El documento analiza si los recursos tecnológicos suministrados por el estado cumplen con satisfacer las necesidades de las poblaciones con discapacidades en instituciones educativas. Se identifica que los recursos son limitados y las herramientas suministradas no son siempre las adecuadas. Además, las instituciones no siempre están dispuestas a incluir a estas poblaciones. Por lo tanto, es difícil lograr la inclusión tecnológica de personas con discapacidad en la sociedad.