Deber del curso Marco Regulatorio de las Telecomunicaciones ESPOL

1. Rick Cevallos François Fernández
Trabajo de Investigación:
Caso Cnt EP vs Claro(Conecel S.A.)
La Corporación Nacional de Telecomunicación demandó a la empresa de
telefonía Conecel S.A. ante la Súper Intendencia de Control del Poder de
Mercado (SCPM) de tener prácticas desleales por contratos de exclusividad
entre la empresa y dueños de propiedades en la instalación de antenas.
CNT acusó a Claro de prácticas monopólicas por las cláusulas de exclusividad
presentes en el 85% de los contratos suscritos entre Claro y arrendatarios a nivel
nacional, los cuales no permiten que otras empresas puedan utilizar estos
lugares para el levantamiento de su infraestructura.
El gerente de asuntos regulatorios de CNT, afirmó que tras encontrar que las
cláusulas de exclusividad afectaban a cinco predios, hubo repetidos intentos de
acercamiento a Claro pero la empresa se negó. En los contratos se estipula que
en caso de incumplimiento, los dueños de los inmuebles, deberían pagar una
multa del 40% del valor total de la renta mensual, mientras dure el contrato.
Por su parte Conecel S.A. rechazó los argumentos de CNT y dijo que nunca ha
existido práctica monopólica alguna, ni afectación a las empresas rivales. “Las
cláusulas de exclusividad las hemos reconocido como un hecho que se puso
para cautelar nuestros servicios”, manifestó la funcionaria y agregó que estas
cláusulas sí se levantaron.
Finalmente la Superintendencia de Control del poder de Mercado, con base en
la Ley orgánica de Regulación de Control del Poder de Mercado. Negó los
compromisos de cese que planteó Conecel porque esto no permite “reparar los
perjuicios que se produzcan en el mercado relevante de las telecomunicaciones
y en beneficio de las y los consumidores y usuarios del sistema de telefonía
móvil”.
Por el contrario obligó a Claro a pagar 138.5 millones de multa a CNT lo cuál
generó polémica e incluso se cuestionó si la SCMP violó el numeral 6 del art. 76
de la constitución de nuestro País donde se consagra el principio de
proporcionalidad en las infracciones.