El documento discute las garantías del debido proceso en el marco de un Estado social y de justicia. Explica que la Constitución venezolana y tratados internacionales establecen garantías legales y procesales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad para proteger los derechos individuales y asegurar un proceso justo. Destaca que estas garantías son fundamentales para que el sistema legal sea compatible con un Estado democrático de derecho.

1. Debido Proceso en el Marco de un Estado Social y De Justicia
El Estado en su función de garante y protector de la administración de
justicia debe tener como objetivo fundamental la garantía de la libertad del
individuo, esta garantía además debe estar respaldada por un debido proceso y
el derecho a la defensa. En toda esta responsabilidad igualitaria para todos los
ciudadanos, que tiene el Estado para que el individuo como elemento
fundamental de la sociedad pueda desenvolver sus actividades libremente,
siempre y cuando su comportamiento esté acorde con las normas reguladoras
que el Estado impone, están las normas reguladoras de tipo constitucional.
Por esta razón todas estas garantías procesales y legales están plasmadas
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Tratados,
Acuerdos y Convenios Internacionales debidamente suscritas por la
República, en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes especiales
vinculadas en forma directa o indirecta con las actividades individuales. Todo
esto viene a conformar una plataforma legal donde descansan todas estas
garantías por parte del Estado hacia el individuo y que le permitan el respeto a
la dignidad humana. Actualmente con el nuevo Código Orgánico Procesal
Penal, se puede hablar de las "Garantías del Debido Proceso", que no son más
que el conjunto de condiciones necesarias para la validez del mismo,
condiciones estas que deben cumplirse y atenderse para asegurar la adecuada
defensa de los derechos ciudadanos, dentro de estas garantías se encuentra el
de poder contar con todas aquellas pruebas o medios de prueba que puedan
ayudar a dilucidar la comisión de un hecho punible y aplicarle al culpable su
respectiva sanción, esto constituye el fin del proceso. DEBIDO PROCESO
EN EL MARCO DE UN ESTADO SOCIAL Y DE JUSTICIA
GARANTÍAS ORGÁNICAS, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD,
RESPONSABILIDAD, SEPARACIÓN ENTRE JUEZ Y ACUSACIÓN,

2. JUEZ NATURAL, OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN PENAL.
De esta manera el debido proceso penal se encuentra consagrado en el
ordenamiento jurídico venezolano en el artículo 49 de la Constitución, en el
cual se hace referencia a los distintos derechos y garantías que lo conforman,
reflejándose así que el modelo de Estado adoptado encuentra eco en el ámbito
procesal penal en el propio marco constitucional. A este mismo respecto
puede observarse que se incluyen en la misma el derecho a la defensa y a la
asistencia jurídica, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, el
derecho al juez natural, el derecho de no confesar contra sí mismo, el
principio de legalidad.
De todo este conjunto de derechos y garantías que conforman el
debido proceso penal, interesa destacar en el presente análisis únicamente la
presunción de inocencia y el principio de legalidad, pues se considera
necesario hacer énfasis en la necesidad de su salvaguardia en todo proceso
penal si realmente se pretende que éste sea compatible con un modelo de
Estado social y democrático de Derecho y de Justicia, y por cuanto, además,
aparecen como dos aspectos fundamentales que constantemente se infringen
en la práctica, impidiendo que se realice la finalidad del proceso que, como se
desprende de lo previsto en el artículo 257 de la Constitución y 13 del COPP,
es la obtención de la verdad por las vías jurídicas y el logro de la justicia en la
aplicación del derecho, esto es, tanto una finalidad formal como una materia.
Uno de los principios fundamentales del proceso penal en el Estado social y
democrático de Derecho y de Justicia debe serlo la presunción de inocencia,
conforme a la cual todo ciudadano debe ser reputado inocente, y tratársele
como tal, hasta tanto no sea demostrada su culpabilidad.
Abg. Anais Amarilis Aponte Rodríguez.