El documento presenta argumentos legales y de justicia social para que el alcalde de Valledupar no desaloje a más de 31,000 personas en 20 días de un predio, como ordena una sentencia judicial ambigua. Se debe priorizar la garantía de los derechos humanos de las familias que viven allí en extrema pobreza antes de entregar el predio al propietario. El ejecutor de la orden judicial tiene autoridad para negarse si conlleva violaciones de derechos fundamentales.