1. ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
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PERSPECTIVA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS Y
DESASTRES EN BOGOTA – REGION
Políticas y Lineamientos Generales
Secretaria de Gobierno
Dirección de Prevención y Atención de
Emergencias
Bogotá, Marzo del 2004
2. ALCALDÍA MAYOR
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. UN PANORAMA GENERAL
2.1 Bogotá, sus Amenazas y Riesgos
2.2 Bogotá, Prevención y Mitigación de Riesgos
2.3 Bogotá, Atención de Emergencias
3. PRINCIPIOS DE POLÍTICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS
EN BOGOTÁ
4. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
5. ANEXOS
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1. INTRODUCCIÓN
Hasta hace tan solo dos décadas, el tema de los riesgos y los desastres se
entendía como un problema de catástrofes impredecibles que los Estados se
veían abocados a enfrentar a través de esquemas de atención de emergencias
y asistencia humanitaria a la población afectada y por ello, el tema se mantuvo
(y en algunos países aún hoy persiste) en el ámbito de las entidades de
respuesta como los cuerpos de bomberos u organizaciones de defensa civil,
entre otros. Desde esta perspectiva los gobiernos, antes de entender la
génesis de los riesgos y sus consecuencias, se ocupaban del tema en el
momento de la crisis y de los procesos posteriores de reconstrucción, con muy
pocas acciones previas en el campo de la prevención.
La fuerza de los acontecimientos, es decir, el incremento de los desastres y las
pérdidas causadas, dejó en evidencia la necesidad de abordar esta
problemática de manera integral abandonando la tendencia reactiva que venía
prevaleciendo. La década pasada fue declarada por las Naciones Unidas como
“La Década Internacional para la Reducción de los Desastres”, hecho que
apoyó importantes esfuerzos a nivel mundial para su estudio, comprensión e
identificación de estrategias para su reducción. Durante estos años los países
desarrollados y algunos en desarrollo (entre ellos Colombia) lograron
significativos avances en diversos ámbitos como el conocimiento de las
amenazas, el desarrollo normativo, la organización institucional, entre muchos
otros. No obstante, al final de la década algunas de las conclusiones
presentadas por el Secretario General ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas, fueron las siguientes1
:
- Hoy por hoy los desastres son debidos tanto a fuerzas de la naturaleza,
como a actividades del hombre.
- Debe esperarse un crecimiento del número e intensidad de los desastres
naturales.
- En la década de los 90 se triplicó el número de desastres de gran
magnitud en relación con la década de los 60, mientras que el costo de
los daños ocasionados por esos desastres se multiplicó por nueve.
- La pobreza y el crecimiento demográfico presionan a la población pobre
a vivir en zonas de riesgo.
1
Tomado de Cárdenas, Camilo. La Prevención de Riesgos Ambientales en América Latina y en particular en
Colombia. Quito – Ecuador. Enero 2001.
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- Debemos, sobre todo, pasar de una cultura de reacción a una cultura de
prevención.
- Hay que abordar las causas fundamentales y no sólo sus síntomas.
- Las políticas de desarrollo, uso de la tierra y habitacionales, deben ser
diseñadas bajo un criterio de prevención.
De manera contundente hoy se entiende que los desastres son un problema
del desarrollo, que tienen su origen en la construcción de vulnerabilidades
derivadas de un déficit en la planificación y mala administración de los riesgos
existentes. No es fortuito que los desastres afecten en mayor número y
frecuencia a los países en desarrollo y que en ellos, sean las poblaciones de
menores recursos las que sufran con mayor rigor las consecuencias. El
carácter selectivo de los daños en un desastre refleja las diferencias de
vulnerabilidad entre las comunidades de un mismo territorio.
Los riesgos y los desastres no son un tema ajeno al devenir social en lo
colectivo e individual, por cuanto altera la seguridad y en consecuencia la
calidad de vida de la población. Desde la perspectiva del Estado, una
emergencia o desastre, lo enfrenta de manera directa y evidente a una crisis
de estabilidad y gobernabilidad y por ello es común que para los políticos esta
sea su mayor preocupación frente al tema. Sin embargo, desde una
perspectiva más amplia, los gobiernos deben entender que de una parte, las
consecuencias sociales y económicas de los desastres2
(especialmente en los
países en desarrollo) implican un retroceso, muchas veces irrecuperable, en el
desarrollo3
y de otra parte que los esquemas actuales de desarrollo
(interacción del ambiente natural, el ambiente socio-demográfico y el ambiente
construido) propician la construcción de nuevos riesgos que derivarán a su vez
en futuros desastres, configurándose así un ciclo de fatalidad en el largo plazo.
La única posibilidad cierta para romper este ciclo radica en la prevención, es
decir, evitar la construcción de nuevos riesgos, y en la reducción o
mitigación de los riesgos existentes. La prevención, en palabras del
Secretario General de las Naciones Unidas, no solamente es más económica,
2
Se utiliza de manera general el término Desastres, advirtiendo que existen ¨pequeños¨ eventos que
comúnmente no se perciben como desastres, pero cuyas pérdidas acumuladas son frecuentemente superiores
a las generadas por un ¨gran¨ desastre.
3
Como dato de referencia, el terremoto del Eje Cafetero generó pérdidas por 1.589 millones de dólares,
equivalentes al 2.2% del PIB de 1998.
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sino también más humana. Entendida así, la prevención es un tema del
desarrollo que requiere de continuidad y sostenibilidad de políticas, programas
y proyectos. Los resultados de la prevención no solamente son de mediano o
largo plazo: la experiencia en Bogotá ha demostrado que decisiones sobre el
control de la ocupación ilegal de zonas de amenaza, o el programa de
reubicación de familias muestran resultados efectivos en un horizonte de corto
plazo. La prevención, más allá del planteamiento teórico o discursivo, requiere
la voluntad política para adelantar acciones concretas en ámbitos estratégicos
como la organización institucional, el desarrollo normativo, la planificación
territorial y sectorial y la cultura ciudadana, entre otros.
Después de los desastres de Popayán (1983) y Armero (1985) y coincidente
con la dinámica mundial, el Estado colombiano inicia un proceso que
modificaría paulatinamente la concepción y manejo de los riesgos y los
desastres en el país. Un desarrollo normativo importante4
y la organización
institucional, sustentan hoy las acciones de manejo de los riesgos y atención
de emergencias en el contexto del Sistema Nacional de Prevención y Atención
de Desastres (SNPAD) y del Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres5
, este último como marco de política general que orienta la gestión
del riesgo en el país.
El SNPAD de Colombia tiene hoy un amplio reconocimiento internacional y ha
servido de modelo para la organización en otros países de sur y
Centroamérica. Son destacables los logros alcanzados pero aún estamos muy
lejos de los niveles de prevención y mitigación de riesgos deseables y
necesarios para el desarrollo sostenible de la nación.
Acompasado con el proceso nacional, Bogotá fue igualmente organizando y
estableciendo normas alrededor del tema6
de tal suerte que hoy la ciudad
cuenta con el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE)
como fuente de recursos, la Dirección de Prevención y Atención de
Emergencias (DPAE) como entidad coordinadora y por supuesto el Sistema
Distrital de Prevención y Atención de Emergencias (SDPAE), que reúne y
articula a diversos actores públicos, privados y comunitarios. Destacables
4 La Ley 46 de 1988 que crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), el
Decreto Ley 919 de 1989 que lo reglamenta y el Decreto 1400 (1984) y Ley 400 (1998) relacionadas con las
normas de construcciones sismoresistentes, son algunos ejemplos
5
Decreto 93 de 1998
6
Acuerdo 11 de 1987 crea el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, y crea la Oficina
Coordinadora para la Prevención y Atención de Emergencias (Hoy DPAE), el Decreto 652 de 1990
reglamenta el FOPAE y el Decreto 723 de 1999 organiza el Sistema Distrital de Prevención y Atención de
Emergencias (SDPAE).
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logros se han alcanzado en estos años: alto nivel de conocimiento de las
amenazas que afectan a la ciudad, inclusión de la temática en el POT,
desarrollo normativo para el Distrito, organización y operación de los Comités
Locales de Emergencia, inversión permanente de importantes recursos
económicos, aumento de la capacidad de respuesta a emergencias, entre
muchos otros. Bogotá, en el contexto nacional e internacional, tiene
reconocimiento por su organización y avance en esta temática.
No obstante lo anterior, las necesidades son mayores que los logros. La
complejidad urbanística, funcional y poblacional de la ciudad imponen retos
muy importantes tanto para la prevención y mitigación de riesgos como para la
atención de emergencias, que solo serán posibles de alcanzar si se da
continuidad a los procesos iniciados y se fortalece el SDPAE. Para tal efecto, se
ha preparado este documento que intenta presentar una síntesis de las
amenazas y los riesgos en la ciudad, las principales acciones de prevención y
atención de emergencias, de las políticas y prioridades que la ciudad debe
enfrentar.
2. UN PANORAMA GENERAL
2.1 Bogotá, sus Amenazas y Riesgos
Bogotá se encuentra expuesta a amenazas de origen natural como los
fenómenos de remoción en masa7
, inundaciones y amenaza sísmica
principalmente; y a amenazas de origen antrópico no intencional como los
incendios forestales y estructurales, accidentes tecnológicos (derrame de
sustancias peligrosas, derrame de combustible, explosiones de gas, entre
otros) e incidentes durante eventos masivos. Mención aparte se debe hacer a
la amenaza por terrorismo que exige al SDPAE una alta capacidad de respuesta
a la emergencia una vez sucede el acto terrorista8
.
La figura No 1 presenta el consolidado de emergencias atendidas por la DPAE
en los últimos cuatro años, donde se puede observar que los deslizamientos,
las inundaciones y los incendios constituyen las amenazas que con mayor
7 Comúnmente conocidos como deslizamientos.
8
Salvo la atención de la emergencia, el SDPAE no tiene injerencia en aspectos de prevención, inteligencia o
investigación, aspectos que competen claramente a las instancias de seguridad y convivencia ciudadana. Ver
Directiva 003 del 2003- Protocolo básico.
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frecuencia impactan a la población. No obstante, la amenaza sísmica es, sin
ninguna duda, la que mayor costo social y económico podría tener para la
ciudad.
FIGURA No 1
RESUMEN HISTORICO DE EMERGENCIAS 1.999 – 2.003
La figura No 2 resume la distribución de emergencias atendidas por localidad,
siendo San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Santafé las de mayor afectación.
DESLIZAMIENTO
36%
360 Emergencias
EXPLOSION
2%
25 Emergencias
TERRORISMO
2%
22 Emergencias
QUIMICOS
3%
32 Emergencias
INUNDACION
18%
181 Emergencias
INCENDIO
39%
387 Emergencias
Total Emergencias 1007
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FIGURA No 2
PORCENTAJE DE EVENTOS POR LOCALIDAD
2001 – 1er SEMESTRE
LOCALIDADES
PORCENTAJE DE
EVENTOS OCURRIDOS
Chapinero, Barrios Unidos, Bosa, Engativa,
Antonio Nariño, Candelaria, Fontibón, Kennedy,
Mártires, Puente Aranda, Suba, Sumapaz,
Teusaquillo, Tunjuelito
1 % - 5 %
Usaquén, Rafael Uribe Uribe 5 % - 10 %
Santa Fe, Usme 10 % - 15 %
San Cristóbal, Ciudad Bolívar 15 % - 20 %
La figura No 3 muestra la inversión directa del FOPAE en la atención de
emergencias en los últimos cinco años. A estos costos se deben sumar aquellos
asociados a los procesos de rehabilitación, reconstrucción y/o reubicación (que
son cubiertos por diferentes entidades del Distrito) y los costos por impacto
sobre la actividad económica y productiva de la ciudad.
FIGURA No 3
EJECUCIÓN PROYECTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN BOGOTÁ
AÑOS 1998 - 2003
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Millones
Serie1 4.963 584 788 828 2.854 398
1998 1999 2000 2001 2002 2003*
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Bogotá tiene 48.000 Ha construidas de las cuales 11.500 Ha se localizan en
áreas de ladera, y de estas cerca del 24% corresponde a zona de alta
amenaza por fenómenos de remoción en masa9
. De este porcentaje 910 Ha
se encuentran habitadas (la mayor parte por desarrollos ilegales), áreas que se
denominan zonas de alto riesgo10
donde se estiman existen unas 86.000
familias (450.000 habitantes aproximadamente).
El estudio de 175 zonas de alto riesgo donde se registran fenómenos de
remoción en masa activos y el reconocimiento técnico de los sitios donde se
presentaron emergencias ha permitido definir las áreas de “alto riesgo no
mitigable”11
, es decir, donde técnica y económicamente no es posible reducir el
riesgo, y por lo tanto se ha hecho necesario, entre otros aspectos, la
reubicación de familias como se comentará mas adelante.
El evento más destacado que actualmente enfrenta la ciudad corresponde al
deslizamiento de Cerro El Diamante (Ciudad Bolívar) que afecta un área
habitada de cerca de 70 hectáreas y ha exigido la evacuación inmediata de 804
familias a la fecha y demanda la reubicación de 4360 familias.
Bogotá se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia y cuenta con
el estudio de microzonificación que divide a la ciudad en cinco zonas
homogéneas12
de acuerdo con la respuesta sísmica del subsuelo. El riesgo
sísmico de la ciudad está determinado por la alta vulnerabilidad de las
edificaciones existentes y particularmente las edificaciones de desarrollo
informal en estratos 1,2 y 3. De acuerdo con los escenarios de daño del
estudio de microzonificación, para un sismo que se origine en el piedemonte de
la cordillera oriental13
, los daños que se causarían podrían ser del orden de:
destrucción del 10% de edificaciones, 3500 a 4500 muertes, entre 20 y 26 mil
heridos y daños estructurales por cerca de 8.800 millones de dólares, entre
otros. Las cifras anteriores no deben interpretarse como datos exactos sino
como un referente para guiar las acciones de mitigación y los preparativos de
emergencia.
9
Según mapa de amenaza por fenómenos de remoción en masa, adoptado en el POT
10
En el POT fueron definidas como zonas de tratamiento especial, para las que se requieren estudios
detallados de estabilidad e intervención mediante obras de mitigación.
11
Declaradas en el POT, como suelos de protección
12
El Decreto 074 de 2001 define para cada zona los espectros de diseño para construcciones
sismoresistentes en la ciudad.
13
Sismo de Magnitud 7.2 ML en la escala de Richter
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La principal amenaza de inundación por desbordamiento se concentra
principalmente a lo largo de los ríos Bogotá y Tunjuelito, debido
particularmente a la intervención antrópica en las cuencas y zonas de ronda y
a la deficiencia de los jarillones actuales. La ultima inundación del río Bogotá
afecto Patio Bonito y otros barrios de la localidad de Kennedy. Por su parte los
desbordamientos del río Tunjuelito14
han afectado los barrios San Benito,
Tunjuelito, Abraham Lincolh, Islas del Sol y Santa Rosita de la localidad de
Tunjuelito y los barrios Meissen, La Playita, Santa Helena y la Fortuna de la
localidad de Ciudad Bolívar. Mención especial merece el desbordamiento del
2002, que embalsó cerca de 25 millones de m3 en las minas de explotación de
gravas y que a la fecha aún no han sido evacuadas.
Además del desbordamiento de los ríos, se presentan inundaciones por
empozamiento de aguas lluvias principalmente en las localidades de Suba y
Bosa, asociadas principalmente a deficiencias en el sistema de alcantarillado y
de drenaje de aguas de escorrentía.
El efecto de los incendios forestales está principalmente asociado a la pérdida
del patrimonio ecológico que tiene la ciudad en los cerros orientales y en los
cerros de Suba, los sectores de mayor riesgo por incendios forestales
corresponden principalmente a los aledaños a las vías y caminos de los cerros.
En Bogotá existe un importante número de industrias donde se realizan
diversas actividades que van desde el almacenamiento de materias primas,
procesamiento y distribución de productos terminados, hasta industrias
caseras o clandestinas.
En la localidad de Puente Aranda se registra el mayor número de industrias y
el complejo petroquímico de la ciudad, a la cual siguen las localidades de
Fontibón, Kennedy. Engativa y Usaquén.
De acuerdo a registros de los Bomberos Oficiales de Bogotá han aumentado en
los últimos años los incendios asociados con industrias. Donde se pueden
presentar igualmente fenómenos tales como explosiones, fugas y derrames.
En síntesis, la ciudad está expuesta a diferentes amenazas naturales y
antrópicas que afectan recurrentemente a su población, infraestructura y
economía y además, factores como la presión urbanística sobre áreas de
14
Los últimos eventos de inundación se presentaron en 1996 y 2002.
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amenaza, los desarrollos ilegales, la invasión de rondas, actividades
tecnológicas, entre otros, facilitan la generación de nuevos riesgos.
2.2 Bogotá, Prevención y Mitigación de Riesgos
Desde el inicio de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias OPES
(hoy DPAE) en 199015
, Bogotá inició un largo proceso hacia la prevención y
mitigación de riesgos, con numerosos programas y proyectos que sería muy
extenso presentar en este documento. Sin pretender ser exhaustiva, la
siguiente relación destaca algunos aspectos puntuales relevantes de este
proceso:
• Sin duda uno de los hechos más destacables en estos años es el desarrollo
institucional y normativo del SDPAE. A través de Acuerdos y Decretos se
ha consolidado el Sistema y definido funciones y competencias tanto del
FOPAE y DPAE así como las responsabilidades frente al tema de diferentes
entidades distritales. Con certeza se puede afirmar que la DPAE ha ido
evolucionando en este período hacia una mayor claridad de su misión y
organización.
• Una de las mayores fortalezas que se reconocen del SDPAE es el hecho que,
a través del Acuerdo de creación del FOPAE, se fijó una cantidad mínima16
de recursos que debe recibir anualmente. Más aún, como reflejo de la
importancia del tema en las últimas administraciones, las transferencias
anuales al FOPAE han sido superiores a la cuantía mínima establecida (ver
figura No 4)
15
Acuerdo 13 de 1990 autoriza al Alcalde para poner en funcionamiento la oficina coordinadora y el fondo.
16
Según Acuerdo 11 de 1987, el FOPAE debe recibir el 0.5% de los ingresos corrientes tributarios del
Distrito.
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FIGURA No 4
TRANSFERENCIAS FOPAE AÑOS 1999 - 2003
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Millones
1999 2000 2001 2002 2003
Año
0.5% Ingresos Corrientes
Tributarios Distrito
Transferencias FOPAE
AÑO
1999 2000 2001 2002 2003
0.5% Ingresos
Corrientes Tributarios
Distrito 6.844 6.679 6.941 7.697 8.838
Transferencias FOPAE 19.772 9.668 11.888 10.739 16.431
DATOS EN MILLONES DE PESOS
• Desde 1996, la ciudad implementó el programa de reubicación de familias
localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable por deslizamientos e
inundación. Hasta diciembre de 2002 se han reubicado a 2.332 familias
reduciendo el riesgo de más de 11.000 personas, con una inversión del
FOPAE superior a 15.000 millones de pesos. Durante el año 2003 se espera
llevar a cabo el proceso de reubicación entre el FOPAE y la Caja de
Vivienda Popular de 1.343 familias, con una inversión cercana a los
$14.000 millones. De acuerdo con la información actual se estima que
cerca de 6.500 familias permanecen en estas áreas.
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• La ciudad cuenta con 20 Comités Locales de Emergencias (CLE’s) presididos
por el Alcalde Local, con la asesoría de un gestor social de la DPAE y
conformado por entidades públicas y organizaciones ciudadanas17
. A través
de los CLE´s se coordinan y ejecutan acciones de capacitación, comunitaria
e institucional, planes locales de emergencia, gestión de proyectos para
inversión en prevención y mitigación, dotación y fortalecimiento para
respuesta a emergencias, estrategias de divulgación, entre otros. Para el
año 2003 la inversión a través de los Fondos de Desarrollo Locales asciende
a 1.775 millones de pesos.
• La DPAE ha consolidado una capacidad técnica destacable en el estudio de
las amenazas y los riesgos y en la implementación de acciones de
mitigación. Es así como, la ciudad cuenta hoy con los mapas de amenazas
y riesgos de las diferentes amenazas naturales y antrópicas fundamentales
para el ordenamiento territorial, conceptos técnicos de riesgos para los
barrios de origen ilegal que permite definir las acciones de mejoramiento
integral, así como de un equipo técnico que brinda asesoría técnica a las
comunidades en riesgos y elabora diagnósticos de riesgos18
que son la
base para las acciones de mitigación de riesgos (construcción de obras y
reubicación), y apoyo técnico a la respuesta a emergencias.
2.3 Bogotá, Atención de Emergencias
• Bogotá cuenta con un modelo propio para la atención de emergencias
(Sistema Unificado de Manejo de Emergencias – SUME) que es el resultado
de la construcción colectiva de las entidades de respuesta del Distrito19
.
Aunque restan grandes esfuerzos para alcanzan niveles adecuados de
preparación para un evento mayor (sismo) se puede afirmar que Bogotá
tiene capacidad para la respuesta eficiente de eventos menores y medianos
(como las inundaciones y los deslizamientos, por ejemplo).
17
Participan entidades operativas como Policía, Bomberos, Juntas de Defensa Civil, y otras entidades con
asiento local, como el DABS, ICBF, Hospitales, DAACD, Planeación Local, DAMA, CADEL, Asojuntas,
entre otros
18
En promedio la DPAE elabora 25 diagnósticos en respuesta a200 solicitudes mensuales.
19
Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpo Oficial de Bomberos, Secretaría de Salud, entre otras
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• La DPAE mantiene y administra un centro de reserva y una red de
comunicaciones, aspectos de logística que son soporte fundamental para la
respuesta a emergencias.
• El SDPAE ha desarrollado protocolos de emergencia para diferentes tipos de
incidentes20
, así como el Plan de respuesta a emergencias por Terremoto en
la ciudad.
3. PRINCIPIOS DE POLÍTICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS
EN BOGOTÁ
• Política Central
El propósito central del manejo integral del riesgo es contribuir a mejorar
equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras,
propiciando un desarrollo seguro que se oriente a prevenir los riesgos y a
minimizar el impacto de los desastres socio naturales sobre la población,
infraestructura y economía pública y privada de la ciudad – región21
.
• Política de Prevención
Los procesos de desarrollo de la ciudad – región se deben armonizar, para
prevenir, prioritariamente, la construcción de nuevos riesgos. No es suficiente,
ni factible (económica y socialmente) adelantar solamente acciones de
mitigación de riesgos ya existentes y atención de emergencias.
La prevención debe concretarse a través de una gestión que se oriente a
modificar los procesos evolutivos (sociales, económicos, ambientales y
territoriales) que favorecen la construcción de nuevos riesgos. El Plan de
Ordenamiento Territorial, el Plan de Gestión Ambiental y las estrategias para el
control de desarrollo y construcciones ilegales son fundamentales para esta
gestión de prevención.
20
Protocolos de Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, Espacios confinados, Manejo de incidentes
con materiales peligrosos, Rescate vehicular y el Protocolo del Primer respondiente en la zona de impacto
21
Modelo de planificación que integra la ciudad y su entorno regional.
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Como marco general de esta política, el concepto de prevención debe ser parte
integral de la cultura ciudadana e institucional de la ciudad – región.
• Política de Mitigación
Bogotá debe incrementar sus acciones para la reducción de los riesgos
existentes, mediante la intervención de las amenazas y vulnerabilidades físicas
y sociales, estableciendo prioridades de acuerdo con las posibilidades sociales y
económicas distritales.
De las amenazas naturales y antrópicas no intencionales, los deslizamientos y
las inundaciones son las que con mayor frecuencia impactan a la población, sin
embargo, el que mayor consecuencias negativas podría tener sobre la ciudad –
región es el riesgo sísmico. Por lo tanto es necesario implementar una
estrategia de mitigación para cada uno de ellos.
• Política de respuesta a emergencias
La ciudad debe elevar sustancialmente su capacidad de respuesta frente a
eventos críticos de origen natural y tecnológico. Por ello se hace necesario
incrementar las acciones de preparativos para emergencias y consolidación y
capacitación de grupos de respuesta.
• Política de desarrollo a partir de una situación de desastre
Es necesario explicitar las políticas y estrategias que direccionen y coordinen
los procesos de rehabilitación y reconstrucción, a partir de una situación de
desastre en la ciudad - región, acordes con el Plan de Desarrollo de la Ciudad.
• Política de Responsabilidad del Riesgo
Es necesario que la ciudad desarrolle y aplique la normatividad vigente en
cuanto a responsabilidades públicas y privadas de quienes generan riesgos, en
particular los artículos octavo y noveno del Decreto Ley 919 de 1989.
• Política Financiera
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Todas las entidades públicas y privadas deben responder con sus propios
recursos por el manejo integral de los riesgos a que estén expuestas o que se
generen con ocasión de su actividad.
La ciudad debe diseñar e implementar una estrategia financiera que permita la
previsión de recursos para prevención y mitigación, el manejo de crisis, así
como mecanismos para el aseguramiento de edificaciones publicas y privadas.
• Política de Fortalecimiento Institucional
Para el desarrollo eficaz de las anteriores políticas se requiere la consolidación
y fortalecimiento del Sistema Distrital de Prevención y Atención de
Emergencias, mediante el liderazgo y coordinación por parte de la Dirección de
Prevención y Atención de Emergencias. Es necesario institucionalizar en cada
una de las entidades distritales y administraciones locales su compromiso y
responsabilidad para la ejecución de estas políticas de manera articulada con el
Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias.
4. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
En concordancia con el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, el
documento CONPES 314622
, y consideraciones p0.articulares para el Distrito
Capital, a continuación se presentan las líneas programáticas que deben guiar
un Plan de Manejo Integral de Riesgos para Bogotá – Región y que permiten
concretar en programas y proyectos las políticas enunciadas en el numeral
anterior. De cada línea programática se destacan solamente los aspectos
prioritarios que deben ser atendidos por las próximas administraciones.
a. Conocimiento de los riesgos de origen natural y antrópico
• Por la importancia que significa para la ciudad el adecuado manejo de las
zonas de riesgo por fenómenos de remoción, es fundamental continuar con
la elaboración de estudios detallados en las “Zonas de Tratamiento
22
Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y atención de Desastres
PNPAD en el corto y mediano plazo.
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Especial”23
, que permitan identificar y diseñar las medidas de mitigación
más adecuadas para su incorporación a la ciudad.
• Es necesario ampliar y profundizar el conocimiento de las amenazas y
riesgos de origen tecnológico tales como transporte y derrame de
sustancias peligrosas, derrame de combustibles, explosiones de gas, entre
otras.
• Es indispensable mantener y ampliar (en lo posible) la cobertura de las
redes telemétricas de monitoreo de lluvias y de niveles de los ríos que
permitan establecer estados de alerta temprana, así como ampliar la red de
acelerógrafos con cubrimiento del área Metropolitana.
• La DPAE cuenta con el Sistema de Información para la gestión del riesgo de
Bogotá (SIRE) el cual debe articularse con los demás sistemas de
información de las entidades distritales y con el nivel local.
b. Incorporación de la prevención y mitigación de riesgos en la
Planificación Territorial y Sectorial
• Es de la máxima importancia que la DPAE mantenga la capacidad técnica
necesaria para emitir conceptos y diagnósticos técnicos de riesgo para los
procesos de legalización de barrios, planes parciales y demás
instrumentos de ordenamiento y planificación del territorio.
• Es prioritario el diseño e implementación de mecanismos para la vigilancia y
control de ocupación ilegal de las zonas definidas como suelos de protección
por riesgo y zonas de alta amenaza no ocupadas.
• Es importante incorporar el componente de riesgo en los planes maestro de
servicios públicos, viales, planes de ordenamiento zonal y otros mediante
definición de medidas de prevención, atención a emergencias y
reconstrucción.
• Promover el reforzamiento sismo resistente de edificaciones indispensables
(Estaciones de bomberos y Hospitales) y de atención a la comunidad
(Colegios y Bienestar Social) y la implementación de medidas para la
23
Definidas en el POT que corresponden a las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Suba,
Ciudad Bolívar, San Cristóbal y, Rafael Uribe Uribe
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reducción de la vulnerabilidad funcional de la ciudad – región, movilidad
vial, sistemas redundantes de servicios públicos.
• Se deben establecer mecanismos de verificación del cumplimiento de los
estudios de riesgos y obras de mitigación establecidos en las licencias de
urbanismo y construcción.
• Es indispensable continuar y ampliar las inversiones en mitigación de
riesgos propiciando mayor participación de los Fondos de Desarrollo Local y
de las entidades distritales públicas y privadas.
• Por el impacto que tiene la actividad minera, es fundamental articular el
tema de los riesgos dentro de los planes de manejo y recuperación
morfológica.
• En el mediano plazo, es necesario mantener el programa de reubicación de
familias24
en alto riesgo no mitigable, lo que demandará importantes
inversiones del Distrito y a su vez un estricto control de los desarrollos
ilegales.
c. Incorporación de la prevención y mitigación de riesgos en la cultura
ciudadana
• Bogotá ha avanzado significativamente en el ámbito de la cultura
ciudadana. La prevención debe hacer parte integral de esta cultura. Es
indispensable entonces incluir este concepto en las estrategias que se
implementen desde el nivel central.
• Resulta necesario continuar con los proyectos de capacitación e
información tanto a comunidades como al sector escolar en esta temática,
y mejorar la participación de las Juntas de Acción comunal y de Defensa
Civil en la gestión local del riesgo.
• Se requiere consolidar la implementación de la estrategia de fortalecimiento
de la ciencia, la tecnología y la educación para la reducción del riesgo y
atención de emergencias en Bogotá y la región.
d. Preparativos y respuesta a emergencias
24
Mediante Decreto 230 del 25 de julio del 2003, esta función fue asignada a la Caja de Vivienda Popular
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• Es imprescindible que la ciudad avance sustancialmente en los preparativos
para la respuesta a una emergencia por terremoto. Como ya se advirtió,
constituye el mayor riesgo y por lo tanto demanda el mayor esfuerzo y
compromiso de la administración.
• Es de la máxima importancia mantener y ampliar los programas de
capacitación de los grupos de respuesta a emergencias, para lo cual se
debe apoyar el fortalecimiento de los centros de entrenamiento, la
formación de formadores locales y mantener los grupos especializados25
.
• Los protocolos y planes de respuesta a emergencia son fundamentales
para la atención eficaz. En este sentido es necesario continuar con los
Planes Institucionales e involucrar al sector productivo de la ciudad.
• Se debe mejorar e integrar los sistemas de comunicación de las entidades
de respuesta, por ello implementar el “número único de emergencias”
constituye un avance importante, así como el aprovechamiento de la
infraestructura de comunicación instalada en el CAD de la Policía
Metropolitana.
• Es necesario mantener el centro de reserva e implementar procesos de
desconcentración hacia las localidades.
e. Planificación de procesos de rehabilitación y reconstrucción
• Bajo la consideración de un escenario de daños por terremoto, resulta
fundamental que la ciudad identifique y prevea las alternativas posibles de
reconstrucción acordes a su propia capacidad, ayuda externa y planeación
del desarrollo. Los casos históricos han demostrado que en su ausencia, se
imponen formas foráneas de reconstrucción con inmensas contradicciones
desde lo territorial y cultural.
25
Grupo especializado para el manejo y control de incendios forestales, Grupo especializado para el manejo
y control de abejas africanizadas y el Grupo especializado para la respuesta a emergencias con énfasis en
materiales peligrosos .
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f. Estrategia financiera
• Ante la imposibilidad de reducir todos los riesgos la ciudad debe
implementar mecanismos de transferencia del riesgo que reduzcan su
vulnerabilidad financiera. Por ello, es necesario revisar los temas de
aseguramiento, bonos de catástrofe, retención del riesgo, entre otros.
• Es muy importante establecer los métodos y medios para la evaluación
sistemática del impacto socio-económico de los riesgos y las emergencias, a
fin de facilitar la toma de decisión en inversiones de prevención, mitigación
o transferencia del riesgo.
• Desde una perspectiva de mediano plazo se deben prever mecanismos
favorables de cooperación internacional, que complementen los esfuerzos
financieros de la ciudad.
g. Fortalecimiento institucional del SDPAE
• El Alcalde Mayor es la cabeza del SDPAE, por ello es imperativo su
compromiso político y liderazgo para orientar y propiciar las acciones del
conjunto de entidades que conforman el Sistema.
• De manera fundamental se requiere incrementar el compromiso de las
instituciones para incorporar, en el ejercicio de sus funciones, el concepto
prevención y mitigación de riesgos.
• En el corto plazo es prioritario desarrollar el Decreto 723, el desarrollo de
los estados de alerta y de emergencia en el nivel distrital y desarrollo de los
artículos 8 y 9 del Decreto Ley 919.
• Es de la mayor importancia mantener y fortalecer los Comités Locales de
Emergencia (CLE´s) a partir de formulación de políticas y estrategias
específicas, planes articulados de acción y el compromiso político y
participación de los alcaldes locales.
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5. ANEXOS
Para documentar algunos aspectos organizacionales y de gestión expuestos en
el presente documento se anexa la siguiente información:
Anexo1. Organigrama del Sistema Distrital de Prevención y Atención de
Emergencias de Bogotá SDPAE
Anexo 2. Esquema Plan Distrital de Desarrollo
Anexo 3. Cuadro resumen de familias que habitan en alto riesgo en Bogotá.