Este documento establece las directrices para la gestión documental en las entidades públicas de un país. Describe los tipos de información que están sujetos a estas normas, incluidos documentos físicos y electrónicos. Explica que la gestión documental implica cinco etapas clave: investigación preliminar, análisis e interpretación, elaboración y aprobación de la tabla de retención documental, aplicación de la tabla de retención, y seguimiento y actualización. También enumera nueve instrumentos archivísticos clave para la gestión efectiva