El juez impone una multa de $80.000 al intendente de Quilmes, Angel Posse, por incumplir reiteradamente con presentarse a declarar ante el juzgado sobre sus dichos respecto a la cantidad de víctimas de una inundación. Además, se remite copia del caso a la fiscalía para investigar un posible delito de desobediencia y se notifica la resolución al Consejo Deliberante local.

1. SANCION ECONÓMICA PARA EL INTENDENTE POSSE, QUIEN
HA INCUMPLIDO REITERADAMENTE SU OBLIGACION DE
DECLARAR ANTE ESTE JUZGADO POR SUS DICHOS RESPECTO
DE LA CANTIDAD DE VÍCTIMAS DE LA INUNDACIÓN. DENUNCIA
PENAL. COMUNICACIÓN AL CONSEJO DELIBERANTE. –
________________________________________________________
27067 - "CADAA MARCELA MONICA C/ PODER EJECUTIVO
S/HABEAS DATA"
La Plata, 12 de Septiembre de 2014.-
AUTOS Y VISTOS: Para resolver el incumplimiento del
Intendente de la Municipalidad de Quilmes, Dr. Angel Gustavo Posse
a brindar declaración testimonial en los términos del art. 455 del
CPCC:-
CONSIDERANDO: -
1. Que a fs. 1396/1400 se presenta la parte actora y peticiona la
citación del Sr. Intendente de San Isidro, Dr. Angel Gustavo Posse,
invocando que éste habría declarado en la apertura del Consejo
Deliberante de aquel Municipio que “los que estamos en política, y
manejamos información, sabemos que en realidad murieron 360
personas y no 89”, y que “nunca van a decir que murieron más de
100, porque si no sería emergencia nacional la Provincia sería
intervenible”. –
2. Que mediante auto de fecha 7-IV-2014 (fs. 1401) se admitió la
prueba testimonial ofrecida, disponiéndose la citación del Intendente
de la Municipalidad de Quilmes, Dr. Angel Gustavo Posse mediante
oficio en los términos del art. 455 del CPCC, cuya constancia
diligenciada el día 8-IV-2014 obra agregada a fs. 1410. –

2. 3. Una vez vencido el plazo conferido en el oficio judicial, y en
atención a la importancia de aquel testimonio, a fs. 1543 se dispuso el
libramiento de un oficio reiteratorio a los mismos fines y efectos que el
anterior, el cual fue diligenciado el día 15-V-2014 (fs. 1552). –
4. Que al día de la fecha no se ha recibido formalmente
respuesta alguna a los citados requerimientos, lo cual comporta una
clara desobediencia de la orden judicial por parte del Dr. Posse, que
no resulta justificada conforme las constancias de la causa. Por el
contrario, del informe actuarial de fs. 1672 se advierte claramente la
falsedad de las declaraciones públicas formuladas por el Intendente
de San Isidro, quien habría afirmado que “ Yo fui a declarar ya hace
tiempo ante el pedido del juez ... El juez se debe haber confundido de
caso, nosotros tenemos todos los papeles que le enviamos al juzgado
para comprobar que nunca me negué a venir
(http://laplataya.com/wp/polemica-gustavo-posse-trato-al-juez-arias- de-
estar-confundido/ ). E llo cual evidencia un comportamiento reñido
con elementales deberes de buena fe y colaboración con la tarea
jurisdiccional, que además de haber provocando un dispendio
jurisdiccional injustificado resulta agravada por la condición de
funcionario público que reviste el testigo. -
5. Que el incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial,
implica un acto de suma gravedad institucional, toda vez que socava
la legitimidad de las autoridades públicas, para exigir igual
comportamiento a los miembros del grupo social que representan. Se
ha señalado así que “En una república democrática, basada en los
valores fundantes de la libertad y de la responsabilidad -esta última en
su doble significación de dar cumplimiento a los compromisos
asumidos y dar respuestas adecuadas- el juez posee la oportunidad
de actuar como un agente educador en aquellos valores. En esa
dirección, las sentencias pueden reforzar y consolidar las creencias

3. acerca de la necesidad de respetar los deberes ciudadanos.” (Gelli,
María A., Los deberes de los jueces en una república (O el otro lado
del activismo judicial en el caso "Gadán", LL 1990-D, 79).-
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Causa
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros”, sentencia
de fecha 8-VII-2008, habilitó a jueces de primera instancia para fijar el
valor de las multas diarias derivadas del incumplimiento de los plazos,
con la suficiente entidad como para que tengan valor disuasivo de las
conductas reticentes (conf. considerando 21).-
Que el criterio antes expuesto, referido a la conducta reticente de
los funcionarios públicos, tiene en mira la efectividad de los mandatos
judiciales, con independencia de quien o quienes incumplan sus
decisiones, ello de acuerdo con la garantía constitucional establecida
en el art. 15 de la Constitución Local y en el art. 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. -
Asimismo, tal como la Corte provincial resolviera en el Acuerdo
2180 del 19 de abril de 1987, los hechos que importan un
desconocimiento de la autoridad de los jueces atentan contra el
sistema republicano de gobierno y la administración de justicia que
este magistrado tiene la obligación de asegurar en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires. -
En tal sentido, se ha dicho que “Cuando entra por la puerta de
los despachos de los jueces la sensación en éstos de que poco y
nada pueden hacer para que se acaten sus órdenes y el decoro
impere en los estrados judiciales, sale por la ventana la posibilidad de
que las controversias ventiladas en sus estrados merezcan el
calificativo de ser verdaderamente procesos jurisdiccionales”
(Peyrano, Jorge W., “El poder disciplinario de los jueces. A propósito
de la acordada 26/2008 de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación”, LL 03-II-2009).-

4. 6. Al respecto, el art. 429 del CPCC (Texto según Ley 14.365)
establece: “Audiencia. Si la prueba testimonial fuese admisible en el
caso, el Juez mandará recibirla en la audiencia pública que señalará
para el examen, en el mismo día, de todos los testigos … El Juzgado
preverá una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en
fecha próxima, para que declaren los testigos que faltaren a las
audiencias preindicadas. Al citar al testigo se le notificarán ambas
audiencias con la advertencia de que si faltare a la primera, sin causa
justificada, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza
pública y se le impondrá una multa de un valor equivalente de dos (2)
Jus a veinte (20) Jus”. –
Tal sanción, resulta plenamente aplicable al caso, puesto que si
bien el Dr. Posse se encuentra exceptuado de la obligación de
comparecer a brindar declaración en la sede de éste Juzgado, en
atención al cargo que ostenta (art. 455 del CPCC), ello no lo exime de
la carga de declarar como testigo, cuyo incumplimiento se encuentra
expresamente sancionado por el art. 429 del CPC
Por su parte, es relevante señalar que la sanción contenida en
el art. 429 del C.P.C.C., de similar modo que las contenidas en los
arts. 329 y 397 último párrafo del mismo ordenamiento procesal, son
especies de la figura genérica contemplada en el art. 35 del C.P.C.C.,
en tanto faculta a los jueces a imponer las correcciones disciplinarias
autorizadas en el Código, como la del art. 429, a fin de mantener el
buen orden de los juicios. En particular, su inciso 3° dispone que "...El
importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en
este Código, se aplicará al que le fije la Suprema Corte de Justicia...".-
En efecto, tales multas no son impuestas en favor de la parte
perjudicada, sino que se invierten de conformidad a lo que la Suprema
Corte de Justicia determine, rigiendo actualmente la Resolución
S.C.B.A. N° 425/02, la cual dispone que los fondos provenientes de
multas y depósitos que no tuvieran destino especial señalado por la

5. ley, se depositarán en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en la
cuenta fiscal dispuesta por la citada Resolución, cuyos importes
habrán de ser afectados al destino por ella fijado. –
La multa por incumplimiento de prestar declaración testimonial,
enunciada en el art. 429 del C.P.C.C., por no tener un destino especial
señalado por la ley, integra los fondos a que se refiere la Resolución
N° 425/02, razón por la cual la beneficiaria de la multa que se dispone
es la S.C.B.A. –
7. Por tales razones, juzgo que corresponde imponer una multa
al Sr. Intendente de la Municipalidad de San Isidro por el
incumplimiento de brindar declaración testimonial.-
En cuanto a la determinación de su cuantía, valoro la reiterada
reticencia evidenciada por el citado funcionario, quien no sólo ha
incumplido las órdenes judiciales impartidas, sino que, además, ha
falseado públicamente la realidad de lo acontecido en la causa
judicial. La resistencia y el desdén hacia los mandatos impartidos, que
exhibe el funcionario requerido (con el agravante de ostentar el cargo
de Intendente Municipal), socava la legitimidad de la función
jurisdiccional a mi cargo y frustra en definitiva toda la investigación
que se esta llevando a cabo respecto de la actuación estatal
cuestionada en autos, todo lo cual se erige en una grave denegación
el servicio de justicia. En función de lo expresado, corresponde
efectuar una interpretación armónica de las normas implicadas, en
concordancia con lo establecido por el art. 37 del CPCC,
estableciendo la multa en la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000)-
8. Sin perjuicio de lo expresado, la aplicación de una multa en el
supuesto autos no impide, por su especialidad, el reproche que en
sede penal debe efectuarse por la presunta comisión de delitos de
acción pública en que hubiere incurrido la autoridad con su conducta
(conf. CSJN, causa S.2083.XLI "Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de
Santa Cruz", del día 14-IX-2010). En ese sentido se ha expresado que

6. la imposición de tales astreintes y la eventual aplicación de una pena
respecto al mismo proceder antijurídico no implica un doble castigo al
imputado (conf. Cámara Nacional de Casación Penal, sala I, Sent. del
28-II-2005, Silvestri, Rosa); razón por la cual se habrá de remitir copia
de las piezas procesales pertinentes a la Unidad Fiscal de Instrucción
en turno, para que practique la investigación penal preparatoria por la
presunta comisión del delito de desobediencia (art. 239 del CP).-
9. Asimismo, se habrá de poner en conocimiento de la presente
resolución al Consejo Deliberante del Municipio de San Isidro, a fin de
que adopten las medidas que crea correspondientes. –
Por ello, y lo normado por los arts. 429 del CPCC, 163 de la
CPBA y 239 del C.P. -
RESUELVO: -
1. Imponer una multa al Sr. Intendente de la Municipalidad de
San Isidro, por la suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000), a quien
asimismo se le reitera el requerimiento en los términos del art. 455 del
CPCC. -
2. Remitir copia de las piezas pertinentes de las presentes
actuaciones a la Unidad Funcional de Instrucción en turno, para que
practique la investigación penal preparatoria correspondiente por la
presunta comisión del delito de desobediencia.-
3. Librar Oficio al Consejo Deliberante de la Municipalidad de
San Isidro, a los efectos que estime corresponder. -
REGISTRESE. NOTIFÍQUESE a cuyo fin líbrense las piezas
respectivas con habilitación de días y horas inhábiles y carácter
urgente (art. 153 del CPCC). -
LUIS FEDERICO ARIAS
Juez
Juz.Cont.Adm.Nº1
Dto.Jud.La Plata