La Cgr emite este dictamen para que los Alcaldes hagan el registro correspondiente de sus decretos y la Unidad Jurídica le de la legalidad pertinente.

1. ID Dictamen: 015700N12 Vista preliminar Indicadores de Estado Nº Dictamen 15700 Fecha 16-03-2012 Nuevo NO Reactivado SI Alterado SI Carácter NNN Origenes MUN Referencias - Decretos y/o Resoluciones - Abogados - Destinatarios Alcalde de la Municipalidad Texto Imparte instrucciones en materia de registro de decretos alcaldicios y especialmente sobre: el marco jurídico aplicable, actos administrativos municipales afectos a registro; plazo y forma de remitir los decretos afectos al trámite de registro; excepciones; registro electrónico y cumplimiento y difusión de estas instrucciones. Además deja sin efecto los oficios 32148/99, 10751/98. Reconsiderado parcialmente por dictamen 33701/2014 Acción Reconsidera dictámenes 32148/97, 10751/98, Aplica dictámenes 14529/2010, 39/2011, 60469/2008 Fuentes Legales pol art/98, pol art/99, ley 10336 art/1, ley 10336 art/6, ley 10336 art/9, ley 10336 art/19, ley 18695 art/51, ley 18695 art/52, ley 18695 art/53, ley 10336 art/38 lt/e, res 1600/2008 contr art/15, res 1600/2008 contr art/16, ley 10336 art/38 lt/f, ley 18575 art/55 Descriptores registro, decretos mun, anotación material, nombramientos, contrataciones, salud mun, personal no docente, docentes, honorarios, vida funcionaria, medidas disciplinarias Documento Completo N° 15.700 Fecha:16-III-2012 Esta Contraloría General, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y con motivo de los cambios normativos y jurisprudenciales acaecidos desde la emisión del oficio circular N° 32.148, de 1997, sobre decretos alcaldicios sujetos al trámite de registro - complementado por el oficio N° 10.751, de 1998-, ha estimado necesario impartir a los municipios del país, las siguientes instrucciones relativas a· los actos administrativos que deben registrarse en esta Entidad y la forma de cumplir con dicha obligación. 1.- Marco jurídico aplicable. Como cuestión previa, cabe señalar que este Organismo de Control debe ejercer las facultades y desempeñar las funciones que, en lo que interesa, contemplan los artículos 98 y 99 de la Constitución Política; 1°, 6°, 9° y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General; y, 51 y 52 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumpliendo así con su obligación de velar por el irrestricto respeto al ordenamiento jurídico por parte de los organismos sujetos a su fiscalización. En relación con las facultades a. que se ha hecho referencia precedentemente, es dable

2. anotar que, de conformidad con el artículo 53 de la aludida ley N° 18.695, las resoluciones que dicten las entidades edilicias estarán exentas del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse ante esta Contraloría General cuando afecten a funcionarios municipales. Para tal objeto este Ente Fiscalizador debe llevar un registro del personal municipal en la forma y condiciones en que lo hace para el resto del sector público, debiendo las municipalidades remitir los antecedentes que éste les solicite. En relación con lo anterior, y a fin de precisar que debe entenderse por la expresión "en la forma y condiciones en que lo hace para el resto del sector público" empleada por el mencionado artículo 53 de la ley N° 18.695, es necesario tener en consideración que el artículo 38 de la citada ley N° 10.336, concibe el registro del personal en términos amplios, correspondiéndole al Contralor General, en consecuencia, determinar la forma en que se levará. cabo; lo cual se encuentra actualmente establecido a través de la resolución N° 1.600, de 2008 -que fijó normas sobre la exención del trámite de toma de razón-, según la cual, dicho trámite no se asocia al control inmediato del acto, que queda sujeto a otras medidas que se dispongan, en su reemplazo. En este sentido, cumple manifestar que, tal como se expresara en los dictámenes N°s. 14.529, de 2010 y 39, de 2011, entre otros, el trámite de registro de que se trata, consiste en una mera anotación material del acto respectivo y no constituye en sí mismo un control preventivo de legalidad. Pues bien, atendida la anotada naturaleza del trámite en comento, es dable concluir que éste no tiene consecuencias jurídicas y que, por lo tanto, al efectuar el registro de un acto, esta Contraloría General no emite pronunciamiento jurídico alguno. De este modo, corresponde a cada municipio verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos respecto de los actos administrativos que emitan, sin perjuicio de los controles de reemplazo que pueda llevar a cabo esta Contraloría General, sea con ocasión del ejercicio de la función de auditoría o de la atención de reclamos de los interesados. II.- Actos administrativos municipales afectos a registro. Se encuentran sometidos a registro los decretos alcaldicios que se dicten sobre las siguientes materias: 1.- Nombramientos y contrataciones. a) Provisiones de cargos en general, cualquiera sea la normativa por la que se rijan -ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación; ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; ley N° 19.464, que estableció normas y concedió aumento de remuneraciones para personal no docente, actual asistente de la educación, de establecimientos educacionales; y Código del Trabajo, tales como, nombramientos, designaciones a contrata y plazo fijo, prórrogas de designaciones a contrata, suplencias, encasillamientos, permutas; y, reincorporaciones. b) Contratos a honorarios celebrados con personas naturales, siempre que se paguen con cargo al subtítulo 21 del Clasificador Presupuestario. Sin perjuicio de lo señalado y, de acuerdo a lo precisado por la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, contenida en el dictamen N° 60.469, de 2008, se exceptúan del trámite de registro, aquellos contratos a honorarios que se paguen con cargo al ítem 04 "otros Gastos en Personal", asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", del aludido subtítulo 21 del Clasificador Presupuestario, esto es, las contrataciones para la prestación de servicios directamente vinculados con la ejecución de programas en beneficio de la comunidad;

3. 2.- Vida funcionaria y medidas disciplinarias. a) Ascensos y promociones. b) Sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias o sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General. c) Aplicación de medidas disciplinarias, en los demás procedimientos sumariales instruidos por las municipalidades. d) Término de servicios por cualquier causal, respecto del personal cuya designación esté sujeta a registro. III.- Plazo y forma de remitir los decretos afectos al trámite de registro. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la citada resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General, en concordancia con el. artículo 16 de la misma, los decretos relativos a las materias indicadas en el acápite anterior, deben enviarse en original para su registro en esta Entidad, dentro del plazo de 15 días contado desde la fecha de su emisión, sin perjuicio de ejecutarse de inmediato, para lo cual podrán utilizarse copias autorizadas de los documentos. El decreto de que se trate debe ser firmado por el Alcalde y el Secretario Municipal e incluir la fórmula "Anótese, comuníquese y regístrese". IV.- Excepciones. Considerando los términos imperativos en que está concebido el citado artículo 53 de la ley N° 18.695, el trámite de registro debe ser cumplido por este Organismo de Control respecto de todos los actos afectos al mismo, según el numeral II de las presentes instrucciones, salvo que concurra algún impedimento legal. En este sentido, debe recordarse que, conforme lo prescrito en las letras e) y f) del artículo 38 de la citada ley N° 10.336, esta Entidad Fiscalizadora se encuentra impedida de registrar ningún decreto o resolución que nombre para un cargo público a cualquiera persona afectada por sentencia firme condenatoria por crimen o simple delito de acción pública, o separada o destituida· administrativamente de cualquier empleo o cargo público, a menos que medie decreto supremo de rehabilitación. Por consiguiente, las designaciones de personal, a que alude el numeral II.1, deberán acompañarse de la documentación que permita acreditar que no concurren tales circunstancias, a saber, el certificado de antecedentes útil para el ingreso a la Administración Pública, conjuntamente con la declaración de probidad a que se refiere el artículo 55 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En el evento de constatarse que la persona designada en un cargo o empleo municipal se encuentra afectada por tales impedimentos, el acto administrativo respectivo será restituido al municipio que lo haya emitido, sin registrar, haciendo presente tal situación. V.- Registro Electrónico. Lo dispuesto en el presente instructivo es sin perjuicio de lo establecido en la resolución N°908, de 2011, de esta Contraloría General, que fija normas sobre registro electrónico de decretos y resoluciones exentos relativos a las materias que indica. VI.- cumplimiento y difusión de estas instrucciones. Las respectivas autoridades deberán adoptar todas las medidas que procedan a fin de dar oportuno y estricto cumplimiento a las presentes Instrucciones.

4. Déjense sin efecto el oficio circular N° 32.148, de 1997, y el oficio N° 10.751, de 1998, que lo complementó, ambos de esta Entidad Fiscalizadora. El presente instructivo se encuentra disponible en el sitio web www.contraloria.cl. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República