El principio de legalidad siempre va a regir en cada una de las actuaciones de, los órganos que ejercen el poder público, estas actuaciones de derecho público deben estar respaldas por todos los componentes legales respectivos para tener buen funcionamiento, el principio de legalidad se ha apoyado, no sólo en la concepción tradicional de la supremacía de la ley, sino, además, en el principio de la seguridad jurídica

1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICERECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ADMINISTRATIVA
Estudiante:
Yisbel Mendoza C.I: 24.340.780.
Barquisimeto, febrero de 2019

2. Para determinar este principio debe tomarse en cuenta la constituida
definición de la legalidad, ya que así se deriva de este concepto la
adaptación de este término como principio en Venezuela y aunado a esto al
derecho público, como parte del ordenamiento jurídico de un Estado, cabe
destacar que la legalidad es el conjunto de normas de derecho que se
encuentran vigentes en un momento y lugar determinado de un país, en este
caso, en la regulación de las acciones de cada individuo en la sociedad que
el mismo estado regule para hacer comprender lo importante que es marchar
en pro de la justicia y el derecho y aun así hacer efectivo los criterios
regulativos que de este deriven, así mismo la condición que así se ajusta a
dicho criterio no es más que establecer los términos de los contenido
normativos del referido Estado social y de Derecho en cuanto a regular las
acciones de cada uno de los individuos a través de la constitución y ley de
modo que los hechos reales que de estos provengan corresponden a hechos
facticos que la misma ley ha señalado como de obligatorio cumplimiento.
De este modo podemos determinar el principio de legalidad en sentido
general, el cual es un criterio que debe operar en todas las actuaciones de
los órganos un gobierno, ósea en él poder público constituido
democráticamente y consistentemente en cuanto a sus actuaciones, por las
cuales estas deben ser las de obrar siempre de conformidad con lo
establecido en el derecho vigente y hacerlo prevalecer, en términos
generales este principio es un medio que busca someter al Estado al máximo
cumplimiento del ordenamiento jurídico teniendo la constitución como factor
de supremacía, y no solo este principio predomina pero a este deben
someterse todos. Este principio es fundamental porque da primacía a la ley
más que al poder, porque sin legalidad los actos arbitrarios predominarían y
no es lo correcto, por esto sobre todo aquello que emane en función del
poder público debe predominar este principio y regirse por la ley y nunca por
la voluntad de los individuos.

3. Un gobierno no pude actuar fuera de contexto y de manera contraria a la
ley, lo establecido en la constitución tiene que determinar su actuación y este
debe apegarse a ello, cuando se respeta este principio el estado de derecho
predomina y el accionar del mismo queda alineado a lo que establezca la
carta magna y no pasa por encima de los ciudadanos, esto expresa la
extrema necesidad de avocar la jerarquía normativa que determina la
constitución como suprema en el ordenamiento jurídico y las demás normas
como prioridad e igual cumplimiento, la seguridad jurídica otorgada a cada
ciudadano en pro de sus intereses es necesaria pero el mismo debe
avocarse a los parámetros de la legalidad para garantizar sus derechos,
derechos que deben protegerse, queda claramente determinado, que el
principio de legalidad es sinónimo de estado de derecho, ya que el mismo
está formado de organización política y se caracteriza por él imperio de la ley
y las potestades jurídicas a las que deben someterse cada sujeto en el
ejercicio de los poderes públicos y como tal en la separación estricta de los
poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para garantizar el equilibrio y el no
abuso por parte de ninguno de estos y el otorgamiento y reconocimiento
público de un catálogo de derechos a favor de los individuos que deben ser
respetados por el estado, el principio de legalidad versa en las características
de un estado de derecho ya que obligan un órgano del poder público al
obligatorio cumplimiento de sus atribuciones enmarcadas en textos legales
en regulación de sus acciones, por esta razón el principio de legalidad
asegura lo que en la anterior idea se plasmó como es la seguridad jurídica.
El principio de legalidad se encuentra establecido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela en su artículo 137. Y es el principio
rector por el cual determina que toda la actividad del estado debe regirse por
el derecho. “La constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos
que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades
que realicen.”

4. El articulo determina las actuaciones del poder público y su
responsabilidad para las mismas, las cuales deben estar sujetas a la
constitución y la ley sin salirse de su parámetro y constituir así el estado de
derecho y ser como tal el organismo para garantizar directamente el mismo,
porque sin esta legalidad no se garantizaría la protección de los derechos de
cada individuo y la consecuencia fundamental de este principio de legalidad
es la nulidad o anulabilidad de los actos que estén contrarios al derecho y a
la norma jurídica vigente en el territorio de la nación. La legalidad como
principio tiene un doble significado y es preciso tomarlos en cuenta, si es en
sentido estricto, el imperio de la ley es determinante a las acciones de los
órganos que ejercen el poder público y los actos entran en sumisión, a la ley,
a los reglamentos y a la constitución, en un sentido amplio se someten todos
los actos individuales y concretos provenientes de una actividad u órgano
competente a las normas generales y aquellas abstractas que son
previamente decididas sin menoscabar los derechos fundamentales de los
ciudadanos sean o no de origen legislativo o inclusive provenientes de la
misma autoridad.
El derecho administrativo adopta este principio ya que rige todos los actos
que conforman el poder público, como están constituidos por sus
atribuciones y como se constituyen de manera directa como órganos que a
las mismas deben regirse por medio de la ley y la constitución en cuanto a no
darse este supuesto se determina lo establecido en el Artículo 25
constitucional el cual recalca de que todos los actos dictados en ejercicio del
poder público que viole o menoscabe los derechos y garantías por la
constitución y la ley es totalmente nulo y es por ello que los decretos, actos
administrativos y resoluciones tienen pleno valor y producirá efectos los
cuales todos deben estar apegados a derecho, estos son dictados por
órganos que ejercen el poder público bajo el principio de legalidad tanto
administrativamente como en sentido general.

5. La importancia del principio de legalidad respecto a las potestades
regladas debe determinarse por el sistema normativo, por el cual el derecho
administrativo juega un papel importante, en dicho sistema están
establecidas taxativamente todos los parámetros por los cuales las
potestades o los actos reglados deben someterse, su contenido está
concretamente establecidas en el ordenamiento jurídico que rige la
administración pública y tienen voluntad vinculante a lo que la ley establece,
en cambio, cuando la normativa aplicable deja un margen de apreciación, se
dice que puede ejercerse la potestad discrecional la cual implican una
facultad de opción entre dos o más soluciones igualmente válidas según la
ley, el acto discrecional, teniendo en cuenta los aspectos del mismo, no es
un acto completamente libre de la Administración este deberá usar esta
facultad respetando los fines a que ha de servir la norma, de no hacerlo así,
las administraciones Públicas realizarían actos arbitrarios fuera de contexto
escapando de los parámetros legales por los cuales deben regirse. La
discrecionalidad adaptada como un principio y siendo parte del principio de
legalidad permite que por disposición legal o reglamentaria pueda dejarse
alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente. La
posibilidad de disponer un margen de libre apreciación que permita al órgano
administrativo aplicar su criterio de oportunidad y conveniencia en la
emanación del bien del acto, no emerge solo del legislador sino también del
uso de la potestad reglamentaria.
Del principio de legalidad derivan otros principios esenciales que juegan
un papel importante en el derecho administrativo, como el principio de
competencia, por el cual determina a cada organismo que conforma el
estado como parte del derecho administrativo, dependiendo del territorio
donde se encuentran los sujetos que ejercen determinados cargos
administrativos, se toma en cuenta la conformación del territorio donde se
ejerce un cargo determinado el cual se es competente por ejemplo un

6. municipio, los organismos que ejercen el poder público y el ente donde estos
ejercen. La competencia deriva del principio de legalidad, ya que cada uno
de estos sujetos que denotan la función pública están regidos por las normas
de derecho que figuran en pro de sus actuaciones, se habla entonces de la
función en torno a los poderes públicos, ejecutivos legislativos, judicial en
todo el territorio nacional y los órganos que son competentes para ejercer el
cargo, la ley les transmite atribuciones y de estos derivan actuaciones
propias a cada órgano sin escapar de los criterios legales pertinentes. En
cuanto a la materia es la forma normal de la determinación de un organismo
en función pública como el conjunto de actividades que la Ley les asigna a
determinados órganos del Estado, esto se toma en cuanta en aspectos
legislativos, por la competencia que un órgano posea como por ejemplo se
es competente en Derecho administrativo, en cuanto al tiempo todos los
cargos que están al servicio de la función pública por competencia en
determinada materia pueden ser temporales y por grados, por lo cual existen
jerarquías en el ámbito administrativo el sistema de distribución de los
órganos en cuanto a los grados es esencial para el buen funcionamiento de
la administración pública.
En conclusión el principio de legalidad siempre va a regir en cada una de
las actuaciones de, los órganos que ejercen el poder público, estas
actuaciones de derecho público deben estar respaldas por todos los
componentes legales respectivos para tener buen funcionamiento, el
principio de legalidad se ha apoyado, no sólo en la concepción tradicional de
la supremacía de la ley, sino, además, en el principio de la seguridad jurídica,
en tal sentido, se puede señalar, a criterio propio, que no existe seguridad
jurídica si la autoridad no está subordinada a la regla de derecho, es decir, la
subordinación de los actos del poder público, las leyes, los reglamentos,
ordenanzas y actos normativos. En la Administración Pública, tal principio
significa, que la administración está sometida a las reglas de derechos,

7. recogidas en la Constitución, en leyes dictadas por la Asamblea Nacional y
las propias de la administración y más que todo este principio, impone a las
autoridades, la obligación de ceñir todas sus decisiones al contenido de las
reglas jurídicas preestablecidas y los principios no escritos que conforman el
ordenamiento jurídico, aplicándose tanto a los actos administrativos
individuales, como a los actos administrativos generales.