El documento describe la figura jurídica del habeas corpus como una garantía constitucional que protege la libertad personal a través de un procedimiento judicial rápido. La Constitución ecuatoriana establece que cualquier persona privada ilegalmente de su libertad puede interponer una acción de habeas corpus ante un juez, quien debe convocar una audiencia en 24 horas para determinar si la privación de libertad es legítima y, de no serlo, ordenar la liberación inmediata de la persona.