Diccionario de la corrupción en Venezuela 1959-1979

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DICCIONARIO DELA CORRUPCION EN VENEZUELA # 1 1959-1979
Fertilizantes 135
Fragatas italianas 139
Fraude de la leche 145
Fundalara 149
Hipódromo 153
Hotel Tamanaco 157
IAN 159
INOS 163
Instituto Nacional de Puertos 1978 169
IPASME 173
Leche cortada 177
Maíz 183
MELAPORT 187
Metro de Caracas 191
Ministerio de Comunicaciones 195
Ministerio de Justicia 199
Misiles 201
MOP 207
Movida de "La Mariposa" 211
Muelles flotantes 215
Multas burladas 223
NITROVEN 225
Papa Podrida 227
Petarazo 74 231
Petarazo 76 235
Petroquímica 66 241
Plantas Desulfuradoras 245
Reposeros.del INP 249
Rottemberg 253
Seguros Sociales 255
SIDOR 259
Sierra Nevada 263
Telegrafista 287
Terrenos de la Auyama 289
Terrenos de Higuerote 295
Tesoro Municipal 299
Tractores del IAN de Maracaibo 305
Universidades Nacionales307
INDICE ONOMASTICO 311

NOTA DE LOS EDITORES
Un diccionario es una ayuda a la memoria, no es un extenso tratado sobre
alguna cosa. El primer volumen de este diccionario recopila, rindiendo
servicio a la memoria colectiva, los casos de presunta corrupción
administrativa en Venezuela más sonados por la opinión pública desde 1959
a 1979.
El criterio de recopilación aplicado ha sido la intensidad de la denuncia
pública y el comentario efectuado por los órganos de prensa, las entidades
contraloras de la República y, en menor medida aunque igualmente válida,
el rumor colectivo. Se intentó reunir todos los hilos de información
disponible para reconstruir cada caso como una pequeña historia completa,
incluyendo los resultados, y el cierre de cada historia; cuando la opinión
pública tuvo noticia de ellos o fue posible obtenerlos.
Para la selección inicial de los casos, se procedió efectuando un arqueo de
fuentes semanales (semanarios) y fuentes anuales (informes de
Contraloría). Luego se siguieron los casos en la prensa diaria y se recopiló
información oral de quienes recordaban los casos o de algunos
participantes. Finalmente, fueron seleccionados los casos más comentados
entre las tres fuentes de la información mencionadas: prensa, informes de
contralorías y rumor colectivo. La información aparece organizada
alfabéticamente según el nombre más popular otorgado a cada caso en la
época de la denuncia. Cuando distintos casps recibieron el mismo ¿podo
("Petarazo", por ejemplo), se le añadió la fecha de suceso. Algunos casos
fueron llamados por el nombre del organismo donde sucedió o por la
materia objeto de alguna irregularidad, según el uso popular.
El conjunto de casos recopilados no agota la cantidad total de los casos
denunciados. La opinión pública conoció y conoce muchos otros casos que
no aparecen aquí, simplemente por razones de frugalidad. No es necesario
señalar todos y cada uno de los casos, sino uno de cada especie para
conocer la variedad de los fenómenos. Aquí aparecen desde los casos más
humildes de pequeños funcionarios en necesidad, hasta los casos en los que
se han visto involucradas autoridades de alta jerarquía en funciones de
gobierno. Parece tan valiosa la más humilde historia del viejo y necesitado
telegrafista de 78 años, quien resulta el primer condenado de la democracia
venezolana, hasta el juicio al Presidente de la República quien resultó
absuelto de toda responsabilidad administrativa y moral.
El sentido del término "corrupción" que surge de la recopilación es
necesariamente impreciso pues es el nombre surgido popularmente para
denunciar un manejo irregular, fuera de norma, de los fondos públicos,
debidos a la colectividad nacional por los administradores y decisores
públicos. Las denuncias han sido transcritas a este diccionario tal como
fueron expresadas por los denunciantes. En algunos casos la denuncia era
incorrecta, o no era cierta, o no definía con precisión el acto cometido según
el Código Penal vigente para estas cuestiones hasta la normativa sucesora,
la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público de 1982. Pero la misma
imprecisión y, especialmente, la dificultad para emitir la denuncia con
exacta precisión jurídica, tiene que ver con el desarrollo de los sucesos;

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porque una denuncia mal nombrada en una demanda, permite que el caso
no siga curso legal (o lo retrasa y posterga) por no ser encontrado a lugar.
Ello alarga los procesos de dilucidación de las responsabilidades, y para los
recopiladores de este diccionario significó una enorme dificultad para
encontrar los resultados finales de los casos. En este sentido, la
investigación siguió arqueando las fuentes hasta dos y tres años después de
las denuncias, pero muchos casos desaparecen de la memoria colectiva, se
pierden en el tiempo, o quedan postergados en los tribunales hasta
formalizarse su prescripción.
Es importante recopilar todos los resultados posibles, pues la ausencia de
cerramiento de las historias produce incertidumbre en la opinión pública.
Este efecto, como en círculo vicioso, contribuye a la imprecisión del término
"corrupción", pues a la opinión pública le es imposible distinguir entre las
denuncias falsas de las verdaderas; entre los casos prescritos, los que
recibieron sentencia, o los casos que no fueron encontrados a lugar, y nadie
los siguió o volvió a intentar la denuncia; tampoco puede recordar las
sentencias firmes o seguir las apelaciones. Menos aún puede la opinión
pública y este diccionario dilucidar la justicia de las absoluciones o
inculpaciones.
Por lo anterior, quienes aparecen involucrados en los casos son
presuntamente inocentes, con excepción de unos pocos personajes quienes,
habitantes de un poco poblado conjunto, recibieron sentencia de
responsabilidad por algunas de las instancias investigadoras. Cuando han
sido encontradas, las sentencias pronunciadas aparecen al final de cada
caso bajo "resultados". Toda información adicional recibida, que corrija
nombres, sucesos y añada resultados, será publicada. Sólo podemos ofrecer
la información existente y los editores agradecen cualquier información
adicional que deba conocer la opinión pública. Por esta razón, rogamos a
quienes conozcan resultados de los casos recopilados aquí, que los remitan
a esta editorial pues serán publicados en una separata del siguiente
volumen de este diccionario.

A MODO DE PROLOGO
CASO: VENEZUELA
PRESIDENCIAS: Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos
Andrés Pérez FECHA SUCESO: 1959 a 1979 FECHA DENUNCIA: 1960 a
1979
DENUNCIANTES: La opinión pública nacional
INVOLUCRADOS: Gobernantes, funcionarios de la Administración Pública,
sindicatos, partidos políticos, militares, multinacionales, empresa privada,
contratistas del Estado, mediadores, comisionistas, venezolanos en general
INVESTIGADORES: Contraloría General de la República, Fiscalía General de
la República, Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito,
Congreso Nacional de la República, Comisión de Contraloría de la Cámara
de Diputados, Tribunales de Justicia, Tribunales Militares, prensa nacional,
etc.
DENUNCIA: Crimen de lesa patria, malversación, despilfarro, uso irregular
de influencias, peculado, concusión, estafa, fraude, etc.
MAGNITUDES: Miles de millones de bolívares: gran parte del presupuesto
nacional y la mayor proporción de la deuda pública.
MATERIA: Contratos y compras del Estado, otorgamiento de créditos y
avales, incentivos, adquisición de barcos, comercialización de alimentos,
compra-venta de productos petroquímicos, compra de armamento para las
FFAA, etc.
HISTORIA
Si alguna reflexión es factible derivar de este compendio de las denuncias
públicas de corrupción más sobresalientes durante los 20 años que
transcurrren entre 1959 y 1979, es que la problemática de la corrupción en
Venezuela no se circunscribe al caso particular, ya que pareciera existir una
fina y transparente hebra que une todos los casos para conformar el Gran
Caso Venezuela. Así, vemos que no es un problema de individuos
exclusivamente, de denunciantes e involucrados, ya que existe, con
frecuencia, una alternabilidad en sus posiciones, pasando la persona de
denunciante a involucrado y de involucrado a denunciante. Es difícil precisar
los límites de los casos individuales, dónde comienza el escándalo o la
rencilla política, pero los casos continúan ahí, como entes autónomos que
crecen por generación espontánea. Ciertas instituciones parecen tener en sí
mismas el gen de la corrupción, como si una inefable presencia las poseyera
desde la misma tierra. A pesar de las recomendaciones, reglamentos,
reformas, sustitución total de las juntas directivas, cambio de razón social o
modificaciones importantes en la estructura y trabajadores de la empresa,
los actos de presunta corrupción resurgen de nuevo como ave fénix nacida
de su propia ceniza. En ciertos casos podemos observar que, más allá de la
corrupción, existió una proverbial incapacidad administrativa y una profunda
ingenuidad venezolana que nos dejó a la deriva de los manejos y argucias

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de las grandes multinacionales, acostumbradas a promover corrupción en
las almas débiles fuera de sus fronteras.
Una observación se desprende claramente de la recopilación efectuada: la
corrupción ha ido creciendo paulatinamente, autónomamente, sin frenos ni
cortapisas. A medida que se avanza de 1959 a 1979, ei material se va
haciendo más y más abundante, el tema ocupa mayor centimetraje en la
prensa nacional, los informes de la Contraloría General de la República se
hacen más voluminosos y el Congreso Nacional dedica mucho más tiempo a
sus labores investigativas. Los casos individuales pierden así su importancia
oara convertirse en el Gran Caso que es Venezuela. Deja de ser un
problema del funcionario público o de la empresa del Estado en particular,
para convertirse en una variable macroeconómica, política y social, que
amenaza con desestabilizar el sistema, desmoralizar a la población e
impulsar la economía nacional hacia una situación de crisis casi insuperable
y de graves consecuencias para el desarrollo del país a largo plazo.
Observada la corrupción en la forma compendiada que presenta este
diccionario, sólo queda decir que sus dimensiones son pavorosas. Nadie
puede precisar el verdadero tamaño y dimensión, pero el daño hecho al país
es simplemente inconmensurable. Podríamos decir que en la corrupción no
existe una voluntad individual, pero sí una racionalidad colectiva evidente.
La corrupción es una estructura subyacente que alimenta y sostiene el
sistema de partidos y la organización político-social de Venezuela como un
todo, apoyada sobre las instituciones económico- financieras y el poder
judicial. Es una estructura con racionalidad propia, indispensable para
entender los mecanismos del poder en nuestro país. Y más allá, en el
terreno de lo psíquico, es un componente de la estructura del carácter
social.
En junio de 1967, durante el período presidencial de Raúl Leoni, el Dr.
Gilberto Morillo, Presidente de la Comisión Investigadora contra el
Enriquecimiento Ilícito (CIEI), convocó a una rueda de prensa para exponer
su angustia en torno al incremento de delitos contra la cosa pública. En esa
ocasión entregó una lista de 8 cuartillas de funcionarios investigados. En
ella aparecían 121 personas, de las cuales 34 correspondían al Ministerio de
Comunicaciones, el cual de esta manera exhibía el mayor porcentaje de
delincuencia administrativa, debido a sus múltiples dependencias
distanciadas del control directo del Despacho, tales como correos,
telégrafos, tránsito, líneas aéreas. Morillo, muy alarmado por la situación,
mencionó el caso del Contralor Delegado de la Contraloría General, quien
investigando las irregularidades del Ministerio de Comunicaciones, se
enredó en ellas y fue inculpado en las mismas.
Como en la actualidad se ha superdimensionado el delito administrativo,
alcanzando cifras otrora impensables, involucrándose en él desde los
presidentes de la República hasta el último funcionario, no puede apreciarse
bien la alarma expresada por Morillo cuando relató a los periodistas las
diversas formas de cometer el delito. Hoy, cuando los procedimientos para
delinquir se han vuelto mucho más complejos, aquellos de entonces son
causa de risa o, a lo sumo, objeto de baladí interpretación. La mayoría de
los funcionarios investigados, cuando se han visto acorralados —explicaba el
Presidente de la CIEI— han dicho que tomaron el dinero porque tenían una

hipoteca encima, la enfermedad de un familiar o porque habían visto la
oportunidad de comprarse una casa. Y citaba el caso de Jaime Mandé
Sánchez, administrador Postal del Departamento Internacional de
correspondencia del Ministerio de Comunicaciones: todo lo que hacía este
funcionario era favorecer a la KLM para el transporte de las sacas de correo,
lo cual redundó, por ejemplo, en que esta línea recibiera, en 1962, siete
millones de bolívares por dicho servicio, mientras VIASA recibió solamente
cinco. La CIEI descubrió que KLM había regalado al funcionario, su esposa e
hijo, pasajes para un viaje a Europa, y que cobraba 3 mil bolívares
mensuales por sus servicios a la línea. Los montos son irrisorios si los
comparamos con los del período presidencial de Carlos Andrés Pérez. El
principio, sin embargo, es el mismo. El Gerente de la KLM tenía una cuenta
en el Banco Nacional de Descuento para los gastos secretos de la empresa,
tal y como suelen hacer las grandes corporaciones para sobornos
millonarios a los altos personeros de gobiernos foráneos.
Otro de los negocios denunciados por el compungido funcionario de la CIEI
era la tarifa extraoficial (hoy la llamaríamos "peaje") establecida por Ramón
Antonio Párraga González, como Jefe de Licencias de Tránsito y "por
ordenes del Jefe" —según declaró— para el otorgamiento de Ucencias,
placas de alquiler, etc.
Era, pues, un modesto inicio de la corrupción administrativa. Gilberto Morillo
no se atrevió a mencionar los sobreprecios en la compra de fincas que
estaban pagándose para llevar adelante la Reforma Agraria o los negocios
de la alta burguesía, al amparo de la amistad con renombrados personajes
del mundo político, en la compra de armamento para las Fuerzas Armadas.
Por esa misma fecha, la Fiscalía General de la República mostró también su
preocupación por el problema de la corrupción administrativa. Al rendir su
informe para el año 1967 y anunciar la apertura de 125 juicios por delitos
contra la cosa pública, que venían a sumarse a otros 215 casos pendientes,
se refirió a lo que se institucionalizaría como el procedimiento oficial para
amparar a los culpables: la prescripción de la acción, último recurso cuando
el caso pasaba a los Tribunales sin que los involucrados pudiesen detener la
acusación en sus comienzos. El Fiscal apuntó que ello "trae como
consecuencia no sólo la impunidad del delincuente, sino también la
confirmación de daño patrimonial a los intereses económicos de la nación".
La Contraloría General de la República, en las Memorias rendidas
anualmente ante el Congreso Nacional, presentaba regularmente la misma
queja referente a la indiferencia, culpable o negligente, ante su reiterada
denuncia de las evidencias del mal manejo de los fondos públicos y el poco
caso que hacían los funcionarios administradores de las normas legales de
control establecidos para todos los Despachos Ejecutivos e Institutos
Autónomos. Esa cantinela sigue hoy día resonando, igualmente inane e
ineficaz; pero la Contraloría, con perseverancia digna de mejor destino,
persiste en proclamarla en sus citados informes, precedidos siempre por
condolidas palabras del Contralor que constituyen la verdadera voz de la
consciencia nacional.

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En las Memorias de 1958 y 1959, debido a la euforia democrática del primer
año de gobierno de Rómulo Betancourt, la Contraloría no realizó
investigación alguna de los nuevos administradores del Erario Público. Todo
su esfuerzo, así como el de la Fiscalía, durante esos años y mucho de los
posteriores, fueron dirigidos a inculpar a los funcionarios perezjimenistas,
llegando a sustanciar un centenar de casos.
En la de 1960 se publicó una relación de expedientes, 58 en total,
correspondientes al período comprendido desde el 1 de febrero de 1958
hasta el 31 de diciembre de 1960, los cuales habían sido pasados a los
tribunales competentes. Demás está decir que allí quedaron impávidos
hasta ser sobreseídos la mayor parte de ellos.
En 1961 la cosecha disminuyó. Se sustanciaron solamente 17 expedientes y
se abrieron 4 investigaciones especiales: 1) En el INOS; 2) relacionados con
la adquisición de terrenos vecinos al aeropuerto de Maiquetía; 3)
irregularidades ocurridas en la práctica de avalúos en 182 obras públicas y
en la construcción de la autopista Tejerías- Valencia y 4) robo en la
Contraloría General de la República; es decir, en el mismo Despacho
investigador. En ese año se empezaba a hablar de los sobreprecios en la
adquisición de fincas para la Reforma Agraria, pero ninguno de los
organismos contralores intervino en ello, aunque se hizo público y notorio.
El desarrollo de nuestra agricultura pudo continuar así su solemne e
inalterable marcha hacia el fracaso.
En 1962, no aparece relación de investigaciones efectuadas. El gobierno
luchaba por su supervivencia contra la subversión y así poco caso podía
prestarle a ese otro tipo de delincuencia.
En 1963 se produce el destape. La Contraloría abre e instruye 445
expedientes: por peculado, 168 expedientes; por robo, 18; por lucro
indebido de funcionarios, 60; por otros delitos contra la cosa pública, 94.
Los restantes 105 expedientes se refieren a irregularidades administrativas
de diferente orden.
En 1964 se inician y sustancian 239 expedientes y se examinan 505
iniciados antes de dicho año. Son resueltos 173 en la siguiente forma:
sobreseimiento, 52; culpabilidad, 23; pasadas a la Fiscalía, 66; a los
Tribunales, 2; corte en providencia, 10; PTJ, 4; CIEI, 1; y solamente 15
absoluciones.
En 1965 se inician 223 averiguaciones y se decide solamente sobre 19 de
ese período y 263 de los anteriores. Para el 31-12-65 se encontraban en
tramitación 685 expedientes. Se afirmaba la indolencia y negligencia para
resolver la corrupción administrativa durante el período presidencial de Raúl
Leoni, germen primigenio de lo que vendría después. Solamente fueron
encontrados culpables 30 acusados. A mediados de ese período
constitucional se hizo una interpelación general del gasto público del
gobierno, delatándose especialmente al Ministerio de Obras Públicas y al
Ministerio de Comunicaciones.

En 1966 se abrieron expedientes de 262 casos nuevos, continuándose con
cautela y lentitud la sustanciación de los 685 pendientes. Solamente 111
casos fueron resueltos mediante autos de culpabilidad. En 1967 se abren
expedientes por 227 casos, sentenciándose como culpables a sólo 16
acusados.
A ese ritmo prosigue extendiéndose la corrupción en los niveles medios y
bajos de la administración pública, estimulada e incentivada tanto por la
evidencia de la impunidad para los grandes escándalos como por el ejemplo
ofrecido por los altos niveles del Poder Ejecutivo y dirigencia política
nacional. La modalidad de la concubina presidencial como persona
interpuesta cobró actualidad y preeminencia, así como también el favor de
ésta y de la influencia partidista como único medio para realizar grandes
negocios. Mientras en la escala inferior de la administración pública se
abren más de 2.000 expedientes por delitos contra la cosa pública entre los
años 1968 y 1979, resolviéndose por autos de culpabilidad menos de 400.
RESULTADO
Como resultado del aumento de los precios del petróleo en la década de los
setenta, Venezuela se vio beneficiada por un gigantesco incremento en sus
ingresos de exportación, lo cual conllevó a un cambio sustancial en los
niveles de riqueza nacional, pocas veces visto en la historia de la
humanidad. Los ingentes recursos económicos representaron la posibilidad
de penetrar en pocos años en el mundo del desarrollo occidental. La
incompetencia administrativa y la voracidad en contra de la cosa pública,
sin embargo, hicieron de esa posibilidad una fantasía que se fue
desvaneciendo a medida que se desvanecieron los sueños faraónicos de
aquello que se llamó LA GRAN VENEZUELA.

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CASO: ACTA DEL CONSEJO DE MINISTROS PRESIDENCIA: Carlos Andrés
Pérez (1974-1979) FECHA SUCESO: 1978-1979 FECHA DENUNCIA:
Septiembre de 1979 DENUNCIANTES: Herrera Campíns. Luis (Presidente de
la República) INVOLUCRADOS: Lauría. Carmelo (ex- Secretario de la
Presidencia); Armas, Celestino (ex-Ministro de Información)
INVESTIGADORES: Contraloría General de la República
DENUNCIA: Presunta certificación de cosa falsa; malversación de fondos y
violación de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario y de la Ley de
Hacienda Pública por sobregiros sin autorización para gastos publicitarios
del gobierno
MAGNITUDES: Bs.98.000.000 MATERIA: Sobregiros paro publicidad
gubernamental; punto de cuenta que no constaba en las actas de Gabinete
HISTORIA
Con fecha 26 de marzo de 1979, el despacho de Información y Turismo
remitió el oficio N° DM-1-00-218 a la Contraloría General de la República,
informándole sobre la existencia de la cuenta N° 10-74-2042-4 a nombre
del Ministro de Información y Turismo en el Banco Industrial de Venezuela
(BIV). En dicha correspondencia se remitió fotocopia del estado de cuenta
hasta el 28 de febrero de 1979, con sobregiro de Bs.61.020.164. Se trataba
de una cuenta corriente con fondos que no correspondían al presupuesto del
despacho de Información y Turismo y que se movilizaba con la firma del ex-
Ministro y del ex- Director General sectorial de Administración y Servicio.
Con fecha 22 de noviembre de 1978, el ministro Celestino Armas había
solicitado sobregiro por 10 días al Banco Industrial de Venezuela para
efectuar pagos urgentes de compromisos contraídos con agencias
publicitarias.
En su mensaje a la nación sobre la deuda pública, el 29 de septiembre de
1979, el Presidente Luis Herrera planteó la situación irregular de dicha
cuenta y sugirió la necesidad de hacer la correspondiente investigación,
porque esa cuenta presentaba un sobregiro publicitario de 104 millones de
bolívares, de los cuales 98 millones habían sido pagados mediante un
sobregiro ilegal en la misma cuenta corriente mencionada. Según el
Presidente Herrera, Carmelo Launa, Ministro de la Secretaría de la
Presidencia, había ordenado mediante oficio un sobregiro en la cuenta del
Ministerio de Información y Turismo en el BIV para cubrir gastos que por
concepto publicitario se hicieron en la segunda mitad de 1978. Al día
siguiente, 30 de septiembre, los exministros Celestino Armas y Carmelo
Lauría se presentaron ante el nuevo Ministro de la Secretaría de la
Presidencia para explicar que, con fecha 24-01-79, el Consejo de Ministros
había ratificado la autorización de sobregiro de la cuenta especial N° 10-74-
2042-4 hasta por un monto de 98 millones de bolívares; ordenándose a
diferentes institutos autónomos y empresas del Estado (Hipódromo, CVF,
Corpoindustria, Cadafe, CANTV, INOS, CSB, CVG, Fondo de Crédito
Agropecuario, Edelca, INCE, Fondo de Desarrollo Agropecuario, Banco
Industrial de Venezuela, entre otros) que efectuaran depósitos en ese Banco
para cubrir el monto señalado. El Instituto Nacional de Hipódromos depositó
Bs. 10.600.000; pero los demás organismos requeridos no parecen haber

procedido de igual forma, puesto que el sobregiro permanecía para
septiembre de 1979.
La arbitrariedad de la petición de transferencia de fondos para campañas
publicitarias efectuada por el Ministerio de Información a otros organismos
del Estado, puede observarse analizando algunas respuestas a dichos
requerimientos. Por ejemplo, cuando Celestino Armas instruyó por oficio del
8 de marzo de 1979 al director- gerente del Fondo de Crédito Industrial, Sr.
Lincoln García García, que, por instrucciones del Jefe de Estado, ese
organismo debía cubrir un aporte de 5 millones de bolívares para el
financiamiento de distintas campañas de información, divulgación y
publicidad gubernamental, el Sr. García García contestó, el 16 de marzo del
mismo año, pidiendo una aclaratoria pues ni la Gerencia General ni la Junta
Administradora de dicho Fondo de Crédito habían autorizado la realización
de campaña de información alguna. Además aclaraba que la cifra citada en
la comunicación de Celestino Armas era prácticamente similar al monto
presupuestado para atender la totalidad de gastos administrativos del
Fondo de Crédito para todo el año 1979. Corpoindustria contestó, por su
parte, que sólo depositaría 6 millones de los 10 millones que le habían
pedido, habida cuenta que ya había colaborado con 4 millones en las
campañas anteriores.
La práctica de sobregirarse en las cuentas del siempre víctima Banco
Industrial de Venezuela apareció como un hábito acendrado en la
administración de Carlos Andrés Pérez. Con el asunto del Acta de Ministros,
salieron a la luz otros sobregiros y otras protestas de organismos por las
cuantiosas sumas que debían aportar para financiar la Exposición
Audiovisual "Hacia la Gran Venezuela" (que fue llamada "la jaula de King
Kong") para publicitar en 1976 las realizaciones gubernamentales de los dos
primeros años. En esa oportunidad, la Dra. Aura Celina Casanova,
Presidenta del Banco Industrial de Venezuela, se quejó de un sobregiro de
Bs.4.694.746 pues no habían sido cubiertas las cuotas del Ministerio de
Hacienda (al que le correspondía aportar 3 millones de bolívares), el INOS
(2 millones) y el INAVI (al cual, Guido Groscoors, entonces Ministro de
Información, había asignado 2 millones de bolívares aunque Saúl Schwarz,
Presidente del INAVI, había contestado que sólo podría colaborar con 200
mil bolívares, debido a restricciones presupuestarias).
Luego de la alocución del Presidente Luis Herrera Campíns, la prensa
empezó a especular que los recientes sobregiros publicitarios habían sido
destinados a la campaña de Luis Piñerúa. El ex-ministro Celestino Armas
publicó una relación de los pagos hechos por su Despacho de la cuenta
especial N° 10-74-2042-4, para las campañas globales de información,
divulgación y publicidad de la acción gubernamental. Pero la prensa
consideró que la lista confundía más las cosas, en lugar de aclararlas, pues
en ella aparecían pagos personales, sin explicitación del concepto, a
personas como Rafito Cedefio, Dámaso Blanco, Jesús Sevillano, Delio
Amado León; grandes pagos a pequeñas agencias publicitarias e imprentas,
las cuales, por su tamaño, mal podían efectuar campañas de tales
magnitudes y, además, habían trabajado para la campaña electoral de
Piñerúa.

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Con respecto al punto de cuenta, que según Lauría debía constar en acta
autorizando el sobregiro, no aparecía en el libro de asiento de las actas del
Consejo de Ministros, tal como pudieron verificarlo los mismos ex-ministros
Carmelo Lauría y Celestino Armas. En declaraciones a los medios de
comunicación, Lauría insistió en que el Consejo de Ministros había
autorizado dichas operaciones; pero el nuevo despacho de la Secretaría de
la Presidencia confirmó la inexistencia del punto de cuenta en la fecha
declarada por Lauría, así como en las actas de las reuniones del Consejo de
Ministros realizadas entre el 26-12-78 y el 06-03-79.
RESULTADO
La Contraloría General de la República inició un proceso de averiguación que
concluyó con auto de responsabilidad administrativa del Ministro de
Información y Turismo.
El 9 de octubre de 1979, Carmelo Lauría dirigió al nuevo ministro de la
Secretaría de la Presidencia, Gonzalo García Bustillos, una solicitud de suplir
el acta del Consejo de Ministros correspondiente al 23 de enero de 1979,
por un documento correctivo firmado por el ex-Presidente de la República y
los ministros del anterior gobierno.
Gonzalo García Bustillos rechazó la petición de Lauría explicando que, según
el Artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración Central, la única prueba
procedente de las reuniones del Consejo de Ministros la constituye la
respectiva acta asentada en libro; por lo cual mal podía ser sustituida por
expresiones verbales o escritas rendidas con posterioridad y por personas
que hubiesen dejado ya de pertenecer al Consejo de Ministros. Agregó el
Secretario, que el actá correspondiente al 23 de enero de 1979 había sido
aprobada sin enmiendas.

CASO: AUTOBUSES IKARUS Y LEYLAND PRESIDENCIA: Carlos Andrés Pérez
(1974-1979) FECHA SUCESO: 1975 FECHA DENUNCIA: Septiembre 1979
DENUNCIANTES: Ferrer, Leonardo (Presidente de la Comisión de Contraloría
de la Cámara de Diputados); Rey, Luis Esteban (Periodista de El Universal,
militante de AD); Olavarría, Jorge (revista Resumen)
INVOLUCRADOS: Arria Saiicetti, Diego (ex- Gobemador del Distrito Federal)
INVESTIGADORES: Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados
DENUNCIA: Compra apresurada de autobuses sin licitación ni autorización
de los organismos pertinentes; fraude a la nación MAGNITUDES: Bs.
106.400.000 (valor total de autobuses IKARUS); Bs.75.095.200
(sobreprecio en autobuses Leyland) MATERIA: Autobuses
HISTORIA
A finales de 1974 y principios de 1975, la empresa estatal INVERSIONISTAS
DEL TRANSPORTE adquirió en Europa más de 1.200 autobuses sin que las
autoridades municipales, supuestamente encargadas del servicio público de
transporte, estuvieran enteradas y sin que ninguna comisión de contraloría
estudiara el ofrecimiento ni investigara las ventajas o desventajas de los
autobuses. I -os accionistas principales de Inversionistas del Transporte
eran el Centro Simón Bolívar (CSB) y la Corporación Venezolana de
Fomento CVF); pero fue el gobernador de Caracas, Diego Arria, quien llevó
adelante, personalmente y sin consulta, las negociaciones de compra de los
autobuses.
El 31 de mayo de 1974, Daniel Ficht había ofrecido a la Cámara Nacional del
Transporte la cantidad de 800 autobuses húngaros, marca IKARUS, al
precio de Bs.133.000 cada uno, al contado y puestos en La Guaira;
ofreciendo la alternativa de venderlos a crédito, mediante financiamiento
del gobierno húngaro, con una cuota inicial de un 10% y el resto pagaderos
en 5 años, con un interés de 7,5%. La Cámara del Transporte no aceptó la
oferta, quizá considerando otras ofertas; pero el Gobernador de Caracas no
sólo la aceptó precipitadamente sino que al hacerlo violó los procedimientos
usuales y legales para la gestión de tales adquisiciones. El Gobernador no
convocó a licitaciones, saltó la aprobación de la Contraloría General de la
República para la adquisición y violentó las normas del Banco Central
girando más de 100 millones de bolívares de la cuenta corriente que tenía
Inversiones de Transporte en el Banco Industrial de Venezuela; en su veloz
carrera, ni siquiera convocó a la Junta Directiva de Inversiones de
Transporte, la cual era presidida por él mismo, en su condición de
encargado del Centro Simón Bolívar. Los 800 autobuses fueron comprados
de contado por Bs.133.000 cada uno; siendo estimado posteriormente su
valor en Bs.79.000 la unidad.
En enero de 1975 se anunció, con gran despliegue publicitario, el viaje que
emprendía hacia Londres el gobernador de Caracas, Diego Arria. Desde la
capital británica llegaron despachos anunciando que Venezuela había
encargado a la firma British Leyland 400 autobuses, junto con piezas de
repuesto, por un monto aproximado de $26.400.000 de acuerdo a un

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contrato firmado por el gobernador del Distrito Federal y Lord Stokes,
presidente de Leyland. Los despachos internacionales agregaban que el
contrato venezolano ayudaría a la British Leyland a superar dificultades
financieras que le habían obligado, en diciembre de 1974, a pedir ayuda al
gobierno inglés; no habiendo superado sus dificultades, la negociación
venezolana contribuía a impedir la quiebra. Mientras tanto, en Caracas nada
se sabía del asunto.
I .as informaciones internacionales menearon el avispero de los autobuses
Ikarus y Leyland, simultáneamente. Los organismos institucionales
competentes (Congreso Nacional, Municipio y Contraloría) manifestaron su
desconocimiento en torno a lo pactado e insistieron en que no se
cumplieron los trámites imprescindibles para gestionar contratos de esta
naturaleza. Se le reprochó al primer mandatario de la Gobernación el haber
marginado al Concejo Municipal del Distrito Federal, omitido la fiscalización
de las entidades contraloras y no haber consultado la calificada opinión de
técnicos y asesores. La negociación resultó especialmente extraña porque el
gobernador Arria había informado que los autobuses Leyland cumplirían
servicio para el Instituto Municipal de Transporte, empresa agonizante de la
municipalidad, dependiente en ese momento del CSB. Arria explicó que,
como el IMTC había sido prácticamente liquidado durante la administración
anterior, él había propuesto un plan para la creación de una nueva
EMPRESA METROPOLITANA DEL TRANSPORTE para sustituirlo. Aunque el
proyecto había sido aprobado por el Ayuntamiento, la nueva empresa no
había sido constituida todavía, así que los autobuses serían comprados por
Inversiones del Transporte y entregados a la administración del IMTC hasta
tanto estuviera formada la nueva EMT. El Gobernador alegó en su defensa
que los fondos utilizados para la adquisición de los autobuses eran
nacionales y, por tanto, no necesitaba la aprobación del Concejo Municipal.
Ante las noticias internacionales y las quejas de los c oncejales, Leonardo
Ferrer, presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados,
pidió que se abrieran las investigaciones y propuso citar a Diego Arria,
quien declaró ante la Comisión que no había firmado ningún contrato en
Londres y que su labor había consistido en asegurar un compromiso de
adquisición sujeto a las condiciones que estableciese el contrato a
celebrarse, previa discusión y aprobación de la empresa adquiriente. Añadió
el Sr. Arria que toda empresa del Estado, al diligenciar cualquier operación
no tenía por qué contar con el aval de la Contraloría hasta tanto no se
decidiese la negociación. Sin embargo, el proyecto de contrato no pasó por
Contraloría y se hizo la compra precipitada de los mencionados autobuses
Leyland, disponiéndose también de la misma cuenta de Inversiones del
Transporte en el BIV.
Cuando salió el escándalo a la luz pública, la Waine International División se
dirigió al Contralor de la República, sorprendida por no haber sido llamada a
licitación para ofrecer sus unidades autobuseras de 60 pasajeros, a
Bs.90.062 por unidad y puestas en la Guaira. El asombro de la Waine
ratificó la desconfianza en la negociación, pues además de ofrecer
cotizaciones más baratas, que permitieron estimar el sobreprecio en la
compra de los otros autobuses, esa firma era una de las más solicitadas en

el mercado venezolano, con más de 40 años de experiencia en motores
aclimatados, y ofrecía disponibilidad inmediata de repuestos en el país.
RESULTADO
Ante la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, Arria
argumentó, para justificar la compra precipitada de los autobuses, que él se
había visto presionado por las empresas autobuseras del Distrito Federal
que reclamaban la compra de nuevas unidades de transporte colectivo. Con
respecto a los autobuses Leyland, y a pesar del escándalo, el único
resultado fue la recomendación efectuada al Ejecutivo Nacional por la
Comisión Delegada, de que en el futuro la compra de unidades de
transporte se hiciera a través de licitaciones, teniendo en cuenta la
producción nacional.
Con respecto a los Ikarus, el caso no fue investigado a pesar de que los
autobuses resultaron ser de calidad fraudulenta. El piso de los mismos era
de cartón piedra el cual, para mayor tragedia, estaba podrido, causando la
caída y muerte de un niño que viajaba en uno de los autobuses.
La Inversionista del Transporte intentó repartir los autobuses concediendo
préstamos de millones de bolívares sin cumplir con las prácticas habituales
de préstamos e ignorando la capacidad de pago de las empresas
transportistas. La Cámara de Transporte informó que los transportistas
habían sido obligados a comprar los autobuses, pues ellos preferían los
vehículos Reo, Blue Hird y Mercedes Benz, mejor adaptados al clima
tropical, de mayor potencia y con disponibilidad de repuestos en el país.
Además, los mismos autobuses que habían sido ofrecidos a la Cámara del
Transporte por 133 mil bolívares, fueron vendidos a las empresas
autobuseras de Caracas por Bs. 189.659 cada uno, valor que ascendía a
Bs.256.591, si se cuentan los intereses y gastos de cobranza establecidos,
arrojando un sobreprecio de Bs. 123.591 por unidad. Aunque fuese una
estafa a los autobuseros, ello hubiera sido un buen negocio para el CSB si
los autobuses no hubieran resultado de mala calidad y se hubiese podido
recuperar los créditos concedidos.
Ln los meses subsiguientes, los autobuses Ikarus fueron arrinconados como
chatarra en los terrenos del Instituto Municipal de Transporte en La
Yaguara, donde todavía pueden ser vistos cuando uno baja por la
Panamericana, «. orno expresivo testimonio de un cielito sin responsables.

15
CASO: AVIONES DE AEROPOSTA!. PRESIDENCIA: Carlos Andrés Pérez
(1974-1979) FECHA SUCESO: 1973-1976 FECHA DENUNCIA: Diciembre
1979
DENUNCIANTES: Departamento de Justicia de Estados Unidos; Miralles,
Fernando (Vicepresidente de LAV) INVOLUCRADOS: García Vallenilla, Julio;
D'Erizans, Roberto; D'Erizans, Ricardo INVESTIGADORES: Juzgado Cuarto
de Primera Instancia en los Penal; Juzgado Segundo de Instrucción;
Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito
DENUNCIA: Soborno, cobro de 2 millones de dólares por el sobreprecio de
los aviones DC-9 que Me Donnell y Douglas vendieron a AEROPOSTAL
MAGNITUDES: Bs. 8.600.000
MATERIA: 6 aviones DC-9
HISTORIA
En 1976, la justicia norteamericana anunció que la empresa Me DONNELL &
DOUGLAS CORP. había falsificado documentación para pagar soborno a
varios países a los que vendieron aviones. Entre esos sobornos estaban
incluidos 2 millones de dólares pagados a los venezolanos Julio García
Vallenilla y a los hermanos Ricardo y Roberto D'Erizans. Cuando Ricardo
D'Erizans fue llamado por el Departamento de Justicia a declarar sobre el
particular, admitió haber recibido 666 mil dólares de "comisión
perfectamente legal" a través de su empresa, con sede en Nueva York,
agregando que incluso había ahorrado al gobierno venezolano 200 mil
dólares por cada avión de los que se adquirieron a la Mc.Donnell Douglas
Corporation.
La denuncia del Departamento de Justicia norteamericano destapó el affaire
de la Línea Aeropostal Venezolana (LAV), que había pasado desapercibido
en Venezuela, y ese mismo año una comisión de diputados venezolanos,
presidida por Siuberto Martínez, viajó a Estados Unidos con el propósito de
revisar la documentación sobre el caso. De acuerdo al Informe de la
Comisión e Intercambio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
los pagos de la empresa Me. Donnell fueron efectuados a funcionarios
venezolanos entre 1973 y 1976, siendo considerados como "extorsión" para
la venta de los DC-9. Sin embargo, la comisión de diputados venezolanos
dictaminó que la negociación había sido "buena para Aeropostal".
El 15 de enero de 1979, ante la persistencia de los rumores que seguían
publicándose en la prensa sobre el sobreprecio de los DC-9 vendidos a
Aeropostal, Ricardo D'Erizans promovió un juicio por propia iniciativa ante el
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal, a cargo del Dr. Cayetano
Di Guida Magaldi. Este Juez lo remite al Juzgado Segundo de Instrucción a
cargo del Dr. Emilio Sosa Pérez para que procediese a instruir el
expediente. El 23 de febrero de 1979 el juez termina la averiguación
correspondiente, dicta decisión considerando que no existe delito y retorna
el expediente al Juzgado Cuarto, el cual, en una decisión de 15 folios,
declara terminada la averiguación sumarial y lo remite a consulta al Juez
Superior Quinto, Dr. Enrique Núñez Tenorio. El Dr. Núñez Tenorio confirma

la averiguación considerando que los hechos denunciados no revestían
carácter punible. La decisión se produjo el 14 de marzo de 1979 y al
convertirse en cosa juzgada, el expediente N° 1694 es enviado al Registro
de Los Teques para su archivo.
La compra de 6 aviones DC-9 era, así, un caso cerrado con una sentencia
firme de que no hubo delito; pero volvió a tomar actualidad en noviembre
de 1979, cuando el ingeniero Fernando Miralles (Vicepresidente de LAV) de
retomo de un viaje a los Estados Unidos a las instalaciones de la Me Donnell
Douglas dijo que los compradores venezolanos habían pedido un aumento
de 2 millones de dólares sobre el precio ofrecido por la flota adquirida.
Añadía el Dr. Miralles un cálculo del valor real del daño causado a
Aeropostal, pues si a esos 2 millones de dólares se le agregaba los intereses
correspondientes a 10 años, la pérdida para LAV era realmente de 17
millones de bolívares. Miralles pidió a la Fiscalía y a la Contraloría General
de la República reabrir las averiguaciones. En diciembre de 1979 el Fiscal
General de la República designó al fiscal Cuarto del Ministerio Público, Dra.
Letty Márquez, para investigar el caso.
RESULTADO
Ante las denuncias del ingeniero Miralles, la doctora Esther I raneo La Riva
(Juez Décimo de instrucción) declaró que el acta de la compra de los
aviones y su financiamiento guardaban relación con un expediente que
cursaba en su Tribunal Décimo de Instrucción contra Roberto DErizans por
usurpación de funciones y forjamiento de actas en I.AV; añadiendo la Dra.
Franco, que los recaudos de oborno que presuntamente pagó la empresa
aeronáutica norteamericana Me Donnell Douglas, en relación a la ompra de
aviones DC-9 de Aeropostal, podían ser incorporados al expediente N° 4916
del año 1976 que cursaba ante ese Juzgado.
Fn diciembre de 1979, la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento
Ilícito abrió averiguaciones sobre el caso «le los aviones. En varias
ocasiones, la prensa publicó declaraciones de voceros de la CIEI anunciando
prontos H-sultados que no aparecieron publicados en los meses I
losteriores. Aparentemente, el caso del sobreprecio de los I )C-9 murió
aplastado por el escándalo del Sierra Nevada <iue ocupó a la opinión
pública en los meses siguientes.

17
CASO: AVION PRESIDENCIAL PRESIDENCIA: Carlos Andrés Pérez (1974-
1979) FECHA SUCESO: 1976 FECHA DENUNCIA: Noviembre 1979
DENUNCIANTES: Petkoff, Teodoro; Olavarria, Jorge; Pérez, Carlos Andrés
INVOLUCRADOS: Pigna Santamaría, José Antonio; Gral. Paredes Bello,
Fernando (ex- Ministro de la Defensa)
INVESTIGADORES: Ministro de Justicia (Echeverría, Juan Martín)
DENUNCIA: Cobro de comisiones en adquisición de avión presidencial
MAGNITUDES: $500.000 MATERIA: Avión Boeing 737
HISTORIA
En 1975 la nación adquirió un avión Boeing 737 para uso de la Presidencia
de la República; previo rechazo de una oferta de otro avión comparable, de
la firma Douglas, a un precio menor en 3 ó 4 millones. Se dijo que el Estado
venezolano no había negociado directamente, sino por intermedio de los
señores Raymond Smith (inglés) y Julio Pocaterra, pero nunca se ofreció
más información sobre la participación real de estos señores.en la
negociación.
La información sobre el caso salió a la luz a raíz de un juicio iniciado en
Estados Unidos contra la Boeing, al que fueron citados David Morales Bello y
el ex-ministro de Justicia Juan Martín Echeverría. José Antonio Pigna fue
acusado de corrupción en la compra a la Boeing del avión presidencial. A
Carlos Andrés Pérez, Juan Martín Echeverría y David Morales Bello se les
reprochó encubrimiento, pues no revelaron la información que les fue
suministrada en Estados Unidos. Sin embargo, en un programa televisado el
día miércoles 31 de octubre de 1979, Carlos Andrés Pérez afirmó que él
mismo había denunciado a los señores José Antonio Pigna y Julio García
Vallenilla como responsables de corrupción, acusándolos de hacer negocios
turbios y recibir comisiones; el primero en la compra del avión presidencial
y el segundo en la adquisición de los aviones Douglas por Aeropostal (véase
el caso). Insistió el ex-Presidente Pérez que, a pesar de sus denuncias, los
tribunales no los habían sancionado.
Posteriormente se supo que el Departamento de Estado norteamericano,
por mano de Cyrus Vanee, había entregado en el mes de julio de 1978 al
ministro de Justicia, Juan Martín Echeverría, los expedientes levantados por
ellos contra la Boeing, donde se incluía el negocio del avión presidencial. Se
comentó también que el Presidente Luis Herrera Campíns había recibido un
informe que vinculaba a José Antonio Pigna con el Gral. Fernando Paredes
Bello a quien, según se dijo, el primero servía de testaferro. Corrió el rumor
entre corrillos que dicho informe contenía copias de cheques recibidos por el
General Paredes Bello.
RESULTADO
Nunca se supo qué pasó con los documentos del Departamento de Estado
norteamericano; si pasaron a la Fiscalía General de la República o se
engavetaron o si se los quedó el ex-Presidente Pérez.
El nuevo Presidente Luis Herrera Campíns no reveló publicamente el
contenido del informe sobre el avión presidencial, ni las copias de los

cheques que involucraban al ex-Ministro de la Defensa, Paredes Bello, quien
fue postulado como Embajador en Francia. Ello causó gran extrañeza y
comentario en la opinión pública sobre las razones para que el gobierno de
Luis Herrera postulase a un militar para un cargo diplomático sin
requerimientos castrenses.
En enero de 1979, los tribunales penales declararon terminada la
averiguación sumarial seguida al ciudadano José Antonio Pigna Santamaría,
funcionario de la línea aérea Viasa, por acusación de recibir una comisión de
500 mil dólares en la compra del avión presidencial Boeing 737. La
averiguación sumarial fue iniciada el 10 de enero de 1977 por orden del
Presidente Carlos A. Pérez. El expediente fue conocido por el Juez Octavo de
Instrucción, Dr. Luis Armando García Sanjuan, cuya decisión asentó
claramente que no se había demostrado el cuerpo del delito, declarando
terminada la investigación por cuanto los hechos no revestían carácter
penal. Esta decisión la conoció la Juez Io de Primera Instancia en lo Penal,
Dra. Delia Estaba Moreno, y el Tribunal Superior Séptimo en lo Penal, por la
Dra. Carmen Beatriz Romero, quienes confirmaron la decisión del
Instructor. Como no fue presentado recurso de casación, este juicio quedó
definitivamente cerrado.

19
CASO: BALNEARIO CAMURI CHICO PRESIDENCIA: Carlos Andrés Pérez
(1974-1979) FECHA SUCESO: 1974-1975 FECHA DENUNCIA: Octubre 1979
DENUNCIANTES: Mantellini, Pedro J. (Fiscal General de la República);
Olavarría, Jorge (revista Resumen); Villegas Araujo, Luis Rubén (Fiscal del
Ministerio Público) INVOLUCRADOS: Arria Salicetti. Diego y Soucy Villegas,
Héctor
INVESTIGADORES: Contraloría General de la República, Fiscalía General de
la República, Tribunales de Primera Instancia en lo Penal DENUNCIA:
Estafa, peculado, concusión, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito
MAGNITUDES: Bs.30.000.000 MATERIA: Crédito otorgado por el Centro
Simón Bolívar para la construcción de un balneario en el Litoral Central
HISTORIA
Durante el año 1972, "CONCRESA S.A.", por intermedio de diversas
personas, entre otras el Sr. Nelson Martínez, allegado a la PIA UNION
BENEFICA, empresa administrada por padres benedictinos, propuso a ésta
la constitución de una sociedad para la construcción de un balneario en la
playa del Fundo Camuri Chico, de su propiedad. Dicha institución religiosa
aceptó la proposición y, como hecho preparatorio de lo que después se
convertiría en un despojo de su propiedad, se firmó un documento con
fecha 26 de septiembre de 1972 entre las personas jurídicas antes
reseñadas. En él se establecía suscintamente lo siguiente: la Pía Unión
Benéfica cedería en arrendamiento por el termino de 6 años a Concresa
S.A. una parcela de terreno de su exclusiva propiedad con un área de 42,40
hectáreas en la referida finca Camurí Chico, con el fin de que la arrendataria
construyera en dicha parcela una playa pública con sus instalaciones, obras
recreacionales y anexos, debiendo pagar Concresa S.A. a la Pía Unión
Benéfica 32 mil bolívares mensuales. Se estableció en dicho documento que
una vez vencido el término del contrato, inmediatamente se constituiría
entre las partes una sociedad por el término de 40 años para el uso y
explotación de las instalaciones, obras en la playa y anexos. Se convino,
además, que, transcurridos los 40 años fijados, todas las obras ejecutadas
por Concresa S.A. sobre la parcela arrendada, pasarían a ser de propiedad
de la Pía Unión Benéfica.
Poco tiempo después de haber firmado este contrato, Concresa S.A. le
comunicó a la Pía Unión Benéfica que el costo de la obra no sería de 6
millones de bolívares, sino de 12. A finales de 1974, se le volvió a notificar
que el costo de las obras del balneario se elevaría a la cantidad de 27
millones. Se le informó, además, que Concresa S.A. había solicitado un
préstamo de $6.500.000, es decir Bs.27.950.000 al cambio vigente para
esa fecha, con la INARCOIVESTMENT COMPANY. En consecuencia, la Pía
Unión Benéfica debió constituir hipoteca sobre el Fundo Camuri a favor del
prestamista, hasta por la cantidad de 33 millones de bolívares.
Mientras se realizaban estas negociaciones, el Dr. Diego Arria, gobernador
de Caracas y presidente del CENTRO SIMON BOLIVAR, dictó el 30 de marzo
de 1974 el Decreto sobre el uso y aprovechamiento público de las playas,
ocho días después de haber la Pía Unión hipotecado su propiedad. Poco más

tarde, el 20 de enero de 1975, se celebró un contrato entre Concresa S.A.,
representada por Héctor Soucy Villegas, y el Centro Simón Bolívar,
representada por Diego Arria, relativo a la construcción del Balneario
Público de Camurí Chico. En virtud de este contrato, el CSB otorgó un
préstamo de 60 millones de bolívares para la terminación del Balneario
Camuri Chico, pero éste en realidad estaba ya totalmente terminado. Según
la Pía Unión Benefica, que vio incrementada enormemente la hipoteca que
pesaba sobre su propiedad, los firmantes de ese contrato se aprovechaban
del impacto político producido por los decretos de fecha 30 de marzo y 5 de
abril de 1974 sobre las playas, para de hecho despojarlos de la posibilidad
de obtener algún beneficio sobre el balneario, disfrazándolo de préstamo
para la ejecución de unas obras ya concluidas.
De los 60 millones de bolívares aportados por el CSB, se pagó a la Inarco
Ivestment Company los Bs.27.950.000 aportados por ésta. Nunca se llegó a
presentar cuentas al CSB de los restantes Bs.32.050.000 del valor de las
obras realmente ejecutadas y tampoco le fue presentada a la Pía Unión
Benéfica una relación o estado de cuenta que demostrase en qué se invirtió
el dinero excedente de lo entregado por el CSB a Concresa S.A.
De esta operación resultaron dos perjudicados: el Centro Simón Bolívar,
que entregó un préstamo de dudosa recuperación sobre obras
sobrevaloradas en más del 100 por ciento y la Pía Unión Benéfica, a la cual
se obligó a garantizar al CSB con sus terrenos la cantidad de 60 millones de
bolívares, cuyos réditos y cuantía del gravámen hacen nugatorio la
posibilidad de recuperarla.
RESULTADO
La Contraloría Municipal;.la Contraloría General de la República y la
Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito, encontraron
administrativamente responsable a Diego Arria por las irregularidades en la
tramitación de estas operaciones, hallándose razones suficientes para
considerar los hechos como punibles.
El fiscal general de la República, Pedro J. Mantellini, en escrito de acusación
del 10 de octubre de 1979 dirigido a la Corte Suprema de Justicia, señaló
las diferentes averiguaciones que cursaban por ante los tribunales penales
en contra del ciudadano Diego Arria Salicetti. Entre ellos se encontraba el
expediente N° 1589-9, por los delitos de estafa, peculado, concusión, abuso
de autoridad y enriquecimiento ilícito iniciado por Jorge Olavaría ante el
Tribunal Vigésimo de Primera Instancia en lo Penal. El demandante consignó
documentos que habían llegado a su poder, entre los cuales se encontraba
un memorándum donde se señalaba un posible delito de estafa, cuyos
autores serían Diego Arria y los directivos de Concresa S.A., empresa de
construcción, en perjuicio de la Pía Unión Benéfica y de la nación
venezolana, así corrió también otros delitos.
Habiendo pasado el expediente a los tribunales penales, la Corte Suprema
de Justicia declaró en antejuicio de mérito, el 20 de noviembre de 1979 que
había mérito suficiente para proseguir el enjuiciamiento contra el ex-
gobernador Diego Arria Salicetti y, a tales efectos, la Corte remitió la
decisión al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal de la
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda.

21
El ex-gobernador Arria se ausentó del país por varios años, volviendo a él
para apoyar a Carlos Andrés Pérez en las elecciones de 1988.

CASO: BANCO AGRICOLA Y PECUARIO PRESIDENCIA: Rafael Caldera
(1969-1974) FECHA SUCESO: 1970-1974 FECHA DENUNCIA: 1974
DENUNCIANTES: Strédel, Juan (Presidente del BAP en 1974); Federación
Campesina de Venezuela; Asociación de pequeños y medianos productores
rurales
INVOLUCRADOS: Decenas de funcionarios del BAP y sus agencias;
receptores de créditos que no fueron utilizados en propósitos agropecuarios
INVESTIGADORES: Comisión permanente de Agricultura y Cria del
Congreso; Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito;
Contraloría General de la República; Fiscalía General
DENUNCIA: Enriquecimiento ilícito
MAGNITUDES: Bs.80.000.000
MATERIA: Créditos agropecuarios; maquinaria agrícola
HISTORIA
En febrero de 1974 el nuevo presidente de la Junta Administradora del
Banco Agrícola y Pecuario, Juan Strédel, efectuó una dramática denuncia
ante la Comisión Contra la Corrupción Administrativa de la Cámara de
Diputados sobre la extendida corrupción existente en dicho instituto,
pidiendo la intervención de los organismos competentes como la Comisión
Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito, la Fiscalía General, la
Contraloría General y la Policía Judicial. Entre las irregularidades se
señalaron el otorgamiento de créditos a personas que no eran agricultores;
cobro de comisiones a los prestatarios; informes falsos sobre pérdidas de
cosechas, créditos a personas que nunca habían solicitado créditos y cuyas
firmas fueron falsificadas; créditos concedidos a personas analfabetas
quienes firmaban con su huellas digitales por grandes sumas de las cuales
recibían una mínima parte; utilización de gestores para cobrar créditos;
créditos concedidos a familiares y a los mismos funcionarios del BAP;
créditos otorgados a difuntos y a personas, sindicatos y ligas campesinas
que jamás existieron; créditos concedidos por teléfono, sin que pasara a
conocimiento de la Junta Administradora; levantamiento de informes falsos;
sobregiros en los presupuestos de las distintas agencias del BAP y, en fin,
violación de todos los instructivos del Instituto. De acuerdo a las
investigaciones, hubo sucursales en las que desde el gerente hasta el
mensajero, pasando por la totalidad del personal, se otorgaron mutuamente
créditos por varias decenas de miles de bolívares. Un funcionario del Banco
se había perdido con 70 mil bolívares y el Banco no lo denunció. En algunas
dependencias todos los funcionarios, sin distinción de jerarquías, habían
comprado parcelas con los dineros de los contribuyentes.
El Banco Agrícola y Pecuario acusaba 100 millones de bolívares en deudas
acumuladas, de las cuales más de 50 millones eran absolutamente
irrecuperables, especialmente porque el dinero destinado a la promoción de
las actividades agropecuarias nunca llegó a manos de los verdaderos
productores. Strédel presentó una larguísima lista de personas quienes, sin

23
ser agricultores, habían cobrado cantidades de dinero que habían sido
utilizadas en provechos personales. También denunció que la maquinaria
agrícola desaparecida suponía otros 5 millones de bolívares perdidos, pues
el Banco distribuía maquinaria agrícola sin existir contrato, compromiso o
letras firmadas.
Treinta y tres de las sesenta y siete dependencias que tenía el Banco en
todo el país, fueron intervenidas e investigadas. Juan Strédel precisó que
las sucursales donde fueron detectados los casos más inverosímiles de
desaparición de dinero fueron las de Zaraza, Aragua de Barcelona, Calabozo
y Valle de la Pascua.
RESULTADO
En 1974, La Contraloría General de la República pasó a su Departamento de
Averiguaciones Administrativas 99 informes sobre presuntas irregularidades
administrativas en el BAP, requiriendo el establecimiento de las
responsabilidades. De los 99 casos, 19 correspondían a intervenciones de la
Contraloría Delegada en las dependencias de Acarigua, San Carlos,
Porlamar, Turén, Valle de la Pascua, depósito de maquinarias en Araure,
Coro, Oficina Central y en una firma particular de transporte de Puerto
Cabello. Los 80 casos restantes fueron informes de auditorías practicadas
por la Contraloría Interna en: Zaraza, Porlamar, Aragua de Barcelona, San
Fernando de Apure, Calabozo, Tucupido, Caja Seca, Ciudad Bolívar,
Guanare, Trujillo, San Carlos, Miremire, San Juan de los Morros, Santa
Bárbara de Barinas, Carúpano, San Cristóbal, Maturín, Machiques,
Altagracia de Orituco, Coro, Valera, Maracaibo, Cariaco, Tovar, Ocumare del
Tuy, Biscucuy, Libertad de Barinas, Mene Grande, Pariaguán, Nirgua,
Mérida, Churuguará, Valencia y Maracay. El número de dependencias del
Banco intervenidas da una idea de la magnitud de las irregularidades.
En agosto de 1974, la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento
Ilícito procedió a congelar los bienes y prohibir la salida del país a 40
funcionarios del Banco Agrícola y Pecuario por responsabilidad
administrativa en el caso.
El Informe de la Fiscalía de 1975 incluye, en la lista de casos investigados,
el caso del Banco Agrícola y Pecuario ante denuncias consignadas por el Dr.
Juan Strédel. Este Informe concluyó que procedía la apertura de la
averiguación penal correspondiente. El Informe de Fiscalía del año siguiente
no ofrece los resultados del caso.
En el transcurso de la investigación Juan Strédel fue citado al Congreso
(febrero 1975), pues se había recibido información de que participaba en la
Junta Directiva de la empresa PLANAGRO, empresa que había firmado un
contrato de 4 millones de bolívares para asesorar al gobierno del Estado
Cojedes en materias agrícolas. El contrato fue posteriormente rescindido
por el Ministro del Interior. Strédel explicó que había renunciado a la
empresa al enterarse del contrato.
El 13 de mayo de 1975, mediante decreto N° 909, fue creado el Instituto de
Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), institución con personalidad jurídica y
patrimonio propio en sustitución del Banco Agrícola y Pecuario.

La creación del ICAP y la condonación de las deudas de créditos a los
acreedores del BAP durante los primeros años de la Administración CAP,
parecen, literalmente, haber hecho "borrón y cuentas nuevas" con el caso
BAP.

25
CASO: BANTRAB
PRESIDENCIA: Carlos Andrés Pérez (1974-1979) FECHA SUCESO: 1975
FECHA DENUNCIA: 1979
DENUNCIANTES: Olavarria, Jorge (revista Resumen)
INVOLUCRADOS: Arria Saiicetti, Diego; Delfino, Enrique; Malavé Villaiba,
Augusto (dirigente obrero); Pulido, Manuel Antonio INVESTIGADORES:
Ingenieros Sucre Figarella, Leopoldo y Miranda, Euclides DENUNCIA:
Sobreprecio de Bs. 190.000.000 MAGNITUDES: Bs. 190.000.000 MATERIA:
Obras urbanísticas del Metro de Caracas
HISTORIA
Augusto Malavé Villaiba, a nombre del Banco de los Trabajadores de
Venezuela (BTV), y Camilo Daza, a nombre de CENTRO SIMON BOLIVAR
(CSB), ordenaron en 1977 la evaluación de los proyectos y obras
urbanísticas en torno a las licitaciones del Metro en terrenos del CSB. La
evaluación fue efectuada por los ingenieros Sucre Figarella y Euclides
Miranda, quienes concluyeron que existía sobreprecios por el orden de 72
millones de bolívares en los proyectos y obras contratadas. La evaluación
reveló que los sobreprecios provenían del cobro de estudios y proyectos
(sísmicos, de suelos, de supervisión arquitectónica, de administración y
organización, etc.) que se cobraban por separado, aun cuando estaban
incluidos en el convenio original para la ejecución de todo el desarrollo
urbanístico. Otra fuente de sobreprecio fue el proyecto de un edificio que se
repetía 42 veces y era cobrado cada vez como un proyecto original. Lo
usual en esos casos es que el proyectista cobre por el proyecto original y
luego un porcentaje por la repetición del mismo proyecto, su adaptación al
terreno y su supervisión.
La evaluación de los ingenieros puso sobre el tapete los contratos del CSB y
una empresa privada BANTRAB. La prensa reveló que Diego Arria había
firmado el 26 de septiembre de 1975 un contrato con la empresa BANTRAB
mediante el cual acordaron que el Centro Simón Bolívar aportaría los
terrenos y BANTRAB asumiría el financiamiento de los estudios, proyectos,
construcción, inspección y administración de las obras urbanísticas en
terrenos circunvecinos a las estaciones del Metro, comenzando por las de La
Hoyada, Parque Carabobo y Plaza Morelos (hoy Bellas Artes). BANTRAB
había sido constituida el día anterior por los siguientes accionistas: Banco
de los Trabajadores (BTV), con el 50% de las acciones; Inmobiliaria La
Florida, de Enrique Delfino, con el 30%; y el economista Manuel Antonio
Pulido con el 20 por ciento.
Poco después, BANTRAB contrató con su propio accionista, Inmobiliaria La
Florida, representada por su director, ingeniero Enrique Delfino, un contrato
por 160 millones de bolívares para la elaboración del proyecto. Luego,
Diego Arria, en nombre del CSB, firmó contratos por 92 millones de
bolívares con cuatro empresas del grupo de Delfino para la supervisión
arquitectónica de los edificios en torno a las estaciones La Hoyada y Parque
Carabobo, y otro contrato para la "coordinación y administración" de las
obras por Bs.272.800.000. Con la firma ORCAVEN, Arria contrató los

estudios de suelos por Bs.68.800.000. La prensa hizo estimaciones más
atrevidas que los avaluadores, calculando que los sobreprecios llegaban a
más de 190 millones de bolívares. BANTRAB canceló sus obligaciones con
los subcontratistas, emitiendo pagarés aceptados para ser pagados a su
vencimiento por el CSB.
Cuando en marzo de 1974 ascendió Carlos Andrés Pérez a la Primera
Magistratura nacional, designó a Diego Arria como Gobernador del Distrito
Federal y Presidente del Centro Simón Bolívar. Hasta ese momento
prevalecía el criterio técnico del MOP de que el Metro fuera subterráneo,
desde que en julio de 1968 el Congreso Nacional había autorizado las
operaciones de crédito público para financiamiento del proyecto. Entonces
surgió intespectivamente un intento de paralización de ese plan para que se
considerara un proyecto japonés de "aerocarril" superficial, similar al
existente en Tokio, preconizado por el nuevo Gobernador de Caracas,
argumentándose que era más barato y podía extenderse hasta el Litoral
Central. Este proyecto estaba representado por Enrique Delfino y tuvo en
Diego Arria su principal defensor. Levantóse en torno a él una gran
polémica periodística y confrontación de intereses, pues la nueva opción
daba al traste con todos los estudios realizados hasta la fecha por la Oficina
Ministerial del Transporte y estaba en contra de todas las recomendaciones
y opiniones de los asesores de dicha oficina y de todos los expertos
nacionales e internacionales invitados en diferentes oportunidades para
evaluar la solución escogida. Tal consideración retrasó la obra más de lo
que ya lo había sido, pero cuando el Colegio de Ingenieros en asamblea
plena, se pronunció categóricamente por la solución subterránea, el
Presidente de la República tomó la decisión de continuar el proyecto original
subterráneo, concediéndose la buena pro al consorcio francés, en 1978. Se
dijo entonces en los altos niveles financieros y políticos, que como
compensación a la pérdida de ese negocio, se le concedió al proponente del
"aerocarril" los negocios a que se refiere la anterior información.
RESULTADO
Según el Informe de Contraloría de 1979, el convenio CSB-BANTRAB se
estableció para la ejecución conjunta del desarrollo urbanístico de los
terrenos propiedad del CSB situados alrededor y en zonas adyacentes a las
estaciones del Metro de Caracas: Bellas Artes, Parque Carabobo y La
Hoyada; dicho convenio consta en documento de fecha 26 de septiembre de
1975, modificado en julio de 1976 y noviembre de 1977. El convenio de
julio de 1976 establecía en su cláusula 25 que el pago de los contratos por
inspección técnica y supervisión de proyectos estaría a cargo de BANTRAB;
sin embargo, que el CSB efectuó el pago de las valuaciones de supervisión,
presentadas por las empresas QUEPREVEN, C.A., MANORCA, C.A., TABASA,
S.A. y EDIFICACIONES STORNI, C.A.
Para 1980, como resultado del análisis practicado al convenio con BANTRAB
se derivaron las conclusiones siguientes: el contratista presentó, con cargo
al contrato, valuaciones correspondientes al lapso 2-76 a 3-79 por un total
de Bs. 1.760.394,50 y le fueron otorgados por el CBS Bs.1.455.856,50,
quedando pendiente un pago por Bs.47.577, así como la devolución de
retenciones por la cantidad de Bs.264.052,35. Respecto a los trabajos

27
realizados, el Informe de Contraloría señaló que el estado de los mismos no
permitía formarse una opinión sobre el alcance de las actividades y, en
consecuencia, no se podía constatar si se había dado efectivo cumplimiento
a las obligaciones establecidas en el contrato. Según la fecha de las últimas
valuaciones presentadas por BANTRAB, las obras debían haber sido
concluidas en enero de 1979; pero los informes quincenales que la empresa
debía entregar entre los meses de junio 1978 y marzo de 1979 no fueron
presentados. La Contraloría recomendó verificar si el contratista había dado
cumplimiento a sus obligaciones e igualmente precisar los trabajos
realizados en el lapso febrero 1978 a marzo 1979 que justificaran las
valuaciones pagadas, y, de acuerdo a los resultados, se procedería al
reintegro de retenciones y cancelación de valuaciones pendientes. En
octubre de 1980, el CSB notificó su decisión de no realizar pago alguno
hasta tanto no se diera cumplimiento a las recomendaciones de la
Contraloría. En el Informe de Contraloría correspondiente al año 1981 y
siguientes no aparece ninguna referencia al convenio CSB- BANTRAB.
Tampoco se conocieron otros resultados.

CASO: CAJA DE AHORROS DE CADAFE- MARACAY
FECHA COMISION: 1976 FECHA DENUNCIA: Junio 1976 DENUNCIANTES:
Carvallo Hurtado, Pedro Miguel (Comisario-Jefe de ia PTJ) INVOLUCRADOS:
Báez Vargas, Tito Armando: (Presidente); Brito, Félix María:
(Vicepresidente); Inciarte Lugo, Victor Manuel (Tesorero); Arráez Guevara,
Victor José (Administrador); Rincones Cardozo, Daniel (Contador); González
Alvarado, Félix Ramón (Asistente Cont)
INVESTIGADORES: PTJ del Estado Aragua ACUSACION: Defraudación
continuada de los fondos de los ahorristas de la Caja, desde varios años
antes de la fecha de su descubrimiento
MAGNITUDES: Bs.7.000.000 en cuentas incobrables y Bs.800.000 faltantes
en Caja MATERIA: Estafa por medio de cheques falsificados y facturas
ficticias de proveedores
HISTORIA
El Comisario-Jefe de la División contra la Delincuencia Organizada déla PTJ
en el Estado Aragua, Sr. Pedro Miguel Hurtado Carvallo, convocó a una
rueda de prensa el 23 de junio de 1976 para informar la detención de un
grupo de ciudadados, miembros de la Junta Administradora de la Caja de
Ahorros de CADAFE en Maracay, acusados de manejos dolosos en el manejo
de dicha Caja de Ahorros. La defraudación venía realizándose desde hacía
15 años y, según declaró el funcionario por lo que había podido deducirse
de una Auditoría realizada, pasaba de 7 millones de bolívares en cuentas
inexistentes o incobrables, más un faltante en Caja de Bs.800.000.
RESULTADO
Fueron detenidos todos los indiciados y pasados a la orden del Juez Tercero
de Primera Instancia en lo Penal del Estado Aragua.

29
CASO: CAJA DE AHORRO DEL MOP PRESIDENCIA: Raúl Leoni (1964-1969)
FECHA SUCESO: Febrero 1964 FECHA DENUNCIA: 1966
DENUNCIANTES: Soto Rosa, José (Presidente de la Caja de Ahorros del MOP
en 1965); Rosales, Julio
INVOLUCRADOS: Presidente de la Caja de Ahorro; Ferrer, Juan Bautista
(Administrador de Caja de la Caja de Ahorros del MOP); García Regalado,
Roberto (Auditor de la Caja de Ahorro del MOP); Feo García, Luis
(Secretario de Junta Directiva del MOP); Paiva Piñate, Ramón (Fiscal de la
Junta Directiva del MOP en 1962)
INVESTIGADORES: Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito
(CIEI) DENUNCIA: Desfalco a Caja de Ahorro del MOP MAGNITUDES: Bs.
1.898.688 MATERIA: Ahorros de los empleados del MOP
HISTORIA
El 12 de agosto de 1965 fue iniciada una primera intervención a la Caja de
Ahorro de los empleados del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta
investigación sobre el ejercicio del año 1964 reveió que, aunque para ese
año sólo se había producido un beneficio de Bs.427.426,12, la Junta
Directiva había ordenado el reparto Bs.830.933,14 entre los socios,
produciéndose de esta manera un déficit de Bs.403.507. Tal situación no
sólo significaba la violación de lo ordenado en el artículo 93 de los estatutos
vigentes para entonces, según los cuales sólo debía repartirse el 70 por
ciento de las utilidades realmente habidas durante el ejercicio, sino además
la repartición de unas utilidades que no existían.
RESULTADO
Los comerciantes que habían avalado las letras de cambio tuvieron que
pagarlas y algunos fueron embargados. El Sr. Candelario Salazar no fue
sancionado por no demostrarse su responsabilidad directa en el caso, y el
Sr. Octavio Rodríguez recibió como sanción ser suspendido de su empleo en
la CIEI por un mes ... con sueldo.
Como en muchas otras cajas de ahorro de la época, que sufrieron una de
las modalidades más conocidas de la llamada "corrupción media", en la Caja
de Ahorro del MOP existían otras numerosas irregularidades. Podríamos
nombrar algunas, tales como carencia total de organización administrativa y
de sistema contable donde se pudiera conocer la historia de las operaciones
realizadas. Este estado de desorden dio como resultado el hecho de que
nunca se llegara a comparar los saldos de cuentas que figuraban en los
balances con la sumatoria de los saldos de las cuentas individuales. Esta
irregularidad creó un déficit para la Caja de Ahorros del MOP de Bs.266.364
en depósitos y de Bs.175.000 en préstamos, además de Bs.99.306 en
inventario de mobiliario y equipos de oficina inexistentes.

Entre los datos del balance que no reflejaban la realidad del estado de la
mencionada Caja de Ahorros, se encontró pendiente una deuda de
Construcciones Puig C.A. por Bs.395.000 que había sido cancelada por la
misma firma el 3 de febrero de 1964. También se descubrió el otorgamiento
de créditos a personas ajenas a la institución, repartición de utilidades
inexistentes y compras personales hechas por los miembros de la Junta
Directiva, todo ello en abierta violación de los estatutos de la Caja de
Ahorro. En la lista de los préstamos irregulares y contra los estatutos
figuraba, especialmente, uno conferido a la Dirección de Cartografía
Nacional por 85 mil bolívares, descubriéndose que el mismo ex-Presidente
de la Caja de Ahorro, acusado de estas irregularidades, era también
Administrador de Cartografía Nacional donde a su vez dejó una deuda por
Bs.58.333 por retiros de caja, cargándolos en su cuenta por concepto de
préstamos, sin pago de intereses. Esta denuncia quedó asentada en un
informe firmado por José E. Soto Rosa, presidente de la Caja de Ahorros en
1965, y avalado por Julio Rosales.
RESULTADO
Se comprobó la responsabilidad del ex-Presidente de la Caja de Ahorros del
MOP en el abuso continuo de autoridad, orden y aval de préstamos
irregulares. Igualmente se atribuyó responsabilidad por encubrimiento al
Administrador de la Caja de Ahorros. El ex-Presidente de la Caja de Ahorros
reconoció su responsabilidad y, aunque no se instaló juicio, se suicidó por
"causas desconocidas". Los medios de comunicación señalaron que la
responsabilidad no debía corresponder exclusivamente al Presidente, por
cuanto la administración de la Caja era responsabilidad de la Junta en pleno
y no del presidente en particular. Apaientemente por respeto al hecho del
suicidio, aunque el caso Fue muy publicitado, nunca se publicó el nombre
del principal involucrado, lo cual dice mucho de los patrones ético;, de la
prensa de la época.

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CASO: CAJA DE AHORRO DE LA POLICIA DE PETARE
PRESIDENCIA: Raúl Leoni (1964-1969) FECHA SUCESO: 1964 FECHA
DENUNCIA: 1965
DENUNCIANTES: Oropeza, Domingo (abogado demandante de la CIEI) y la
Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito INVOLUCRADOS:
Solazar. Candelario (ex- Prefecto de Petare); Rodríguez. Octavio (hermano
de Simón Rodríguez, representante de la Corte Suprema de Justicia en la
CIEI)
INVESTIGADORES: Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito
DENUNCIA: Malversación de fondos MAGNITUDES: Bs.71.000 en 56 letras
de cambio MATERIA: Ahorros de la Policía de Petare
HISTORIA
El 12 de febrero de 1965, el prefecto Candelario Salazar (AD), entrega el
cargo a Manuel Salvador Becerra (FDP) y se reorganiza la Caja de Ahorro de
la Policía de Petare, para lo cual se llama a una comisión de la Comisión
Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito (CIEI) para que se hiciera
cargo de 56 letras de cambio encontradas en dicha Caja. Posteriormente,
las letras desaparecieron de la CIEI, siendo responsable de ello, por acción
u omisión, el Sr. Octavio Rodríguez, hermano de Simón Rodríguez,
representante de la Corte Suprema de Justicia en la CIEI. Esas letras habían
sido firmadas por Candelario Salazar y avaladas por los señores Joao
Gongalves, Panagicte Sapikas, Ramiro Jiménez Valdés y Nicola Canferra.

CASO: CAJA MUNICIPAL DE CARACAS PRESIDENCIA: Rafael Caldera (1969-
1974) FECHA SUCESO: 1971 FECHA DENUNCIA: Agosto 1971
DENUNCIANTES: Lovera, lldemaro (Primer Vicepresidente del Ayuntamiento
de Caracas) INVOLUCRADOS: Riveroll Romay, Ramón y Guinand Baldó,
Carlos (Gobernador de Caracas)
INVESTIGADORES: Contraloría Municipal y Contraloría General de la
República DENUNCIA: Estafa a la nación y sustracción de letras de la Caja
Municipal del Ayuntamiento de Caracas
MAGNITUDES: Bs. 1.480.000 MATERIA: Letras al portador
HISTORIA
La Gobernación de Caracas había suscrito un contrato con Ramón Riveroll
para la construcción del Parque Naciones Unidas y otras obras menores en
el Litoral Central. Riveroll solicitó al gobernador de Caracas, Carlos Guinand
Baldó, una serie de giros a su favor hasta por la cantidad de Bs.8.910.000
para construir el Parque en los terrenos del antiguo Hipódromo del Paraíso.
El Gobernador confió en su amistad con Ramón Riveroll y aceptó girar por
adelantado letras de cambio por el monto total de las obras. Riveroll, quien
no tenía ninguna compañía de construcción ni capacidad económica para
emprenderlas, no efectuó obra alguna y logró descontar en el Banco
Caracas una de las letras por Bs. 1.480.000, constituyendo esa cantidad el
valor del perjuicio económico perpetrado por Ramón Riveroll Romay a la
Gobernación del Dtto. Federal. Como la obra nunca fue realizada, los
concejales del Dtto. Federal presentaron la correspondiente denuncia al
gobernador Guinand Baldó, quien informó no tener noticia del otorgamiento
adelantado de las letras, afirmando que dicha letra había salido de la
Gobernación sin el consentimiento del titular de ese despacho, pues el
contrato con Riveroll había sido rescindido. Sin embargo, se descubrió que
el contrato no había sido rescindido formalmente sino de palabra entre el
contratista y el gobernador; por tanto, las letras, válidas al portador, por
valor superior a 7 millones de bolívares no habían sido destruidas, a pesar
de una solicitud hecha por la Contraloría Municipal. El contratista no
respondió a la citación que le hiciera la Gobernación para dilucidar las
contradicciones.
RESULTADO
Ante las denuncias efectuadas por los concejales del Distrito Federal a la
Gobernación y posteriormente al Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, se
buscó al 62 indiciado; pero Riveroll había salido del país.
El expediente fue remitido al Juez Octavo de Instrucción, Dr. José Erasmo
Pérez España, quien en el mes de junio de 1972 dictó auto de detención al
contratista Ramón Riveroll por el delito de estafa con el agravante de haber
sido en perjuicio de uno de los órganos de la Administración Pública. Este
auto de detención fue confirmado por el Juez Décimosexto de Primera
Instancia, doctor Luis Riva Romero, quien libró la correspondiente
requisitoria para la detención del indiciado. Al ser informado de que éste

33
había abandonado el país, solicitó por los canales regulares de la Corte
Suprema de Justicia su extradición. La Sala Político Administrativa acordó
exigir al gobierno de la República de México la entrega del contratista
Ramón Riveroll Romay, pero ello no sucedió. Riveroll nunca respondió a los
requerimientos para que resarciera a la municipalidad la cual, aunque pudo
detener el cobro de las restantes letras de cambio, tuvo que pagar la letra
descontada.

CASO: CAMINA (C.A. MINAS DE NARICUAL) PRESIDENCIA: Carlos Andrés
Pérez (1974-1979) FECHA SUCESO: 1974-1978 FECHA DENUNCIA: 1979-
1980 DENUNCIANTES: Oliveros, Luis Angel (ex- Administrador de las Minas
de Naricual); Díaz Bruzual, Leopoldo (Presidente del Fondo de Inversiones
de Venezuela); Contraloría General de la República
INVOLUCRADOS: Lares Cordero, Carlos (ex- Presidente de CAMINA)
INVESTIGADORES: Contraloría General de la República, Comisión
investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito (CIEI), Fiscalía General de la
República
DENUNCIA: irregularidades administrativas, pérdidas cuantiosas para el
Estado venezolano
MAGNITUDES: Bs. 160.000.000
MATERIA: Contratos y préstamos para la
producción de carbón
HISTORIA
Desde su formación en 1974, C.A. Minas de Naricual (CAMINA), propiedad
de la Corporación de Desarrollo de la Región Ñor-Oriental, el Sindicato de
Trabajadores de la Hulleras de Naricual y los concejos municipales de Sotillo
y Bolívar, mostró diversas irregularidades administrativas. Por ejemplo, la
contabilidad presentaba problemas de extemporaneidad, duplicación de
registros, disparidad de saldos contables y falta de evidencia documental.
En 1975 el Fondo de Inversiones de Venezuela (FTV) preparó un informe de
evaluación sobre el plan de inversiones, en el cual se concluyó que el
proyecto, tal como había sido formulado, no era viable desde el punto de
vista técnico-económico y financiero. Informes de oficinas especializadas
contratadas por el FIV hicieron la misma observación. La National Coal
Board indicó, por ejemplo, que el costo de una planta de lavado de carbón
sencilla con una sola caja lavadero costaría solamente 30 millones de
bolívares en lugar de los 60 de millones previstos por la alternativa
planteada por CAMINA. A pesar de las fallas y deficiencias que impedían la
viabilidad técnico-ecónomica del proyecto, la administración de CAMINA no
permitió la reformulación del mismo.
Se le otorgó el contrato de perforaciones de la Cuenca Carbonífera de
Naricual al Consorcio Geoinca Cerro Negro, el cual no contaba con ios
equipos necesarios para los sondeos. CAMINA rescindió los contratos
transando un convenio en el cual perdió Bs.793.467. Durante la misma
presidencia de Carlos Lares Cordero, se firmaron y cancelaron contratos
para el tratamiento químico de 18.000 durmientes, la adquisición de 78.000
clavos y la reparación de una locomotora General Motors. Los durmientes
no necesitaban tratamiento químico y fueron utilizados sin él, los clavos no
pudieron ser utilizados por ser de diferente medida y la locomotora jamás
fue reparada. No obstante, las cartas de créditos fueron cobradas por las
empresas contratistas sin haber entregado las mercancías o trabajos
descritos.

35
A principios de 1977 C.A. Minas de Naricual recibió un crédito adicional
delOO millones de bolívares, el cual se aplicó incumpliendo los objetivos
planteados en la solicitud del mismo. Más del 50 por ciento del crédito se
destinó al pago de obligaciones no previstas o permaneció depositado en
diversos bancos, renovando las deudas que se habían previsto cancelar con
dicho crédito; ello generó nuevos compromisos y gastos. La tasa de interés
de los créditos renovados era superior a la que percibían los recursos
depositados, originalmente destinados a liquidar dichas deudas, y que sin
razón alguna fueron cedidos como prenda mercantil de los nuevos
endeudamientos contraídos. Los contratos perjudiciales para la empresa
llevaron a Camina a una situación económica que hizo necesario nuevos
créditos. En 1978 la CVF otorgó a Camina un aval por 160 millones de
bolívares, el cual fue dado, sin embargo, en forma de crédito directo. John
Phelps, presidente de la CVF, firmó un pagaré por $37.500.000. Asimismo,
el presidente del FIV, Héctor Hurtado, solicitó al Consejo de Ministros su
aprobación para no exigir garantías a Camina por el aval concedido, a pesar
de la deplorable situación financiera en la que estaba sumida la empresa y a
sabiendas de su incapacidad de pago.
RESULTADO
Luego de la denuncia y el minucioso informe de la Contraloría, CAMINA
parece desaparecer de la memoria colectiva. Los Informes de Contraloría de
los dos años siguientes (1980,1981) no vuelven a informar sobre el caso.

CASO: CARIVEN
PRESIDENCIA: Rafael Caldera (1969-1974)
Carlos Andrés Pérez (1974-1979) FECHA SUCESO: 1974-1975 FECHA
DENUNCIA: 1976-1979 DENUNCIANTES: Alvarez Domínguez, Luis (ex-
Presidente de la CVF); Curiel, Marcel (ex- Presidente CVF); Sananes
Carranza, Francisco (Presidente de la CVF 1979)
INVOLUCRADOS: Gascue Ríos, Federico (ex- Presidente de Cariven); Sosa,
Carmen Amalia (accionista principal Cariven); Lozada Provenzali, José Angel
(ex-Presidente encargado CVF); Sosa Ríos, Ricardo ( ex- Comandante de la
Marina, ex-Presidente de Cariven); Coronil Hartmann, Alfredo
INVESTIGADORES: Encargados del informe confidencial de la CVF ; Agudo
Freytes, Esteban (ex-Director de la Consultorio Jurídica de la Fiscalía
General de la República)
ACUSACION: Sobreprecio; estafa consumada
MAGNITUDES: Bs.50.000.000 MATERI A: Adquisición de barcos para
cruceros
HISTORIA
En marzo de 1974, pocos días antes de la entrega de gobierno del Dr.
Rafael Caldera, el Consejo de Ministros autorizó a la Corporación
Venezolana de Fomento para otorgar un aval por 50 millones de bolívares
(Bs. 50.000.000) a la Corporación Venezolana de Cruceros del Caribe
(CARIVEN). El directorio de la Corporación Venezolana de Fomento, según
resolución N° 0344 resolvió conceder dicho aval con el objeto de
garantizarle el financiamiento requerido para la adquisición de dos barcos
cruceros que serían destinados a la realización de cruceros por el Caribe.
Las especificaciones en los documentos establecían que los barcos debían
tener 800 toneladas de peso, capacidad para 800 pasajeros, hacer 20 nudos
de velocidad y ser de construcción reciente. Los barcos adquiridos
posteriormente, sin embargo, fueron dos cruceros obsoletos, el Santa Rosa
y el Bahama Star, ambos fuera de especificaciones. Después de todas las
reparaciones, la capacidad máxima llegaba apenas a 350 pasajeros. Uno de
ellos tenía más de 15 años de servicio; y estando en deplorable situación se
encontraba en reparación en un astillero de los Estados Unidos y fue
posteriormente rematado en Nueva York a precio de chatarra por 300 mil
dólares (alrededor de Bs. 1.200.000,oo). Dadas sus precarias condiciones,
los dos cruceros juntos no valían más de 3 millones de bolívares. Eso
motivó que los propios abogados de la CVF en los Estados Unidos
recomendaran que los barcos fuesen rematados como material de desecho
o chatarra; puesto que éstos tenían también ciertas restricciones de uso por
parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
La adquisición de estas naves se realizó a pesar de que el Ministro de
Transporte había negado la autorización para que Cariven las adquiriera.
Informes presentados ante el directorio de la Corporación Venezolana de

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Fomento señalaron la responsabilidad de los ex-presidentes de Cariven,
Federico Gascue Ríos, y contralmirante Ricardo Sosa Ríos. Este último
demostró, sin embargo, que él había sido Presidente de la empresa
solamente once días ya que renunció porque el directorio era contrario al
informe que presentó sobre los barcos. Las operaciones financieras se
aceleraron en 1975 con la aceptación de pagarés a favor de The Merban
Corporation, la cual a su vez abrió rápidamente cartas de crédito en el
Security Pacific International Bank a favor de Vintero Sales Corporation,
vendedora de los barcos. Los pagarés fueron avalados con la firma del
dirigente sindical José Angel Lozada
Provenzali, presidente encargado de la CVF. La operación de financiamiento
fue investigada por la Contraloría General de la República desde enero de
1976 y luego por la Fiscalía General de la República.
RESULTADO
En agosto de 1976, la Dirección de la Consultoría Jurídica de la Fiscalía
General de la República, a cuyo cargo se encontraba el Dr. Esteban Agudo
Freytes, dictaminó que la Junta Directiva de Cariven había incurrido en el
delito de estafa consumada, tipificada en el artículo 370 del Código de
Comercio.
Las intervenciones de la Contraloría y la Fiscalía procedieron a raíz de una
denuncia efectuada por el Dr. Luis Alvarez Domínguez, cuando presidió la
Corporación Venezolana de Fomento durante el gobierno de Carlos Andrés
Pérez. En medios políticos se dijo posteriormente que el énfasis dado a la
actuación de Alvarez Domínguez en el Caso Sierra Nevada se debió a esta
acusación a Cariven y, concretamente, contra Alfredo Coronil Hartmann,
diputado e hijastro del ex-Presidente Rómulo Betancourt. No obstante, se
dijo que para el momento de la operación fraudulenta, Coronil no era
representante en Cariven, siendo el Presidente de esta empresa Federico
Gascue Ríos. En Resolución N° 212 del 2 de marzo de 1976 la CVF acuerda
demandar a Cariven, The Merban Corporation y Vintero Sales Corporation
ante los tribunales de Venezuela y contratar al abogado Jay Schafrann de
Nueva York para representar a esta corporación ante los tribunales en
Estados Unidos. En Resolución N° 0529 del 31 de julio de 1979, fue
aceptado el convenimiento entre la CVF y los bancos, como resultado de las
negociaciones conducidas por los apoderados del instituto y en
consecuencia se aprobó el pago de $6.663.292,53 por capital e intereses
adeudados a los bancos al 31 de agosto de 1979.
En 1979 la Fiscalía volvió a llamar la atención sobre la estafa, señalando
que Cariven había obtenido el aval de la CVG por 50 millones de bolívares
presentándole a esta Corporación un acta fraudulenta que testificaba un
aumento ficticio de capital para que la empresa norteamericana The Merban
Corporation (la misma del caso FUNDALARA) otorgara dos créditos por 5
millones de dólares cada uno, para comprar los barcos Santa Paula (luego
Bahama Stars) y Santa Rosa. Estas denuncias del año 1979 tampoco
arrojaron mayores resultados. Según la administración de Sananes, se
había comprobado suficientemente que Cariven había adquirido dos barcos
viejos y en mal estado que no tenían las características y condiciones
estipuladas. De la compra de los dos buques, uno de ellos fue liquidado en

Nueva York por deudas y el otro estaba para esa fecha 70 en proceso de
remate, siendo la recaudación de tan poco valor que, al decir de Sananes,
no ameritaba acción alguna.

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CASO: CARRETERA Y AEROPUERTO DE LA HACIENDA "PUEDPA"
PRESIDENCIA: Raúl Leoni (1964-1969)
FECHA SUCESO: 1965-1966
FECHA DENUNCIA: 1969
DENUNCIANTES: No se formuló denuncia concreta ante ningún organismo
contralor, quedando la acusación a nivel de la opinión pública
INVOLUCRADOS: Leoni, Raúl (Presidente de la , República)
INVESTIGADORES: No se realizó investigación formal
DENUNCIA: Aprovechamiento de su alta investidura para la construcción de
una carretera asfaltada entre su hacienda "Puedpa" y la población de El
Manteco, así como de viviendas, presuntamente para la Guardia
Presidencial, y el acondicionamiento de un aeropuerto en esa' población
MAGNITUDES: Bs. 10.000.000 MATERIA: Aprovechamiento de los recursos,
financieros y técnicos, del Estado para la construcción de las obras
señaladas en beneficio propio
HISTORIA
La hacienda "Puedpa" era una finca algo aislada e insignificante, propiedad
del Dr. Raúl Leoni y de su esposa Menea. Hasta el momento de la ascensión
del primero a la Presidencia de la República, estaba unida a El Manteco por
un camino de tierra; a partir de ese momento, y con toda diligencia, el
Ministerio de Obras Públicas, el de Comunicaciones y el de la Defensa
procedieron, cada cual en su ámbito, al acondicionamiento de un aeropuerto
en la población de El Manteco y la construcción de una amplia carretera
asfaltada comunicando a éste con la hacienda. También construyeron
viviendas y un cuartel, que valorizaron la propiedad, transformándola en
una finca modelo. Todos los gastos, maquinaria utilizada, materiales de
construcción, asistencia técnica, pago de obreros, etc., así como el traslado
de éstas a ese lejano rincón, fueron costeados por los despachos oficiales
que intervinieron, estimándose su monto en unos 40 millones de bolívares.
RESULTADO
La muerte del Dr. Raúl Leoni poco después de dejar la Presidencia, inhibió
toda acusación por concusión o peculado que hubiere podido formulársele.
Además, su esposa, Doña Menea, copropietaria de la finca, se había ganado
el cariño de los venezolanos por su labor en favor de los menesterosos y en
especial de los niños desvalidos.
Tampoco se formuló acusación alguna contra los titulares de los despachos
ministeriales que intervinieron en la realización de esas obras.

CASO: CENTRO SIMON BOLIVAR PRESIDENCIA: Rafael Caldera (1969-
1974)
FECHA SUCESO: 1969-1974 FECHA DENUNCIA: Julio 74 DENUNCIANTES:
Parra, Homero (Vicepresidente de la Comisión de Contraloría del Congreso)
INVOLUCRADOS: Rodríguez Amengual, Gustavo (ex-Presidente del Centro
Simón Bolívar)
INVESTIGADORES: Contraloría General de la República
DENUNCIA: Malversación de fondos; manipulaciones contables;
contratación indebida con políticos MAGNITUDES: Bs.600.000.000
MATERIA: Deudas contraídas por el CSB
HISTORIA
En 1969, la Administración Caldera recibió el Centro Simón Bolívar con un
endeudamiento de 77 millones de bolívares; para 1974 la deuda había
ascendido a Bs. 1.451.000.000, de los cuales fueron invertidos
efectivamente sólo unos 850 millones, sin existir documentación ni
explicación alguna que garantizara la efectividad del gasto de los 600
millones restantes.
Entre las fallas imputadas a la administración copeyana figuran las
siguientes: pasivos no registrados y pérdidas ocultas registradas como
utilidades ficticias, por manipulaciones de los asientos contables; ausencia
total de capital de trabajo y pérdidas no registradas superiores a los 100
millones de bolívares; utilización del CSB para fines políticos con la
demostración del pago de 117 activistas de COPEI en una sola Dirección del
CSB; excesivo endeudamiento sin que existiese una programación de
inversiones sensata y objetiva; lo cual había producido fallas de
programación de las obras del Parque Central, cuyo cálculo de costo original
había sido por 600 millones, habiéndose invertido en su realización para el
momento de la denuncia cerca de 1.500 millones de bolívares. Por último,
otras irregularidades que incluyen un contrato para decoración del CSB por
Bs.21.000.000 efectuado con algún cliente político y no con un decorador o
arquitecto especializado.
Los documentos mostraron también cifras por Bs.929.531 para la creación
del Museo de Arte Contemporáneo; de ese monto sólo Bs. 103.550
correspondían a obras de arte y el resto fue dedicado a gastos varios que
fueron considerados como excesivos e inexplicables, entre los cuales
figuraban Bs. 689.078 en gastos de catálogos.
RESULTADO
En el año 1975, el Informe de Contraloría declaró que el Centro Simón
Bolívar tenía un sistema de contabilidad que no garantizaba la obtención de
estados financieros razonables ni suministraba información confiable sobre
los costos reales de las obras del Parque Central, para las cuales se habían
invertido hasta esa fecha 1.500 millones de bolívares. Por ello dictamina la

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necesidad de terminar los avalúos y el cálculo de los costos de dichas obras.
Esta denuncia corresponde al tipo efectuado siempre al final de cada
período presidencial y no suele pasar de la revelación de las irregularidades
observadas por los informes anuales de Contraloría. Al estudio de dichos
informes puede concluirse que casi todas las cuentas de las dependencias
públicas adolecen de irregularidades de la misma magnitud que las aquí
denunciadas. La verdadera corrupción se pone de relieve en el análisis de
las cuentas por parte de la Contraloría. Sin embargo, como en este caso, no
resultan sino en denuncias "estacionales" sobre cada administración
saliente, sin consecuencias ni resultados.

CASO: CHATARRA ARGENTINA
PRESIDENCIA: Carlos Andrés Pérez (1974-1979)
FECHA SUCESO: 1974-1978
FECHA DENUNCIA: Mayo 1978
DENUNCIANTES: Márquez, Enrique (Funcionario
de la Unidad de Incentivos del ICE)
INVOLUCRADOS: Sermanoukian, Emilio; Abello,
Antonio; Abello, Cipriano; Segura, Jesús
Eduardo; Roquett Hernández, José Rogelio;
Belmonte, Damián Salvador (ciudadanos
argentinos pertenencientes a Metalurgia El
Llano); Uzcátegui, José Miguel (miembro de la
Junta Directiva del BCV); Jattar Dotti, Braulio
(Presidente de la Comisión Nacional de
Valores); Puigbó Morales, José Arnaldo
(Presidente de la Junta Directiva de la
Sociedad Financiera Industrial de Venezuela)
INVESTIGADORES: Instituto de Comercio Exterior
(ICE), Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), Policía Técnica Judicial (PTJ)
DENUNCIA: Tentativa de estafa, cobros
irregulares de incentivos de exportación
MAGNITUDES: Bs.17.000.CXX)
MATERIA: Incentivos de exportación
HISTORIA
En septiembre de 1973, el Instituto de Comercio Exterior estableció una
política de Incentivos a la Exportación, que estuvo acompañada de
extraordinarias facilidades de crédito, con el propósito de intensificar las
exportaciones no tradicionales. Para 1978, el orden de las cifras pagadas
alcanzaba aproximadamente 460 millones de bolívares. El reglamento de
ley de la política de incentivos permitía que los derechos de exportación
fuesen pagados a crédito, mientras los incentivos debían ser pagados antes
de realizar las exportaciones.
El llamado caso de "la chatarra argentina" destapó la olla de un sinnúmero
de fraudes contra la nación cometidos bajo esa política de incentivos.
Enrique Márquez, funcionario de la Unidad de Incentivos del ICE, denunció
el caso al considerar sospechoso que unos ciudadanos argentinos se
presentaran en el Instituto acompañados de José Miguel Uzcátegui
(miembro de la Junta Directiva del Banco Central como representante de la
CTV) a tramitar incentivos de exportación por valor de 9 millones de

43
bolívares, sobre exportaciones de maquinaria agrícola, aún no realizadas,
por valor de Bs.45.757.406. El Sr. Enrique Márquez se negó a darle curso a
los trámites para el pago de los incentivos hasta tanto el ICE, el Ministerio
de Hacienda y los organismos pertinentes no aclararan el caso.
La investigación reveló que la empresa METALURGIA EL LLANO había
adquirido en Argentina 144 máquinas como 76 chatarra y las había traído a
Venezuela, donde les había cambiado los seriales y colocado etiquetas de
"Hecho en Venezuela" para exportarlas y cobrar así los incentivos de
exportaciones. Llamó la atención que al poco tiempo de haberse constituido,
esta empresa estuviera en capacidad de exportar esa cantidad de
máquinas.
Voceros del ICE acusaron al Dr. Braulio Jattar Dotti, presidente de la
Comisión Nacional de Valores, de utilizar su altísima posición para
aproximar a los argentinos hacia los organismos del gobierno e institutos
bancarios. El economista José Miguel Uzcátegui había realizado un trabajo
de asesoría para los argentinos por mediación del Presidente de la Comisión
Nacional de Valores, quien lo había llamado para referirle a unos
industriales que requerían asesoría económica sobre el procedimiento para
tramitar incentivos de exportación. De J.M. Uzcátegui se dijo que lo habían
involucrado a ciegas en una irregularidad que no conocía, ya que él
simplemente ofreció asesoría económica sin intervenir en la adquisición o
elaboración de la maquinaria. Se nombró también a un hijo del Dr. Jattar
Dotti, estudiante de ingeniería, como miembro de la directiva de la empresa
de la chatarra.
Los directores de la Financiera del Banco Industrial de Venezuela (FIVCA)
fueron también implicados en el caso, por conferir un crédito de 25 millones
de bolívares a una empresa que había pagado sólo un millón de su capital
de 5 millones. Sin embargo, a finales de marzo de 1978, el Dr. José Arnaldo
Puigbó Morales, presidente de la Junta Directiva de FIVCA, declaró que
había confusión en cuanto a los créditos otorgados por la Financiadora. La
maquinaria objeto del crédito de FIVCA había llegado a consignación del
Banco Industrial de Venezuela, como es lo usual en esos casos, un año
después que la chatarra cuestionada y estaba en almacenes privados en La
Guaira. Indicó el Dr. Puigbó que el crédito aprobado a la empresa Metal-
Llano era de 8 millones de bolívares y no los 25 millones que mencionaba la
prensa, la CIEI y los tribunales ordinarios; añadiendo que había sido
conferido t diante cartas de crédito y nunca en dinero efectivo.
Lo más importante de la denuncia del Instituto de Comercio Exterior sobre
el caso de la chatarra argentina fue poner de manifiesto muchos otros
fraudes a la nación. Se conoció que habían sido exportados, como enlatados
de jugos y conservas, latas con agua; similarmente, hielo en lugar de
camarones. Se calculó que más de la mitad de los incentivos de exportación
había sido conferida por exportaciones fraudulentas o sobre-facturadas; y
muchas veces a empresas fantasmas o creadas ad-hoc para realizar rápidas
exportaciones y cobrar los incentivos.
RESULTADO

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