La Constitución española de 1978 establece los principios democráticos y la estructura del estado, definiendo la organización de los poderes y los derechos de los ciudadanos. Se caracteriza por un estado unitario pero descentralizado, donde las comunidades autónomas tienen competencias significativas. Castilla-La Mancha, como comunidad autónoma, fue constituida a partir de 1978, con su estatuto aprobado en 1982 y gobernada principalmente por el PSOE en sus primeros años.