El documento describe varios mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución de Venezuela, incluyendo elecciones para cargos públicos, referendos, revocatoria de mandatos, iniciativas populares, cabildos abiertos, asambleas de ciudadanos, instancias de atención ciudadana, autogestión y cogestión. El objetivo es promover la democracia participativa y protagónica mediante la descentralización del poder y la gestión conjunta de servicios públicos entre el Estado y las comunidades.

1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICE RECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO
MECANISMO DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Víctor Torres
23850307

2. MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA
La participación ciudadana en Venezuela es un elemento que se encuentra
consagrado en la Carta Magna, en distintas acepciones ya sea como principio,
derecho, deber, espacio o instancia y como proceso sociopolítico; es así, como
incluso en el preámbulo de la misma se observa, …con el fin supremo de refundar
la República para establecer una sociedad democrática, participativa, y
protagónica…, con lo cual se cambia la tradicional concepción del Estado
Venezolano que como lo señalaba la Constitución de 1961 declaraba un sistema
de democracia representativa.
Ya en el desarrollo del articulado constitucional se tiene que la participación es
una característica propia del sistema de gobierno venezolano, es así como en el
artículo 5 se establece que el gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que le componen
es y será democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo,
responsable, pluralista y de mandatos revocables. Al mismo tiempo en
la selección de los derechos políticos por un lado señala en el artículo 62 que
todos los ciudadanos tienen derecho de participar libremente en los asuntos
públicos, directamente o por medio de sus representantes electos; y por el otro
lado establece los medios de participación y protagonismo del pueblo en el
ejercicio de la soberanía, entre los cuales se tienen las elecciones de cargos
públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las
iniciativas legislativas, constitucionales y constituyente, el cabildo abierto y la
asamblea de ciudadanos, cuyas decisiones se consideran vinculantes; en el
ámbito social y económico se consideran medios de participación,
las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las
cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por
los valores de la mutua cooperación y solidaridad (artículo 70 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela).
Elección de Cargos Públicos.
La Constitución Bolivariana indica que Venezuela, es un Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia (Artículo.2), un Estado federal descentralizado
(Artículo.4) en el cual la soberanía, es decir el Poder Público, reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente conforme a la
misma Constitución y la Ley, o indirectamente por los órganos que ejercen el
Poder Público, mediante el sufragio (Artículo 5). Ahora Venezuela es un Estado
democrático de soberanía directa, ejercida por el pueblo mediante la
descentralización del poder público desde el nivel nacional hacia el
estadal, municipal, parroquial y el vecinal, hasta cada ciudadano o ciudadana.
A diferencia de la Constitución de 1961, donde se reconocía el sufragio como un
deber y, por ende, su ejercicio obligatorio, en el actual texto constitucional se

3. declara al sufragio como un derecho, que se ejercerá mediante votaciones libres,
universales, directas y secretas.
Los electores deben ser venezolanos y venezolanas que hayan cumplido
dieciocho años de edad, ampliándose este derecho a los extranjeros que hayan
cumplido dicha edad, pero limitado a las elecciones parroquiales, municipales y
estadales, exigiéndose en todo caso como una condición el tener más de diez
años de residencia en el país.
El derecho a desempeñar funciones públicas y ejercer cargos de elección popular
se otorga de manera igualitaria a los electores venezolanos y venezolanas, que
sepan leer y escribir, con las solas restricciones derivadas del propio texto
constitucional o de las condiciones de aptitud exigidas por las leyes para
determinados cargos.
Como una respuesta a las demandas de los venezolanos ante las graves
desviaciones del sistema político y a la corrupción desmedida se incluye la
prohibición de optar por cargos de elección popular a aquellas personas que
hayan si do condenadas por delitos cometidos durante el tiempo en que ejercieron
las funciones públicas, así como por otros delitos que afecten el patrimonio
público.
Este es el más revolucionario cambio político del mundo actual, pues antes el
pueblo sólo ejercía la soberanía para elegir un presidente y cada cinco años,
quienes luego confiscaban el poder público para ejercerlo todos.
El Referendo
El referendo es un medio de participación política, por el cual los ciudadanos
inscritos en el Registro Electoral pueden, a través del sufragio, decidir sobre la
permanencia de los funcionarios en cargos y magistraturas de elección popular.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece 4 tipos de
referendos:
* Consultivo: dicho medio se utiliza para someter a consulta popular las
materias de especial trascendencia nacional, estadal, municipal y
parroquial. (Artículo 71 de la CRBV).
* Revocatorio: medio de participación que tiene como objeto revocar del
cargo o magistratura popular a los funcionarios de elección popular que
no hayan cumplido con su deber ante los electores. (Artículo 72 de la
CRBV).
* Aprobatorio: referendo al que son sometidos aquellos proyectos de ley
en discusión por la Asamblea Nacional. También son susceptibles a este

4. medio los convenios o acuerdos internacionales que pudieran
comprometer la soberanía nacional. (Artículo 73 de la CRBV).
*Abrogatorio: la finalidad de este tipo de referendo busca derogar total o
parcialmente las leyes (excepto las de presupuesto, que modifiquen o
establezcan impuestos, las de crédito público, las de amnistía, las que
protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que
aprueben tratados internacionales) y decretos con fuerza de ley. (Artículo
74 de la CRBV).
Existen instrumentos jurídicos que amparan la solicitud de un referendo, tales
como:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)
* Artículos 72, 197 y 293
La Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE)
* Disposición Transitoria Tercera
La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE)
* Disposición Transitoria Primera
La Consulta Popular
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual
se convoca al pueblo para decida acerca de algún aspecto de vital importancia. La
consulta popular puede ser tanto nacional como departamental, municipal, distrital
o local.
En el caso de una consulta de carácter nacional, el Presidente de la República,
con el previo aval del Congreso y respaldado por las firmas de todos los Ministros,
es el encargado de consultar al pueblo cuando crea que una decisión próxima a
ser tomada es de trascendencia nacional; es decir, que afecta a todos los
Departamentos del país.
En el caso de las consultas populares a nivel distrital, departamental, municipal o
local, la decisión de convocarlas no es tomada por el Presidente sino por los
Gobernadores y Alcaldes, según sea el caso, para lo cual no se debe acudir al
Congreso para que éste la respalde sino que los Gobernadores o Alcaldes deben
cumplir ciertos requisitos que están claramente definidos en el Estatuto general de
la organización territorial.

5. La Revocatoria del Mandato
Es un procedimiento de participación civil y político por el cual el cuerpo
electoral, como titular de la Soberanía popular y a través del sufragio, puede
remover a un funcionario electo antes de expirar el período para el cual fue
seleccionado para ser el presidente o alcalde de un pueblo o ciudad.
La revocatoria de mandato se fundamenta en el principio de soberanía popular. El
poder y la representación popular, tiene su origen legal en la soberanía popular.
Es decir, que todo poder proviene del pueblo. Según lo establecido en el artículo
72 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo
con lo que establezca la ley.
Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá
hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.
La Iniciativa popular
La iniciativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana es un
mecanismo de democracia semidirecta; se refiere a la posibilidad amparada en
la Constitución, de que las personas puedan presentar iniciativas de ley, sin ser
representantes populares en sus respectivos congresos; dichas iniciativas de ley,
deberán estar avaladas por una cantidad de firmas, para que se puedan tomar en
cuenta por su respectiva cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden versar
sobre asuntos públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o
incluso una enmienda constitucional.
Es decir, es aquella instancia en la cual el pueblo puede presentar soberanamente
una propuesta de legislación que sea tratada en el cuerpo
legislativo correspondiente y que pueda eventualmente convertirse en ley.
El Cabildo abierto
El Cabildo Abierto es una forma de participación que consiste en una sesión de
trabajo parlamentario entre el Concejo Municipal y los ciudadanos; se diferencia
de las que se llevan a cabo en la sede del órgano legislativo por el elemento de
ubicación, es decir, aquellos son fuera, por lo que de ello se deriva su nombre.
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) establece que la
iniciativa, es decir, quién puede convocarlos, corresponde al concejo municipal, las
juntas parroquiales comunales, al alcalde y a los ciudadanos. Sus decisiones

6. serán válidas con la aprobación de la mayoría de los presentes, siempre y cuando
trate de asuntos atinentes a su ámbito espacial.
Por otra parte, el Texto Fundamental les da carácter vinculante a los cabildos
abiertos.
Deja en manos de la ordenanza que ha de aprobar el concejo municipal a tal
efecto, los aspectos a seguir para su realización, tales como: convocatoria para su
celebración e instalación, derecho de palabra, formulación de planteamientos,
forma de toma de decisiones y su ejecución, régimen de debate, entre otros.
También suelen ser de naturaleza extraordinaria, dado que implica el traslado y
constitución en las comunidades con la fijación de una agenda en la que se trata
uno o más asuntos o problemas cuya solución o intervención aspira la comunidad.
Las Asambleas de Ciudadanos y ciudadanas
La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la máxima instancia de deliberación
y decisión para el ejercicio del poder comunitario, la participación y el
protagonismo popular, sus decisiones son de carácter vinculante para el consejo
comunal en el marco de esta Ley. Es el verdadero poder popular.
La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas estará conformada por los y las
habitantes de la comunidad mayores de quince años, conforme a las disposiciones
de la presente Ley.
Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de los y las asistentes a la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, siempre que la misma cuente con un
quórum mínimo del treinta por ciento (30%) de la Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas en primera convocatoria y del veinte por ciento (20%) mínimo de la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en segunda convocatoria.
Las instancias de atención ciudadana
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) señala
que los ciudadanos – sin exclusión – tienen el derecho de participar libremente en
los asuntos públicos, de manera directa o a través de representación, lo cual se
vincula activamente con derechos como el de elevar peticiones y obtener oportuna
respuesta, entre otros.
Por otra parte, la legislación también ha producido textos normativos que
desarrollan la norma constitucional.

7. En el ámbito nacional podrían mencionarse la Ley Orgánica de la Administración
Pública (LOAP, 2008), la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1982),
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el Decreto con rango, valor y fuerza
de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (2008), el Código Orgánico
Tributario (2001), entre otros.
Al examinar la LOAP se encuentran modelos de conducta a seguir por los órganos
y entes públicos; partiendo de la noción que la administración está al servicio de
los ciudadanos, por lo que debe garantizarse a todas las personas el goce y
ejercicio de sus derechos. En ella se dispone que los funcionarios deberán recibir
y atender – por cualquier medio: oral, escrito, digital, telefónico, entre otros – las
peticiones o solicitudes formuladas, así como brindar respuesta oportuna y
adecuada.
Es decir, que la instancia de atención ciudadana, es el derecho que tienen todos
los ciudadanos y ciudadanas en la formación, ejecución y control de la gestión y
de las políticas públicas, directamente o a través de sus representantes legales.
La participación del pueblo es necesaria para lograr el protagonismo que garantice
su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y
deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables
para su práctica (Art. 62, de La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela).
La Autogestión
Es la posesión por parte de los trabajadores de la propiedad de los
medios de producción, sin la mediación del Estado. Esto es clave
para diferenciarse de la Cogestión. Los productores directamente se apropian del
producto de su trabajo. Desarrollo de la democracia directa y de los mecanismos
de Planificación participativa. Responde a una etapa donde predominan relaciones
de producción no capitalistas.
La Cogestión
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 184
establece: “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y
Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales
organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su
capacidad para prestarlos promoviendo: Ord 6. La creación de nuevos sujetos de
descentralización a nivel de parroquias, comunidades, barrios y vecindades a los
fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los
gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y
cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y

8. municipales. Es decir se establecen las bases constitucionales para que las
comunidades organizadas puedan intervenir en la prestación eficaz y eficiente de
los servicios públicos conjuntamente con los gobiernos estadales o municipales.
Las Asociaciones Cooperativas
Ley especial de Asociaciones Cooperativas, esta es una Ley tiene como objeto
establecer las normas generales para la organización y funcionamiento de las
cooperativas.
Esta Ley tiene como finalidad disponer los mecanismos de relación, participación e
integración de dichos entes en los procesos comunitarios, con los Sectores
Público y Privado y con la Economía Social y Participativa, constituida por las
empresas de carácter asociativo que se gestionan en forma democrática. Así
mismo, establecer las disposiciones que regulen la acción del Estado en materia
de control, promoción y protección de las cooperativas.
Las Cajas de ahorro
Esta es una asociación civil sin fines de lucro, autónoma con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que constituye su organización en los principios y
condiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de ahorro y los Estatutos vigentes
de CASEP.
Las empresas comunitarias
Es una forma asociativa de producción y la distribución de las utilidades están
en manos de los obreros que la trabajan; es una forma autogestionaria de
producción, donde autogestión significa, la participación de todos los miembros de
organización en la producción y en el control de la organización.

9. Contraloría social
El Control Social es una función compartida entre el Poder Público y los
ciudadanos en pro de garantizar el manejo transparente y eficiente de los recursos
públicos, en beneficio de los intereses de la sociedad.
La Contraloría Social es aquella función compartida entre las instancias del Poder
Público, los ciudadanos, y las organizaciones del Poder Popular para garantizar
que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente y que las
actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos.
El propósito fundamental del Control Social es la prevención y corrección de
comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios al interés social común
y a la ética en el desempeño de las funciones públicas, en ejercicio del
protagonismo de la ciudadanía en el control y seguimiento de la gestión de los
asuntos públicos y privados vinculados con el interés colectivo y social.
Permite fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana establecida en la
constitución y en la Ley Orgánica de la Contraloría Social, en el mismo se dan
sugerencias de cómo se debe ejercer la contraloría social, se explica quiénes son
responsables de ejercerla y la ventajas o beneficios de ejercer el derecho de
control social, asimismo se explican los pasos para el ejercicio del control social
Los Consejos comunales
Es la instancia básica de participación y protagonismo del ciudadano del
municipio que impulsa las políticas públicas a través de la planificación,
formulación, ejecución, control y evaluación de proyectos. Ejerce el poder de la
comunidad con la elaboración y presentación de proyectos que satisfagan sus
propias necesidades ante el organismo competente.
Es la organización que permite articular a todas las organizaciones existentes para
trabajar en función del Plan de Desarrollo Municipal. Elabora una Agenda Única de
Gestión que permite vincular los esfuerzos de los vecinos organizados con las
instancias de gobierno.

10. Presupuesto Participativo
Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación y gestión de
la ciudad, mediante la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino
de parte de los recursos municipales.
El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participación directa
de la ciudadanía en este proceso, con el fin de establecer las principales
demandas y preocupaciones de los vecinos y vecinas en materia generalmente de
gastos (actividades, inversiones públicas) e incluirlos en el presupuesto anual de
la ciudad, priorizando los más importantes y realizando un seguimiento de los
compromisos alcanzados.
El principal aporte de los Presupuestos Participativos es el asentamiento de la
idea de una ciudadanía activa, haciendo partícipe al vecino y vecina de la marcha
de la ciudad. Entender, en definitiva, la gestión pública como algo que tiene que
ver con nuestras vidas, y que podemos no solo participar, sino también decidir
sobre estos asuntos públicos.