1. E&R Memo Nº 157 24/04/2014
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Tte. Gral. Juan D. Perón 725 Piso 8º - Capital Federal - CP (C1038AAO) TE/Fax: (54.11) 4325.4339/4373
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MEMORANDO Nº157
POLÍTICAS CORTOPLACISTAS: LA NACIÓN VOLVERÍA A
PRORROGAR POR TRES MESES LA DEUDA PROVINCIAL
El próximo 30 de abril vence el plazo de gracia para el pago de intereses y
amortizaciones de la deuda que las provincias mantienen con el Gobierno Nacional
en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial.
Ese día, las 18 provincias firmantes verán retenidos $667 millones de sus recursos
provenientes del Régimen de Coparticipación Federal, destinados a cubrir el
vencimiento mensual.
En este marco, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación anunció que: "el
próximo lunes 28 de abril la presidente Cristina de Kirchner suscribirá junto a los
gobernadores de las provincias el proceso de reestructuración del flujo de servicios
de capital e intereses de deuda".
Manteniendo las mismas condiciones de endeudamiento (plazo y tipo de interés),
una potencial reprogramación en los vencimientos del II Trimestre derivaría en una
disminución de $1.883 millones en los servicios provinciales de deuda, quedando
un remanente de $4.083 millones para la segunda mitad del año.
Al margen de mejorar la posición de caja para el pago del medio aguinaldo en
junio, es limitado el efecto que tendrá la prórroga sobre las cuentas del
Consolidado a nivel anual. Partiendo de un déficit primario de $10.100 millones, y
en caso de materializarse el diferimiento de los servicios del II Trimestre, los
vencimientos de deuda se reducirían a $31.700 millones (-5.7%), llevando a las
necesidades anuales a $41.800 millones.
24
Abril
2014
Director
Alejandro Caldarelli
Economistas
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Guillermo Giussi
Mario Sotuyo
Esteban Arrieta
Mariano Eriz ECONOMIA & REGIONES

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Políticas Cortoplacistas: la Nación volvería a prorrogar por tres
meses la deuda provincial
Breve recuento de los antecedentes del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial
Por Decreto del PEN N°660/2010 el Gobierno Nacional creó el Programa Federal de Desendeudamiento
de las Provincias Argentinas (PFDP), con el objeto de aliviar la situación financiera de las jurisdicciones
subnacionales. La deuda reestructurada ascendió a $65.500 millones, e incluyó la deuda que las
provincias mantenían con la Nación en concepto de Bogar 2018, Boden 2011 y 2013 y PAF. La
reprogramación previó un período inicial de gracia de intereses y amortizaciones hasta fines de 2011,
que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2013. A su vez, la Nación reconoció la deuda por Fondos de
ATN no distribuidos a las provincias, que ascendía a unos $9.600 millones. Esto último, permitió una
reducción del stock de deuda provincial del 15%, saldo que fue reprogramado a 20 años (a partir del 1º
de enero de 2012 y hasta el 31 de Diciembre de 2030) y una tasa de interés del 6% anual, sin ajuste por
CER.
En diciembre último, se volvió a reprogramar el stock vigente ($77.300 millones), en concepto de PFDP
y Programas de Asistencia Financiera (PAF) 2010, 2011, 2012 y 2013. Con una tasa aplicable del 6%
anual, los servicios originales vinculados al PFDP alcanzaban a $4.513 millones en concepto de intereses
y $4.545 millones por amortizaciones de capital. Al igual que en 2010 se realizó una quita sobre el
capital equivalente a $11.000 millones adeudados en concepto de ATN, a lo cual se agregó una prórroga
para el pago de los vencimientos (intereses + capital) del I Trimestre. De este modo, la deuda
resultante quedó en $66.300 millones, generándose un ahorro de $3.091 millones para el ejercicio
fiscal 2014, y un pago neto anual de $5.967 millones.
“Anuncio” oficial: a fines de mes se volverían a prorrogar los servicios del PFDP
Una vez finalizado el período de tres meses de prórroga, no existen aún mayores precisiones respecto a
cual sería la decisión a futuro del Gobierno Nacional, es decir, si optaría por la continuidad del
diferimiento en los pagos, o si por el contrario, reducirá la asistencia financiera a los estados
subnacionales. En caso de caerse la prórroga, el próximo 30 de abril las 18 provincias firmantes1
verán
1
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

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retenidos $667 millones de sus recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal,
destinados a cubrir el vencimiento mensual.
Vale subrayar que en la reprogramación de diciembre, las Convenios Bilaterales firmados por las
provincias establecieron las cláusulas que debían cumplir las provincias a fines de mantener y
extender la reestructuración de los vencimientos. En este sentido, las provincias firmantes debieron
presentar, con anterioridad al 31 de marzo, un programa de metas fiscales trimestrales para todo el
ejercicio. Asimismo, las jurisdicciones se comprometieron a realizar el envío de información fiscal y
financiera en forma mensual y exhaustiva, abarcando aspectos de ejecución presupuestaria, stock de
deuda, uso del crédito (endeudamiento) del período, situación del Tesoro y saldos bancarios, entre
otras cuestiones.
En resumen, para no ser excluidas del programa, cada 90 días las provincias deben negociar con el
Gobierno Nacional, incrementando el poder de injerencia y control de éste sobre las finanzas
provinciales.
En este marco, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación anunció que: "el próximo lunes 28 de abril
la presidente Cristina de Kirchner suscribirá junto a los gobernadores de las provincias el proceso de
reestructuración del flujo de servicios de capital e intereses de deuda". Es decir, dos días antes del
primer vencimiento, se volvería a extender el período de gracia por otros tres meses, replicando el
plazo otorgado en diciembre de 2013, aunque en este caso sin operarse quitas sobre el capital
adeudado. De concretarse, esta medida tendría una cierta conveniencia para las provincias, ya que
permitiría “ahorrar” recursos para pagar el medio aguinaldo, uno de los puntos más críticos para las
finanzas provinciales a lo largo del año. Con aumentos promedio del 30.5%, dicho pago implicaría una
erogación de $13.000 millones durante junio, que se agregan a la nómina mensual de $26.000 millones.
A continuación se presentará la estimación del ahorro fiscal adicional que generaría la implementación
efectiva de la medida, para mostrarse posteriormente que la situación del Consolidado de Provincias no
presentará una mejora sustancial una vez instrumentada la prórroga.
No se pagarían vencimientos al menos hasta junio. El ahorro adicional sería de $1.900 M
De acuerdo a nuestras estimaciones, la deuda al 31 de marzo ascendía a $67.300 millones, ya que a los
$66.300 millones originales (al 31/12/2103), se agrega la capitalización de los intereses durante el I

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Trimestre, que a una tasa anual del 6% equivalen a $999 millones. Dicho stock derivaba en un flujo de
vencimientos de $5.967 millones para los últimos 9 meses de 2014, desagregado en $2.968 millones en
concepto de intereses y casi $3.000 millones en cuotas de capital.
Manteniendo las mismas condiciones de endeudamiento (plazo y tipo de interés), una potencial
reprogramación en los vencimientos del II Trimestre derivaría en una disminución de $1.883 millones
en los servicios provinciales de deuda, quedando un remanente de $4.083 millones para la segunda
mitad del año (ver tabla).
Vencimientos del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial
Fuente: E&R, en base a datos del MECON y Provincias
En términos desagregados, cerca del 60% del ahorro se concentraría en 3 jurisdicciones (Buenos Aires,
Córdoba y Jujuy), en tanto que las restantes 15 provincias, absorberían el 40% del total.
Fuente: E&R, en base a datos del MECON y Provincias
De este modo, el ahorro acumulado ascendería a $4.975 millones durante 2014, reduciendo los pagos
de deuda al Gobierno Nacional en un 55% desde los $9.058 millones originales.

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Fuente: E&R, en base a datos del MECON y Provincias
Con necesidades financieras de $43.700 millones, la prórroga del PFDP no cambia la ecuación
Como señala el título, al margen de mejorar la posición de caja para el pago del medio aguinaldo en
junio, es limitado el efecto que tendrá la prórroga sobre las cuentas del Consolidado a nivel anual.
Partiendo de un déficit primario de $10.100 millones, los servicios de deuda sin prórroga alcanzarían los
$33.600 millones, y de este modo las provincias requerirían financiar unos $43.700 millones para cerrar
el ejercicio 2014 (1% del PIB). En caso de materializarse el diferimiento de los servicios del II Trimestre,
los vencimientos de deuda se reducirían a $31.700 millones (-5.7%), llevando a las necesidades anuales
a $41.800 millones.
Fuente: E&R, en base a datos del MECON y Provincias
Si bien representa una compresión superior al 4% en el requerimiento de fondos, se deduce que se
mantiene como una cifra muy compleja para financiar, más aun teniendo en cuenta el contexto de
encarecimiento del crédito interno, menor liquidez local, y reducido margen para hacer colocaciones
en los mercados de deuda internacionales. En este aspecto, recientemente trascendió una supuesta

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emisión de $8.700 millones del BCRA para recomprar LEBACs en manos del Banco de la Nación
Argentina, los que serían utilizados para otorgar financiamiento a las provincias a lo largo del ejercicio.
Vale recordar que la Carta Orgánica del BCRA impide a dicho organismo otorgar financiamiento directo
a los niveles inferiores de gobierno (provincial y municipal).
En conclusión, si bien sería necio negar el beneficio financiero que genera para las administraciones
provinciales la postergación de vencimientos (incluso cuando esto termina concentrando los pagos
futuros, ya que no se incrementan la cantidad de cuotas para el pago del capital), se debe señalar que
no deja de ser otra política cortoplacista, que aporta una solución transitoria al problema de las
finanzas subnacionales y que incluso no abarca a la totalidad de los distritos. El Gobierno Nacional
debería transitar otros senderos en caso que quisiera encontrar una solución de fondo, ya sea el
rediseño del esquema de coparticipación, la (re)distribución del 15% de la masa coparticipable que
queda en manos de la ANSeS, o la inclusión integral del impuesto a los débitos y créditos en la
distribución primaria (hoy del 30%). Estas últimas serían soluciones intermedias frente a la redacción de
una nueva ley de coparticipación.