El documento describe el principio de competencia normativa en México, el cual divide la capacidad de normación entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Cada fuente del derecho tiene un ámbito limitado de acción y no puede regular materias fuera de su competencia. El principio de competencia también actúa dentro de cada ordenamiento para dividir la regulación entre diferentes órganos como el Congreso y las legislaturas locales.