Este documento analiza la aplicación de la nulidad y casación de oficio en los procesos de familia según el Código de Procedimiento Civil y la Ley de Tribunales de Familia. Explica que la nulidad de oficio permite al juez invalidar actos procesales nulos sin esperar a las partes, mientras que la casación de oficio solo se aplica a sentencias y requiere informar a las partes. También critica la supletoriedad del CPC en estos procesos y analiza cómo ha aplicado la jurisprudencia estas figuras

1. Aplicación de la nulidad y casación de oficio en el proceso de familia.
Sergio Arenas Benavides*
I. Introducción
Mediante este ensayo pretendemos hacer un análisis acerca de la aplicación que los
tribunales superiores han realizado en materia de juicios de familia de soluciones como la
nulidad de oficio, regulada en el art. 84 inc. final del Código de Procedimiento Civil (en
adelante CPC) y aplicable por el art. 27 de la ley 19.968 de Tribunales de Familia (en
adelante LTF), y la casación de oficio, establecida en el art. 775 CPC y aplicable en juicios
de familia por el art. 67 Nº 6 de la LTF. Para ello, debemos analizar en qué consiste cada
figura jurídica, su regulación y la manera en que se vincula al moderno sistema procesal de
los tribunales de familia, amén de estudiar las implicancias que tiene optar por una
alternativa u otra, trabajo para el cual, primero, haremos un breve análisis a las normas
incumbentes, para luego, mediante un estudio jurisprudencial, establecer los criterios que
han tenido los tribunales para decidirse por uno u otro caso y en particular sobre qué
elementos han considerado y la interpretación dada a ellos.
II. Nulidad y casación de oficio en el proceso de familia, análisis legal
La nulidad, entendida como una sanción de ineficacia que afecta a los actos procesales,
y aun a procesos enteros, por infracción a las normas que los regulan1
, es una de las
instituciones más usadas en el derecho procesal funcional para efectos de resguardar no
solamente el cumplimiento de las formalidades propias de un proceso, sino que también para
resguardar el llamado debido proceso como garantía de las partes que se someten su
conflicto jurídico a la decisión del órgano jurisdiccional, de manera de que tanto las partes
como el juez respeten los principios básicos del procedimiento, especialmente los tramites
esenciales, la igualdad de armas, la posibilidad de alegar y presentar prueba, recurrir en su
caso, entre otros derechos considerados básicos por la doctrina y jurisprudencia2
.
La nulidad es atacable mediante varias alternativas, ya desde el inicio del proceso
mediante las excepciones dilatorias, la contestación de la demanda y los recursos procesales
como el de rectificación o enmienda o el de apelación. No obstante, son dos las vías más
importantes para conseguir invalidar un acto procesal nulo, que son el incidente de nulidad
(nulidad en sentido estricto), regulada en el Título IX del Libro I CPC, y el recurso de
casación en la forma, normado en el Título XIX del Libro III CPC, y que serán una de las
materias a estudiar en este trabajo.
La regla general es que la nulidad procesal, sea en sentido amplio o estricto, sea
perseguida por las partes cuando un acto procesal o resolución les provoque un agravio. No
obstante, se reconoce excepcionalmente la facultad de los jueces de ser ellos mismos los que,
advirtiendo la existencia de un vicio procesal, puedan decretar la nulidad de una actuación
sin esperar la acción de las partes. Dicho esto, y en honor al espacio, nuestro ensayo se
centrará en la aplicación de las instituciones procesales de la nulidad de oficio y la casación
de oficio aplicados al procedimiento de los juzgados de familia.
*
Abogado, Licenciado en Derecho U. de Chile, Magister (C) en Derecho U. de Talca.
1
SALAS VIVALDI (2000), p. 73.
2
SALAS VIVALDI (2000), p. 72.

2. 1.- Nulidad de oficio en el proceso de familia
Esta figura se encuentra en el art. 84 CPC, el cual señala a grandes rasgos que el juez
puede corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso, además de
tomar medidas para evitar que se produzca nulidad en los actos de procedimiento, con la sola
limitación de no poder hacerlo respecto de actuaciones viciadas por razones de plazos
fatales. Esta facultad del tribunal, por el tenor de la norma, abarca todo tipo de actuaciones
procesales, tanto resoluciones y actos del mismo juez como actos de parte, aunque la
doctrina y jurisprudencia establecen como límite que el acto anulable sea esencial para
conformar el proceso o resguardar su validez, lo que mira al interés social recaído en el
proceso3
. La doctrina argumenta que el motivo de su existencia es que el juez no es un mero
espectador del proceso y que en ciertos casos puede y debe intervenir aun sin el ruego de las
partes para velar porque se cumpla con la esencia de un buen proceso tanto en su forma
como en su fondo4
. El único límite de esta norma, conforme a lo establecido en el inciso
final del art. 25 LTF, es que no puede declarar de oficio cuando la nulidad está convalidada5
.
Sin embargo, el efecto de la nulidad de oficio es bastante acotado tratándose de la
solución ofrecida, ya que sólo permite dejar sin efecto el acto viciado y, en concordancia con
el art. 83 inc. final CPC, algunos actos conexos, pero no permite, por ejemplo, dictar una
resolución de reemplazo, como sí lo permite la casación de oficio. Asimismo, y a diferencia
de la última, en estos casos no se requiere que el juez informe a las partes de la existencia del
posible vicio, por lo que su aplicación, si bien puede ser una solución en justicia, plantea
también problemas en cuanto a la posible defensa de las partes ante el mentado problema.
La aplicación de la nulidad de oficio en familia es permitida por el art. 27 LTF, que
hace aplicables supletoriamente a esta clase de juicios las normas del Libro I CPC, salvo
incompatibilidad con la naturaleza de aquel procedimiento, especialmente en lo relativo a
oralidad, otorgando al juez la decisión de adaptar la aplicación al juicio respectivo. Podemos
señalar, al respecto, que esta norma, en estos instantes, tiene un fin de salvar los vacíos que
podrían hallarse en la LTF, aunque es discutible que se recurra al CPC como fuente, en
circunstancias de ser ambos procesos muy distintos, pero ello se debe más que nada a un
asunto histórico y de sistemática jurídica en que el proceso civil es la base para el resto de
los sistemas procesales, a partir de lo regulado en el art. 1 CPC6
. Como señala el mismo
artículo, el límite a la aplicación de lo señalado aquí es el respeto a la naturaleza del
procedimiento de familia, lo cual no es sino un corolario del principio de especialidad (art.
13 Código Civil) aplicado en sede procesal7
, lo que ha sido también ratificado por la
jurisprudencia8
.
3
SALAS VIVALDI (2010), p. 119; COLOMBO (1997), p. 506.
4
MOSQUERA y MATURANA (2010), p. 276; COLOMBO (1997), p. 505.
5
Véase NÚÑEZ y CORTÉS (2012), p. 213.
6
QUEZADA (1999), p. 27; RODRIGUEZ (2010), p. 10.
7
NÚÑEZ y CORTÉS (2012), pp. 224-225.
8
Corte de Apelaciones de Talca, rol Nº 6-2011, de 17 de febrero de 2011: “La aplicación supletoria de
disposiciones comunes a todo procedimiento, establecidas en el Código de Procedimiento Civil, corresponde
sólo en cuanto tales disposiciones no entren en pugna ni resulten incompatibles con la naturaleza del
procedimiento establecido por la Ley Nº 19.968”.

3. 2.- Casación de oficio en el proceso de familia
Esta figura está regulada en el art. 775 CPC, el cual establece que los tribunales que
conocen por vía de apelación, consulta o casación, e incluso en incidentes, pueden invalidar
sentencias si advierten que sobre ellas existen vicios que pudieran dar pie a una casación en
la forma, requiriendo previamente informar a los abogados que aleguen en la vista de la
causa sobre la existencia del vicio. En todo caso, puede también limitarse a ordenar al
tribunal a quo completar la sentencia cuando el vicio sea una omisión de algo hecho valer en
juicio. Sólo se refiere a vicios de forma, por lo que la casación de oficio no puede, en
principio, servir en los casos susceptibles de casación en el fondo, sin perjuicio de la
existencia de esta facultad para el caso del 785 inc. 2º CPC.
En materia de familia, su aplicación se ha hecho posible gracias a lo señalado en el art.
67 N° 6 LTF, que hace aplicables al proceso de familia las reglas de la casación en la forma
del CPC para el caso de sentencias definitivas o interlocutorias que finalicen un juicio, y sólo
respecto de ciertas causales del art. 768 CPC o las de ciertos arts. de la LTF. En este sentido,
podemos observar que tiene un contenido más acotado, más claro en cuanto a causales, lo
que permite interpretar que su aplicación es más restrictiva que la nulidad, sobre lo cual
hablaremos más tarde.
La gran diferencia entre esta casación con la nulidad del 84 inc. final CPC pasa,
además del tribunal competente, primero por el tipo de actos que es posible afectar, que en
este caso se limita a sentencias tanto definitivas como interlocutorias9
; en segundo término,
por aplicación del art. 786 CPC, si el tribunal de alzada o casación decide aplicar el instituto
casatorio de oficio tiene la alternativa de retrotraer el proceso o dictar sentencia de
reemplazo cuando la ley le autoriza.
3.- Críticas a la supletoriedad del CPC, soluciones del proyecto de C. Procesal Civil.
La principal crítica que se le puede hacer a la aplicación supletoria del CPC en los
juicios de la LTF, en general y no sólo en temas como nulidad o casación, es la disparidad de
bases que rigen a ambos procesos, siendo opuestos en varios casos, de ahí que la regla de
supletoriedad del 27 LTF (y en cierta manera el 67 de la misma ley) establece la preferencia
por la esencialidad del proceso de familia. Ahora bien, como dijimos el uso del CPC se debe
al rol histórico que ha tenido el proceso civil como supletorio, lo que entre otras cosas
justifica su trasformación radical.
Otra crítica al respecto puede ser que en el proceso de familia predomina el principio
de inmediación (art. 12 LTF), entendido tanto en su aspecto probatorio (inmediación en
sentido lato, referido al contacto con la prueba) como decisorio (inmediación en sentido
estricto, en que el mismo juez que conoce sea quien falla)10
, mientras que la existencia de
instancias como la apelación o casación, al ser tramitadas ante un tribunal que no conoció
directamente del juicio y sus pruebas desvirtúa la centralidad de esta regla. Sobre esto
volveremos más adelante.
Así, la reforma ha considerado también normas para que el juez pueda ordenar el
proceso y evitar la ineficacia de los actos procesales El Proyecto de Código Procesal Civil,
en su arts. 122, 124 y 393 establecen reglas de aplicación de oficio de la nulidad y la
9
Véase COLOMBO (1997), p. 507.
10
Véase OBREQUE y TOBAR (2012), p. 214.

4. “ineficacia”. Así, el primero de ellos establece en su inciso final la facultad del tribunal de
decretar la nulidad de oficio cuando no exista convalidación de las partes, mientras que el
segundo estatuye sobre las facultades preventivas y correctivas del tribunal, las que incluyen
la corrección de oficio de actos del juicio, lo que en todo caso requiere ponerlo en
conocimiento de las partes. El 393 del Proyecto establece, dentro de las normas del recurso
del llamado recurso de nulidad, la posibilidad de declarar la ineficacia oficiosa si advierte la
existencia de un vicio que lo ameritare, pero siempre mediante audiencia pública, incluso
tras la vista del recurso.
4. Conclusiones previas
Analizado el tema meramente legal, podemos concluir que ante todo, la nulidad,
ampliamente considerada, tiene un fin correctivo, de mantención de un orden mínimo del
proceso que debe ser respetado por todos los sujetos del mismo, procurando un equilibrio
entre las formas como del fondo. En cuanto al rol que tenga el juez respecto de la misma,
éste será mayor o menor dependiendo del rol y el poder que la ley le confiera para ello. Así,
la nulidad de oficio dependerá ante todo de la centralidad que la norma procesal dé al órgano
jurisdiccional en cuanto al manejo del proceso.
En Derecho de Familia, como veremos, la aplicación del instituto de la nulidad tiene
una aplicación tanto normativa como fáctica bastante más amplia, si consideramos la
concurrencia de lo establecido en los arts. 13, referido a la actuación de oficio del juez para
procurar la celeridad y la protección de ciertos sujetos procesales, y 25, en que se reconoce
la nulidad procesal dentro del proceso de familia, donde podemos observar que la
centralidad del juez es mayor que en materia civil11
. Otro tema es el de la desformalización,
regulada en el art. 9 LTF, y cuya interpretación invita a discutir el conflicto entre formalidad
y sustancialidad en la tramitación de juicios, lo que trataremos después. Y es que el
procedimiento de familia, al resolver sobre asuntos que involucran no solo intereses
privados, sino también públicos, implica aceptar una intervención mayor del juez no sólo
como decisor del conflicto, sino también como ordenador del mismo, procurando entre otras
cosas el equilibrio entre las partes, la buena fe procesal, sobre todo cuando existen casos
notorios de desigualdad o deban protegerse bienes jurídicos de gran trascendencia social12
.
No obstante, esta preferencia no es absoluta, sino que debe encuadrarse dentro de un orden
material creado justamente como salvaguarda de derechos fundamentales no solo para las
personas sino para la sociedad entera.
III. Análisis jurisprudencial
Luego de hacer el análisis legal, corresponde analizar cómo ha aplicado la
jurisprudencia estas figuras, cuáles han sido sus argumentos, para luego establecer la
plausibilidad de esta solución o la posibilidad de que se hubiera recurrido a otra alternativa,
así como los elementos que se pueden extraer del estudio de ellas.
1.- Nulidad de oficio
“Buratovic con Valdivieso” (Corte de Apelaciones de Santiago, rol 2394-2009, 4 de marzo de
2010; Corte Suprema, rol 3338-2010, 5 de julio de 2010)
Se trata de un juicio de divorcio unilateral en el que se reconvino, además, por
compensación económica. El fallo de primera instancia concedió ambas acciones, y la
11
Véase HUNTER (2007), pp. 215.
12
BAEZA y PÉREZ (2010), pp. 54-55.

5. demandada recurrió de apelación y casación, decidiendo la Corte de Apelaciones confirmar
el fallo de primera instancia, por lo que esta parte recurrió de casación en el fondo. Durante
la tramitación de este último, el tribunal advirtió que la audiencia preparatoria fue cambiada
de hora, aunque no de día, sin ser avisado oportunamente a las partes, lo que impidió a una
de ellas poder asistir a la vista y rendir la prueba necesaria. El tribunal estableció que esta
acción del juez de familia importaba una infracción a las garantías del debido proceso, en
especial a la posibilidad de poder defenderse y rendir la prueba, por lo que decide, en
aplicación de los arts. 84 inc. final CPC y 27 LTF, invalidar la sentencia y retrotraer el
proceso hasta la audiencia de juicio.
Podemos observar en este proceso que el principal motivo que argumenta el tribunal
de casación para utilizar la es la infracción a la garantía constitucional del debido proceso,
señalando sucintamente los elementos básicos de ella y mencionando cuál es el elemento
infringido por el acto o resolución, argumento que se reitera en la jurisprudencia que aplica
la nulidad de oficio13
y que se convierte en su premisa principal.
La duda que nos queda es respecto a la procedencia de utilizar la figura de la nulidad
en esta causa, sin antes resolver si era aplicable otro instituto procesal, como podría serlo la
casación de oficio, para lo cual debemos pensar si la infracción es subsumible en alguna de
las causales del 768 CPC. En este caso, es complejo pensar que el cambio imprevisto de hora
de la audiencia haya sido alguna infracción a un trámite esencial o a una falta de
emplazamiento como posibles figuras en que se pudiera subsumir. Personalmente, creemos
que se podría haber casado de oficio por la causal de no rendirse prueba que cause
indefensión (795 N° 4 y 768 N° 9 CPC), pero sería muy rebuscado. Todo lo anterior refleja
uno de los “defectos” de la casación frente a la nulidad, cual es la estrictez de su
procedencia, aunque también podría considerarse una “virtud” si pensamos en la seguridad
jurídica.
Otro tema a discutir acá es la “esencialidad” de un trámite judicial, que fue el
argumento por el cual la Corte de Apelaciones rechazó la casación de forma al considerar
que el aviso de cambio de hora no era esencial. Ya vimos, al definir las instituciones
estudiadas, que la doctrina señala la esencialidad como elemento el que determina la
procedencia o improcedencia de aplicar el instituto anulatorio, sea la nulidad estricta o la
casación. En la nulidad no existe, a diferencia de la casación, un catálogo de hechos que
pudieran servir para definir cuándo un acto se considera esencial para un debido proceso, y
este fallo, como otros más del mismo tenor, se apoya básicamente en una construcción
jurisprudencial sobre qué comprende el debido proceso, de donde se extrae que el acto es
esencial.
“Urbina con Sánchez” (Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 225-2014, 5 de mayo de 2014)
Esta fue una causa en la que una madre solicita la entrega inmediata de sus hijos que
permanecen en poder de su padre, aduciendo al caso denuncias por violencia intrafamiliar.
El tribunal, en una audiencia única, y sin notificación al demandado, concede lo pedido por
el sólo mérito de la declaración de la denunciante.
La Corte de Apelaciones, conociendo mediante apelación, establece que la decisión del
juez de familia de realizar un proceso apresurado y sin forma de juicio constituyó una
13
Véase al respecto: “Royo Hernández” (Corte Suprema, rol 7142-2012), consid. 7º; “Cornejo con Olivares”
(Corte Suprema, rol 3236-2010), consid. 3º a 5º; en contraste en “Guiloff con Mendiet” (Corte Suprema, rol
1967-2010) no se invoca estas normas, sino el principio de inexcusabilidad del art. 76 constitucional.

6. violación a los principios de debido proceso y en especial el referido a la posibilidad del
demandado de ser escuchado y aportar defensas y pruebas, por lo que . Desarrolla a su vez la
idea de que principios como oralidad, concentración y desformalización tienen como límite
las garantías procesales de un justo y racional procedimiento, establecidas a nivel
constitucional y legal y que en este caso la norma de adopción de medidas urgentes para la
protección de menores, establecida en el art. 68 y 71 LTF, debe ser interpretada de manera
estricta, cautelando el equilibrio entre derechos, lo que necesariamente lleva a adoptar un
proceso contradictorio que permita la igualdad de armas , de lo contrario se lleva a pervertir
los procesos. Esto se puede relacionar, a nivel constitucional, con la garantía del contenido
esencial de los derechos del art. 19 N° 26 de la Carta Fundamental, en el sentido de que
ningún derecho puede ser afectado por la ley u otro derecho que termine perdiendo su
eficacia.
En este fallo, el argumento de fondo de la Corte no nos produce mayores reparos,
creemos que es una resolución muy completa en cuanto a contenido y muy clara, que
convence acerca de su intención. Lo que sí nos provoca observación es que se tenga que
recurrir al instituto de la nulidad cuando en este caso pudo haberse resuelto acogiendo o la
apelación o la casación de forma si pensamos que las medidas que tomó el juez de primera
instancia eran de derecho estricto y, por tanto, caería en la causal de casación en la forma por
la causal del Nº 9 del 768 en relación con el Nº 1 del 795 CPC.
En todo caso, el aporte de este fallo es innegable para dirimir el conflicto entre
formalidad y sustancialidad, estableciendo que la desformalización no es un fin en sí mismo,
sino una manera de dotar de mayor eficiencia y eficacia al proceso de familia, pero que no
puede ser llevado a tal punto que signifique desconocer que, ante todo, se está frente a
derechos sustanciales que no deben ser obviados y que, paradójicamente, son el motivo de
existencia del proceso de familia.
2.- Casación de oficio
“Arias con Nova” (Corte de Apelaciones de Concepción, rol 688-2009, 10 de junio de 2010)
Este es un divorcio unilateral en que sólo una de las partes concurrió a la audiencia
preparatoria asistida por letrado, por lo cual el tribunal decidió suspender la audiencia e
inmediatamente se llamó a conciliación cuando ya se había decretado la suspensión. La
Corte de Apelaciones, conociendo de una casación en la forma presentada por la demandada
que sería rechazada, declara que haber hecho la conciliación después de haber dictado la
suspensión implicaba que aquella actuación era ineficaz y se faltaba a un trámite esencial del
proceso, razón por la que se infringía tanto el N° 2 del 795 CPC como los arts. 67 y 69 de la
ley 19.947 de Matrimonio Civil, por lo que se anulaba la sentencia y se retrotraía el proceso
hasta audiencia preparatoria.
Este fallo también trae a colación el tema de la esencialidad de las actuaciones dentro
del proceso como parámetro para aplicar un instituto invalidatorio. En este caso, y a
diferencia de la nulidad de oficio, existe una norma legal que permite dilucidar esto, ya que
los arts. 768 y 795 podrían decirse que son un verdadero catálogo de presunciones que
configuran el mínimo de lo que podría considerarse un debido proceso, y que sin ellos el
juicio no podría considerarse realizado en forma ordenada y justa. Esto nos señala que, pese
a la preeminencia de la desformalización, todavía existe un mínimo de formalidades
procesales que se justifican en la necesidad de orden y claridad en el desarrollo
jurisdiccional.

7. Otro tema que también concurre aquí es el ya mencionado conflicto entre formalidad y
sustancialidad, a propósito del voto de minoría del ministro Ascencio, para quien la decisión
mayoritaria resulta en una lectura muy literal del principio siendo que debería predominar la
desformalización. A este respecto, reiteramos aquí lo del fallo anterior en que un principio
técnico debe ceder ante cuestiones más de fondo. En todo caso, debemos pensar en que el
juez no debe contradecirse en cuanto a sus decisiones ya que de ello depende no sólo la
buena marcha del proceso sino también para una buena comprensión de la decisión judicial.
Otra cosa a tratar es respecto del rol de los principios de debido proceso, si su
infracción es encuadrable en los vicios de casación. Para el juez de esta parte, al no existir
una norma expresa en que puedan encontrarse esos principios, no pueden ser usados como
argumento del recurso. Sin embargo, podría argumentarse en contra que ni el CPC ni la LTF
son todo el derecho aplicable, que también concurren las normas constitucionales e incluso
de tratados internacionales, que por mandato constituyente forman parte del derecho
positivo, por lo que podrían servir para fundar una posible casación.
“Cáceres con Henríquez” (Corte de Apelaciones de Iquique, rol 19-2013, 10 de mayo de 2013)
Este fue un juicio de divorcio en el cual el tribunal, al ver que la parte demandante no
asistió a la audiencia preparatoria, decidió dictar sentencia definitiva de inmediato,
rechazando la acción aduciendo que, al no asistir el actor a la audiencia respectiva, precluía
su oportunidad de ofrecer prueba. La Corte de Apelaciones estableció que el art. 61 LTF es
estricto en cuanto a que la regla general es que la audiencia de juicio se fije para una fecha
posterior, y que sólo si las partes se ponen expresamente de acuerdo puede hacerse la
audiencia probatoria en la misma audiencia, lo que no ocurrió por la misma ausencia del
actor, por lo que la corte casa de oficio la sentencia retrotrayéndose la tramitación de la
causa al estado de realizar una audiencia de juicio.
El fallo analizado es interesante no en cuanto a su decisión o contenido, en que se
observa claramente que se faltó al derecho de la parte a presentar prueba por una resolución
que le imputó una carga procesal que no poseía legalmente, sino al hecho de que aparte de
las normas de la casación también alude a la nulidad de oficio del art. 84 inc. final CPC
como fundamento, estableciendo que entre ambas existe una relación dada por la garantía
del debido proceso. La cosa aquí es pensar, más allá de la relación que doctrinariamente
puede existir, si ambas instituciones podrían concurrir en un mismo hecho, cosa que
resolveremos en su oportunidad.
Es interesante también el hecho de relacionar el derecho a prueba con las normas de
los arts. 62 y 63 bis LTF, especialmente este último, lo que nos parece un tanto discutible
debido a que eso no es un derecho a todo evento debido a que aunque atenuado todavía
predomina el principio dispositivo en materia de prueba en sede de familia (vèase art. 29 y
30 LTF), por lo que su ocurrencia es eventual y no garantizable de que ocurra.
IV. Conceptos extraídos y discusión general
Una vez analizada la normativa legal, y estudiado los casos jurisprudenciales
escogidos para cada caso, debemos realizar un análisis general acerca de la concurrencia de
estas instituciones en el proceso de familia.
En primer lugar, lo que observamos en ambos casos es una tensión entre formalidad y
sustancialidad a la hora de decidir la corrección o anulación de fallos. En efecto, mientras el
principio de desformalización del 9 LTF nos debe llevar a pensar en que el juez tiene

8. mayores libertades a la hora de decidir acerca de la marcha del proceso, la intervención del
juez de segunda instancia o casación viene un poco a aminorar esa amplitud, inquiriendo
acerca de aquellos elementos que considera esenciales para que se dé un buen proceso, no
sólo los que se mencionan como reglas técnicas sino también como principios procesales.
Esa tensión, en la jurisprudencia analizada, tiende a resolverse de manera aparentemente
distinta, pero con un trasfondo muy parecido, dependiendo del recurso utilizado. Así,
podemos extraer del análisis jurisprudencial que la fundamentación que se utiliza para la
nulidad de oficio es menos “formal”, ya que su principal fuente es la garantía constitucional
del debido proceso, mencionando escuetamente el art. 19 N° 3 de la Constitución y
señalando que la jurisprudencia reiteradamente ha establecido mínimos que deben cumplirse,
indicando cuál no se cumplió en el caso. En tanto, cuando se trata de casaciones de oficio,
existe tendencia a la formalidad ya que su base es la norma procesal referida a una causal de
casación de forma, que son las del 768 CPC, sin embargo también se apoya en el texto
constitucional para fundar su decisión, toda vez que entiende que el fin último del recurso es
el resguardo de los derechos procesales. Podemos concluir, entonces, que este conflicto se
resuelve finalmente en favor de la sustancialidad, entendiendo que la formalidad debe servir
a aquella14
.
Otro tema que la jurisprudencia trata reiteradamente es el concepto de esencialidad de
una actuación judicial, que junto con la existencia de vicio es fundamental para declarar la
nulidad o casación. Como hemos visto, el concepto se halla más claro y acotado tratándose
de la casación de oficio ya que ésta se remite a las causales de la casación en la forma, que si
bien pueden ser una limitante en cuanto a su posibilidad de uso, también dan una seguridad
normativa mayor que permite dilucidar cuándo un acto procesal es esencial y cuándo no,
cosa distinta a lo que sucede en la nulidad de oficio, que tiene normas más escuetas y por
tanto debe apoyarse más en principios y normas más generales, generando cierta duda en
cuanto a si lo atacado es realmente un acto esencial del proceso.
La pregunta que nos hacemos, entonces, es el rol de los artículos de la LTF que abren
la posibilidad de usar estas alternativas. Así, el art. 67 N° 6 permite el uso de la casación,
que de hecho la menciona añadiendo lo de su regulación el CPC, entendiendo que el artículo
en que está inmerso el numeral se refiere precisamente a los recursos procesales en el juicio
de familia. De este modo, la ley aquí es expresa en cuanto a la procedencia y límites del
recurso, y armonizando las instituciones que concurren aquí (competencia, naturaleza del
recurso, instancia), queda claro cuál es el campo de acción de cada instancia, por lo que no
hay mayores dudas15
. De este modo, la casación de oficio no nos merece mayores reparos en
cuanto a su aplicación en familia, no sólo porque la ley es clara en este sentido incluso
respecto de las causales que motivan el recurso (y que permiten delimitar el campo de una
casación de oficio), sino porque representan claramente una excepción a los principios que
informan la propia ley, especialmente los de desformalización (parcialmente) e
inmediación16
. Podríamos decir entonces que representa un buen contrapeso de la mayor
libertad y autoridad del juez de familia.
En cambio, el problema pasa por el art. 27 de la ley. Si bien a simple vista su mención
en los fallos es marginal, su incidencia es sin embargo más grande de lo que se ve, ya que su
14
Aroca, citado por OBREQUE y TOBAR (2012), pp. 212-213.
15
Véase al respecto COLOMBO (1997), p. 508.
16
Véase NÚÑEZ y CORTÉS (2012), pp. 100 Y 103-104.

9. redacción un tanto ambigua ha servido como resquicio para que el juez de alzada o casación
use la facultad de anular ya que el Libro I, donde está la nulidad procesal, dice ser aplicable
“a todo procedimiento”, lo que significa que no se limita a sólo los juicios de primera
instancia sino también a los de instancias superiores. Por otro lado, el único límite a su
aplicación es la adecuación o preferencia al sistema de la LTF, mas no en cuanto al sujeto a
aplicar, al no haber distinciones legales aparentes. Esto nos debe llevar a pensar en la
procedencia de utilizar la nulidad de oficio como solución a errores decisorios de la primera
instancia.
Así, una interpretación amplia permite que la nulidad de oficio pueda ser ocupada en
toda instancia y con efecto más allá de la misma, legitimando la intervención del juez de
alzada o casación mediante este instituto. Como argumento puede señalarse que su utilidad
es manifiesta cuando se trata de infracciones cometidas por el tribunal que no pueden o es
difícil de encuadrarlas en alguno de los supuestos de la casación, que como sabemos es un
recurso de derecho estricto. Así, debido a la necesidad de mayor control al juez de familia
como contrapeso a su mayor poder ordenador de la causa, y mediante una interpretación
amplia del principio impulso de oficio que informan el proceso de familia (basado a su vez
en el principio protector propio del derecho sustantivo que también influye en el procesal
respectivo)17
, los tribunales superiores tienen una mayor amplitud para obrar en este sentido,
a tenor del espíritu de las normas aludidas y del 84 inc. final CPC. También debemos decir, a
favor de esta opción, que la normativa en específico no es excluyente en cuanto al sujeto
jurisdiccional, como ya vimos acerca de la geografía del CPC y la ambigüedad del 25 y 27
LTF. Por último hay un tema de justicia procesal que no puede ser obviado, y que en
materias de familia tiene una incidencia mayor por el rol protector que asume el derecho
sustantivo y adjetivo en ciertas materias18
. En síntesis, puede entenderse aquí que estos
principios son a la vez cauce y freno de la actividad del juez de familia en relación con la
vigilancia del juez superior.
Pero una interpretación restrictiva de la norma debería llevarnos por otro camino. La
intervención de oficio, que se regula en proceso de familia en el art. 13 LTF, está pensada
como un mandato al juez de primera instancia en cuanto ordenador del proceso, teniendo
éste la carga en este asunto, si pensamos que la intervención de los grados superiores tiene
mención expresa en el art. 67 LTF a propósito de los recursos y su remisión a las reglas
generales, por lo que siendo ésta una regla excepcional la generalidad debería mirar más
hacia la primera instancia. Por otro lado, la armonización del 83 y 84 inc. final CPC y 27
LTF, atendida la naturaleza del primero como incidente y el segundo como supletorio en el
proceso de familia, nos debe llevar a pensar que su aplicación está pensada para el caso de
incidentes y resoluciones dentro de una instancia, no respecto de sentencias que llevan a
pasar de un grado jurisdiccional a otro19
. Por tanto, por propósito del legislador, deberíamos
pensar que la nulidad de oficio no debería ser una herramienta del juez de alzada o casación
para corregir el error del juez a quo, sino que debe necesariamente servirse de los recursos
establecidos para ello, y que en proceso de familia se reconocen expresamente.
Por otro lado, esa amplitud es un tanto contradictoria con la seguridad jurídica que
debe guiar la aplicación de la ley. En efecto, si bien la casación de oficio es menos amplia en
17
BAEZA y PÉREZ (2010), pp. 54-55.
18
OBREQUE y TOBAR (2012), p. 42; HUNTER (2007), p. 212.
19
Véase SALAS VIVALDI (2000), p. 132; COLOMBO (1997), p. 506.

10. sus causales que la nulidad, tiene un elemento central que es la obligación de advertir a las
partes que asisten a la vista de causa de la existencia del vicio, cosa que no existe en el caso
de la nulidad, por lo que la decisión del tribunal puede ser sorpresiva para las partes,
pudiendo ser un riesgo de que esa decisión incurra en vicios procesales, como la ultrapetita,
con el agravante de que sería complejo alegar esta acción mediante la casación en el fondo al
no ser una norma sustantiva que incida en lo dispositivo del fallo20
.
Esta clase de conflictos se acentúa con la relación que debe haber entre agravio y
nulidad, lo que se reconoce en el art. 83 CPC en que se señala que el perjuicio no debe ser
solucionable con otra medida menos gravosa para aplicar el instituto invalidador. Esto nos
lleva a pensar que la aplicación de la nulidad de oficio debiera ser siempre la última
alternativa, cuando no existan otras soluciones más adecuadas. Y en este sentido marca
diferencia con la casación de oficio en que, siendo más formal en cuanto al agravio (ya que
las reglas del 768 y 795 CPC son verdaderas “presunciones de agravio”), plantea soluciones
menos drásticas, como puede ser la devolución parcial al juez de instancias inferiores para
efectos de mera corrección, o dictar una resolución de reemplazo que modifique
parcialmente la que estaba revisando manteniendo lo no inválido de ella. Por otro lado, y en
relación con lo anterior, no compartimos la opción jurisprudencial de que en nulidad de
oficio se decida revisar aquello sin antes analizar la procedencia o no del recurso incoado
originalmente por las partes. En efecto, no se advierte en los fallos que aplican la nulidad de
oficio por qué es la nulidad la única alternativa al vicio encontrado, si pensamos que en esas
causas se estaba recurriendo de apelación o casación, que si hubieran sido conocidas por
estos tribunales podrían haber encontrado un argumento que permitiera solucionar el
conflicto y arreglar la falla producida, con mayor claridad y seguridad legal, lo que sí se
observa generalmente en el caso de la casación de oficio, donde el tribunal es más claro en
su decisión al tener una norma que le obliga a señalar la causal infringida, además de tener
mayor abanico de soluciones que sólo la invalidación. Por tanto, si bien la solución de la
nulidad de oficio es acorde a la idea de justicia, es un tanto riesgosa en cuanto a la seguridad
jurídica que debe otorgar la solución.
En conclusión, la nulidad de oficio aquí aparece más como una “casación encubierta”
para casos en que es difícil o imposible encuadrar el vicio dentro de las causales del 768
CPC y 67 N° 6 LTF. Una solución que permite solucionar casos de evidente injusticia pero
que conlleva el riesgo de ser mal utilizada y termine siendo un remedio peor que la
enfermedad.
Un tema más general a pensar acá es la pertinencia o no de que existan instancias
controladoras de las decisiones judiciales. Como dijimos, una de las críticas que
generalmente se hacen a la existencia de estos recursos es que no se avienen con los
principios que informan estos procesos, especialmente los de oralidad e inmediación, lo que
restaría eficacia a la llamada centralidad del juicio de primera instancia como el lugar por
excelencia para la resolución del conflicto de relevancia jurídica. En efecto, si se le ha dado
mayores poderes al juez, es porque se confía en su labor decisora, siendo las segundas
instancias o la casación una incongruencia con esa confianza dada21
. Por otro lado, la
20
No obstante, autores como Oberg plantean que la casación en el fondo procede tanto por infracción a normas
sustantivas como adjetivas, siempre que signifiquen una alteración de lo dispositivo. Véase OBERG y MANSO
(2006), pp. 113-114.
21
NÚÑEZ (2007), p. 689.

11. intervención de tribunales superiores en la decisión de un inferior conlleva el riesgo de que
el proceso se rigidice y que con ello se hagan ilusorias las aspiraciones del legislador.
Sin embargo, no se puede pensar de este modo sin caer en el riesgo de que la actividad
jurisdiccional se desordene y termine siendo el remedio peor que la enfermedad. En efecto,
si en los nuevos sistemas procesales se ha aceptado en general la existencia de recursos más
allá de si se limita o no el conocimiento de ciertos aspectos de la sentencia, es porque se
reconoce el efecto positivo que tiene el control del juez superior en cuanto a depurar la
actividad decisoria de los tribunales, creando una jurisprudencia en ese aspecto que ayuda a
que, por un lado, los procesos se realicen acorde a un orden formal y sustancial que asegure
la buena aplicación del derecho a los casos, y segundo, que las decisiones judiciales,
especialmente sentencias, se apliquen con apego a un sistema que una virtuosamente lo
formal con lo sustancial. Por otro lado, existe un tema de justicia que debe mirar no sólo a
proteger los derechos de las personas (los “justiciables”), sino también al interés social que
implica una correcta tramitación que responda a la necesidad de resolver con apego a la ley y
al derecho de los justiciables22
. Por último, hay un tema de realismo, y es que si con el
tiempo el legislador ha debido prescindir de la aplicación rigurosa de algunos principios
(véase ley 20.286 como ejemplo), es porque se entiende que estos mismos no son absolutos,
que admiten excepciones que miran a combinar eficiencia y protección, y así la revisión del
fallo tiene gran ayuda para que esta combinación sea adecuada23
. Huelga también decir acá
que el derecho al recurso, en su concepto amplio, es una garantía reconocida en instrumentos
internacionales y aplicable por mandato del art. 5 inc. 2° de la Constitución, y que en la
historia de la misma se debatió como parte de los derechos del art. 19 N° 3 de la misma24
.
Por otro lado, la jurisprudencia analizada, y en general la que trata el tema, nos demuestra la
necesidad de que exista este control. En efecto, se advierte que no es fácil conciliar
formalidad con sustancialidad, y a veces las decisiones de los tribunales se inclinan a un lado
y a otro pero sin el debido cuidado a ciertos mínimos que deben ser resguardados para la
mayor seguridad de los litigantes y de la sociedad toda que espera confiar en la correcta
aplicación de la ley por el tribunal. Por tanto, los jueces pueden caer, y de hecho caen, en
errores de aplicación de la ley sustantiva como adjetiva que son perjudiciales para los
derechos de las partes, incluso errores groseros que no tienen que ver con interpretación
legal25
, y justifican la intervención del tribunal superior. Los “hechos del juez” también
forman parte del juicio, y por ello deben ser considerados.
Un último tema a estudiar aquí es la solución que está o estaba ofreciendo el proyecto
de Código Procesal Civil representa o no una mejora en este sentido. en este sentido, si
pensamos que será el procedimiento supletorio de la LTF, vemos que no existe respecto del
actual CPC una mayor variación. En efecto, respecto de la nulidad, el art. 122 inc. 4º
mantiene la facultad del tribunal de poder declarar de oficio las nulidades no convalidadas,
mientras que el 124 del mismo establece que el tribunal de primera instancia, de conocer
algún hecho de posible nulidad, debe ponerlo en conocimiento de las partes, en tanto el 393
22
Véase al respecto CARNELUTTI (1973), pp. 179-180; PALOMO (2010), pp. 488-491
23
BAEZA y PÉREZ (2010), p. 50.
24
PALOMO (2010), p. 501; ALDUNATE (2009), p. 149.
25
Véase “Montiel con Inostroza” (Corte Suprema, rol 1223-2010, 12 de julio de 2010), en que se anuló una
causa por haber cometido una Corte de Apelaciones un error en cuanto a la persona y calidad del apoderado en
que devino una renuncia inexistente a un recurso.

12. permite la declaración oficiosa de ineficacia, igual que la casación de oficio, pero ahora
ampliada a la “inexistencia” del acto. En este sentido, aunque se avanza en cuanto al deber
de poner en conocimiento de las partes el posible vicio, existen todavía ciertas lagunas en
cuanto a la amplitud de estas soluciones y a la ventana que se abre para que se (mal) utilice
alguna de estas soluciones. La solución a nuestro parecer debería ser reformular la norma
referida a la nulidad procesal, con el objeto de que quede claro que su aplicación se refiera a
actos que ocurran dentro de la instancia y no fuera de ella, para evitar su uso por parte de
jueces superiores. En cuanto al recurso de “ineficacia” del art. 393 del Proyecto, debería
ampliarse su campo de acción en cuanto a su aplicación de oficio no sólo a causales de
ineficacia sino también a casos en que se advierta cualquier tipo de perjuicio procesal no
atribuible a las partes.
V. Conclusión
En honor al poco espacio que nos queda, diremos unas cuantas ideas obtenidas a partir
de este trabajo. Primero, reconocer que la posibilidad de corrección debe estar presente
siempre en todo proceso judicial, sobre todo en casos como el de familia, que involucra un
gran interés público e incidencia social que deriva en la necesidad de justicia tanto en la
forma como en el fondo. En este sentido, la nulidad, sea su concepto estricto u otras formas,
debe contribuir a corregir las fallas que puede presentar el trabajo del juez y a encauzar el
camino del órgano jurisdiccional por las vías correctas.
Segundo, la normativa actual en materia de intervención invalidatoria de oficio sufre
de ciertas ambigüedades en cuanto a las figuras disponibles, su incumbencia y utilidad. A
veces, como sucede con la nulidad de oficio, se convierten en una solución de urgencia ante
las carencias o dificultades que ofrecen otros institutos, como la casación, pero con el riesgo
de que se pierda la seguridad normativa que debe imperar en todo acto que implica la
aplicación del derecho.
La jurisprudencia, en este aspecto, ha centrado su atención en la esencialidad del acto
procesal para determinar la procedencia o no de la intervención oficial. Asimismo, ha
construido un sistema basado en los principios de debido proceso y las normas legales que lo
respaldan, creando una doctrina que, aunque justa y de buenas intenciones, puede ser
confusa a la hora de establecer una decisión judicial adecuada.
El desafío, entonces, es que se precisen las instituciones antes estudiadas. Que haya
mayor claridad no sólo en cuándo se aplica una y otra, sino también en cuanto a los
elementos a considerar para su aplicación y en las soluciones que debe ofrecer. Sólo así
podremos tener un sistema de intervención de oficio que cumpla con su fin de depuración y
encauzamiento de la actividad judicial, a fin de que se equilibren los principios informantes
del proceso y las garantías de un debido proceso para las partes y la sociedad en general.

13. Bibliografía citada
1. ALDUNATE, Eduardo (2009). Constitución Política de la República de Chile: doctrina y
jurisprudencia. Santiago: Puntolex (tomo I).
2. BAEZA, Gloria, y PÉREZ, Jaime (2010). Los Nuevos Tribunales de Familia. Santiago: Legal
Publishing.
3. CARNELUTTI, Francesco (5ª ed. 1973). Instituciones del Proceso Civil (traducción de Santiago
Sentís, Buenos Aires: Ed. Jurídica Europa-América), tomo II.
4. COLOMBO, Juan (1997). Los Actos Procesales. Santiago: Ed. Jurídica de Chile (tomo II).
5. HUNTER, Iván (2007). Poderes del Juez Civil: algunas consideraciones a propósito del Juez de
Familia. En: Revista de Derecho de Valdivia - U. Austral (vol. XX N° 1), pp. 205-229.
6. MOSQUERA, Mario, y MATURANA, Cristián (2010). Los Recursos Procesales. Santiago: Ed.
Jurídica de Chile.
7. NÚÑEZ, Raúl (2007). “Crónica sobre la Reforma del Sistema Procesal Civil Chileno (Fundamentos,
Historia y Principios)”. En: DE LA OLIVA, Andrés, y PALOMO, Diego (coord.). Proceso Civil:
hacia una Nueva Justicia Civil (Santiago: Ed. Jurídica de Chile), pp. 677-695.
8. NÚÑEZ, René, y CORTÉS, Mauricio (2012). Derecho Procesal de Familia. Santiago: Legal
Publishing.
9. OBERG, Héctor, y MANSO, Macarena (2006). Recursos Procesales Civiles. Concepción: Lexis
Nexis.
10. OBREQUE, Cristóbal, y TOBAR, Jaime (2012). La Judicatura de Familia. Santiago: Legal
Publishing.
11. PALOMO, Diego (2010). Apelación, doble instancia y proceso civil oral. A propósito de la
reforma en trámite. En: Estudios Constitucionales (Año 8, Nº 2), pp. 465 - 524.
12. QUEZADA, José (1999). Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento. Santiago: Digesto.
13. RODRIGUEZ, Ignacio (7ª edición 2010). Procedimiento Civil, Juicio Ordinario de Mayor
Cuantía. Santiago: Ed. Jurídica de Chile.
14. SALAS VIVALDI, Julio (7ª edición 2000). Los Incidentes, y en especial el de Nulidad Procesal.
Santiago: Ed. Jurídica de Chile.
Normativa utilizada
1. Código de Procedimiento Civil. Ley 1.552. Diario Oficial, 30 de agosto de 1902.
2. Ley 19.968 de Tribunales de Familia. Diario Oficial, 30 de agosto de 2004.
3. Constitución Política de la República de Chile. Decreto Supremo N° 100 de 2005, que fija su texto
refundido, coordinado y sistematizado. Diario Oficial, 22 de septiembre de 2005.
4. Código Civil. Art. 2 DFL N° 1 de 2000, que fija su texto refundido, coordinado y sistematizado.
Diario Oficial, 30 de mayo de 2000.
Jurisprudencia utilizada
I.- Analizada y acompañada en el anexo
1. Arias con Nova (2010): Corte de Apelaciones de Concepción, rol 688-2009, 10 de junio de 2010
(casación en la forma), en Microjuris (www.microjuris.cl), código: MJJ24074.
2. Buratovic con Valdivieso (2010): Corte de Apelaciones de Santiago, rol 2394-2009, 4 de marzo de
2010 (apelación, casación en la forma); Corte Suprema, rol 3338-2010, 5 de julio de 2010 (casación en
el fondo), en Base Jurisprudencial del Poder Judicial (http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl).
3. Cáceres con Henríquez (2013): Corte de Apelaciones de Iquique, rol 19-2013, 10 de mayo de 2013
(casación en la forma), en Microjuris (www.microjuris.cl), código: MJJ35385.
4. Urbina con Sánchez (2014): Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 225-2014, 5 de mayo de 2014
(casación en la forma), en Legal Publishing (www.legalpublishing.cl), código: CL/JUR/2046/2014.

14. II.- Meramente citada
1. Sánchez con Juez del Juzgado de Familia de Talca (2011): Corte de Apelaciones de Talca, rol 6-
2011, 17 de febrero de 2011 (recurso de hecho), en Microjuris (www.microjuris.cl), código:
MJJ26297.
2. Royo Hernández (2012): Corte Suprema, rol 7142-2012, 24 de diciembre de 2012 (casación en el
fondo), en Base Jurisprudencial del Poder Judicial (http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl).
3. Cornejo con Olivares (2010): Corte Suprema, rol 3236-2010, 19 de julio de 2010 (casación en el
fondo), en Base Jurisprudencial del Poder Judicial (http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl).
4. Guiloff con Mendiet (2010): Corte Suprema, rol 1967-2010, 7 de junio de 2010 (casación en el
fondo), en Base Jurisprudencial del Poder Judicial (http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl).
1. Montiel con Inostroza (2010): Corte Suprema, rol 1223-2010, 12 de julio de 2010 (casación en el
fondo), en Legal Publishing (www.legalpublishing.cl), código: CL/JUR/6003/2010.