El Consorcio aclara que los contratos para la Supervisión Técnica y Ambiental de las carreteras Yucumo - San Borja y Puente Taperas - La Palizada, así como para el Control y Monitoreo de la carretera Rurrenabaque-Riberalta, “fueron adjudicados a nuestro Consorcio, a través de procesos de licitación internacional, realizados con la mayor transparencia, en el marco de la legislación y los procedimientos vigentes, cumpliendo todos los requisitos y procedimientos que corresponden”.
LO QUE NUNCA DEBARIA HABER PASADO PACTO CiU PSC (Roque).pptx
Consorcio Integración rechaza denuncia del expresidente de la ABC y anuncia acciones legales
1. LAS EMPRESAS “ACRUTA & TAPIA” E “INPOLA CONSULTORES”
A LA OPINIÓN PÚBLICA
El Consorcio Integración, conformado por la empresa ACRUTA & TAPIA S.A.C., con sede en la
ciudad de Lima – Perú, y la empresa boliviana INPOLA CONSULTORES SRL, ante la publicación
difundida en algunos medios de comunicación, que mencionan a nuestro Representante Legal,
Ing. Luis Alberto Aguilar Galzín, en una presunta comisión de delitos, supuestamente relacionados
durante una anterior gestión de la Administradora Boliviana de Carreteras, expresa a la opinión
pública lo siguiente:
1. La denuncia presentada por el Sr. Marco Loayza, ex presidente de la ABC, que pretende
involucrar a las empresas del Consorcio que representamos, carece de toda veracidad,
consistencia y seriedad, y sus argumentos se han construido en base a versiones
anónimas sin ningún sustento, pretendiendo sembrar dudas sobre los procedimientos
realizados, sobre nuestra correcta actuación y sobre la legitimidad para participar en los
procesos señalados.
2. Expresamos nuestro rechazo e indignación por estas sindicaciones que pretenden asociar
con hechos dolosos o irregulares, a las empresas ACRUTA & TAPIA S.A.C. e INPOLA
CONSULTORES SRL, cuya trayectoria en ambos países, certifica no solo su calidad y
experiencia, sino la absoluta transparencia con que trabajamos, lo que puede ser avalado
por las instituciones y entidades internacionales, públicas y privadas, con las que hemos
trabajado hasta ahora.
3. Desconocemos el origen y los motivos que pudo tener el Sr. Loayza para promover esta
falsedad, que incluso ya había sido desestimada en el proceso de investigación de la
Fiscalía. Sin embargo, para nosotros fue evidente que, desde el inicio de su gestión, ha
buscado de manera sistemática y sin ninguna razón clara, afectar el trabajo que veníamos
desarrollando.
4. Queremos aclarar que los contratos para la Supervisión Técnica y Ambiental de las
carreteras Yucumo-San Borja y Puente Taperas-La Palizada, así como, para el Control y
Monitoreo de la carretera Rurrenabaque-Riberalta, fueron adjudicados a nuestro
Consorcio, a través de procesos de licitación internacional, realizados con la mayor
transparencia, en el marco de la legislación y los procedimientos vigentes, cumpliendo
todos los requisitos y procedimientos que corresponden. Todos los documentos de las
licitaciones señaladas, son de conocimiento público y se encuentran publicados en la
página oficial del SICOES.
5. En este y en todos los casos, nuestras empresas y su representante legal, se encontraban
plena y legamente habilitadas para participar de cualquier proceso de licitación, en el
ámbito del DS. 081 que garantiza a las empresas los principios de equidad y libre
participación. Además, la adjudicación a favor nuestro se debió a que nuestras
propuestas económicas fueron las más bajas, lo que constituye un beneficio para el
Estado Plurinacional de Bolivia. Por otro lado, la propuesta técnica de nuestro Consorcio
obtuvo la mejor calificación. Por estas razones, resulta incomprensible que estas tres
adjudicaciones, transparentes y convenientes para el Estado y las regiones beneficiadas,
2. se hayan convertido en la base de una imputación por presuntos delitos de contratos
lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa etc.
6. Queremos señalar enfáticamente que asumiremos todas las acciones jurídicas que nos
franquea la Ley para demostrar la falsedad de estas acusaciones y nos reservamos el
derecho de iniciar los procesos que correspondan, frente a la intención de dañar la
reputación y el buen nombre de las empresas que conforman el Consorcio Integración.
7. Finalmente, expresamos nuestro respaldo, solidaridad y apoyo pleno al Ing. Luis Alberto
Aguilar Galzín, frente a este execrable intento de afectar su imagen y honorabilidad,
ampliamente reconocidas en todos los ámbitos en los que ha desarrollado su trabajo.
La Paz, 6 de Junio de 2018.