El documento presenta una propuesta para establecer un jurado de conciencia en Panamá para casos de homicidio doloso, aborto provocado y delitos contra la salud pública. Detalla las personas que estarían exentas de servir en el jurado, como funcionarios públicos, miembros del poder judicial, diplomáticos y personas con discapacidades. Explica que el jurado estaría compuesto por 8 personas seleccionadas al azar de una lista alfabética. Además, otorgaría licencia remunerada a quienes sirvan en el jurado.