La Constitución española de 1978 estableció un Estado social y democrático de derecho descentralizado basado en los principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo. Reguló el modelo de Estado de las Autonomías para reconocer la diversidad regional de España. Sin embargo, este modelo no ha resuelto completamente las aspiraciones nacionalistas ni los desequilibrios económicos entre regiones.