Este documento trata sobre la necesidad de planificar los procesos educativos tomando en cuenta los nuevos contextos sociales, políticos y tecnológicos. También argumenta que la educación debe ser un derecho de calidad para todos, respaldado por el gobierno y valorado por la sociedad civil. Finalmente, propone que las organizaciones internacionales y los estados promuevan una redistribución equitativa de recursos que brinde igualdad de oportunidades para todas las personas.