1. El actual sistema de salud pública está sustentado en la solidaridad. La Constitución
determina que es un derecho de todos los españoles y debe de ser la Administración la que
debe garantizar ese derecho.
Se financia a través de los impuestos (IVA, IRPF, impuestos especiales), y se provee a
través de las Comunidades Autónomas. En todos los estudios de sistemas sanitarios se
reconoce nuestra organización sanitaria muy equitativa (accesibilidad, no discriminación),
y eficiente porque nuestro gasto sanitario está dos puntos por debajo que la media de la
OCDE.
En la actualidad se está cuestionando la viabilidad del modelo, y parece evidente que
tenemos que llegar al acuerdo de qué cosas se deben cubrir desde lo público y cuáles no,
porque los recursos son limitados y las demandas infinitas. Pero, existe una cuestión que es
claramente inconstitucional: negar el derecho a la asistencia sanitaria pública a algún
ciudadano.
El Partido Popular está tomando medidas de discriminación de la accesibilidad. Es como si
no dejáramos ir por una carretera pública a según que personas. Lo más grave es que se
margina de la asistencia sanitaria a las capas sociales más desprotegidas, que a su vez son
las que más problemas de salud presentan. Es el mundo al revés, en vez de ser solidarios, el
PP pretende que la sociedad castigue a los más necesitados.
La pregunta es: ¿a quién beneficia esta política?, la respuesta es fácil: a nadie. Porque la
consecuencia es más pobreza, más marginación y más desarraigo social.
El ahorro no viene de negar la asistencia a un colectivo, sino de racionalizar las
prestaciones y aplicar criterios de gestión