno de los minerales más escasos de la Tierra— en partículas, y la empresa estadounidense Newmont Mining Corp., con ayuda financieradel Banco Mundial, lleva 22 años volando montañas y utilizando sustancias químicas tóxicas para extraerlo.
  • 6. La mina de oro Yanacocha es una explotación a gran escala que se extiende por cientos de kilómetros cuadrados a altitudes de hasta 4.000 metros. La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), que forma parte del Grupo del Banco Mundial, concedió los créditos para ayudar a construir y ampliar la mina y posee una pequeña participación en ella. Desde 1993, Yanacocha ha dado un rendimiento de más de 35 millones de onzas de oro. Es la mayor mina de este metal de Sudamérica y una de las más productivas del mundo. La explotación ha resultado sumamente beneficiosa para el gobierno central de Perú, siempre falto de fondos. La empresa afirma que, desde que empezaron las operaciones, Yanacocha ha aportado 2.750 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros) en ingresos fiscales y derechos. Pero en los ranchos y los pueblos más próximos a la mina, la pobreza sigue siendo una lacra sin resolver, y la animadversión hacia Yanacocha está muy extendida. Hace 15 años, el vertido de mercurio de un camión hizo enfermar a cientos de habitantes de tres pueblos vecinos. Diversos estudios han demostrado que se han producido filtraciones de los metales pesados de la mina, en una zona en la que mucha gente ya no tiene acceso al agua potable. Ya a principios de la década de los 2000 Stratus Consulting lo advertía en un informe que repitió con similares resultados en años posteriores. Los campesinos del lugar están profundamente preocupados por su salud y la de sus familias. “Si nuestros animales están muriendo a causa del agua contaminada, ¿qué va a pasar con nosotros”, se preguntaba Felipe Flores, tío de Elvira. “No causar daño” No es nada raro que una explotación minera industrial tenga borrones en su currículo medioambiental, pero se supone que los proyectos respaldados por fondos de una institución del Grupo del Banco Mundial tienen que seguir unas normas más estrictas. El Grupo del Banco Mundial financia proyectos de desarrollo económico en países pobres y a menudo inestables en pos de una noble aspiración: acabar con la pobreza en el mundo. Los prestatarios que aceptan un crédito del Banco Mundial, que concede préstamos a los Gobiernos, o de la IFC, que lo hace a las empresas, deben respetar unas normas específicas dirigidas a proteger a las personas y el medioambiente desde un enfoque que definen como “no causar daño”. “La IFC se ha comprometido a garantizar que los costes del desarrollo económico no recaigan desproporcionadamente en los pobres y vulnerables, que el medio ambiente no se degrade en el proceso, y que los recursos naturales renovables sean gestionados de forma sostenible”, declaraba la institución crediticia en una revisión de su política de sostenibilidad de 2012. Pero un examen de las inversiones del grupo bancario por parte de The Huffington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha descubierto que, en lugar de evitar los proyectos de alto riesgo con probables repercusiones nocivas, el Grupo del Banco Mundial opta cada vez más por invertir en minas de oro como
  • 7. Yanacocha: grandes, destructivas y plagadas de riesgos para el medio ambiente y para las personas que viven en o cerca de los terrenos escogidos para su explotación. Los prestamistas del Banco Mundial clasifican los proyectos en función de sus posibles amenazas para la población y el medio ambiente. A pesar de que tanto la institución como la IFC han recibidocríticas por subestimar los riesgos (críticas que afectan también al Departamento del Tesoro estadounidense), un análisis de sus inversiones a lo largo de la última década muestra un fuerte aumento de aquellas que, según la clasificación del banco, previsiblemente tendrán impactos sociales y ambientales “irreversibles y sin precedentes”. De 2009 a 2013, las dos entidades crediticias inyectaron 50.000 millones de dólares en 239 proyectos de alto riesgo Categoría A, como presas, minas de cobre y oleoductos. Los documentos muestran que la cantidad supera en más del doble a la del quinquenio anterior. Gran parte de las iniciativas se sitúan en países como Perú, con Gobiernos centrales débiles y normativas laxas. “Aplicar una estrategia de alto riesgo en esos contextos es como echar cerillas a un polvorín”, sentenciaba Natalie Fields, directora ejecutiva de Accountability Counsel, un grupo jurídico que representa a los indígenas en conflicto con el Banco Mundial y la IFC. “Es seguro que darán lugar a abusos o incluso que serán un fracaso”. El examen por parte del grupo investigador de los proyectos de alto riesgo del Banco Mundial surgió como parte de una indagación más amplia de las repercusiones que los más de 455.000 millones destinados a inversiones entre 2004 y 2013 habían tenido para las familias que vivían en las propiedades escogidas para ser explotadas o en sus proximidades. Según sus resultados, en ese período, 3,4 millones de personas perdieron sus hogares, fueron despojadas de sus tierras o vieron sus medios de vida menoscabados por las carreteras, las centrales eléctricas y otros proyectos respaldados por el grupo bancario. Aunque muchas fueron compensadas por sus pérdidas, otras no recibieron nada a cambio o fueron desalojadas por la fuerza sin darles tiempo a recoger sus escasas pertenencias. Los informadores detectaron que, en docenas de casos, el Banco Mundial y la IFC no obligaron a cumplir sus propias políticas dirigidas a proteger a estos refugiados del desarrollo. El daño ambiental suele tardar más en hacerse visible que los abusos infligidos directamente a la población local, pero las consecuencias para la gente pueden ser igualmente funestas. En noviembre, el médico estadounidense Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial, instó a Estados Unidos, China y otros grandes países a que emprendan iniciativas para combatir el cambio climático, que, según exponía en un blog para The Huffington Post, supone una amenaza de enormes dimensiones para los pobres y los desposeídos.
  • 8. En los últimos años, los bancos supervisados por Kim han aumentado sus inversiones en proyectos solares y eólicos, pero también han financiado otros que contribuyen a las emisiones de gases de efectos invernadero, como las explotaciones petroleras frente a las costas de Ghana y una gigantesca central térmica en Sudáfrica. Las minas de oro plantean problemas diferentes. Las empresas mineras excavan pozos colosales y mueven cargamentos de rocas que depositan en cúmulos más altos que muchos edificios de oficinas. A continuación, rocían los promontorios con una solución de cianuro. El cianuro se amalgama con las diminutas partículas de oro y se filtra a una plataforma. La solución final se bombea a un molino, se refina y se convierte en lingotes de oro. Este método, ampliamente utilizado en todo el mundo, está automatizado en su mayor parte y puede ser enormemente destructivo. Las balsas de “estériles” que contienen el residuo contaminado con cianuro pueden resquebrajarse y derramar una riada tóxica sobre las comunidades que viven aguas abajo, mientras que la lluvia puede arrastrar a los arroyos el peligroso desecho, además de metales pesados. El drenaje ácido procedente de las rocas expuestas suele perdurar mucho después del cierre de la mina. “No conozco ningún caso en el que no haya habido algún problema de contaminación”, afirma Keith Slack, un experto en minería de Oxfam, un grupo de defensa de los derechos humanos. Desde 2004, la IFC ha destinado 650.000 millones de dólares (583.000 millones de euros) a 26 proyectos mineros relacionados con el oro. En Perú, el organismo aportó 23 millones de dólares (20,6 millones de euros) para construir Yanacocha a partir de 1993, y seis años más tarde financió una ampliación. Asimismo, posee una participación del 5% en la propiedad de la mina. (El accionista mayoritario es Newmont, con una participación del 51%. El resto de las acciones pertenecen a Buenaventura, un socio peruano). En una declaración enviada por correo electrónico, el banco afirmaba que la minería ofrece “la mejor vía para salir de la pobreza” a muchos de los países más pobres del mundo. “Los proyectos mineros con éxito pueden generar flujos de efectivo vitales para los Gobiernos, que estarán en condiciones de reinvertir en sanidad, educación y otros servicios básicos”, afirma la declaración. “A los puestos de trabajo generados directamente por la mina se añaden muchos otros que se generan indirectamente con los negocios locales”. Yanacocha asegura que la mina proporciona 2.300 puestos de trabajo directos. La presencia de sus ejecutivos, que llenan la primera clase de los vuelos diarios que salen de Lima, ha supuesto un empujón para los taxistas, los propietarios de restaurantes y otros trabajadores del sector servicios. Pero en los pueblos y las aldeas cercanos a la mina, la opinión dominante es que, mientras que las empresas extranjeras, los bancos y el lejano Gobierno de Lima se benefician de la explotación, a la población local le toca lidiar con el desastre social y ambiental. Según las últimas cifras del Gobierno, el 53% de los habitantes de la provincia de Cajamarca, en la que se encuentra Yanacocha, viven por debajo del umbral nacional de
  • 9. la pobreza, situado en alrededor de 100 dólares (90 euros) al mes. A pesar de sus inmensas reservas de mineral, es la provincia más pobre de Perú. Las autoridades locales no han contribuido a mejorar las cosas. Un estudio de 2012 afirma que la mayor parte de los impuestos transferidos al Gobierno regional no se ha gastado. “Esto nos pone en una situación difícil”, asegura Javier Velarde, un portavoz de Yanacocha. “Nosotros no podemos cambiar el Gobierno”. Velarde señala que su empresa ha invertido 500 millones de euros en construir carreteras y mejorar el abastecimiento de agua, además de en otros proyectos sociales. Pero el gasto “no es lo bastante significativo como para suponer una gran diferencia”, recalca. Ahora, Yanacocha y su matriz, Newmont, quieren excavar cuatro lagos de montaña cercanos y poner en explotación Conga, una mina de oro y cobre valorada en 4.300 millones de euros. Al igual que Yanacocha, Conga está en las tierras altas, concretamente en la cabecera de una cuenca fluvial que riega centenares de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas y abastece de agua potable a los pueblos y aldeas vecinos. Newmont afirma que Conga es uno de los proyectos mineros más concienzudamente estudiados de la historia de Perú, y que un equipo formado por expertos diversos ha declarado que cumple con la normativa internacional. Los que se oponen a la nueva mina no creen en las promesas de la empresa. “Agua y no oro” es uno de los gritos de guerra de los adversarios de la explotación, que temen que el proyecto contaminará las comunidades que viven aguas abajo. En 2012, la policía mató a cinco personas que protestaban por la expansión a Conga. El mismo año, un sondeo de opinión reveló que cuatro de cada cinco habitantes de Cajamarca se oponían a la nueva explotación minera. Otra encuesta más reciente llevada a cabo por Yanacocha mostró que el apoyo había aumentado… al 37%. “El oro que sacan de nuestra región está manchado de sangre”, sentenciaba Milton Sánchez, uno de los líderes del movimiento de protesta. “Los extranjeros se lo ponen en las orejas, en el cuello y en los dedos para estar guapos, pero su vanidad va a costa de nuestro sufrimiento. Hemos sido testigos de la destrucción de la cultura y del entorno. Están destrozando a nuestras familias”. A unos 50 kilómetros de Cajamarca, subiendo por una serpenteante carretera de dos carriles, el rancho de los Flores ofrece un primer plano de la forma en que Yanacocha ha transformado profundamente las vidas y el paisaje. Los pastos verdes y ondulantes terminan de repente en la llaga intensamente roja de una montaña de la que se ha eliminado toda vegetación. Mientas la joven Elvira cuenta la historia de las ovejas muertas, un enorme camión minero pasa retumbando monte abajo. Por la noche, las luces de la instalación centellean cerca, como un recordatorio de que la prometida riqueza de dos décadas de minería no ha alcanzado a la población local. Aquí la joyería de oro es un lujo inconcebible. Nadie tiene ni siquiera electricidad. La mayor preocupación es también la mayor incógnita. Los científicos han observado que los niveles de los nocivos metales pesados han aumentado en los suelos y el agua de los alrededores de la mina. Yanacocha reconoce que anteriores análisis del agua ya habían puesto de manifiesto la existencia de problemas, pero declara haber gastado
  • 10. cientos de millones de dólares en modernizar sus plantas de tratamiento. La empresa explica que ha enseñado a los campesinos a tomar muestras, de manera que puedan verificar ellos mismos que el agua de la que dependen es segura. “Es importante ser transparente”, concluye Velarde. Grandes inversiones, grandes riesgos El Grupo del Banco Mundial aspira a poner remedio a la pobreza “extrema” financiando el desarrollo de las regiones más pobres del planeta. El objetivo es ambicioso. Más de 1.000 millones de personas de todo el mundo viven con menos de 1,25 dólares al día. Según la IFC, de aquí a 2020 los países en desarrollo necesitarán 600 millones de nuevos puestos de trabajo únicamente para mantener el ritmo del creciente aumento demográfico. En los últimos años, los créditos concedidos por el Banco Mundial han contribuido a que se construyan carreteras que han conectado a poblaciones aisladas de Sri Lanka, han asegurado cultivos que han hecho que aumenten las cosechas de arroz en Sierra Leona, y han financiado un proyecto de paneles solares que ha llevado la electricidad a dos millones de hogares rurales y comercios en Bangladesh. Las innovadoras políticas de protección creadas por el Banco Mundial y la IFC exigen que la entidad crediticia evalúe las inversiones en función de su impacto social y ambiental antes de financiarlas. Los Gobiernos y las empresas que reciben el dinero del banco están obligados a garantizar que las personas desplazadas reciban ayudas que les aseguren un nuevo lugar donde vivir y un nuevo empleo. También se les exige que eliminen, o al menos reduzcan al mínimo, la emisión de contaminantes. “Cómo equilibrar el riesgo plantea un dilema”, señalaba Martyn Riddle, exasesor de la IFC en materia de medio ambiente. “¿Dónde hay que trazar los límites de un proyecto de interés comercial para una zona, frente a su huella ecológica y social?” El reciente aumento de los casos de alto riesgo muestra que los funcionarios del Banco Mundial cada vez están más dispuestos a apostar por que los beneficios de esos proyectos superan a sus considerables perjuicios. El BM y la IFC han financiado proyectos incluso en casos en los que Estados Unidos, máximo accionista de la entidad, ha puesto objeciones. En 2010, el Departamento del Tesoro declaraba que un crédito de 3.750 millones de dólares (3.370 millones de euros) a un tipo de interés inferior al del mercado para financiar Medupi, una central térmica de 4.800 megavatios en Sudáfrica, “devalúa la estrategia del Banco Mundial de contribuir a que los países alcancen el crecimiento económico y la reducción de la pobreza por vías sostenibles desde el punto de vista medioambiental”. Se prevé que Medupi emita 25 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, más que la suma de las emisiones de docenas de países. (En la votación sobre la central, Estados Unidos se abstuvo, en lugar de oponerse abiertamente). Entretanto, el banco se ha comprometido a limitar la financiación de centrales térmicas a casos en que se den “circunstancias excepcionales”. Una propuesta de presa en el río Congo, que drena gran parte de África occidental y es uno de los mayores cursos de agua del planeta, ilustra los pros y los contras de las gigantescas inversiones en infraestructuras. El año pasado, el Banco Mundial aprobó una concesión de 73 millones de dólares para ayudar al Gobierno congoleño a estudiar el impacto ambiental y social de la obra. La presa, conocida como Inga Ill, produciría una enorme cantidad de energía en un país que prácticamente carece de ella.
  • 11. Sin embargo, los expertos en medio ambiente sostienen que los principales beneficiarios serían las compañías mineras y las fundiciones de aluminio. Los ecologistas también han expresado su preocupación por la posibilidad de que la represa del río provoque la desecación de un delta crucial que actúa como un sumidero de carbono en el que queda atrapado el primer gas responsable del calentamiento global. Peter Bosshard, director de políticas de International Rivers, un grupo ecologista, calificaba la presa de “quimera”. “En apariencia es realmente atractiva, y llenará un montón de bolsillos privados y de funcionarios del Gobierno”, ironizaba, “pero nosotros no vemos que vaya a beneficiar a los pobres”. Un legado de conflicto Cajamarca es el centro neurálgico de la minería moderna en Perú. Hace 500 años, los conquistadores españoles capturaron allí al emperador inca Atahualpa y chantajearon a sus súbditos exigiéndoles 24 toneladas de oro y plata antes de estrangularlo. Newmont, cuya sede está en Denver, identificó primero un rico filón intacto de yacimientos de mineral en las colinas que se elevan sobre la ciudad. Reunir el dinero para financiar una mina resultaba problemático. Sendero Luminoso, un grupo rebelde violento, tenía atenazado al país. Los bancos y las empresas extranjeras eran reacios a invertir en Perú. Newmont acudió a la IFC, que se especializa en dar créditos para lugares que otros evitan por miedo. A comienzos de la década de 1990, los agentes de Yanacocha viajaron al corazón de los Andes para acaparar propiedades. Muchos vendedores, pobres y analfabetos, cuentan que no eran conscientes de que las rocas que había bajo sus campos encerraban una enorme riqueza. Otros afirman que sus vecinos vendieron fraudulentamente tierras que eran suyas. Negritos, una comunidad en la que hay familias de La Pajuela, demandó a la compañía minera ante un tribunal peruano, alegando que la empresa había expropiado ilegalmente una extensión de terreno de casi dos veces el tamaño del neoyorquino Central Park. La demanda acusaba a las personas que se atribuían la representación de la comunidad de Negritos de no tener autoridad para negociar y de vender las tierras comunales sin tener derecho a ello por el injusto precio de 30.000 dólares. Yanacocha impugnó las alegaciones, y el año pasado un juez peruano se puso de parte de la empresa y desestimó el caso. Negritos apeló la decisión y está esperando los resultados. Cuatro meses después del acuerdo de venta, Yanacocha hipotecó la misma propiedad por 50 millones de dólares a International Finance Corp. y a un banco alemán. La mina produjo el primer lingote de oro ese mismo año de 1993. Pronto surgieron más fricciones por la duración de Yanacocha. Lo que se había previsto que fuese un proyecto a 10 años se prolongaba una y otra vez. En 1999, en plenas restricciones a la financiación en Latinoamérica, la IFC concedió un crédito de 60 millones de dólares para facilitar la expansión. “No se prevén impactos significativos en los hábitats naturales debidos a las actividades del proyecto”, manifestaba el banco en una evaluación. “El historial de Yanacocha en materia de seguridad concuerda con la normativa internacional y ha mejorado con el tiempo”. Los acontecimientos del año siguiente desmintieron esta afirmación.
  • 12. En enero de 2000, miles de campesinos llenaron la plaza central de Cajamarca para protestar contra la mina y las ampliaciones previstas. Los arroyos que antes corrían transparentes se habían vuelto turbios y pestilentes, decían. Poco antes, el Ministerio de Pesca había informado de que más de 21.000 truchas habían muerto debido a que la escorrentía ácida había llegado a dos ríos que pasan cerca de Yanacocha. Seis meses después, un camión que transportaba mercurio de la explotación derramó más de 130 kilos del peligroso metal a lo largo de la carretera de Cajamarca cuando se agrietó uno de los bidones que lo llevaba. Más tarde los investigadores dictaminaron que el contenedor nunca se debería haber usado como para desechos tóxicos. Creyendo que podría ser valioso, muchos lugareños recogieron el mercurio y se lo llevaron a casa. En los días siguientes, alrededor de 1.000 personas presentaron síntomas de intoxicación. Más tarde, los investigadores de la IFC reprocharon a Yanacocha su “falta de respuesta sistemática y eficaz” tras el accidente, y declararon que la empresa no había cumplido las normas internacionales relativas a la seguridad del transporte de sustancias peligrosas. “El vertido inclinó la balanza en contra de Yanacocha”, decía un habitante de Cajamarca a los entrevistadores de la Oficina del Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia de la IFC, creada en 1999 para ayudar a resolver disputas entre las empresas respaldadas por la corporación y las comunidades vecinas. “A mucha gente, sobre todo de la ciudad, en realidad no le importaba lo que estaba sucediendo en el campo a los que vivían cerca de la mina. Cuando se enteraron de que ellos también podían envenenarse con la contaminación empezaron a preocuparse”. Al año siguiente, un grupo indígena se quejó ante el defensor de que Yanacocha estaba causando daños a las tierras y el agua de los pueblos de la zona. En respuesta a la reclamación, la oficina convocó una mesa de diálogo entre la compañía y los airados agricultores y lugareños. Un estudio efectuado en el marco de la mesa encontró que algunos arroyos contenían elevados niveles de metales pesados, nitratos y otras sustancias nocivas. El informe, elaborado por hidrólogos de Stratus Consulting, detectó que “en algunos lugares se superaban” los patrones de referencia de la calidad del agua, lo cual planteaba un “problema a largo plazo”. No obstante, según el estudio no había peligro a corto plazo para las personas. En un momento dado, los participantes en la mesa propusieron un “sistema de alerta rápida” que establecía la elaboración de informes mensuales en las zonas críticas en las que persistiese el problema de la calidad del agua. Nunca se hizo. El defensor atribuyó la responsabilidad a “las limitaciones de recursos y la debilidad de las instituciones en el seno de la mesa”. La oficina puso fin a la queja y a la mesa sin dar nunca una respuesta satisfactoria para las comunidades locales a la cuestión fundamental de si su agua estaba contaminada. A lo largo de ese periodo, Yanacocha restó importancia a los riesgos del vertido de mercurio y a la contaminación del agua, pero, entre bastidores, los ejecutivos de su matriz, Newmont, mostraban inquietud por la corriente de publicidad negativa que rodeaba a una de sus inversiones más importantes. Después del derrame de mercurio, Newmont envió a Larry Kurlander, veterano vicepresidente de la empresa, a relizar una inspección de la mina. Lo que vio allí le hizo alarmarse.
  • 13. Según los documentos obtenidos en el marco de una investigación llevada a cabo en 2005 por Frontline y The New York Times, Kurlander descubrió que los campesinos tenían motivos para preocuparse. Advirtió a los altos cargos de Newmont de que la empresa había infringido las normativas medioambientales a una escala enorme, y de que las malas prácticas con las que se había encontrado eran tan graves que el equipo directivo estaba en peligro de “procesamiento penal o encarcelamiento”. “Estamos incumpliendo nuestros propios permisos de explotación… y ese incumplimiento tiene lugar prácticamente el 100% de las veces”, escribía. Kurlander, actualmente jubilado, no ha respondido a los mensajes telefónicos que se dejaron en su domicilio. A raíz del estudio del agua, Yanacocha gastó cientos de millones de dólares en modernizar una planta de tratamiento y en idear un nuevo método para capturar y filtrar la escorrentía de la mina, refería Velarde, portavoz de Yanacocha. “No es todo perfecto, de vez en cuando tenemos problemas, sobre todo en la época de lluvias, pero informamos inmediatamente de ellos a las comunidades”, insistía. Víctor Mendoza, líder de una cooperativa agrícola de una minúscula comunidad de Negritos llamada Extrema decía que, puntualmente, la empresa se ha esforzado en mejorar las relaciones construyendo un tejado nuevo para la escuela de su hijo en un caso y dando una cabra a cada una de las 79 familias de Extrema en otro. Estas donaciones no han servido en absoluto para mitigar su preocupación por lo que la escorrentía de la mina está provocando en el agua sin filtrar que sus tres hijos y otros miembros de la familia cogen de un arroyo que fluye desde las zonas altas cercanas al punto donde se encuentra Yanacocha. Mendoza explicaba que sus animales, que también beben agua del arroyo, tienen tasas de aborto muy altas. Su comunidad, refería este hombre de 32 años, está desecha por décadas de incertidumbre y desavenencias sobre Yanacocha. “Llevamos discutiendo sobre ello desde que éramos niños”, recordaba. En noviembre de 2011, agentes de policía pluriempleados por la empresa minera dispararon gases lacrimógenos, balas de goma y munición real contra una multitud de campesinos que había instalado un campamento de protesta cerca de Conga, la mina que la empresa espera poner en explotación con el apoyo de la IFC. Elmer Campos sintió el impacto de la bala en su espalda cuando se inclinó para ayudar a un amigo al que habían disparado. Perdió un riñón y el bazo, y sufrió una lesión en la médula espinal que lo dejó paralizado de cintura para abajo. Ahora, Campos pasa sus días en una herrumbrosa silla de ruedas dentro de una habitación diminuta. Su esposa trabaja duramente en lo que queda del rancho familiar, que han ido dividiendo en parcelas y vendiendo para pagar el tratamiento médico. Cuenta que el dolor nunca se va. “Por la noche apenas puedo dormir. No puedo andar ni salir. Estoy preso en mi propia casa”. El verano después de que le disparasen, la policía nacional abrió fuego contra otra multitud de manifestantes y mató a cinco personas, entre ellas un chico de 16 años. La policía alegó que habían intentado asaltar las oficinas del Gobierno provincial de la ciudad de Celendín, partidario de la mina. Los tiroteos fueron noticia internacional, y en Perú recibieron una condena generalizada. A consecuencia de ello, Newmont suspendió el proyecto Conga indefinidamente.
  • 14. Más adelante, ese mismo año, la empresa dio el inusual paso de hacer pública una petición formal de perdón por sus acciones del pasado. “No nos sentimos orgullosos del estado actual de nuestras relaciones con la población de Cajamarca”, escribieron los ejecutivos en diciembre de 2012. “Deseamos aprovechar la ocasión para reconocer los errores que hemos cometido en la forma de comportarnos y de dirigir el negocio”. Velarde afirmaba que, en los últimos años, la empresa se ha esforzado por impulsar el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, ha empleado a más contratistas locales, de manera que la zona participe más completamente de la prosperidad económica que ha traído la mina. “La verdad es que en el pasado la empresa no se esforzó lo suficiente para que la gente del lugar tuviera los máximos beneficios”, reconocía. Los ejecutivos de Yanacocha siguen queriendo construir una nueva mina. En los pozos existentes el oro se está agotando. Según la empresa, se espera que las reservas que quedan duren unos cinco años más. La empresa y su matriz, Newmont, sostienen que un informe de evaluación ambiental de 27.000 páginas demuestra que Conga, que tiene unas reservas de más de seis millones de onzas de oro y unos depósitos de cobre mucho mayores, es segura. El informe, redactado para Newmont por una consultora en 2010, concluía que la mina “no tendrá impacto significativo aguas abajo”. Newmont indica que se calcula que la explotación proporcionará 2.700 millones en impuestos y derechos, y garantizará miles de puestos de trabajo. Varios evaluadores independientes han calificado el estudio sobre el impacto ambiental de confuso, engañoso e incompleto. Robert Moran, un especialista contratado por el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, que defiende a los que luchan por proteger el entorno en los países en desarrollo, calificó el estudio de receptáculo de “medias verdades y opiniones interpretadas incorrectamente”. Yanacocha recalca que no seguirá adelante con la mina hasta que no tenga la “autorización social” de la población de la zona. Según Velarde, se prevé que hasta finales de año no haya una decisión final sobre cómo proceder. Mientras tanto, Yanacocha está construyendo presas que asegura que compensarán la pérdida de cuatro lagunas en Conga. Si el proyecto se lleva a cabo, los pequeños lagos se destruirán o se convertirán en depósitos de residuos. Los ejecutivos se han trasladado a Cajamarca y en este momento están en primera línea de una campaña de relaciones públicas que ha incluido el patrocinio de un programa de pintura para escolares y el empleo de más contratistas de la zona como proveedores de la mina, informa Velarde. “Todavía no estamos donde queremos estar, pero vamos progresando”, resume. En una declaración por correo electrónico, la IFC afirma tomarse en serio los riesgos asociados con la minería. “En el caso de Yanacocha, nuestro cliente se ha comprometido a mejorar la situación sobre el terreno”, especificaba el banco. “Nuestra constante colaboración con clientes comprometidos puede distinguirnos como vehículo de un impacto positivo en el desarrollo”. La IFC “valorará qué papel nos corresponde desempeñar con los socios del proyecto en la propuesta mina de Conga cuando llegue el momento adecuado”, añade Vecino. Cuando las ovejas de los Flores murieron en otoño de 2013, funcionarios de la agencia agraria de Perú analizaron los órganos de los animales y el agua de los arroyos locales en busca de toxinas. Según la empresa minera, los resultados no fueron concluyentes.
  • 15. Yanacocha compensó a Felipe Flores por el ganado perdido, a pesar de que —de acuerdo con la versión de la compañía— el relato de la familia es incorrecto en un detalle clave. Omar Jabara, portavoz de Newmont, puntualizaba en un correo electrónico que los animales bebieron de un charco con fluido tóxico cerca de una planta de procesado situada en terrenos de la compañía, al otro lado de una valla que había sido cortada, y no de un arroyo, como afirma la familia. La “causa probable” de las muertes fue que bebieron del charco contaminado, opinaba Jabara. Expertos en toxicología explicaron a The Huffington Post que el incidente descrito por Flores podría ser consecuencia del vertido accidental de una toxina, como el cianuro, en un curso de agua. Informan de que ese tipo de vertidos pueden dejar pocas evidencias, y a no ser que el análisis se haga inmediatamente después, es posible que, sencillamente, con el tiempo, el agua se lleve el veneno. Mientras tanto, los interrogantes sobre la contaminación del agua siguen abiertos. En 2014, especialistas en seguridad alimentaria de la Universidad de Barcelona encontraron niveles altos de plomo, cadmio y otros metales pesados en los alimentos y el agua de comunidades próximas a Yanacocha. Los registros más altos correspondían a las cercanías de La Pajuela. Estos metales se asocian con altas tasas de cáncer e insuficiencia renal, así como con enfermedades cardiovasculares. “Es razonable aconsejar a los habitantes de La Pajuela que no beban de sus fuentes de agua”, concluía el informe. Un asesor ambiental contratado por Newmont para revisar el estudio de Barcelona lo calificó de “básicamente defectuoso”. En diciembre, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de Perú hicieron público un estudio que señalaba que había habido una filtración de agua contaminada de la mina a la comunidad de San José, cerca de La Pajuela. Yanacocha también puso en duda estas conclusiones. En la actualidad, el defensor del pueblo de la IFC está estudiando varias demandas relacionadas con litigios sobre tierras en los que está involucrada Yanacocha. El banco no ha revisado el asunto de la contaminación del agua en más de una década, pero afirma que las lecciones aprendidas después del vertido de mercurio “se incorporaron directamente” a la mejora de sus normas de actuación. En la carretera que lleva al rancho, Yanacocha ha puesto una señal verde como las que se suelen ver en Estados Unidos recordando a los conductores que no tiren desperdicios o que respeten los límites de velocidad. “Los seres humanos somos los únicos guardianes de nuestro entorno natural”, dice. “Conservémoslo”. Ahora, Felipe Flores se trae el agua de más arriba de Cajamarca, a una hora en coche. Pero sus animales siguen bebiendo del arroyo, y sus hijos siguen bebiendo la leche y comiendo el queso que estos producen. Y lo mismo pasa con el resto de Perú. Flores explica que vende alrededor de 60 litros de leche al día a Nestlé, que distribuye productos agrícolas por todo el país. Cuando era joven, recuerda, recibió la mina de oro con entusiasmo. Incluso trabajó un tiempo para la empresa. La realidad que hay detrás de esa clase de explotación le hizo cambiar de parecer. “No son los vecinos que dijeron que serían”, concluye.¿