Las personas con discapacidad, especialmente niños, niñas y adolescentes, enfrentan mayores riesgos de violencia y abuso. Muchos no tienen documentos de identidad ni certificación de discapacidad. Un porcentaje significativo no recibe educación o la abandona, y los contenidos educativos no son siempre accesibles para ellos. Se necesitan mayores esfuerzos para proteger y garantizar sus derechos.