Contralínea 453

ISSN: 1665-1626
Año 14 • Número 453 • $30
Del 7 al 13 de septiembre de 2015

www.contralinea.com.mx 3
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A
lertar a la población de los “riesgos” del populismo, la demagogia
y la intolerancia como una salida falsa a los problemas del país
es distraer la atención del fracaso de las políticas públicas en los
rubros verdaderamente importantes, como pobreza, violencia, justicia,
corrupción, impunidad, analfabetismo, salud y alimentación.
Llegamos a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, algo que
se dudaba ocurriera por el desgaste del gabinete por las crisis que ha
enfrentado la población en estos casi 3 años.
Es en el clímax de esta administración cuando inicia su declive, y
los resultados anunciados por el presidente en su Tercer informe de gobierno
están muy lejos de las promesas que hizo cuando asumió el poder.
Funcionarios y analistas culpan a la crisis económica mundial de la difícil
situación financiera que vivimos, y otros más optimistas dicen que bajo
esas circunstancias internacionales México va por buen rumbo. ¿Acaso
son los mismos que festinaban los “logros gubernamentales” hasta 1 día
antes de que estallaran las agudas crisis económicas y políticas que hemos
atravesado en otros sexenios?
La realidad es distinta de la que vive Peña Nieto, con 100 millones
de mexicanos en la miseria, aunque el gobierno insista en que unos 100
mil ya fueron sacados de la pobreza extrema y pasaron a una pobreza
moderada; es decir que por lo menos esas personas tienen acceso a la
alimentación, pero ahora falta que en los siguientes 3 años saquen de
esa misma grave situación a otros 7 millones de personas que siguen
olvidados.
Mientras esos millones de mexicanos no tienen que comer, la
burocracia de mandos medios y superiores de los tres poderes de la Unión
sigue privilegiada y despilfarra los recursos públicos en prestaciones y
salarios que ya quisieran funcionarios de países del primer mundo. A esto
hay que sumar una ominosa corrupción gubernamental y la consecuente
impunidad judicial parecida a la de las peores dictaduras, que ni siquiera
Guatemala tolera.
De la violencia, el anuncio oficial es que ésta se ha reducido; sin
embargo, entre la población el miedo a los asaltos, secuestros y ejecuciones
continúa. La lista de muertos sigue en aumento como ocurrió en los
gobiernos panistas. La estructura social está lastimada y pasarán muchos
años para que se recomponga. Éste es el país destrozado que heredó Peña
Nieto y que sigue igual, pese a sus 3 años de mandato presidencial.
SIN RESULTADOS
Y MÁS PROMESAS
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EDITORIAL OPINIÓN

OPINIÓN
4 7 de septiembre de 2015
CONTENIDO
22
PORTADA
El Cártel de Sinaloa, con vía libre para someter
o exterminar a los demás. Libres el Chapo y Caro
Quintero, con la misión de terminar la guerra de
cárteles e instaurar una “pax mafiosa”
CHAPO, “LIBERADO” PARA
PACIFICAR MÉXICO
EDITORIAL
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN LAS MENTIRAS DEL TERCER
INFORME
EL PEÑISMO LLEVA 3 AÑOS EN CONTRA DE LOS PERIODISTAS
Y DE LAS LIBERTADES DE PRENSA Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
CENTROAMERICANOS EN MÉXICO: VIOLENCIA Y EXCLUSIÓN
Guillermo Castillo
LA HORRENDA GUERRA DE MÉXICO CONTRA LOS MIGRANTES
Carolina Jiménez/IPS
GOLDMAN SACHS, SIEMPRE BENEFICIARIO DE LA GUERRA
Manlio Dinucci/Il Manifesto/Red Voltaire
EUROPA TEME ENVEJECER… Y DESAPARECER Glenda Arcia/Prensa
Latina
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN -año 14, número
453, del 7 al 13 de septiembre de 2015- es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Aveni-
da Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP
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tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de
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CONTENIDO
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32
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ANÁLISIS
PETROLERO Los terrenitos de Halliburton en Puebla Fabio Barbosa
AMBIENTAL Cuando los lixiviados tóxicos los alcancen Roberto E
Galindo Domínguez
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Narcotráfico: la otra reforma estructural Zósimo Camacho
CAPITALES SAT: perdón para los grandes, saña para los pequeños
Érika Ramírez
DISTRITO FEDERAL GDF sólo permitió talar 126 árboles, pero
derriban miles Mauricio Romero
LÍNEA GLOBAL Estados Unidos esconde al mundo sus cárceles
Thalif Deen/IPS
22
32
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46
MISCELÁNEO
EX LIBRIS Plutarco: biógrafo de la naturaleza humana Álvaro Cepeda
REDES SOCIALES #Tercer informe
PASO A DESNIVEL Año 3 Miguel Galindo
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66
Ilustración de portada: Cecilia Martínez

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
E
l Tercer informe de gobierno de Enrique Peña
Nieto es el retrato de un país que no existe:
en el México actual campean la impuni-
dad, la desigualdad, la miseria, la corrupción. En
el caso de los indicadores económicos, el infor-
me falseó algunos, manipuló otros y eligió los que
más le convinieron para crear la imagen de una
nación idílica en la cual sus políticas son exitosas:
un México con estabilidad macroeconómica, con
crecimiento y en proceso de aceleración, que crea
empleos formales y contribuye al bienestar de las
familias.
Pero si por algo se caracterizan estos 3 años es
por sus múltiples y devastadoras crisis, entre ellas
la económica, que ha contribuido a que más de
100 millones de personas se encuentren en situa-
ción de pobreza y miseria; la social, exacerbada
por los conflictos derivados de los megaproyec-
tos (mineros, carreteros, acuíferos, petroleros,
eléctricos, turísticos…); y la humanitaria, que ha
cobrado la vida de cientos de miles de personas
inocentes, como los 43 normalistas rurales que
fueron víctimas de desaparición forzada el 26 de
septiembre de 2014, en Ayotzinapa, Guerrero; los
miles y miles de desaparecidos y de ejecutados en el
contexto de la violencia extrema.
Pobreza
Para el presidente de la República, en Mé-
xico sólo existen “6.2 millones de personas en
pobreza extrema con carencia de acceso a la ali-
mentación; de los cuales 4.5 millones viven en
hogares atendidos por al menos un programa de
la Cruzada Nacional contra el Hambre”.
Cálculos de especialistas como Julio Boltvinik
y Araceli Damián, investigadores de El Colegio
de México, sostienen que el 84.3 por ciento de
la población de México, más de 100 millones de
personas, padece pobreza por ingresos.
Las cifras presidenciales se desmienten inclu-
so con los reportes del propio Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), que para julio de este año documentó
que más de 28 millones de mexicanos padecen
pobreza alimentaria.
Al presentar su Tercer informe, el presiden-
te aseguró que la Cruzada Nacional contra el
Hambre “ha permitido mejorar drásticamente
la condición de vida de las personas en pobre-
za extrema de alimentación, esto es, de los más
pobres entre los pobres”. Los datos que no se
especifican van de 11.5 millones a 11.4 millones,
de lo cual se desprende que la mejoría fue ape-
nas para 100 mil personas en extrema pobreza.
Más aún, según el Coneval, en 2014, 63.8
millones de mexicanos vivieron con un ingreso
inferior a la línea de bienestar, que para el área
urbana está delimitada en 2 mil 542 pesos men-
suales. En tanto que en el área rural fue de 1 mil
614 pesos mensuales.
Economía
En materia económica no nos va mejor. Aun-
que el presidente aseguró que México vive es-
LAS MENTIRAS
DEL TERCER INFORME

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
tabilidad macroeconómica, los mercados finan-
cieros del país sufren los costos de la volatilidad
externa y de la especulación, que han afectado
a la bolsa, al mercado de dinero y provocado la
devaluación de cerca del 20 por ciento de la mo-
neda. Y los precios del crudo se han desplomado
60 por ciento y provocado la pérdida del 37 por
ciento de los ingresos fiscales reales del Estado,
obligando al gobierno a recortar el gasto que
ha comprometido el crecimiento económico en
2015 y 2016.
Peña Nieto dijo que la economía creció 2.4 por
ciento, en promedio, en la primera mitad de 2015.
Pero debajo de esa media se ocultó algo: que la
economía se desaceleró en el segundo trimestre,
por lo que hasta Agustín Carstens –gobernador
del Banco de México– cree que al cierre del año
la tasa será de 1.7-2.5 por ciento y no de 3.7 por
ciento como se programó. Así, el crecimiento me-
dio en lo que va del sexenio es de 2 por ciento,
menor al 2.4 registrado por los gobiernos neoli-
berales que le antecedieron. Éste es el peor desde
Miguel de la Madrid.
Añadió que ese crecimiento supera al de al-
gunos países. Es cierto. Pero también es peor que
otros: China o India crecen por arriba por del 7
por ciento. La dinámica mexicana es comparable
a Haití y otros países del Caribe.
Afirmó que el desempleo de julio (4.7 por cien-
to) fue la tasa más baja para el mismo mes desde
2008. Pero en diciembre de 2014 había sido de
3.8 por ciento y al inicio del sexenio era de 4.4
por ciento.
En su informe resaltó la creación de 1 millón
424 mil puestos de trabajo formales en su manda-
to, la cifra formal más alta para la primera mitad
de las últimas cuatro administraciones. Sin embar-
go, cada año se requiere entre un 1 millón y 1.2
millones de empleos nuevos.
Y aunque también se habló de mejoría labo-
ral, en el país existen 28 millones de desocupados,
subocupados, informales y personas que dejaron
de buscar un empleo, equivalentes al 56 por cien-
to de los ocupados. De estos, el 63 por ciento no
tiene acceso a la salud pública; 38 por ciento no
tiene prestaciones laborales, y 45 por ciento carece
de contratos. El empleo que se crea se ubica entre
uno y dos salarios mínimos que garantizan la po-
breza y la miseria.
Alta burocracia
y austeridad
Lo que Peña Nieto no pudo esconder es que el
país enfrenta una “caída en los ingresos públicos”.
Pero prometió que no va a aumentar los impues-
tos ni a “endeudar al país”. Su gobierno, aseguró,
se apretará el cinturón: gastará menos y mejor. Hasta
10 párrafos destinó para apuntalar su compromi-
so con “la austeridad presupuestal”. Son 10 ma-
neras de decir lo mismo pero sin ninguna cifra. No
pudo proporcionar un solo dato de las “estrictas
medidas de austeridad” que adoptará su adminis-
tración.
Ni una sola palabra de los altos sueldos que
perciben los funcionarios federales en México, de
los tres poderes. Nada respecto de si dejará de ser
el presidente que más gana en todo el Continente,
con alrededor de 30 mil dólares mensuales, y que
representan más de nueve veces de lo que gana,
por ejemplo, el presidente de Bolivia, Evo Mora-
les.
Lo cierto es que la alta burocracia, que enca-
beza el propio Peña Nieto, resulta una de las car-
gas más pesadas para las arcas públicas. Lejos de
123RF

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
disminuir, el gasto corriente (sueldos, prestaciones
y gastos de operación de los funcionarios) se in-
crementa año con año. Tan sólo para 2015, el au-
mento fue del 8.9 por ciento con respecto del año
anterior. Hoy, mantener a la burocracia cuesta a
los mexicanos cada año más de 1 billón 150 mil
536 millones de pesos. La “austeridad” debería
empezar por ahí.
Seguridad
En materia de seguridad, indicó que en su go-
bierno “estamos desarticulando sus estructuras
operativas y capacidades financieras y hemos em-
prendido modificaciones de fondo para prevenir
la incidencia delictiva y fortalecer las instituciones
de seguridad y justicia”.
Nada más alejado de la realidad: la fuga del
principal capo del nar-
cotráfico, Joaquín Guz-
mán Loera, es ejemplo
de ello. Pero no sólo
eso: en el país operan al
menos 52 organizacio-
nes dedicadas al tráfico
ilegal de drogas, de las
cuales nueve son consideradas “grandes” por su
estructura y capacidad de acción: el Cártel de Si-
naloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva
Generación –escindido del de Sinaloa–, Los Are-
llano Félix, La Familia Michoacana, Los Carrillo
Fuentes, Los Beltrán Leyva, Los Zetas y Los Ca-
balleros Templarios.
Respecto de las capacidades financieras del
crimen organizado, del propio Tercer informe se
desprende que poco se ha hecho: mientras el go-
bierno de Estados Unidos calcula que en México
se lavan entre 19 mil millones y 29 mil millones
de dólares anuales (unos 330 mil 600 millones y
504 mil 600 millones de pesos respectivamente,
a un tipo de cambio de 17.4 pesos por dólar), el
gobierno de Peña Nieto indica como “logros” en
el combate al delito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita el aseguramiento de apenas
167.6 millones de pesos más 14 millones de dóla-
res (unos 411 millones de pesos en total).
La cifra decomisada equivale al 0.05 por cien-
to de los 330 mil 600 millones o al 0.03 por ciento
de los 504 mil millones de pesos que conservado-
ramente se calcula habrían lavado los criminales.
Más ridículo aún resulta el monto correspondien-
te a la banca, acusada de lavar dinero como quien
cumple un servicio más, mientras sus accionistas y
directivos son reconocidos por el propio presiden-
te como filántropos, benefactores de la sociedad.
Corrupción
Como parte “del año difícil”, de los “casos y
sucesos lamentables” que molestan y perturban a
los mexicanos, apuntó la corrupción de funciona-
rios públicos y empresarios, pero no la previsible
impunidad en la ma-
yoría de ellos, garan-
tizada a tal grado que
el propio presidente la
ejemplifica:
“Señalamientos de
conflictos de interés
–que incluso involucra-
ron al titular del Ejecutivo–; así como denuncias
de corrupción en los órdenes municipal, estatal y
federal –y en algunos casos en el ámbito privado–,
han generado molestia e indignación en la socie-
dad mexicana”.
Como respuesta, dijo, “vamos a enfrentar los
desafíos, con claridad de rumbo y absoluta deter-
minación”. Quizá se refería a la “claridad” y “ab-
soluta determinación” con las que la Secretaría
de la Función Pública le dio carpetazo al caso de la
compra de la llamada casa blanca, en la que estuvie-
ron involucrados el presidente, su esposa, Angélica
Rivera, y el Grupo Higa, empresa contratista del
gobierno federal.
Otro caso emblemático de la corrupción –que
alcanzó incluso al secretario de Comunicaciones
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a quien
por supuesto nada le ocurrió– son los sobornos de
Aunque el presidente aseguró que
se combate al crimen organizado, en
el país operan al menos 52 organiza-
ciones dedicadas al narcotráﬁco
Aunque el presidente aseguró que
ciones dedicadas al narcotráﬁco

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
OHL México, filial de la compañía española, en
las contrataciones con los gobiernos federal y del
Estado de México.
Justicia
En materia de justicia, el Ejecutivo hizo suyas
las promesas del Consejo de la Judicatura Fede-
ral –que suelen gestar retrasos contados por meses
o años– y aseguró que se han “sumado esfuerzos
con las entidades federativas para concretar la
transformación del Sistema de Justicia Penal en
tiempo y forma, como lo mandata la Constitu-
ción [Política de los Estados Unidos Mexicanos]”.
Pero admitió que a menos de 10 meses de que se
cumpla el plazo (18 de junio de 2016), en sólo seis
estados operan “de forma total” los juicios ora-
les, mecanismo clave, según sus impulsores, para
combatir la impunidad y acercar el derecho a la
justicia a todos.
También resaltó la aprobación de la nueva Ley
de Amparo y del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, legislaciones que no han evitado
que casi la mitad de los encarcelados en el país
permanezcan en tal condición sin haber recibido
sentencia o a pesar de violaciones sistemáticas al
debido proceso.
Nada dijo de los alcances de dichas “reformas
que amplían los derechos de las personas”; tam-
poco especifica qué personas son las beneficiadas,
físicas o morales.
Los 10 mil indígenas encarcelados que jamás
vieron a un intérprete siguen sin saber de qué se
les acusa, y mucho menos que existe el juicio de
amparo; para ellos ni una palabra. Tampoco para
los del polo opuesto: mineras y corporativos que
logran ampararse hasta contra el pago de regalías
al Estado o reducir su contribución impositiva por
gracia de la creatividad tributaria.
Educación
El presidente aseguró que “en Oaxaca y en
todo México se aplicará la ley”. Peña Nieto se
refirió, por supuesto, al conflicto magisterial con
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación. Pero, en sus 3 años de gobierno,
esa ley que invocó el habitante de Los Pinos no
ha alcanzado a los 7.5 millones de analfabetas,
quienes fueron borrados del informe presiden-
cial y tampoco están en la lista de prioridades
–decálogo– de la “reforma educativa”, que según
el presidente es “la más trascendente que hemos
concretado”. Será porque busca con ella aplastar
a los maestros disidentes de la Sección 22.
La prioridad peñista en el sector educativo la
ha centrado en que los niños aprendan inglés; en
la “evaluación educativa” como punto toral de
su reforma, y en la emisión de bonos a través de
la Bolsa Mexicana de Valores por 50 mil millo-
nes de pesos para crear infraestructura escolar,
que sin duda hace falta en todo el país, pero que
no resuelve el problema, como explicó a El Uni-
versal el especialista Manuel Gil Antón, profesor
e investigador del Colegio de México. “Sólo seis
de cada 10 estudiantes dominan el pensamiento
lógico matemático y 20 de cada 100 tienen la
capacidad de comprensión de lectura y de es-
critura”.
Peña Nieto criticó a populistas y demagogos
surgidos de crisis internas que, según él, alien-
tan el encono, la desconfianza, el retroceso y la
división social, al mismo tiempo que anunciaba
los tres ejes de su gobierno para “resolver” el
problema educativo: aprender inglés, evaluar a
maestros y más endeudamiento por 50 mil mi-
llones de pesos que, dijo, es para las escuelas.
¿Quién es el demagogo y populista?
También anunció la creación de una Secre-
taría de Cultura, como si por el solo nombre este
país pudiera elevar sus bajos índices culturales,
cuando lo único que hace es crear más burocra-
cia y más gasto público en momentos en que hay
recorte presupuestal. Para qué queremos una
Secretaría de Cultura si millones de mexicanos
no saben leer ni escribir.
Son las ocurrencias finales del tercer año de
gobierno y aún faltan 3 más.

OPINIÓN
EL PEÑISMO LLEVA 3 AÑOS
E
xiste el consenso de que Enrique Peña y
sus encargados de los órganos de comu-
nicación, sobre todo ahora con Eduardo
Sánchez (y su fallido cuidador de imagen inter-
nacional, Paulo Carreño, más la sombra peñista
de Aurelio Nuño), personal y oficialmente no
sólo desprecian a quienes ejercen las libertades
de prensa –que son derechos humanos–, sino
que abusan del poder presidencial para, cuando
se lo proponen, acabar con la carrera del perio-
dista que tienen entre ojos. Un ejemplo reciente es
la persecución contra el grupo de reporteros que
coordinaba Carmen Aristegui. La embestida es-
pecialmente fue contra
ella, al grado de meter la
visible mano peñista para
que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
no atrajera el asunto ge-
nerado por la inquisición
administrativa de los Vargas-MVS, servilmente
cómplices de Los Pinos. Peña echa chispas y ma-
dres contra Jorge Ramos, y hay más que indicios
de que maniobra, por medio de Televisa, para
echarlo de Univisión; y sus colaboraciones sema-
nales en el periódico Reforma sacan de quicio al
“señor presidente”, quien no se guarda sus odios
y fobias contra los periodistas, y les reclama pú-
blicamente o se refiere a ellos como “los que no
aplauden”.
Es por esto que ha ordenado que no les den
publicidad a los medios que no se alinean para
elogiarlo. Lleva casi 3 años –la mitad del mal go-
bierno presidencial– de maniobras contra el pe-
riodismo que se ejerce como contrapoder, tal y
como lo exigen el republicanismo y las democra-
cias directa e indirecta. Y más cuando se siguen
dando vueltas a la tuerca del autoritarismo y las cada
vez menos veladas amenazas de represiones con-
tra los manifestantes que demandan soluciones a
los explosivos problemas sociales, que lideran los
padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el
contexto del tsunami económico que se viene en-
cima de la nación; mientras Peña sigue sin dar
visos de, al menos, un giro po-lí-ti-co en el timón de
la nave estatal, que se en-
fila a zozobrar con los
55 millones de pobres,
los 49 millones sin em-
pleo y cientos de miles
de jóvenes sin cupo en
las escuelas de estudios
superiores.
A los mediocres politiquillos en los poderes del
Estado les molestan los medios de comunicación
escritos, de radio y televisión, que informan veraz-
mente de todo lo que tiene lugar en el escenario
público; e incluso en el terreno privado (ver Ser-
pientes y escaleras, de Salvador García Soto, titulada
“Un problema llamado Angélica”, El Universal, 29
de julio de 2015). Y aquellos que critican el des-
empeño de los funcionarios y los excesos de em-
presarios y banqueros. Ha permitido el peñismo,
no por indiferencia sino conscientemente, que la
El gobierno lleva casi 3 años de
maniobras contra el periodismo
que se ejerce como contrapoder, tal
y como lo exige la democracia
El gobierno lleva casi 3 años de
y como lo exige la democracia
CONTRA LOS PERIODISTAS Y
LAS LIBERTADES DE PRENSA
ÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
Procuraduría General de la Re-
pública (donde la señora Arely
Gómez acaba de nombrar en
su órgano de comunicación a
un temible funcionario de lar-
guísima cola contra los periodis-
tas y las libertades de expresión)
mantenga paralizado el Meca-
nismo de Protección para Per-
sonas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.
Ya nada hace para simular
siquiera que investiga sobre los
32 activistas y los veintitantos pe-
riodistas asesinados. Cinco or-
ganizaciones han insistido en el
desinterés del gobierno federal
en actuar preventivamente para
proteger a los defensores de los
derechos humanos en nuestro
país. Y en cuidar la seguridad,
también, de los reporteros, que
buscan los hechos y se exponen
diariamente. Defensores y pe-
riodistas son parte de los mexi-
canos que están inmersos en las
violencias, con lo cual aquéllos
no tienen, conforme a lo dis-
puesto jurídicamente en el ór-
gano de protección de la Procu-
raduría, ni la mínima atención
en el desempeño de sus tareas. Ellas son: Red Na-
cional de Organismos de Derechos Humanos To-
dos los Derechos para Todos y Todas; Propuesta
Cívica; Serapaz; Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal; y suscribe el reclamo el
Alto Comisionado de la Organización de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos.
El reportero Víctor Ballinas (La Jornada, 29
de julio de 2015) entrevistó a Fernando Ríos, Al-
berto Solís, Pilar Tavera, Balbina Flores y Javier
Hernández Valencia, quienes, con otras organi-
zaciones no gubernamentales, integran el Espa-
cio de Organizaciones de la Sociedad Civil, los
que al “presentar el segundo diagnóstico sobre
la implantación de ese mecanismo –aseguraron–
que las amenazas, ataques y homicidios contra
periodistas y activistas se han incrementado”.
Hicieron notar que “el abanico de perpetrado-
res de ataques es muy amplio, el cual incluye a
funcionarios de los tres niveles de gobierno, desde
alcaldes hasta gobernadores. Esto sin contar con
las amenazas del crimen organizado que controla
grandes territorios”. ¿A qué se debe esto? A este
columnista le parece con toda seguridad (y digo
que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano),-
que es desinterés por parte del peñismo, que se
ha caracterizado por abusar del poder; el mismo
Peña y sus empleados atacan a los periodistas y
dejan en el total desamparo a los defensores de los
derechos humanos. Es una política intencional,
ya que en Los Pinos no toleran ni la información
y ni la crítica.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
H
ace poco más de 1 año aconteció el se-
guimiento mediático e informativo de
la “crisis humanitaria de los niños mi-
grantes centroamericanos” que, sin muchas alu-
siones explícitas a los contextos de precariedad y
larga génesis histórica de un proceso de movili-
dad humana en situaciones de una excesiva vul-
nerabilidad, hacía el recuento de la migración
de decenas de miles de niños centroamericanos
–originarios principalmente de Honduras, Gua-
temala y El Salvador–, que durante su tránsito
por México para llegar a Estados Unidos sufrían
y sufren múltiples agravios y abusos; particular-
mente en el caso de estos niños, las violaciones
constantes de sus derechos humanos acontecen
en torno a sus múltiples características como
sujetos sociales en situaciones de marginación
social e inseguridad: tanto porque son niños sin
acompañamiento –de sus familiares–, como por
ser migrantes en tránsito carentes de documen-
tos migratorios y, además, tener condiciones de
pobreza con bajos niveles de escolaridad y sin
conocimiento de sus derechos (“Niños migran-
tes centroamericanos: indiferencia e incomodi-
dad estatales”, Contralínea 427).
A raíz de esta grave situación de crisis huma-
nitaria en la frontera México-Estados Unidos, el
gobierno mexicano puso en marcha con relativa
rapidez el Programa Integral Frontera Sur (PIFS)
que, a decir de las autoridades mexicanas, era
una iniciativa de manejo integral y se focalizaría
especialmente en el ámbito geográfico de los es-
tados del Sur del país con frontera internacional
(Tabasco, Campeche, Quintana Roo y princi-
palmente en Chiapas). Discursivamente, el PIFS
tuvo como uno de sus objetivos fundamentales
“una frontera próspera, moderna, segura, con
flujos migratorios ordenados y con pleno respe-
to a los derechos humanos” (www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/pone-en-marcha-el-presidente-en-
rique-pena-nieto-el-programa-frontera-sur/).
No obstante, más allá de lo asentado en los
discursos oficiales y desde una perspectiva de
securitización y criminalización de los migrantes,
una de las medidas que de facto caracterizan al
PIFS ha sido el control de los puntos fronterizos
donde los centroamericanos subían al tren (La
Bestia) e iniciaban su travesía por México. Sin
embargo, los migrantes no se fueron o desapare-
cieron; tampoco cesó esta masiva migración, ni
las miles de violaciones a los derechos humanos
de los migrantes; lo que aconteció es que deja-
ron de ser claramente visibles tanto estas mul-
titudinarias dinámicas de movilidad humana
como todo el conjunto de agravios y agresiones
que sufrían los migrantes en su paso por México.
Pero la marginación, la exclusión y la violencia
continuaron e, incluso, se acrecentaron.
Si bien a raíz de estas políticas gubernamen-
tales de vigilancia y securitización fronteriza ha
disminuido el número de migrantes que usan
La Bestia como medio de transporte, se han dis-
parado dos procesos derivados de lo anterior:
a) han crecido exponencialmente las deten-
ciones y deportaciones de centroamericanos;
b) así como han surgido rutas alternas y más
CENTROAMERICANOS EN MÉXICO
VIOLENCIA Y EXCLUSIÓN
GUILLERMO CASTILLO, MAESTROY DOCTOR EN ANTROPOLOGÍA;AUTOR DE PROYEC-
TOS DE INVESTIGACIÓN POSDOCTORAL EN ANTROPOLOGÍA, CON LÍNEAS DETRABAJO
EN MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONALY PROCESOS DE MOVILIDAD GEOGRÁFICA
DE GRUPOS INDÍGENASY CAMPESINOS EN MÉXICO

ARTÍCULO OPINIÓN
peligrosas –donde la propensión a que se come-
tan delitos e ilícitos es mucho más elevada–; de
hecho, la evidencia y testimonios recabados por
grupos y organismos en pro de los derechos de
los migrantes sugiere que en estas rutas alternas
y menos visibles se acrecienta la vulnerabilidad
de los centroamericanos y se comete un mayor
número de crímenes.
A raíz del PIFS, la migración de centroame-
ricanos pareció disminuir y salir de escena. No
obstante, desde hace algunos meses, debido a la
difusión de noticias y testimonios de vejaciones
cometidos por autoridades gubernamentales y
miembros de grupos del crimen organizado, la
migración de centroamericanos en tránsito vuel-
ve a “hacerse visible” y a estar presente en las
denuncias de organizaciones de defensa de los
derechos de los migrantes y en ciertos medios de
comunicación e información.
A semejanza de lo que han señalado diversos
estudios e investigaciones para el caso de los pro-
cesos de movilidad geográfica sin documentos
migratorios de corte laboral y transfronterizo de
mexicanos, la migración de centroamericanos
está relacionada y estimulada por los contextos
específicos de marginación histórico-estructural
de los lugares de origen, que en muchos casos
pueden estar vinculados a condiciones de exis-
tencia de clara precariedad económico-material
como la extrema pobreza, el encarecimiento de
la vida y la ausencia de oportunidades de em-
pleo (Honduras, El Salvador y Guatemala); y,
en otras ocasiones, definidas por coyunturas de
violencia relacionadas a diversos entornos e his-
torias de conflicto social (el golpe de Estado en
Honduras y los altos índices de criminalidad en
ese país, las guerras del siglo pasado de El Salva-
dor y Guatemala, las pugnas entre pandillas, el
crimen organizado, paramilitares, etcétera).
No obstante, lo que se muestra como una
constante para la mayoría de estos migrantes,
que se caracterizan por ser jóvenes con poca es-
colaridad (con la instrucción básica incompleta)
y muchos vinculados laboralmente al sector pri-
mario de la economía (principalmente a las ac-
tividades agrícolas y campesinas), es que en sus
comunidades de origen no tienen opción reales
de un porvenir y un proyecto de vida, ya sea que
no cuenten con un trabajo justo y bien remune-
rado o que carezcan de condiciones de existen-
cia que les garanticen su integridad física y el
derecho a la vida (“Niños migrantes centroame-
ricanos: indiferencia e incomodidad estatales”,
Contralínea 427). De facto, estos jóvenes están en
condiciones de una aguda vulnerabilidad so-
cio-económica y de seguridad, entendiendo por
vulnerabilidad la posibilidad real de que en di-
ferentes niveles y debido y a causa de múltiples
actores e instituciones, sus derechos humanos,
sociales, laborales, a la vida, etcétera, no sean
respetados a cabalidad o de facto sean abierta-
mente transgredidos. En este adverso contexto,
la migración aparece como una de las posibles
alternativas para hacer frente a estos escenarios
de acentuada vulnerabilidad.
Los contextos
de vulnerabilidad
Sin embargo, de acuerdo con lo documenta-
do por diversas organizaciones, durante la tra-
vesía migratoria, y especialmente una vez que
CECILIAMARTÍNEZ

ARTÍCULOOPINIÓN
ingresan a México, la posibilidad que tienen los
migrantes de sufrir algún agravio y/o abuso es
muy alta. Esta propensión a sufrir algún tipo de
agresión se ha incrementado significativamen-
te desde la entrada en vigor del PIFS en julio
del 2014, en razón de que los migrantes, a fin
de evitar los puntos de control y detección que
las autoridades mexicanas instalaron en los si-
tios próximos a las vías del tren, se internan en
nuevas rutas donde están todavía más desprote-
gidos e invisibilizados, sin la ayuda de los grupos
y organizaciones humanitarias. Esta vulnerabili-
dad es aún mayor si se trata de niños y mujeres;
particularmente las mujeres tienen más riesgo de
sufrir ilícitos como la trata y tráfico de personas,
explotación, violación y abuso sexual.
De este modo, en razón de sus características
como sujetos sociales, son varios los niveles de
vulnerabilidad de los
cetroamericanos: por
ser migrantes en trán-
sito en una situación
irregular y no contar
con documentación
migratoria, por estar
en condiciones de agu-
da precariedad material y verse obligados a salir
a buscar trabajo, por la incompleta formación
escolar con que cuentan y el desconocimiento
de sus derechos, y por no contar con informa-
ción sobre el sistema de justicia mexicano. Cabe
apuntar que, los agravios aunque se dirigen
principalmente a los migrantes, también tocan
y han alcanzado a los grupos y organizaciones
en defensa de los derechos de los migrantes. Por
otra parte, desde su inicio y hasta la fecha, con
el PIFS se han multiplicado exponencialmente el
número de deportaciones. Según datos de la Red
de Documentación de las Organizaciones De-
fensoras de Migrantes (Redodem), de 77 mil 953
migrantes deportados en 2013, se pasó, en sólo
1 año, a 107 mil migrantes para 2014; y para el
caso específico de los niños migrantes no acom-
pañados, se incrementaron en 541 por ciento el
número de deportaciones.
Desde hace más de 1 década, y ahora con-
centrados principalmente en tres estados (Chia-
pas, Oaxaca y Veracruz), la gama de delitos de
la que pueden ser víctimas los migrantes centro-
americanos en su tránsito por México es vasta y
comprende desde el robo y la extorsión –que son
por mucho los crímenes más frecuentes–, hasta
lesiones, privación ilegal de la libertad, secuestro,
sobornos, tráfico de personas, abuso y violación
sexual, homicidio, abuso de autoridad, entre
otros. De acuerdo con la Redodem, estos ilícitos
son perpetrados, en primer lugar, por diversos
grupos e individuos del crimen organizado –que
son responsables de la mitad de los crímenes–, en
la segunda posición están los particulares –con
uno de cada cuatro crímenes– y en el tercer sitio
las autoridades –de diverso tipo: federales, esta-
tales y/o municipales,
que en conjunto son
responsables de uno
de cada cinco críme-
nes–. Como ya desde
antes del PIFS, ciertos
grupos e individuos de
las autoridades de dis-
tintos niveles del gobierno mexicano, en tanto
no hacen cumplir el respeto de las normas jurí-
dicas y además agreden a los centroamericanos
en su tránsito por México, son y han sido juez
y parte de estos escenarios de violencia y vul-
nerabilidad de los migrantes; los agentes y
funcionarios corruptos son coparticipes y cóm-
plices de las prácticas criminales. En este tenor,
y a semejanza de lo que acontece en otros de-
rroteros de las relaciones del Estado mexicano
hacia los grupos sociales, la impunidad –como
la abierta permisibilidad de la violación cons-
tante y estructural de la ley y del ejercicio de los
derechos– es una de las características distinti-
vas y endémicas de las políticas migratorias. En
resumen, el PIFS está muy lejos de defender
y velar por los migrantes centroamericanos en
tránsito por México.
A ﬁn de evitar los puntos de control
cercanos a las vías del tren, los migran-
tes se internan en nuevas rutas donde
están todavía más desprotegidos
A ﬁn de evitar los puntos de control
están todavía más desprotegidos

ARTÍCULOOPINIÓN
M
éxico. “Recen por mí”. Ésas fueron las
últimas palabras de la hondureña Eva
Hernández a su madre, Élida, en una
mala conexión telefónica la noche del 22 de agos-
to de 2010.
La joven de 25 años estaba por subirse a una
furgoneta que la llevaría a ella y a 72 hombres y
mujeres más a la frontera de Honduras, cruzar
Guatemala, México y llegar a Estados Unidos.
Eva quería llegar a lo que consideraba la tierra
prometida para encontrar un trabajo que le diera
suficiente dinero para mantener a sus padres y
sus tres hijos pequeños en El Progreso, Honduras.
Pero ella y sus compa-
ñeros de viaje, salvo
uno, no llegaron al des-
tino deseado.
Dos días más tarde,
cuando Élida miraba
por televisión el noti-
ciario nocturno en la
sala de estar, su peor pesadilla se hizo realidad.
Las imágenes de los cuerpos sin vida de 72
hombres y mujeres colmaron la pantalla, víctimas
de lo que ahora se conoce como la primera ma-
sacre de San Fernando, localidad en el norteño
Tamaulipas. Élida reconoció la ropa de su hija en
uno de los cadáveres.
“Al día siguiente compramos los diarios para
ver si podíamos confirmar que era ella por las fo-
tos. Sentía que era ella, pero no estaba segura, na-
die quiere ver a su hija muerta así”, expresó Élida.
La única información sobre cómo se desarro-
lló la masacre surgió del testimonio de su único
superviviente, que desde entonces vive con terror
tras recibir numerosas amenazas de muerte.
Élida no tenía dinero suficiente para viajar a
Tegucigalpa a exigir más información o medidas
de la Embajada mexicana en la capital hondure-
ña. Y nadie se comunicó con ella, tampoco.
Las investigaciones recién comenzaron a to-
mar ritmo cuando una organización de derechos
humanos contactó a la familia.
Dos años pasaron antes de que Élida recibiera
una llamada de la Embajada de México en Te-
gucigalpa confirmándole que Eva había muerto.
“Entré en shock. Sos-
peché que era ella, pero
nunca quieres aceptar
que tu hija está muer-
ta. Al igual que Eva, la
gente muere en esa ruta
todo el tiempo. Todo lo
que quiero es justicia
para que esto no vuelva a suceder”, subrayó, con-
movida.
Élida no está sola.
La masacre de San Fernando ofrece un indi-
cio de una crisis impactante que se estaba gestan-
do desde hace años.
Hombres, mujeres y niños, en una búsqueda
desesperada de mejores oportunidades de vida o
bajo amenaza de muerte de bandas criminales en
la América Central marcada por la violencia, se
aventuran en esta peligrosa travesía con poco que
perder, salvo sus vidas.
Entré en shock. Sospeché que era
ella, pero nunca quieres aceptar que tu
hija está muerta. Al igual que Eva, la
gente muere en esa ruta todo el tiempo
Entré en
gente muere en esa ruta todo el tiempo
LA HORRENDA GUERRA DE MÉXICO
CONTRA LOS MIGRANTES
CAROLINA JIMÉNEZ, SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN PARA LAS AMÉRICAS DE AMNIS-
TÍA INTERNACIONAL, IPS

ARTÍCULO OPINIÓN
Las pandillas criminales –se cree que algunas
operan en connivencia con las autoridades mexi-
canas– atacan a los migrantes en el camino. Las
mujeres son secuestradas y víctimas de trata se-
xual. Los hombres son torturados y muchos son
secuestrados para pedir un rescate.
Pocos llegan a la frontera sin haber sufrido el
abuso de sus derechos humanos. Muchos desapa-
recen en el camino y nunca más se les vuelve a
encontrar.
Las cifras impactantes apenas comienzan a
contar su historia.
Seis meses después de la masacre de San Fer-
nando, 193 cadáveres fueron encontrados en 47
fosas comunes en la misma localidad. Un año
después, 49 torsos desmembrados, al parecer de
migrantes indocumentados, aparecieron en la ciu-
dad de Cadereyta Jiménez, en el vecino estado de
Nuevo León.
En 2013, una comisión forense –integrada por
los familiares de los migrantes, organizaciones de
derechos humanos, antropólogos forenses y fun-
cionarios gubernamentales– comenzó a identifi-
car los restos de las masacres.
Según datos oficiales del Instituto Nacional de
Migración de México, los secuestros de migrantes
aumentaron 10 veces entre 2013 y 2014, con 62
denuncias registradas en 2013 y 682 en 2014.
Las autoridades mexicanas se apresuran a cul-
par de los abusos a poderosas pandillas criminales,
haciendo caso omiso de la evidencia que apunta a
que las fuerzas de seguridad también suelen estar
involucradas en los secuestros y asesinatos.
Pero los desaparecidos de México son invisi-
bles.
O, al menos, las autoridades hacen la vista gor-
da. Mientras tanto, los relatos de muerte y sufri-
miento siguen acumulándose.
Pocos días después de la masacre de San Fer-
nando, el entonces presidente mexicano Felipe
Calderón se comprometió a aplicar un plan coor-
dinado que acabara con los secuestros y asesinatos
de los migrantes.
Cinco años después, poco se ha hecho.
El actual presidente, Enrique Peña Nieto, eli-
gió una estrategia de seguridad –y no de derechos
humanos– para encontrar una solución a la crisis
de migrantes que vive ese país.
En una reciente visita a Washington, Peña
Nieto felicitó al presidente estadunidense, Barack
Obama, por su plan para proteger de la deporta-
ción a millones de inmigrantes indocumentados
que viven en Estados Unidos, y lo describió como
un “acto de justicia”.
Simultáneamente, el presidente mexicano hizo
muy poco para remediar los abusos contra los mi-
grantes que suceden en su propio país.
No existen fórmulas mágicas que resuelvan esta
compleja maraña de delitos, drogas, violencia y
connivencia oficial, pero no hay duda de que las
autoridades mexicanas pueden y deben hacer más
para erradicarla.
Asignar más y mejores recursos para llevar a
cabo investigaciones eficaces de las masacres y
ofrecer protección a los miles de migrantes que
cruzan el país son dos medidas que no pueden de-
morarse más.
Al hacerlo, México enviará el fuerte men-
saje de que las autoridades mexicanas quieren
verdaderamente aplicar la justicia en el caso de
los migrantes. Ya conocemos las macabras con-
secuencias que tiene el no hacer lo suficiente.
(Traducción de Álvaro Queiruga)
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
D
espués de haber sido secretario general
de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte, OTAN –bajo las órdenes de
Estados Unidos–, desde 2009 hasta 2014, Anders
Fogh Rasmussen acaba de ser contratado como
consultante internacional por Goldman Sachs,
el banco de negocios más poderoso de Estados
Unidos.
Es prestigioso el currículum de Rasmussen.
Como primer ministro de Dinamarca (de 2001 a
2009), se dedicó a “la ampliación de la Unión Eu-
ropea y de la OTAN contribuyendo a la paz y la
prosperidadenEuropa”.Comosecretariogeneral
de la OTAN, represen-
tó a la alianza atlántica
en su “pico operativo
con seis operaciones en
tres continentes”, entre
ellas las guerras con-
tra Afganistán y Libia.
Además, “en respuesta
a la agresión rusa contra Ucrania, reforzó la de-
fensa colectiva a un nivel sin precedentes desde el
fin de la Guerra Fría”.
También apoyó la Asociación Transatlán-
tica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por
su sigla en inglés), también conocida como Área
de Libre Comercio Transatlántico entre Estados
Unidos y la Unión Europea, base económica de
una “comunidad transatlántica integrada”.
Rasmussen presenta, por lo tanto, aptitudes
inestimables para Goldman Sachs, cuya estra-
tegia es simultáneamente financiera, política y
militar. Después de años de trabajo en Gold-
man Sachs, los dirigentes y consultantes de este
enorme banco estadunidense han ido a ocupar
puestos clave en el gobierno de Estados Unidos
y en los de otros países. Entre ellos se encuentran
Mario Draghi –quien fue gobernador del Banco
de Italia y ahora es presidente del Banco Central
Europeo (BCE)– y Mario Monti, designado en
2011 como jefe del gobierno italiano por el presi-
dente Giorgio Napolitano.
Así que nada tiene de sorprendente que Gold-
man Sachs se suba las mangas para participar en
las guerras de la OTAN. Por ejemplo, en la gue-
rra contra Libia, donde
primeramente se apro-
pió –provocando pér-
didas ascendentes al 98
por ciento– de fondos
públicos por un mon-
to de 1 mil 300 millones
de dólares, fondos que
el gobierno libio le había confiado en 2008. En
2011, Goldman Sachs participó también en el
saqueo de los fondos soberanos libios (estimados
en unos 150 mil millones de dólares) que Estados
Unidos y la Unión Europea congelaron en el mo-
mento de la guerra. Actualmente, para adminis-
trar a través del control del Central Bank of Libya
los fondos provenientes de las nuevas exportacio-
nes de petróleo, Goldman Sachs se dispone a
desembarcar en Libia en el marco de la opera-
ción que Estados Unidos y la OTAN ya tienen
proyectada, bajo la bandera de la Unión Europea
En la guerra contra Libia, Goldman
Sachs se apropió de 1 mil 300 millo-
nes de dólares de los fondos que el
gobierno le había conﬁado en 2008
En la guerra contra Libia, Goldman
gobierno le había conﬁado en 2008
GOLDMAN SACHS
SIEMPRE BENEFICIARIO
DE LA GUERRA
MANLIO DINUCCI, GEÓGRAFOY POLITÓLOGO, IL MANIFESTO/REDVOLTAIRE

ARTÍCULO OPINIÓN
y la “conducción italiana”.
Basándose en una lúcida “teoría del caos”,
se explota la situación de caos provocada por las
guerras contra Libia y Siria, instrumentalizando
y canalizando hacia Italia y Grecia –dos de los
países más débiles de la Unión Europea– el trági-
co éxodo de migrantes que huyen de esas guerras.
Este éxodo sirve como arma de guerra sicológica
e instrumento de presión económica para de-
mostrar la necesidad de realizar una “operación
humanitaria de paz” cuyo verdadero objetivo es
ocupar militarmente las zonas estratégica y eco-
nómicamente más importantes de Libia. Al igual
que la OTAN, Goldman Sachs contribuye acti-
vamente a la estrategia de Washington, que quie-
re disponer de una Europa sometida a Estados
Unidos.
Después de haber contribuido, mediante la
estafa de los préstamos subprimes, a desatar la cri-
sis financiera, que posteriormente se extendió a
Europa desde Estados Unidos, Goldman Sachs
especuló sobre la crisis europea aconsejando “a
los inversionistas sacar provecho de la crisis finan-
ciera en Europa”.
Según investigaciones debidamente docu-
mentadas en 2010-2012 por medios como Der
Spiegel, The New York Times, la BBC y Bloomberg
News, Goldman Sachs también disfrazó, mediante
complejas operaciones financieras –como “prés-
tamos camuflados” bajo condiciones draconia-
nas y venta de “títulos tóxicos estadunidenses”–
el verdadero monto de la deuda griega. En este
caso, Goldman Sachs maniobró con más habili-
dad que Alemania, el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional, que no han sabi-
do esconder el yugo que pusieron al cuello de Grecia.
Al reclutar a Rasmussen, con la red interna-
cional de relaciones políticas y militares que este
personaje ha tejido durante sus 5 años como se-
cretario general de la OTAN, Goldman Sachs
refuerza sus posibilidades de influencia y de pe-
netración.
MIGUELGALINDO

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n Sellia, un pueblito de la sureña región ita-
liana de Calabria, está prohibido morir.
Una ordenanza emitida por el alcalde Da-
vide Zicchinella a principios de agosto de este año
así lo establece, y exige a las 500 personas que allí
residen hacer todo lo posible para mantenerse
saludables.
Quienes no se protegen ponen en riesgo su vida
y la de la comunidad. Aquellos que no se cuiden y
practiquen hábitos perjudiciales deberán pagar
mayores impuestos, explica el gobernante y pedia-
tra de profesión.
Aunque pudiera parecer sacada de una historia
de ficción, la norma es
tan real como imposi-
ble de cumplir.
No es una broma
–asevera Zicchinella–.
Sellia, como muchas
otras localidades del
Sur del país, es afecta-
da por la despoblación. Garantizando la protec-
ción de nuestros habitantes, evitamos que nuestra
comunidad desaparezca.
Con tal propósito, el gobierno local ofreció
facilidades para el acceso a centros médicos y
dispuso la realización de análisis periódicos a los
pobladores.
Financiamos servicios muy costosos e impor-
tantes. Por eso, quienes los usen gozarán de des-
cuentos y beneficios, pero los que no tomen pre-
venciones deberán pagar tasas adicionales, señaló
el alcalde interrogado por medios de prensa.
Según estudios recientes, durante los últimos 15
años Sellia perdió casi un tercio de su población y
el 60 por ciento de sus residentes está por encima
de los 70 años, la mayoría de ellos son mujeres viu-
das. Éste es sólo un caso de muchos en Europa,
atribuidos a la migración y el envejecimiento po-
blacional, problemáticas que alarman y suponen
un gran desafío en naciones de todo el Continente.
Si bien el abandono de las zonas rurales por
una parte de sus habitantes, quienes buscan un
mejor futuro en las grandes ciudades, es conside-
rado un fenómeno preocupante, la disminución de
los nacimientos mantiene alerta a los gobiernos.
De acuerdo con pro-
yecciones de la Comi-
sión Europea, hacia
2050 la cifra de ciuda-
danos establecidos en
países del bloque comu-
nitario ascenderá a 526
millones y comenzará a
descender a partir de ese momento.
Por otra parte, la expectativa de vida para los
hombres será de aproximadamente 84 años y para
las mujeres de 89.
No obstante, en tanto se prevé que la cantidad
de personas menores de 20 años se mantenga en
niveles similares durante las próximas 5 décadas
(20 por ciento de la población total de la Unión
Europea), se espera que los mayores de 65 años au-
menten de un 18 a un 28 por ciento.
Si bien los expertos pronostican un aumento de
la cifra de residentes comunitarios, también alertan
Sellia es un ejemplo de lo que pasa
en Europa: en 15 años perdió casi un
tercio de su población; el 60 por ciento
de sus residentes supera los 70 años
Sellia es un ejemplo de lo que pasa
de sus residentes supera los 70 años
EUROPA TEME ENVEJECER…
Y DESAPARECER
GLENDA ARCIA, PERIODISTA DE LA REDACCIÓN EUROPA DE PRENSA LATINA

ARTÍCULO OPINIÓN
sobre la edad de los mismos, cada vez más entre los
rangos superiores a los 50 años.
Según Teresa Castro, demógrafa y profesora
española, “el envejecimiento poblacional es fruto
de dos procesos concurrentes: la prolongación de
la esperanza de vida y el descenso de la fecundi-
dad, que reduce el peso relativo de la población
infantil y, con el tiempo, el de la adulta joven”.
Pese a ser considerado un resultado del desa-
rrollo y las conquistas sociales, dicho fenómeno
plantea importantes retos para el mercado laboral
y la sostenibilidad del Estado de bienestar, explica
la investigadora, quien advierte sobre la importan-
cia de los cambios demográficos y su lugar priori-
tario en los debates actuales.
El descenso de la cantidad de habitantes eco-
nómicamente activos resulta cada vez más alar-
mante, pues atenta contra el sostenimiento de cada
país, el mantenimiento de los logros alcanzados y
el progreso social.
Aunque, “el envejecimiento de la población es
un proceso inevitable e irreversible en las socieda-
des demográficamente avanzadas”, Castro señala
la posibilidad y necesidad de establecer iniciativas
dirigidas a aumentar la fecundidad, la participa-
ción laboral y la capacidad productiva.
Mejorar las condiciones de
los ciudadanos, promover una
conciliación entre la vida labo-
ral y familiar, lograr una mayor
inversión en la educación y mo-
tivar a jóvenes, mujeres y adul-
tos mayores con capacidad para
continuar trabajando, son algu-
nas de las medidas propuestas
por estudiosos sobre el tema.
Aun cuando algunos defien-
den el aumento de la inmigra-
ción como alternativa viable,
otros llaman la atención sobre
su impacto a corto y mediano
plazos. La llegada de foráneos
permite incrementar la fuerza
de trabajo y mitigar coyuntural-
mente los desequilibrios existen-
tes, pero con el tiempo su efecto
se diluye y no puede contrarres-
tar la tendencia al envejecimien-
to inherente a la dinámica poblacional, explica
Castro.
Para Asghar Zaidi, asesor del Centro Europeo
para las Políticas de Bienestar Social e Investiga-
ción, el incremento de la población adulta “podría
considerarse un peligro u ofrecer nuevas oportuni-
dades para la sociedad, dependiendo de cómo lo
afrontemos”.
Tanto el Ejecutivo comunitario como los go-
biernos de los Estados miembros reconocen el im-
pacto de ese fenómeno y expresan su respaldo a
programas que permitan alcanzar un incremento
de la natalidad y la participación de las personas
mayores en actividades productivas, así como el
diálogo intergeneracional.
No obstante, organismos humanitarios advier-
ten sobre la exclusión y discriminación por edad
aún presente en la sociedad actual, ante lo cual
exigen una mayor responsabilidad por parte de la
dirección de cada país.
En ese sentido, abogan por priorizar la aten-
ción a esa problemática en las agendas nacionales
e incrementar los estudios al respecto, además de
la ejecución de medidas y acciones eficaces, basa-
das en el respeto y la solidaridad.
MIGUELGALINDO

INVESTIGACIÓN PORTADA
NARCOTRÁFICO
LA OTRA
REFORMA
ESTRUCTURAL

INVESTIGACIÓNPORTADA
El Cártel de Sinaloa,
con vía libre para
someter o exterminar
a los demás. Libres el
Chapo y Caro Quintero,
“con la misión de terminar
la guerra de cárteles
e instaurar una
pax mafiosa”
E
l gobierno mexicano podría estar buscando
el retorno de un poder hegemónico entre
la delincuencia organizada, según un do-
cumento del Congreso estadunidense fechado a
finales de julio pasado. El objetivo: establecer una
pax mafiosa liderada por el Cártel de Sinaloa, que
baje los niveles de violencia y reemplace la actual
“situación multipolar” donde priva el crimen y el
terror. Bajo esta lógica estaría la reciente fuga de
Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
El documento señala que esta posible apuesta
del gobierno de Enrique Peña Nieto podría signi-
ficar la pérdida de la legitimidad del Estado. Pero
también podría lograr la reducción de la violencia
y sacar el problema del narcotráfico de los asuntos
de seguridad nacional para llevarlo a los del orden
público.
El negocio del trasiego de drogas en México
no se va a terminar pero, por la viabilidad del país,
sí se debe transformar: hacerlo menos violento,
CECILIAMARTÍNEZY123RF
ZÓSIMO CAMACHO, @zosimo_contra

controlado y con “unidad de mando”, señala, en
entrevista con Contralínea, el especialista en se-
guridad nacional, narcotráfico y Fuerzas Armadas
Guillermo Garduño Valero. Ése es el análisis que,
considera, privó en las esferas de seguridad nacio-
nal del gobierno de Peña Nieto.
De acuerdo con el doctor en sociología por
la Universidad Nacional Autónoma de México
y especialista en América Latina por la Univer-
sidad de Pittsburgh, lo que está en marcha es la
expansión del Cártel de Sinaloa a todo el Pacífico,
la “recuperación” de la frontera con Estados Uni-
dos, su llegada al Golfo y el control del negocio
en Centroamérica. En esta operación, los demás
cárteles serán sometidos o aniquilados, considera.
La fuga, un asunto consensuado en los “más altos
niveles”, asegura.
Así, Joaquín Guzmán se convertiría en el capo
di tutti capi, o el jefe de jefes, de toda la mafia del
hemisferio occidental.
Hoy, el trasiego de drogas en México está do-
minado por nueve grandes cárteles: tres de ellos
de carácter “nacional”(Sinaloa,Los Zetas y Jalisco
Nueva Generación); cuatro “regionales” (El Gol-
fo,los Caballeros Templarios y Pacífico Sur) y dos
“cobradores de peaje”(Juárez y Tijuana).A los an-
teriores se suman 202 células delictivas distribui-
das en todo el territorio nacional, principalmente
en las entidades federativas de Tamaulipas (42),
Guerrero (25) y el Distrito Federal (24).
La información está contenida en el estudio
Mexico: organized crime and drug trafficking orga-
nizations (que podría traducirse como México: cri-
men organizado y organizaciones traficantes de dro-
gas),publicado por el Servicio de Investigación del
Congreso estadunidense: Congressional Research
Service. El documento, elaborado por el analista
en asuntos latinoamericanos June S Beittel, está
fechado el 22 de julio pasado y da cuenta del mapa
de la mafia en México luego de la fuga de Joaquín
Guzmán Loera, el Chapo, líder del Cártel de Si-
naloa.
El poderío del Cártel de Sinaloa es destacado
en el estudio. A pesar del nivel de violencia que
han demostrado otros cárteles, el encabezado por
el Chapo es “la organización mafiosa más poderosa
del hemisferio occidental”. Y es la única que, en
el trasiego de drogas desde América del Sur y de
las producidas en México, “ha utilizado túneles,
catapultas, submarinos, lanchas rápidas y semisu-
mergibles”, además de buques de transporte aéreo
y contenedores.
Las capacidades organizativas también son
resaltadas en el documento: es un cártel con un
modelo descentralizado que, sin embargo somete
a todas sus células. Guillermo Garduño, catedrá-
tico en la Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Iztapalapa, asegura que esta organización
delictiva está dedicada netamente a su negocio:
“no tiene negocios paralelos como el secuestro, la
extorsión o el robo de hidrocarburos”; el modelo
de organización criminal “preferible”.

El documento destaca que la reciente fuga de
Guzmán Loera tendrá “serias consecuencias”para
México, Estados Unidos y Centroamérica.
Adiós al país mariguanero
La madrugada del pasado domingo 12 de julio
las más altas autoridades de seguridad en México
debieron informar que Guzmán Loera había es-
capado por medio de un túnel de 1.5 kilómetros,
construido desde un terreno adyacente al penal y
hasta la regadera de la celda de Guzmán: justo en
el único punto ciego de las cámaras de seguridad
del Centro Federal de Readaptación Social 1, El
Altiplano, de máxima seguridad del país y consi-
derado hasta entonces el de mayor rigor carcelario,
con infraestructura física y tecnológica para evitar
todo intento de fuga e, incluso, repeler un ataque.
“La fuga se realizó con toda la aprobación de
las autoridades mexicanas de todos los niveles.No
se puede escarbar y hacer un túnel de esa natu-
raleza sin la anuencia de las autoridades. Es una
estupidez considerar que la fuga fue un asunto de
los celadores. Lo que ocurrió es de una enorme
complicidad de las autoridades de todos los nive-
les del país”, dice, categórico, Guillermo Garduño,
quien es también conferencista en el Colegio de
la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional y en el Centro de Estudios Superio-
res Navales de la Secretaría de Marina.
El especialista agrega que un personaje como
el Chapo es, en estos momentos, más útil afuera
que adentro. Hoy, cuando un capo es capturado
o abatido, la sucesión no se realiza escalonada-
mente, como hace 1 década. Lo que ocurre es
el fraccionamiento de los grupos y la multipli-
cación de la violencia. “Por eso lo que ahora se
necesita es la unidad de mando. La propia DEA
[organismo del gobierno federal estadunidense
encargado del combate al tráfico de drogas] y
Cártel de Sinaloa, la organización más poderosa del hemisferio occidental, según el análisis del Congreso estadunidense

quien quiera invertir. Había que parar esta situa-
ción”.
—Si es así, ¿por qué se escoge al Chapo y no a
otro personaje? –se le cuestiona.
—El Chapo es el único capaz de coagular los
intereses de toda la mafia o someterla en un
mando único. No hay ningún otro actor así de
los que están afuera.
Pero no se trata sólo de que exista un “man-
do”de la mafia con el cual tratar.A decir de Gar-
duño Valero, de lo que se trata es de transfor-
mar un negocio que cada vez es más violento,
tiene más actores y genera menos ganancias, tal
y como está estructurado. Para reorganizarlo po-
dría resultar útil otro capo nacido, igual que el
Chapo, en el municipio sinaloense de Badiragua-
to y puesto en libertad en 2013.
“En este mismo sentido se inscribe la libertad
de [Rafael] Caro Quintero. La mariguana ya no
es negocio: se ha legalizado en varios estados de
Estados Unidos y su uso ha sido sustituido por
otras drogas. Cada vez genera menos dividen-
dos.”
Garduño explica que con menos ganancias y
más actores, la mayoría de los cárteles han diver-
sificado sus negocios: secuestro, extorsión, robo.
Sólo el Cártel de Sinaloa
mantiene como principal
trabajo el trasiego de dro-
gas. El negocio del narco-
tráfico en México pasó de
ser “mariguanero” a uno
que produce opio, heroí-
na, morfina y que procesa
la hoja de coca. Y aunque
tienen más capacidad de
fuego, los cárteles siguen,
organizativamente, como los de 1980.
“El que puede dar fin a este modelo de narco-
tráfico y dar paso a uno moderno es Caro Quin-
tero”, explica.
Rafael Caro Quintero fue liberado por reso-
lución de un tribunal colegiado el 9 de agosto
de 2013, 8 meses después de que Enrique Peña
Nieto asumiera la Presidencia de la República.
El 16 de enero de este año se emitió una nue-
va orden aprehensión en su contra y, como en
Estados Unidos tuvieron que tener esto en con-
sideración a propósito de la fuga.
Por su parte, el documento del Congreso
estadunidense señala que el escape ocurrido el
pasado 11 de julio representa un enorme retro-
ceso (“a huge stepback”) para el gobierno de Peña
Nieto, de por sí “ya asediado por acusaciones de
corrupción y bajos índices de aprobación”.
Todo lo que hubiera logrado la administra-
ción de Peña Nieto en materia de combate al
narcotráfico quedó rebasado. Los golpes a los cár-
teles que nunca hizo la administración de Feli-
pe Calderón y de los que presumía el gobierno
actual fueron eclipsados. El documento cita la
propia captura de Guzmán Loera en febrero de
2014; la detención de los más altos líderes de Los
Zetas en 2013 y marzo de 2015, y los arrestos de
Héctor Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuen-
tes. También se podría mencionar la captura de
Servando Gómez, la Tuta, y el abatimiento, en
marzo de 2014, de Nazario Moreno, el Más
Loco, ambos de los Caballeros Templarios. El
último, dado por “muerto”en 2010 por el gobier-
no de Felipe Calderón y por quien fuera su titu-
lar de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El propio documento señala que de un to-
tal de 122 líderes del nar-
cotráfico, el gobierno de
Peña Nieto había arres-
tado o neutralizado 93.
Pero la fuga de Guzmán
“contradice” la aseveración
de que se combate fron-
talmente a la delincuen-
cia, asienta el estudio del
Congreso estadunidense.
Para Guillermo Gar-
duño, el desprestigio es un costo que el gobierno
federal tuvo que aceptar: “el Estado mexicano no
puede ya revertir la situación. Ya no aguanta más
la presión. Las unidades militares están copadas.
Hay suicidios entre la tropa y oficiales, mientras
los narcos en plena batalla están atacados de risa,
es decir, las fuerzas morales que debe tener toda
organización militar están abatidas. El país se
está descapitalizando, pues no hay capital que
soporte esta inseguridad. No hay garantías para
El Chapo es el único
capaz de coagular los
intereses de toda la
maﬁa o someterla en un
mando único

el caso del Chapo, las autoridades mexicanas y
estadunidenses de manera formal lo buscan in-
tensamente.
Caro Quintero, el Narco de Narcos, fundó a
finales de la década de 1970 el Cártel de Sina-
loa (también conocido entonces como el Cártel
de Guadalajara por haber trasladado a la ciudad
capital de Jalisco sus principales operaciones ad-
ministrativas). Sus otros socios fundadores, Mi-
guel Ángel Félix Gallardo, el primer Jefe de Jefes
o el Padrino, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don
Neto, permanecen en prisión.
Luego de la fuga de Joaquín Guzmán, en
México el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, y el director del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio
Ímaz Gíspert, permanecen en sus cargos. El co-
misionado Nacional de Seguridad, Monte Ale-
jandro Rubido, fue sustituido el pasado jueves
27 de agosto por Renato Sales Heredia. Sólo fue
destituido el director del penal y tres custodios
se encuentran presos.
En una de sus primeras declaraciones, Sales
Heredia se refirió al Chapo. El que en 2001 estu-
viera a cargo de la investigación de la muerte de
la defensora de derechos humanos Digna Ochoa
y que concluyó que la activista se había suicida-
do, prometió que capturará al capo.
Lo cierto es que Joaquín Guzmán Loera tie-
ne más garantías: las autoridades mexicanas le
han expedido un amparo para que, en caso de
que nuevamente sea detenido, no sea extradita-
do a Estados Unidos. El pasado 31 de julio, el
Juzgado Quinto de Distrito concedió a Guzmán
Loera un amparo promovido por sus abogados
contra todo intento de, una vez capturado, ser
enviado al vecino país del Norte.
Y las informaciones a las que tuvo acceso el
Servicio de Investigación del Congreso estadu-
nidense “hacen suponer” que el Chapo “no será
aprehendido en 1 par de semanas”,como cuando
se fugó la primera vez y duró 13 años fugitivo.

Los nacionales
La clasificación de los cárteles que presenta el
estudio del Congreso estadunidense es de la au-
toría del investigador mexicano Eduardo Gue-
rrero Gutiérrez. La información proporcionada al
Congressional Research Service por el politólogo,
exasesor en la Oficina de la Presidencia de la Re-
pública y, entre otros cargos, exanalista del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional, identifica
a nueve organizaciones: tres nacionales; cuatro re-
gionales, y dos cobradores de peaje.
Adicionalmente a las nueve organizaciones cri-
minales que trasiegan drogas en México, operan
202 células de la mafia. Según la investigación del
Servicio de Investigación del Congreso estaduni-
dense, estas pequeñas organizaciones se despren-
dieron de las organizaciones grandes. Operan en
localidades contiguas en algunos estados. Su prin-
cipal actividad es la distribución de drogas a peque-
ña escala, pero también pueden estar involucradas
en la extorsión,el secuestro y el robo de vehículos.
De acuerdo con los datos ofrecidos por Gue-
rrero Gutiérrez –hoy al frente de la firma Lantia
Consultores– al Congressional Research Service,
en México existen tres grandes organizaciones de
carácter nacional: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas
y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Estas organizaciones están presentes o con-
trolan numerosas rutas de la droga,incluyendo los
puntos de entrada y salida en las fronteras Norte
y Sur.También operan en las principales rutas in-
ternacionales. Han diversificado sus negocios ha-
cia otras actividades delictivas muy lucrativas pero
con poca violencia.
De acuerdo con el estudio del analista de
asuntos latinoamericanos June S Beitel, el Cártel
de Sinaloa controla actualmente entre el 40 y el
60 por ciento del total de la droga que se trasiega
en México. Las ganancias de esta organización
superan los 3 mil millones de dólares anuales.
Tiene presencia en 50 países de cuatro continen-
tes: América, Europa, África y Asia.
En México, controla casi la totalidad de la
delincuencia en cinco estados de la Repúbli-
ca: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y
Chihuahua. Trafica principalmente cocaína; pero
también heroína, metanfetaminas, drogas sintéti-
cas y, entre otras, mariguana. No hay región de
Estados Unidos adonde no lleguen los productos
del Cártel de Sinaloa.
Esta organización, la más poderosa, es la que
conserva el núcleo que descendió de Miguel Án-
gel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Er-
nesto Fonseca Carrillo. El documento destaca su
“reputación” por su destreza organizativa. A di-
ferencia de los otros cárteles, está integrado por
una red de organizaciones más pequeñas que ha
logrado dirigir y controlar con éxito.
Los Zetas,por su parte,originalmente integra-
dos por exmiembros de las Fuerzas Especiales del
Ejército Mexicano,tienen como principal negocio
“la violencia organizada”. Según el documento,
el principal activo de esta organización de carác-
ter nacional no es el narcotráfico, sino la suma de
otros negocios: robo de combustible, extorsión,
tráfico de personas y secuestro. Se trata de los de-
litos que más impactan en la sociedad mexicana.
Esta organización está presente en la mayoría
de los estados del Golfo de México pero también
ha llegado a Ciudad Juárez,Chihuahua,y algunos
estados del Pacífico. También se encuentran en
centro y Suramérica. Lejos de tratar de obtener
el apoyo de la población, la intimidación, a través
de la tortura y el asesinato, es la principal estrate-

gia que emplea para mantener el control de los
territorios.
Luego de haberse encumbrado durante el se-
xenio de Felipe Calderón,es el cártel más golpeado
desde que el Partido Revolucionario Institucional
regresó a la Presidencia de la República en 2012.
Más de 30 líderes zetas habían sido capturados o
asesinados hasta abril de 2015.
Por su parte, el Cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración es un desprendimiento del Cártel de Si-
naloa ocurrido tras la muerte
de Ignacio Coronel, Nacho,
abatido por elementos del
Ejército Mexicano en julio
de 2010. La fracción, ya in-
dependiente de Sinaloa aun-
que sin entrar en conflicto
con este cártel, se presentó
en 2011 como Los Mataze-
tas. Según la investigación
del Congreso estadunidense,
el rompimiento definitivo con Sinaloa habría ocu-
rrido en el verano de 2013. Tienen presencia en
nueve estados de la República Mexicana.
A esta organización se le atribuye el primer
derribo de un helicóptero militar realizado por
fuerzas criminales. Lo cierto es que el 1 de mayo
pasado no sólo derribaron un helicóptero, sino
que enfrentaron de manera frontal a las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
Guillermo Garduño observa que ese día el
país se partió en dos. La organización criminal
tomó el sistema carretero en Michoacán, Gua-
najuato, Jalisco y Colima y tapó toda la entrada
al Noroeste del país. “Ese fortalecimiento de los
de Nueva Generación ocurrió tras la captura del
Chapo”. El investigador considera que la capaci-
dad mostrada por la organización delincuencial,
que enfrenta frontalmente a las Fuerzas Armadas,
probablemente fue el detonante para el cambio de
estrategia en el gobierno de Peña Nieto.
Los regionales
Estos cárteles mantienen un control limi-
tado sobre los segmentos de las rutas de tráfico
que pasan por su territorio. Según la información
de Guerrero Gutiérrez contenida en el estudio
Mexico: organized crime and drug trafficking orga-
nizations, estos cárteles reciben mucho menores
ganancias que las de carácter nacional. Por ello
son las que más han diversificado sus actividades
delictivas con un alto impacto social: extorsión,
secuestro, robo de petróleo, contrabando de bie-
nes y personas y robos de vehículos. Se trata del
Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, los Ca-
balleros Templarios y el Cártel del Pacífico Sur
(también conocido como
Los Beltrán Leyva).
El Cártel del Golfo fue
el más cercano competidor
que ha tenido el Cártel de
Sinaloa. En 2000, El Cár-
tel del Golfo se encontra-
ba en el cenit de su poder.
Hoy está dividido en varias
bandas que luchan por el
control de la organización.
Su acelerado declive comenzó en 2010, cuando
su brazo armado, Los Zetas, se separó del cártel y
ambas organizaciones entraron en una sangrienta
e “hiperviolenta” batalla por el negocio. Según el
documento,se trata del conflicto “más violento en
la historia del crimen organizado en México”.
El Cártel del Golfo ha derivado en bandas
dedicadas a la extorsión que, en muchas ocasio-
nes,no tienen comunicación entre sí.Aspira a ex-
terminar a Los Zetas para retomar el control del
negocio y de la estratégica ciudad de Monterrey,
Nuevo León. Hoy defiende su bastión en Mata-
moros,Tamaulipas.
La Familia Michoacana oficialmente ha sido
disuelta.Sin embargo,continúa funcionando me-
diante células dispersas.Aunque se dedica princi-
palmente a la producción de metanfetaminas y al
trasiego de marihuana,cocaína y heroína,cada vez
más depende del secuestro y la extorsión. Opera
en zonas del Estado de México y de Guerrero.
Los CaballerosTemplarios,originalmente una
escisión de la Familia Michoacana, se especializa
en la producción de metanfetaminas, pero tam-
bién participa en el trasiego de cocaína y mari-
huana a Estados Unidos. Como la mayoría de las
organizaciones en declive,su negocio ha derivado
El Cártel de Jalisco
Nueva Generación es un
desprendimiento del de
Sinaloa, ocurrido tras la
muerte de Nacho Coronel

en extorsión y otros delitos,entre el que destaca la
minería ilegal: hasta junio de 2014, las autorida-
des mexicanas habían incautado 70 millones de
dólares en mineral de hierro provenientes de las
minas que ilegalmente operaba esa organización.
La detención de su último líder, Servando Gó-
mez, la Tuta, hizo que se desplomaran abrupta-
mente las actividades del cártel.
El Cártel del Pacífico Sur es originalmente un
desprendimiento del Cártel de Sinaloa. Luego de
su separación, esta organización también conoci-
da como Los Beltrán Leyva, se ha venido des-
integrando por los golpes recibidos de las auto-
ridades mexicanas: la detención o el abatimiento
de sus principales líderes.Pero esta fragmentación
no termina con la violencia; por el contrario, la
potencia. Algunos grupos de esta organización
mantienen una lucha por la hegemonía en la es-
tructura que resta. Algunos de estos grupos son
Guerreros Unidos y Los Rojos. Sigue traficando
cocaína y tiene presencia en unas nueve entidades
de la República, pero cada vez más depende del
secuestro y la extorsión.
Los cobradores de peaje
Son dos organizaciones que en otros años fi-
guraron entre las más poderosas de México y el
Continente. Hoy sus ingresos principales provie-
nen de las cuotas que cobran a otras organiza-
ciones que realizan cargamentos de droga en los
municipios que controlan. Se trata del Cártel de
Juárez (también llamado Organización Carrillo
Fuentes) y el Cártel de Tijuana (al que también se
le conoce como la Organización Arellano Félix).
El Cártel de Juárez es otro de los que en 2008
se separó del de Sinaloa. La disputa que siguió
hizo de la fronteriza Ciudad Juárez una de las más
violentas de México. Los golpes recibidos han he-
cho que pierda el control de su brazo armado, La
Línea, pero no ha entrado en conflicto con él y
se consideran aliados.Mantiene un acuerdo ahora
también con Los Zetas y con la pandilla Barrio
Azteca, para tratar de expulsar al Cártel de Sina-
loa y recuperar esa ciudad.
Por su parte, el Cártel de Tijuana mantiene la
ciudad fronteriza de Baja California por un acuer-
do con el Cártel de Sinaloa,el cual paga una cuota
para usar la plaza.La organización de Los Arella-
no Félix, hoy encabezada por Fernando Sánchez
Arellano, no es parte del Cártel de Sinaloa pero
está totalmente subordinado a él.
La destrucción de la organización de Los
Arellano Félix data de 2001, precisamente en el
contexto de la disputa contra el Cártel de Sinaloa.
“Desde el sexenio de Vicente Fox se ha busca-
do apuntalar a la organización de Joaquín Guz-
mán –señala el especialista Guillermo Garduño–.
La primera fuga [ocurrida el 18 de enero de 2001]
tuvo el objetivo de destruir a Los Arellano Félix.
Y se logró. Ahora habrá que someter al Cártel de
Juárez, a Los Zetas, al Cártel del Golfo y al Cár-
tel de Jalisco Nueva Generación. Y parar toda la
guerra entre cárteles.”
Joaquín Guzmán Loera había sido deteni-
do por primera vez el 9 de junio de 1993. Fue
aprehendido en Guatemala en un operativo en-
cabezado por el entonces director de Inteligencia
Militar de ese país, Otto Pérez Molina.
Hoy, como presidente de la República de
Guatemala, Pérez Molina rechaza la guerra con-
tra las drogas y aboga por la legalización de algu-
nos estupefacientes. Actualmente es acusado de
corrupción y en los próximos días podría dejar su
cargo; mientras, el Cártel de Sinaloa se expande a
Centroamérica.

INVESTIGACIÓN CAPITALES
SAT: PERDÓN PARA LOS GRANDES
SAÑA PARA
LOS PEQUEÑOS

INVESTIGACIÓNCAPITALES
Apenas 36 empresas
concentraron el 50 por
ciento de los montos
perdonados por Hacienda.
Mientras el SAT deja
de cobrar cientos de
millones, un profesionista
es perseguido hasta que
pague el último centavo
ÉRIKA RAMÍREZ, @erika_contra
P
ara un expequeño empresario, y ahora em-
pleado industrial, es un vía crucis la exigen-
cia de las autoridades a saldar un adeudo de
1 millón de pesos, que no podría pagar ni en 10
años de trabajo continuo, además de la amenaza
de ir a prisión.
Sus manos evidencian el trabajo directo con
máquinas, grasas y líquidos que entintan y lasti-
man su morena piel. Ingeniero civil de profesión,
José Eduardo Álvarez Domínguez es el encar-
gado de dar mantenimiento a una planta indus-
trial dedicada al estampado de telas.Con 58 años
de edad,lleva 8 en una batalla legal contra el fisco
y el Poder Judicial.
Hace algunos meses estuvo a punto de ren-
dirse y pagar su condena con los 3 meses de
prisión que le impuso Graciela Malja Aguirre,
jueza segunda de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Distrito Federal por encontrarlo
responsable de defraudación fiscal equiparada.

Las autoridades hacendarias y judiciales bus-
can también pague el “crédito fiscal” de 1 millón
130 mil pesos, que involucra a una empresa de
la que fue socio, Max Olivares Arquitectos, SA
de CV, y del que sus dueños y socios mayorita-
rios ya fueron absueltos. Álvarez Rodríguez no
cubriría la exigencia del crédito fiscal ni en 10
años de trabajo continuo, con la aportación de la
mitad de su salario mensual.
De origen humilde, habitante de una de las
demarcaciones más populares en el Estado de Mé-
xico, José Eduardo no fue tan afortunado como la
empresa Sabritas (propiedad de la trasnacional re-
fresquera PepsiCo),a la cual el gobierno mexicano
le condonó más de 929 millones de pesos en 2013,
cifra 900 veces mayor a la exigida al ingeniero.
Tampoco como los 1 mil 694 millones 170
mil 700 pesos en créditos fiscales, condonados
en el Estado de México, la entidad federativa
donde más beneficiados hubo en el país.
La secrecía del sistema hacendario ha permiti-
do que servidores públicos condonen créditos fis-
cales a grandes empresas,que podrían significar un
daño a la hacienda por más de 1 mil millones de
pesos, entre ellas Sabritas, Gamesa (subsidiarias
de la trasnacional PepsiCo), ProLogis, Scotia-
bank Inverlat.
El crédito exigido por
Hacienda
El ingeniero civil entró a trabajar a una em-
presa denominada Max Olivares Arquitectos,SA
de CV, en 1999.Tres años más tarde se convirtió
en socio de la empresa, invitado por el director
que llevara el mismo nombre de la razón social.
Su participación accionaria fue del 30 por ciento

en la toma de decisiones, beneficios y responsa-
bilidades en la compañía.
Un 40 por ciento de la empresa estaba en ma-
nos del dueño y el 30 por ciento restante, en las
de su esposa, Martha Solano Cumplido. La ad-
ministración era llevada por ellos mismos y dos
familiares más.
Parecía que la prosperidad llegaría a la fami-
lia de Álvarez Godínez, cuando el negocio tenía
números favorables se reflejaba en el bienestar de
los suyos. Él ignoraba que había un crédito fiscal
y que en un principio ascendía a más de 5 mi-
llones 641 mil 674 pesos, como se asienta en la
causa penal 42/2007-V.
Salió de la empresa de 2003 y fue hasta 2007
que se enteró de que había un proceso penal en su
contra. Mientras caminaba por una de las calles
de su colonia, fue apre-
hendido por oficiales
de la entonces Agencia
Federal de Investiga-
ción, dependiente de la
Procuraduría General
de la República, que le
notificaron la comisión
del delito de “defrauda-
ción fiscal equiparada”.
Sin más, fue llevado
al Reclusorio Norte,
donde permaneció 2
días en el encierro.“So-
breviví con 10 pesos, porque ahí hay que pagar
por todo”, recuerda. Recuperó la libertad tras el
pago de una fianza de 50 mil pesos, dinero re-
caudado con el apoyo de su familia, relata con
tono temeroso. Es lo más que ha podido pagar,
no imagina cómo podría cubrir más de 1 millón
de pesos que le exige el Poder Judicial.
“Todo el proceso me ha significado deudas.
En los trabajos me han despedido porque no
puedo estar pidiendo permisos para ir a los juz-
gados a solucionar este problema.Para mi familia
también ha sido muy difícil, ya hablé con ellos
y con mi actual patrón para decirles que voy a
purgar la pena, porque ya no sé qué hacer, y no
tengo el dinero suficiente para cubrir el monto
que me exigen.
“El reclusorio es otro mundo: yo estuve con
los de nuevo ingreso en el patio, después nos
llevaron a dormir,sin cobijas ni nada...Yo sé que
es difícil estar ahí, pero 1 millón 130 mil pesos
no los tengo”, dice.
Vía crucis hacendario
La sentencia de la causa penal 42/2007 es
“absurda”, dice en entrevista Manuel Garay,
abogado que sigue el caso. Y es que de acuerdo
con el expediente, con sello del Poder Judicial
de la Federación, el 2 de julio de 2012, Gra-
ciela Malja Aguirre, jueza segunda de Distrito
de Procesos Penales Federales en el Distri-
to Federal –asistida por Rodrigo Jesús Vega
Madrid, secretario de
juzgado adscrito al
Segundo Distrito de
Procedimientos Pena-
les Federales en el Dis-
trito Federal–, dictó
sentencia condenatoria
contra Álvarez Godí-
nez. En tanto, su socio
mayoritario y dueño
de la empresa, Máxi-
mo Cándido Olivares
y Larraguivel fue ab-
suelto de todo delito.
Álvarez Rodríguez dejó la empresa en 2003,
ya comenzaba a presentar su contabilidad en
números rojos y ya no era sostenible económica-
mente. No obstante, la persecución fiscal y lue-
go judicial llegó a su domicilio.
“Cuando me dieron la primer sentencia sen-
tí que me moría; primero, me dijeron que eran
6 años, porque en un principio eran 5 millones
440 [mil pesos], y luego, con las pruebas pre-
sentadas, bajó a 1millón 130 [mil pesos] pero
en esos 5 años, la juez segundo me condenó a 3
años de prisión sin ningún beneficio. Luego, el
magistrado del Sexto Tribunal revisó mi caso y
me dictó una pena de 3 meses y con beneficios,
siempre y cuando cubra el millón 130 [mil pe-
sos].
El reclusorio es otro mundo:
estuve con los de nuevo
ingreso en el patio, después
nos llevaron a dormir, sin
cobijas ni nada... Sé que es
difícil estar ahí, pero no tengo
1 millón de pesos1 millón de pesos

“He ido con las autoridades de Hacienda y
no he obtenido nada. No entiendo: si yo no te-
nía nada que ver con la contabilidad de la em-
presa, por qué me culpan a mí, y al dueño de la
empresa lo absuelven”, dice Álvarez Godínez.
Los perdonados por el SAT
Contrario al caso del ingeniero civil que ten-
drá que llevar su defensa ante las últimas instan-
cias locales, la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) presume un probable daño o perjui-
cio a la hacienda pública federal por 1 mil 123
millones 614 mil 1 pesos, derivado de la condo-
nación de multas y recargos que servidores pú-
blicos del Servicio de Administración Tributaria
condonaron a los con-
tribuyentes Sabritas,
Gamesa (ambas subsi-
diarias de la trasnacio-
nal Pepsico), ProLogis
y Scotiabank Inverlat
tan sólo en 2013.
De acuerdo con
el Informe del resulta-
do de la fiscalización
superior de la Cuenta
Pública 2013, elabora-
do por la ASF, revela
que a Sabritas, con el
registro federal de contribuyentes (RFC) SA-
B730510K44, le fueron condonados 929 millo-
nes 492 mil 858 pesos. Esta empresa fue adqui-
rida por la estadunidense PepsiCo en 1966.
Además de la condonación a Sabritas, esta
empresa fue beneficiada el mismo año por más
de 1 millón 600 mil pesos a través de los in-
centivos otorgados para la comercialización de
maíz, mediante la Agencia de Servicios a la Co-
mercialización y Desarrollo de Mercados Agro-
pecuarios (Aserca) –órgano desconcentrado de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación– (Contralí-
nea, 448).
“La compañía fabricante de galletas número
1 en México” (como se autonombra en su por-
tal de internet), Gamesa (otra de las filiales de
PepsiCo), fue condonada con 150 millones 453
mil 901 pesos, bajo el registro ante hacienda
GGA831121JE9. La compañía de origen regio
se fusionó con la estadunidense a principios de
octubre de 1990.
Con cotizaciones en la Bolsa Mexicana de
Valores, la desarrolladora inmobiliaria ProLogis
(según documentan fuentes periodísticas) fue-
ron condonados los registros PCI060124PP5,
por 9 millones 342 mil 849 pesos, y PCD-
060125NV4, por 5 millones 498 mil 397 pesos.
La compañía de origen estadunidense tiene en
México “un portafolio de 193 inmuebles desti-
nados a la industria manufacturera y de logística
en México, con 316 tierras para el desarrollo”,
según indica la publicación CNNExpansión.
También fue benefi-
ciado el banco de origen
canadiense Scotiabank
Inverlat, por 28 millo-
nes 825 mil 996 pesos
(RFC: SIN9412025I4).
La banca comercial,
advierte la ASF, fue la
principal beneficiaria
en la condonación de
créditos fiscales duran-
te el primer año de la
administración de En-
rique Peña Nieto.
El máximo órgano de fiscalización del país
considera que las condonaciones a estas grandes
empresas fueron “de manera presuntamente im-
procedente”, al amparo del inciso b, fracción I,
del artículo 3 transitorio de la Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.
“Además de haber sido soportada dicha con-
donación en criterios emitidos por servidores
públicos de la Administración General de Re-
caudación del SAT que no estaban facultados
para establecer criterios normativos que corres-
ponden al ámbito competencial de la Adminis-
tración General Jurídica del Servicio de Admi-
nistración Tributaria”, dice la ASF.
En 2013, 41 mil 399 empresas privadas o
públicas solicitaron el beneficio de la condona-
He ido con las autoridades
de Hacienda y no he
obtenido nada. No entiendo:
si yo no tenía nada que ver
con la contabilidad de la
empresa, por qué me culpan,
y al dueño lo absuelveny al dueño lo absuelven

ción en términos del artículo 3 transitorio de la
Ley de Ingresos de la Federación. La Audito-
ría Superior de la Federación identificó 350 mil
550 operaciones “para la condonación de crédi-
tos fiscales y contribuciones omitidas”.
Del total de personas morales, el máximo
órgano de fiscalización identificó un acapa-
ramiento de los beneficios, pues de las más de
41 mil que solicitaron la condonación, sólo 36
empresas integran el 50.2 por ciento de las con-
donaciones autorizadas, el monto suma 80 mil
millones 161 mil 61 pesos.
Los sectores con mayores beneficios del pro-
grama Ponte al Corriente corresponden a la
banca comercial, 20 mil 722 millones 789 mil
400 pesos; medios de comunicación (televisoras,
especifica la auditoría), 18 mil 536 millones 825
mil 800 pesos, y comercializadoras (de alimen-
tos), 9 mil 524 millones 833 mil 100 pesos, con
un 29.6 por ciento de la condonación total.
Opacidad en
la condonación
El interés ciudadano por conocer el total de
empresas que son beneficiadas por el fisco con
la condonación del crédito fiscal ha generado la
exigencia a través de los mecanismos de trans-
parencia y se ha exigido la lista completa de be-
neficiarios.
No obstante, el sistema tributario ha ne-
gado la información, bajo el alegato del secre-
to fiscal. “El SAT incumplió abiertamente dos
resoluciones del Instituto Nacional de Acceso
a la Información y Protección de Datos (Inai),
que lo obligan a entregar información de crédi-
La persecución contra los pequeños contribuyentes contrasta con los millonarios beneficios que obtienen los grandes contribuyentes. La banca comercial, principal beneficiaria en la
condonación de créditos fiscales
JUANPABLOZAMORA/CUARTOSCURO

tos fiscales que favorecen a grandes empresas
nacionales y extranjeras, incluidos los datos
de condonaciones de créditos, los cuales re-
presentan una multimillonaria sangría a las
finanzas públicas.
“No obstante que el pleno del Inai determinó
revocar las reservas impuestas a la información
requerida a través de 13 solicitudes, el SAT –en
respuesta a los recursos de revisión 1118-15 y
1127-15– volvió a reservar los datos bajo el argu-
mento del secreto fiscal, pasando así por encima
de la decisión del Inai y de la propia Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información, que
lo incluye como sujeto obligado y no como auto-
ridad final” (El Universal, Oficio de papel).
Entre otras inconsistencias detectadas por la
ASF, se otorgaron condonaciones al ciento por
ciento de multas y recargos por 1 mil 123 mi-
llones 614 mil pesos a cinco contribuyentes, re-
lativas a retenciones del impuesto sobre la renta
no efectuadas por estos, condonaciones tales que
“no eran susceptibles de ser aprobadas”.
La Auditoría es contundente y observa “fal-
ta de apego a la normativa, lo que detonó en la
menor captación de los recursos a los que el SAT
tenía derecho y de las inconsistencias entre las
bases de datos y los expedientes revisados, así
como la falta de documentación soporte; y [en]
las demás situaciones observadas, se comprobó
que no existió la supervisión adecuada que per-
mitiera otorgar las condonaciones en los térmi-
nos legales correspondientes”,en lo que refiere al
73.2 por ciento de los adeudos revisados, corres-
pondientes a 702 créditos fiscales.
“En nuestro país, la información sobre los
ingresos públicos no tiene el mismo nivel de es-
crutinio y ﬁscalización que hemos desarrollado
para el gasto público. Sin embargo, la capacidad
de recaudación es uno de los problemas de polí-
tica pública que más impacta en la capacidad del
propio Estado para cumplir con sus obligaciones
y asegurar que la ciudadanía tenga acceso a sus
derechos, dice María Sánchez de Tagle, investi-
gadora de Fundar, Centro de Análisis e Inves-
tigación, en el documento El caso de los créditos
fiscales.
Sánchez de Tagle indica en su análisis: “A
pesar de la evolución y desarrollo que ha tenido
el marco jurídico en materia de transparencia y
acceso a la información en México en la última
década, la gestión de las autoridades hacenda-
rias, y en particular del Servicio de Administra-
ción Tributaria, continúa siendo opaca. La razón
es una concepción demasiado holgada de lo que
debe considerarse como ‘secreto fiscal’, el cual
está definido en el artículo 69 del Código Fis-
cal de la Federación (CFF), que ordena a todo
el personal oficial que interviene en los diversos
trámites fiscales a guardar ‘absoluta reserva’en lo
concerniente a las declaraciones y datos sumi-
nistrados por los contribuyentes o por terceros,
así como los obtenidos en el ejercicio de las fa-
cultades de comprobación”.
Contralínea solicitó entrevista con el ti-
tular del SAT, Aristóteles Núñez, a través de
Edson Rueda, subdirector de Administración
de Atención a Medios, desde el pasado 20 de
agosto. Hasta el cierre de edición no se obtuvo
respuesta.

INVESTIGACIÓN DISTRITO FEDERAL
TALAR 126
ÁRBOLES, PERO
DERRIBAN MILES
GDF SÓLO PERMITIÓ

INVESTIGACIÓNDISTRITO FEDERAL
En la Ciudad de México, se
aprovechan las madrugadas
para destruir árboles.
Pese a la evidente tala
inmoderada, el gobierno de
Mancera asegura que sólo
ha permitido derribar 126
ejemplares, al tiempo que
responde con granaderos
todas las protestas
E
l método se ha repetido en los últimos
años: la noche dominical se cierra, las lu-
ces se apagan y las familias se disponen a
arrancar un último descanso al fin de semana;
hasta que el estruendo de las motosierras corta
de tajo los silencios de la madrugada.
El ¡ddzzzrrrrrrrgghhh! de las cadenas atrave-
sando la madera fondea los gritos de los opera-
dores, el estruendo de las ramas cayendo, de los
troncos que crujen mientras son partidos a taja-
das. Las torretas de las patrullas anuncian que
la policía armada hará lo necesario para que la
escena se cumpla.
El método ha sido el mismo en múltiples
madrugadas tras las que la Ciudad de México
amaneció con menos árboles y más empresarios
contentos.
El aserradero interrumpe la noche en varios
puntos del Distrito Federal. Así ocurrió en la
MAURICIO ROMERO, @mauricio_contra
MARÍAJOSÉMARTÍNEZ/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN DISTRITO FEDERAL
Magdalena Mixhuca,en Mixcoac,en Santa Fe,en
Tlalpan,en Masaryk,en Chapultepec; en las dele-
gaciones Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Gustavo
A Madero, Iztacalco, Coyoacán, Benito Juárez…
Los árboles han desaparecido por cientos,
miles, denuncian activistas y organizaciones que
no sólo encontraron cerrazón por parte del go-
bierno de Miguel Ángel Mancera, sino que se
estrellaron con los escudos de los granaderos que
salieron a responder sus súplicas.
Mientras fotografías, videos y recuentos de
la destrucción se hacen de dominio público,
oficialmente la Secretaría del Medio Ambiente
(Sedema) del Distrito Federal, encabezada por
Tanya Müller, admite que ha dado permisos
para talar, pero que en los 2 años y medio de la
actual administración sólo han sido 20, lo cual,
según la dependencia, ha significado el derribo
de 126 árboles nada más.
La respuesta oficial,
“una burla”
“Derivado de los documentos que obran en
los archivos de la Dirección General de Re-
gulación Ambiental y en el ámbito de nuestra
competencia, se anexa al presente oficio el lista-
do de los proyectos que esta unidad administra-
tiva autorizó en materia de impacto ambiental”,
respondió el gobierno de la Ciudad a la solici-
tud de acceso a la información 112000067615
presentada por Contralínea.
De acuerdo con el listado entregado, la Secre-
taría del Medio Ambiente no otorgó ningún per-
miso para derribar árboles hasta agosto de 2014.
Es decir, que en los primeros 20 meses de su ad-
ministración,el gobierno de Mancera no autorizó
talar ni un solo árbol. Eso afirma por escrito.
La Secretaría del
Medio Ambiente
del Distrito Federal
afirma que sólo ha
dado 20 permisos
para talar 126 árboles
ISABELMATEOS/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓNDISTRITO FEDERAL
Después, entre ese mes y abril de 2015, la
Ciudad solamente habría perdido 126 árboles
por autorizaciones de tala que fueron de a uno,
cuatro, seis, ocho, 10 o 15 cada uno, siendo el
mayor el 001246/ 2015 firmado el 13 de febre-
ro del presente año por el cual se derribaron 34,
trasplantaron nueve y podaron 28 para dar paso
a la edificación de 10 casas en un predio de 2
mil 270.8 metros cuadrados. Ése es el caso de
mayor impacto ambiental que admite la Sede-
ma haber aprobado.
La información enlistada se refiere única-
mente a proyectos inmobiliarios: construccio-
nes de edificios departamentales, casas, conjun-
tos habitacionales. Nada dice sobre los de ma-
yor gravedad como la reconstrucción del Autó-
dromo Hermanos Rodríguez u obras como las
correspondientes para la Línea 6 del Metrobús
o el desnivel en Río Mixcoac, en los cuales la
tala se ha contado por millares.
—La Secretaría del Medio Ambiente sola-
mente admite haber dado permiso para el derri-
bo de 126 árboles –se le comenta a Elías García,
presidente de la asociación civil Ecoactivistas.
—¿Cuántos? ¿En dónde?
—126. En toda la Ciudad.
—¿126?... Pﬀ… La risa está de más –es la
primera reacción del miembro de la organiza-
ción que en la década de 1990 logró revertir el
plan de construcción del estadio del equipo de
futbol Cruz Azul dentro de la Magdalena Mix-
huca y que ahora pelea contra la ampliación
del autódromo y la edificación de la casa de los
Diablos Rojos del México ahí mismo.
“Una respuesta así es una burla. Tan sólo en
la Magdalena se han tirado más de 1 mil árbo-
les. A la fecha van alrededor de 1 mil 200”. Es
decir, 10 veces más de lo que asegura la Sedema
que se ha tirado en toda la Ciudad se destruyó
en un solo punto, por un único motivo: la vuelta
de la Fórmula Uno a México.
Las máquinas y sierras entraron a la Ciudad
Deportiva a fines de 2014.“Aprovecharon la Na-
vidad y el Año Nuevo para hacer la tala clandes-
tina, para cometer el delito”, dice Elías García.
La empresa inmiscuida es Operadora de
Centros de Espectáculos, SA de CV (Ocesa),
subsidiaria de Corporación Interamericana de
Entretenimiento (CIE), que además recibirá
más de 3 mil millones de pesos del erario por
organizar los grandes premios de Fórmula Uno
(Contralínea 422).
En el caso del Autódromo de los Hermanos Rodríguez,“aprovecharon
la Navidad y el Año Nuevo para hacer la tala clandestina, para cometer el
delito”
Mazaryk, Magdalena
Mixhuca, Mixcoac,
Tlalpan, Chapultepec,
entre los sitios donde se
ha detectado el derribo
de árboles durante las
madrugadasmadrugadas
SAÚLLÓPEZ/CUARTOSCURO

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