Manual prevencion2020

MANUAL DE POLÍTICAS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
DE PREVENCIÓN DE LA/FT/FP PARA ABOGADOS (AS) Y
NOTARIOS (AS) PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA

Justificación y Presentación:
El presente Manual de Políticas, Medidas y Procedimientos de Prevención de
Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) para Abogados y
Notarios Públicos de la República de Nicaragua, en adelante “Manual de
Prevención”, constituye un esfuerzo del Poder Judicial a través de la Dirección
General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), que tiene por
objeto, facilitar a los Abogados y Notarios Públicos la implementación del
programa o sistema para mitigar los riesgos de LA/FT/FP al que están llamados a
ejecutar sus deberes como Sujetos Obligados.
El artículo 9 de la Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades
Potencialmente vinculadas al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Delitos Precedentes Asociados
al Lavado de Activos, para los Abogados y Notarios Públicos de la República de
Nicaragua, Regulados y Supervisados por el Poder Judicial (Normativa
PLA/FT/FP), emitida el 25 de septiembre del año dos mil diecinueve mediante
Acuerdo No. 451 del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial
(CNACJ), señala que el Abogado y Notario Público deberá establecer un
programa o sistema para mitigar los riesgos de LA/FT/FP, ajustado a la actividad y
sector al que brinda sus servicios profesionales los cuales desarrolla en nombre o
a favor de los clientes.
Los riesgos por mitigar serán los identificados por la Comisión Nacional
ALA/CFT/CFP, por la DGCIP y por el Abogado y Notario Público.
Conforme al precitado artículo de la Normativa PLA/FT/FP el programa de
prevención deberá incluir un Manual de Políticas, Medidas y Procedimientos de
prevención del LA/FT/FP para:
a. Aplicar una debida diligencia de conocimiento del cliente (DDC);
b. Monitorear, detectar, analizar y reportar operaciones inusuales y otra
información a la DGCIP, incluyendo la búsqueda y detección de fondos y otros
activos sujetos a la sanción financiera de inmovilización de fondos y/o activos
relacionados con el FT/FP, esto último conforme a listas publicadas por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU); y
c. Conservar registros sobre el cliente.

El Manual de Prevención que a continuación se expone, deberá ser autorizado
con la firma y sello del Abogado y Notario Público y estar disponible al momento
de las supervisiones que realice la DGCIP.
Esperamos que el presente Manual se convierta una herramienta útil para la
prevención del LA/FT/FP.
DIRECCION GENERAL CENTRALIZADORA DE LA INFORMACION Y
PREVENCIÓN
DGCIP
CONTENIDO DEL MANUAL DE PREVENCIÓN
1. Procedimientos para evaluar los riesgos de LA/FT/FP del Abogado y Notario
Público y de cada cliente.
2. Procedimientos para la Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente
(DDC).
2.1. Momento de aplicación de la DDC.
2.2. Identificación del cliente.
2.3Momentos para la verificación.
2.4Prohibiciones para proveer servicios.
2.5Aspectos por revisar durante la verificación.
2.6Clientes que son Sujetos Obligados.
2.7Propósito e índole de la relación de servicios, origen y procedencia de
fondos.
2.8Identificación del Beneficiario Final (BF).
2.9Perfiles de identificación e información.
2.10Aplicación de las medidas de DDC con enfoque basado en los riesgos.
2.11Medidas aplicables a PEP.
2.11. 1. PEP nacionales
2.11. 2. PEP extranjeras
2.11. 3. PEP procedentes de organizaciones internacionales
2.11.4. Medidas de DDC intensificadas aplicables a las PEP
2.11.5. Parientes y socios cercanos de PEP
2.12Países de mayor riesgo.
2.13Clientes existentes.
2.14DDC y revelación de inusualidad.

3. Procedimientos para la debida diligencia complementaria.
3.1 Debida diligencia para el conocimiento del empleado.
3.2 Debida diligencia de conocimiento del proveedor.
3.3 Debida diligencia de conocimiento del aliado de negocios.
4. Procedimientos de monitoreo, detección, análisis y reporte a la DGCIP de
operaciones inusuales y otra información, incluyendo la búsqueda y
detección de fondos y otros activos sujetos a la sanción financiera de
inmovilización de activos relacionados con el FT/FP.
4.1 Monitoreo permanente.
4.2 Alcance de las herramientas de monitoreo.
4.3 Señales de alertas.
4.3.1. Relacionadas con el comportamiento del Cliente del Abogado y
Notario Público.
4.3.2. Relacionadas con la función notarial.
4.3.3 Relacionadas con Personas Expuestas Políticamente (PEP)
nacionales o extranjeras.
4.3.4 Relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo:
4.4 Detección temprana y análisis de las señales de alerta.
4.5 Procedimientos internos de detección y análisis.
4.6 Obligación de reportar y tipos de reporte.
4.7Colaboración con la Dirección Centralizadora de Información y
Prevención o Autoridades Competentes.
4.8 Exención de Responsabilidad.
4.9Prohibición de Revelación.
5 Procedimientos para conservar registros sobre el cliente.
5.1 Mantenimiento de registros.
6 Capacitación.
6.1 Capacitación en materia ALA/CFT/CFP.

1. Procedimientos para evaluar los riesgos de LA/FT/FP del Abogado y
Notario Público y de cada cliente.
Conforme el artículo 8 de la Normativa LA/FT/FP el Abogado y Notario
Público deberá identificar, evaluar y comprender sus propios riesgos de
LA/FT/FP cada dos años, tanto inherentes como residuales, a través de la
técnica de evaluación de riesgos que estime conveniente.
La evaluación de riesgos de LA/FT/FP del Abogado y Notario Público deberá
contener al menos:
1. Información relevante sobre el servicio y/o la actividad que desarrolla
en nombre o a favor de los clientes.
2. Información sobre las evaluaciones nacionales de riesgos de
LA/FT/FP.
3. Análisis de los factores de riesgo relacionados con:
a. Los clientes;
b. Los países o áreas geográficas de los que proceden o donde se
desarrollan las relaciones de negocio/servicio, o las operaciones que
desarrollan en nombre o a favor de los clientes;
c. Los productos, servicios y operaciones, así también como los
canales a través de los que estos son brindados; y
d. Los demás factores que consideren pertinentes.
4. Análisis de los riesgos de LA/FT/FP que pudieran surgir en relación
con:
a. El desarrollo de nuevas prácticas comerciales; y
b. El uso de nuevas tecnologías o de tecnologías en desarrollo para la
prestación de sus servicios, particularmente aquellas que pudieran favorecer
el anonimato de las personas naturales y jurídicas, que soliciten o hagan uso
de sus servicios.
La información, análisis y conclusiones de las evaluaciones deberán ser
integrados en un informe, el que también contendrá la determinación general
del nivel de riesgo del Abogado y Notario Público y establecerá las medidas
de mitigación proporcionales a los riesgos a ser implementadas.
Deberán evaluarse los riesgos de LA/FT/FP de nuevos productos, servicios,
prácticas y tecnologías que surjan con posterioridad a la evaluación
individual de los riesgos de LA/FT/FP. Esta evaluación deberá hacerse antes

de que sean puestos a disposición del cliente. Los resultados de esta
evaluación se integrarán en el siguiente informe de evaluación individual de
riesgos.
El Abogado y Notario tendrá a disposición de la DGCIP cuando así lo
requiera, el informe de resultados de la evaluación con sus correspondientes
soportes, autorizándolo con su firma.
La naturaleza y alcance de toda evaluación deberá ser la apropiada para la
naturaleza y el servicio del Abogado y Notario Público.
La DGCIP determinará mediante guías, directrices y circulares, aquellos
casos en que no se requieran evaluaciones de riesgo individuales, siempre
que los riesgos específicos del Abogado y Notario Público hayan sido
identificados y evaluados previamente por esta Dirección mediante
evaluaciones sectoriales.
Para facilitar la evaluación de los riesgos de LA/FT/FP el Abogado y Notario
deberá tomar como referencia información sobre: Tipologías regionales
emitidas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
como un insumo que le permita conocer los riesgos a los que podría verse
expuesto en cuanto a la prestación de sus servicios profesionales,
asimismo, deberá tomar en consideración información contextual del país
que le permita identificar las eventuales amenazas y vulnerabilidades que
podrían presentarse al momento de brindar sus servicios.
Las normas ISO 31000, ISO 31010 contienen referencias para conocer la
aplicación de las técnicas de evaluación de riesgos para “Identificar, evaluar
y comprender los riesgos”, por su parte, el Estándar Australiano
Administración de Riesgos AS/NZS 4360: 1999, es otro mecanismo que
puede ser utilizado para la evaluar riesgos; se sugiere la aplicación de
matrices de riesgo para tal efecto.
2. Procedimientos para la Debida Diligencia de Conocimiento del
Cliente (DDC).
2.1. Momento de aplicación de la DDC.
El Abogado y Notario Público deberá aplicar las medidas de DDC
establecidas en el Capítulo IV de la Normativa PLA/FT/FP , sobre las
actividades descritas en el artículo 2 de dicha Normativa, cuando:

1. Se disponga a realizar o realice operaciones y servicios para o en
nombre de sus clientes, independientemente del valor o monto.
2. Realice una operación y servicio ocasional para su cliente que
alcance un valor igual o superior a los diez mil dólares de Estados Unidos de
América (USD$10,000.00) o su equivalente en córdobas o cualquier otra
moneda extranjera, incluso en situaciones en que la operación y/o servicio
se lleva a cabo en una única operación o en varias operaciones durante un
mes, que parezcan estar ligadas.
3. Realice operaciones de remesas independientemente de su valor o
monto.
4. Exista sospecha de LA/FT/FP, independientemente del valor o monto
de la operación y servicio.
5. Tenga dudas sobre la veracidad o precisión de los datos obtenidos
con anterioridad en relación a la identificación del cliente.
2.2. Identificación del cliente.
Deberá identificarse al cliente, sea este habitual u ocasional, persona natural
o jurídica, estando en la obligación de aplicar medidas adecuadas a fin de
comprobar su identificación previo a brindar sus servicios con al cliente.
La identidad del cliente, se verificará mediante los documentos
contemplados en la legislación nacional, los cuales deberán estar vigentes al
momento de aplicar la DDC, de los que el Abogado y Notario Público
obtendrá una copia física o digital legible, siendo estos los siguientes:
2.2.1. Documentos de identificación de personas naturales:
a. Cédula de identidad, en el caso de nicaragüenses.
b. Cédula de residencia, en el caso de extranjeros residentes en el país.
c. Pasaporte, en el caso de extranjeros no residentes en el país.
d. Pasaporte o cédula de identidad del país de origen para extranjeros
no residentes en Nicaragua y provenientes de un país miembro del CA-4.
e. Carné o documento oficial emitido por autoridad nacional competente
y/o el pasaporte emitido por su respectivo país para extranjeros miembros
de representaciones u organizaciones con rango diplomático.

2.2.2 Documentos de identificación de personas jurídicas:
a. Certificación oficial y actualizada de inscripción en el registro
competente, tales como:
i. Persona jurídica sin fines de lucro.
ii. Cooperativa.
iii. Sociedad mercantil.
iv. Sindicato, federación, confederación o central sindical.
b. Escritura constitutiva y estatutos debidamente inscritos en el registro
competente.
c. Documento del Registro Único del Contribuyente (RUC) en el caso
de personas jurídicas o documento equivalente del país que corresponda
para las personas jurídicas no domiciliadas en Nicaragua, conforme la ley y
reglamentos de la materia.
d. Constancias, licencias, permisos o documentos equivalentes,
vigentes y emitidos por las autoridades o los registros públicos competentes,
según la actividad a la que se dedique la persona jurídica y según exista
autoridad que regule, registre o autorice dicha actividad.
e. Certificación del acta donde consten los miembros de la junta
directiva vigente de la persona jurídica nacional o extranjera, al momento de
iniciar la relación de servicios con el Abogado y Notario Público.
2.2.3. En el caso de que el cliente, sea este una persona natural o
jurídica, esté representado por otra persona, esta deberá presentar el
testimonio de escritura pública de poder de representación. En este caso se
requerirá copia del documento de identidad del apoderado.
Además de los documentos enumerados con anterioridad y cuando sea
necesario, el Abogado y Notario Público deberá emplear datos o información
confiable y de una fuente independiente para verificar la identidad del cliente
y beneficiario final.
A través de la verificación de los documentos, datos e información del
cliente, el Abogado y Notario Público deberá determinar la identidad,
existencia real, representación, domicilio, capacidad legal y objeto social,
según corresponda, de las personas naturales o jurídicas y la de sus
representantes.
El Abogado y Notario Público deberá actualizar la información de
identificación y los documentos, datos e información del cliente; cada año

para los clientes de riesgo alto; cada dos años para los de riesgo medio y
cada tres años para los de riesgo bajo.
2.3 Momentos para la verificación.
El Abogado y Notario Público debe verificar la identidad del cliente y
beneficiario final antes o mientras se establece la relación de servicio o se
realizan servicios para clientes ocasionales; o puedan completar la
verificación después de establecida la relación de servicio si:
1. Esto ocurre lo antes y razonablemente posible.
2. Es imprescindible para no interrumpir la conducción normal de la
operación.
3. Los riesgos de LA/FT/FP están bajo control.
El Abogado y Notario Público deberá establecer procedimientos para
manejar el riesgo, cuando el cliente pueda usar la relación de servicios antes
de la verificación de su identidad.
2.4 Prohibiciones para proveer servicios.
El Abogado y Notario Público no podrá proveer, mantener o realizar
servicios, cuando:
1. El cliente use nombre ficticio, inexacto, cifrado, de fantasía o
codificado o requiera que les sean brindados de manera que su identidad
sea anónima;
2. Determina que van a ser usados para depositar, manejar o facilitar la
transferencia de fondos provenientes de negocios y/o ingresos
pertenecientes a otra persona natural o jurídica, con las cuales él no tiene
relación;
3. El cliente no presenta la información necesaria que en virtud de las
medidas de DDC que de acuerdo con la normativa PLA/FT/FP, se requieren
para obtener plena certeza sobre su identidad, el propósito de dicha relación
y la justificación del origen y procedencia de sus fondos; en tal caso deberá
considerar hacer un reporte de operación inusual;

4. En nombre o a favor de clientes que sean personas jurídicas o de
fideicomisos cuyo beneficiario final y estructura de propiedad y control no
haya podido determinarse;
5. En nombre o a favor de clientes cuyos nombres y datos de
identificación coincidan con los incluidos en listas de seguimiento; y
6. Presente documentos pertenecientes a personas distintas del cliente.
2.5 Aspectos por revisar durante la verificación.
El Abogado y Notario Público deberá revisar los documentos de
identificación para determinar si fuese posible, si son auténticos o si estos
son falsos, han sido alterados o se les ha insertado información falsa,
pudiendo requerir documentos adicionales para corroborar la identidad,
según sea necesario.
El Abogado y Notario Público deberá verificar si el nombre del cliente,
aparece en listas de seguimiento.
2.6 Clientes que son Sujetos Obligados.
Cuando el Abogado y Notario Público provea servicios a un cliente, que sea
un Sujeto Obligado, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 977, verificará
que se encuentra inscrito en el Registro de Sujetos Obligados a través de la
plataforma electrónica de la UAF, dejando constancia de esta verificación.
En el caso que el cliente sea un Abogado y Notario Público, dicha
verificación se realizará a través del registro que para tales efectos lleva la
DGCIP.
Esta verificación también deberá hacerse cuando corresponda actualizar la
información del cliente.
2.7 Propósito e índole de la relación de servicios, origen y procedencia de
fondos.
Cuando el Abogado y Notario Público establezca una relación de servicios
con el cliente, obtendrá información sobre el propósito y la naturaleza de

esta. En particular, recabará información acerca del tipo de actividad
profesional o empresarial que desempeña.
El Abogado y Notario Público deberá obtener información sobre el origen y
procedencia de los fondos del cliente.
2.8 Identificación del Beneficiario Final.
El Abogado y Notario Público deberá identificar al beneficiario final del
cliente que sea persona jurídica, para tal efecto, procederá de la siguiente
manera:
1. Serán beneficiarios finales las personas naturales que ejerzan el control
de la persona jurídica mediante la titularidad del 25% o más sobre su
participación accionaria. Si el titular de tal porcentaje es una persona
jurídica, el Abogado y Notario Público deberá identificar quién la controla
a través de un porcentaje igual o superior al 25% del capital y así
sucesivamente, hasta identificar a la persona natural que controla al
cliente a través de la cadena de titularidad;
2. Cuando el Abogado y Notario Público no pueda determinar quién ejerce
el control de la persona jurídica, aun contando con la información antes
mencionada, deberá, de acuerdo con sus recursos y experiencias,
desarrollar un análisis que permita identificar quiénes ejercen el control
de esta; y
3. En los casos que el Abogado y Notario Público no logre identificar a la
persona natural que es el beneficiario final, aun cumpliendo con lo
establecido en los numerales anteriores, deberá verificar la identidad de
las personas naturales que ocupen los puestos administrativos
superiores de la persona jurídica. Cuando el administrador designado
fuese una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la
persona natural nombrada por el administrador de esta como su
representante legal.
Con independencia de lo anterior, también se considerará beneficiario final a
los siguientes:
1. En el caso de los fideicomisos, serán beneficiarios finales los
fideicomisarios, determinados o determinables; tomadores de certificados
fiduciarios de participación; o los miembros de Comités Técnicos de

fideicomisos. Cuando estos sean personas jurídicas, el beneficiario final
se determinará conforme lo previsto en el párrafo anterior; o
2. Cuando el cliente sea una cooperativa o una Organización Sin Fines de
Lucro, se considerarán beneficiarios finales, quienes tengan el control de
estas mediante disposiciones estatutarias. Cuando no exista una
persona o personas físicas que cumplan con este criterio, se tendrán
como beneficiarios finales a los miembros de su órgano de
administración.
En los casos anteriores, el Abogado y Notario Público recabará la
información de identificación del beneficiario final en el formato que para tal
efecto emitirá la DGCIP mediante circular o cualquier otra disposición
administrativa. No será necesaria la identificación del beneficiario final en
documento específico, cuando el cliente sea una persona natural y se
determine que ella misma es su beneficiario final.
Si el cliente o el beneficiario del fideicomiso son una persona jurídica, el
Abogado y Notario Público también requerirá la información sobre la
estructura de propiedad y control de esta, conforme el artículo 13 de la Ley
977; sus reformas y adiciones.
Procederá la verificación de la identidad del beneficiario final mediante los
documentos previstos en el artículo 12 de la Normativa PLA/FT/FP, cuando
existan indicios de que la identidad de este, proveída por el cliente, no es
exacta o veraz y cuando concurran circunstancias que ameriten el examen
de la relación de servicios para determinar si existen sospechas de
LA/FT/FP y con fundamento en las medidas basadas en riesgo que
establezca el Abogado y Notario Público internamente. En estos casos, el
Abogado y Notario Público documentará las acciones que haya realizado
para determinar quién es el beneficiario final; también deberá documentar
los resultados infructuosos de tales acciones.
2.9 Perfiles de identificación e información.
El Abogado y Notario Público deberá registrar y mantener actualizada la
información de identificación del cliente, el cual podrá mantener en formato
físico o digital, conforme las siguientes disposiciones:
Los perfiles de identificación de personas naturales deberán ser plasmados
en formato que para tal efecto emitirá la DGCIP mediante circular o

cualquier otra disposición administrativa, los cuales deberán contener, como
mínimo, la siguiente información:
a. Nombres y apellidos completos;
b. Fecha y lugar de nacimiento;
c. Número y tipo de documento de identificación conforme lo establecido
en el artículo 12 de la normativa PLA/FT/FP;
d. Número único asignado por el Abogado y Notario Público;
e. Ocupación o giro comercial;
f. Nombre comercial del negocio personal;
g. Número RUC o su equivalente otorgado en el extranjero;
h. Fecha de inicio de la relación de servicio;
i. Dirección domiciliar y del lugar donde tenga el principal asiento de
sus negocios;
j. Número de instrumento de constitución del fideicomiso, según
corresponda, con indicación de la fecha del acto constitutivo y nombre
del notario autorizante, y
k. Origen y procedencia de los fondos.
Los perfiles de identificación de personas jurídicas deberán ser
plasmados en formato que para tal efecto emitirá la DGCIP mediante
circular o cualquier otra disposición administrativa, los cuales deberán
contener, como mínimo, la siguiente información:
a. Razón social;
b. Fecha de constitución;
c. Nombre comercial;
d. Giro comercial;

e. Número RUC o su equivalente otorgado en el extranjero;
f. Número único asignado por el Abogado y Notario Público;
g. Fecha de inicio de la relación de servicio;
h. Dirección del lugar donde tenga el principal asiento de sus negocios;
i. Nombre y datos del documento de identidad de su representante
legal conforme lo establecido en el artículo 12 de la Normativa
PLA/FT/FP;
j. Número de instrumento de constitución social con indicación del
notario autorizante;
k. Origen y procedencia de los fondos, e
l. Información registral.
2.10. Aplicación de las medidas de DDC con enfoque basado en los
riesgos.
Conforme el artículo 20 de la Normativa PLA/FT/FP el Abogado y Notario
Público deberá determinar el nivel de riesgo de LA/FT/FP del cliente, de
acuerdo con la técnica de evaluación de riesgo que estime conveniente
aplicar.
La determinación del nivel de riesgo deberá hacerse en relación con el
análisis de amenazas y vulnerabilidades relacionadas con los siguientes
factores: el tipo de cliente; el país o área geográfica; y los tipos de
productos, servicios, operaciones y canales de comercialización empleados.
Una vez determinado el nivel de riesgo del cliente, el Abogado y Notario
Público aplicará las medidas y procedimientos de DDC previstos en los
artículos 11 al 19 de la Normativa PLA/FT/FP como medidas estándar de
DDC; no obstante, las intensificará, cuando se encuentre en una situación
en que los riesgos de LA/FT/FP sean mayores.
El Abogado y Notario Público podrá aplicar medidas y procedimientos que
razonablemente simplifiquen las medidas de DDC estándar, cuando se
encuentre en una situación en que los riesgos de LA/FT/FP sean menores.
El Abogado y Notario Público no podrá aplicar medidas simplificadas de

DDC cuando exista sospecha de LA/FT/FP o en escenarios de riesgos
mayores.
La DGCIP mediante circular o cualquier otra disposición administrativa,
emitirá ejemplos de medidas intensificadas y simplificadas de DDC.
2.11. Medidas aplicables a PEP.
El Abogado y Notario Público debe establecer y aplicar medidas de DDC
para determinar si el cliente o beneficiario final es una Persona Expuesta
Políticamente (PEP). Cuando se determine que un beneficiario final es una
PEP, se aplicará el artículo 18 de la Normativa PLA/FT/FP para identificarle
y verificar su identidad.
Al aplicar las medidas de DDC, el Abogado y Notario Público debe obtener
suficiente información para comprender la naturaleza de la función pública
que desempeña la PEP. En el caso de las PEP procedentes de
organizaciones internacionales, la información deberá ser la necesaria para
entender el modelo de actividad, empresa, operaciones o gestión de la
organización.
2.11. 1. PEP nacionales
Téngase como PEP nacionales a las personas naturales nicaragüenses que
desempeñen funciones públicas importantes por elección o nombramiento,
incluyendo, sin que la lista sea taxativa:
1. Los funcionarios públicos que ocupen cargos por elección popular.
2. Los funcionarios públicos electos por la Asamblea Nacional.
3. Los funcionarios públicos nombrados directamente por el Presidente de
la República.
4. Los funcionarios públicos nombrados directamente por la Corte Suprema
de Justicia.
5. Los funcionarios públicos nombrados directamente por el Consejo
Supremo Electoral (CSE).
6. Dirigentes y miembros de las directivas de los partidos políticos
registrados ante el CSE.

2.11. 2. PEP extranjeras
Serán consideradas PEP las personas naturales extranjeras que ejerzan los
mismos cargos o cargos con funciones similares o equivalentes a los
referidas en el artículo anterior, por elección pública o nombramiento, en
nombre de sus respectivos Estados de procedencia.
2.11. 3. PEP procedentes de organizaciones internacionales
Son PEP procedentes de organizaciones internacionales las personas
naturales a las que una organización internacional confiere o les ha
encomendado los cargos de director, subdirector, miembros de junta
directiva o posiciones equivalentes.
2.11.4. Medidas de DDC intensificadas aplicables a las PEP
En el caso de las PEP extranjeras, el Abogado y Notario Público deberá
aplicar como mínimo las siguientes medidas de DDC intensificadas,
independientemente del nivel de riesgo que estas representen:
1. Tomar medidas razonables para identificar el origen de los fondos de la
PEP que sea el cliente o beneficiario final de la relación de servicios.
2. Dar seguimiento intensificado a la relación de servicios que se tenga con
la PEP, incluyendo acciones como el aumento del número y el momento
de las revisiones de las operaciones de la relación.
Se aplicarán las mismas medidas a las PEP nacionales y procedentes de
organizaciones internacionales que representen un riesgo alto de
LA/FT/FP, conforme la información que se haya obtenido en aplicación de
las medidas de DDC. En caso de que los riesgos sean medios o bajos, no
se aplicarán tales medidas.
Si inicialmente no se considera que una relación de servicios con una
PEP nacional o procedente de una organización internacional es de
riesgo alto, el Abogado y Notario Público debe dar seguimiento continuo a
la relación de servicios para garantizar que identifiquen cualquier cambio
en el riesgo de la relación. Si el riesgo cambia y se vuelve mayor, se
deben aplicar las medidas referidas en el primer párrafo de este artículo.

El Abogado y Notario Público seguirá aplicando las medidas
intensificadas de DDC previstas en este artículo a los nacionales, aunque
hayan cesado en el ejercicio de la función pública, en tanto impliquen un
riesgo alto de LA/FT/FP.
2.11.5. Parientes y socios cercanos de PEP
Entiéndase por parientes de PEP a las personas que tienen una relación de
consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado
con una PEP. Serán socios cercanos de PEP las personas jurídicas y las
naturales que, sin relación parental con la PEP, mantienen relaciones de
negocios con este último o son sus beneficiarios finales. Si un cliente o
beneficiario final es identificado como pariente o socio cercano de PEP,
deberán aplicarse las medidas de DDC previstas en el artículo anterior.
Los parientes y socios cercanos de PEP deberán declarar su condición al
Abogado y Notario Público cuando pretendan establecer relaciones de
servicio o la adquieran de forma sobrevenida. En aquellos supuestos en que
el pariente o socio cercano de una PEP no declare su condición y se
determine esta circunstancia por el Abogado y Notario Público, este deberá
valorar la relación de servicios para determinar si le pondrá fin y si es
necesario remitir un ROI a la DGCIP.
2.12. Países de mayor riesgo.
El Abogado y Notario Público deberá implementar medidas de DDC
intensificadas al cliente, procedente de países a los que se atribuyan riesgos
mayores de LA/FT/FP.
2.13. Clientes existentes.
El Abogado y Notario Público aplicará las medidas de debida diligencia
previstas en el Capítulo IV de la Normativa PLA/FT/FP a todos los nuevos
clientes y también a los existentes al momento de la entrada en vigor de la
misma, en función de un análisis del riesgo.
En todo caso, el Abogado y Notario Público aplicará las medidas de debida
diligencia a los clientes, cuando estos procedan a la contratación de nuevos
servicios o cuando se produzca una operación que se considere significativa
por su volumen o complejidad.

2.9 DDC y revelación de inusualidad.
Cuando el Abogado y Notario Público tenga indicios o sospecha que el
cliente, tiene relación con actividades de LA/FT/FP y delitos precedentes
asociados al LA y considere que la aplicación de las medidas de DDC le
alertará de tales indicios, podrá no completar el proceso de DDC, pero deberá
remitir un Reporte de Operaciones Inusuales (ROI) a la DGCIP.
3 Procedimientos para la debida diligencia complementaria.
3.1 Debida diligencia para el conocimiento del empleado.
El Abogado y Notario Público deberá implementar medidas de debida
diligencia con enfoque basado en riesgo a sus empleados, en caso de contar
con estos. Estas medidas deberán formar parte del programa de
reclutamiento y selección del personal, ya sea de nuevo ingreso, permanente
o temporal, con el fin de asegurar su integridad y capacidad, incluyendo como
mínimo:
1. El establecimiento de los requisitos personales, profesionales y/o
técnicos que los empleados deberán cumplir para asumir un cargo.
2. La inclusión de las funciones que deberán cumplir en materia de
prevención del LA/FT/FP en los descriptores de puestos de los empleados,
cuando corresponda.
3. La divulgación y comprobación del conocimiento del Manual de
Prevención, establecido por disposición del artículo 10 de la Normativa
PLA/FT/FP, entre los empleados y que estos comprenden las
responsabilidades que tienen en relación con la prevención del LA/FT/FP.
4. Organizar inducciones y capacitaciones para los empleados en
materia de prevención del LA/FT/FP.
5. Crear un perfil, físico o electrónico, para cada empleado, que sea
actualizado periódicamente y que tenga la siguiente información acerca de
este:
a. Nombre completo;
b. Tipo y número del documento de identidad;
c. Nacionalidad;
d. Profesión u oficio;
e. Ocupación y/o cargo;
f. Domicilio y número telefónico personales.

El perfil del empleado deberá guardarse en un expediente que se elabore
para cada uno. El expediente también contendrá una copia del documento de
identidad del empleado, su currículo y antecedentes policiales.
Los empleados estarán obligados a comunicar al Abogado y Notario Público,
cualquier cambio en la información proporcionada, en un plazo que no
exceda de quince días de producido el cambio. El Abogado y Notario Público
deberá verificar como mínimo una vez al año que la información de los
empleados se actualice.
3.2 Debida diligencia de conocimiento del proveedor.
El Abogado y Notario Público deberá formular e implementar una política de
debida diligencia con respecto a sus proveedores de bienes y servicios
externos, en caso de contar con estos. Esta debida diligencia deberá estar
basada en un enfoque de riesgo de LA/FT/FP, que incluya el manejo de
expedientes individuales físicos o digitales debidamente documentados, en
los que consten servicios contratados, modalidades, formas de pago,
frecuencia de prestación de servicios y entrega de bienes, según
corresponda.
3.3 Debida diligencia de conocimiento del aliado de negocios.
Los Abogados y Notarios Públicos deberán formular e implementar una
política de debida diligencia con respecto a sus aliados de negocios en caso
de contar con estos, con un enfoque de riesgo de LA/FT/FP, para obtener
información de identificación de estos.
En virtud de esta política, los Abogados y Notarios Públicos deberán llevar
expedientes físicos o digitales de sus aliados de negocios, el cual deberá
incluir, al menos, un perfil de identificación de cada uno y los contratos
mediante los que se haya establecido la relación de alianza.
4 Procedimientos de monitoreo, detección, análisis y reporte de
operaciones inusuales y otra información a la DGCIP, incluyendo la
búsqueda y detección de fondos y otros activos sujetos a la sanción
financiera de inmovilización de activos relacionados con el FT/FP.

4.1 Monitoreo permanente.
Los Abogados y Notarios Públicos en el transcurso de su relación con el
cliente, aplicarán medidas de seguimiento continuo y con un enfoque
basado en riesgo de LA/FT/FP a:
1. La relación de servicios, incluidas las actividades y/o operaciones que
intente y realice a lo largo de esa relación, con el fin de garantizar que
coincidan con el conocimiento que tiene del cliente, su actividad comercial,
perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de sus fondos y garantizar
que los documentos, datos e información de que se disponga estén
actualizados. En especial en los casos de cliente incluidos en las categorías
de mayor riesgo.
2. Las listas de seguimiento; y
3. Las señales de alerta.
De igual manera, los Abogados y Notarios deberán mantener un monitoreo
permanente de las relaciones de empleados, aliados de negocio y
proveedores.
4.2 Alcance de las herramientas de monitoreo.
El monitoreo con enfoque de riesgo de LA/FT/FP podrá efectuarse de forma
física o digital. Las herramientas utilizadas deben:
1. Estar en correspondencia con el uso o no de herramientas tecnológicas
que utilice el Abogado y Notario Público para la prestación de su servicio.
2. Permitir, controlar y monitorear, efectiva y oportunamente, todos los
servicios realizados por un mismo cliente, a fin de detectar si existen
interrelaciones sin razón aparente o que no se correspondan con el perfil
económico y transaccional del mismo.
4.3 Señales de alertas.
En ocasión del comportamiento transaccional y de servicio del cliente, el
Abogado y Notario Público deberá establecer señales de alerta de LA/FT/FP
con su respectiva y adecuada parametrización, para procurar reducir el
número de falsos positivos.
El Abogado y Notario Público tendrá como referencia primaria las señales de
alertas que para tales efectos emita la DGCIP mediante circular o cualquier

otra disposición administrativa y otras que sean emitidas por la DGCIP y
otros organismos nacionales e internacionales reconocidos y especializados
en la materia, sin perjuicio de las señales de alerta que desarrollen y
actualicen por sí mismo. Una señal de alerta por sí sola, no necesariamente
deberá ser considerada como inusual, sin antes realizar el proceso de
análisis.
A continuación se enlista un significativo número de señales de alerta
agrupadas según las características de quién las origina; teniendo presente
que las listas de señales de alerta no son únicas y no existe una forma única
de categorizarlas, y dada la subjetividad que ellas incorporan, se
recomienda que el Abogado y Notario Público revise la totalidad de las
mismas e integre aquellas señales de alerta identificadas por él mismo, con
la finalidad de detectar y/o prevenir operaciones y/o servicios inusuales
relacionados al LA/FT/FP.
4.3.1. Relacionadas con el comportamiento del Cliente del Abogado y
Notario Público:
a. Operaciones que no coincidan con la capacidad económica y perfil del
cliente.
b. Cambio repentino del comportamiento financiero de un cliente.
c. Cliente indica una dirección que coincide con el domicilio de un negocio
diferente al que declaró desarrollar, o no se ajusta a la ocupación
declarada.
d. Cliente que al momento de realizar una operación se rehúsa o evita
entregar información acerca de su actividad o capacidad financiera.
e. Cliente que al efectuar una operación elude o definitivamente se rehúsa
a entregar información respecto del propósito, origen y destino de los
fondos.
f. Cliente que en un corto período aparece como dueño de nuevos
negocios o empresas, constituidas con capitales iniciales relevantes.
g. Cliente que en un corto periodo de tiempo aparece como dueño de
activos, los cuales representan un alto valor patrimonial.
h. Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de países
considerados no cooperantes por el GAFI, o regímenes fiscales
preferenciales nocivos (Paraísos Fiscales), según clasificación de la
OCDE.
i. Cambio repentino en la propiedad de una sociedad, cuyos nuevos
socios presentan un perfil comercial que no se ajusta a la información
histórica de la entidad, o que se muestran reacios a presentar
información personal o financiera.

j. Cliente que entrega documentación incompleta, inconsistente o falsa al
momento de realizar una determinada operación.
k. Clientes que presentan documentos de identificaciones inusuales o
ilegibles.
l. Cliente que justifica el origen de los fondos con documentos falsos.
m. Clientes que invierten grandes cantidades de dinero sin importar la
rentabilidad asociada.
n. Clientes que realizan compraventas consecutivas o simultáneas de
instrumentos financieros, con el propósito de simular un alto nivel de
inversiones o capital.
o. Clientes cuyas sociedades tienen como directivos personas que no se
ajustan al perfil de los cargos.
p. Reiteradas y/o simultáneas compraventas de bienes inmuebles por parte
de una misma persona en un corto período.
q. Que se tenga conocimiento por medios de difusión pública, redes
sociales u otros, según sea el caso, que un cliente está siendo
investigado o procesado por el delito de lavado de dinero, bienes o
activos o delitos precedentes asociados al LA.
4.3.2. Relacionadas con la función notarial:
a. Operaciones de compraventa de un bien raíz realizadas de forma
reiterada y sucesiva, transfiriendo la propiedad sobre dicho bien entre
diferentes personas o sociedades en poco tiempo y sin razón evidente.
b. Compraventas realizadas para terceros, permitiendo el anonimato del
propietario final de los bienes.
c. Compra de bienes inmuebles por personas no residentes en el país.
d. Compra de bienes inmuebles a nombre de inversionistas extranjeros,
para lo cual se han empleado fondos provenientes del exterior.
e. Compra de bienes inmuebles a nombre de menores de edad.
f. Compra de bienes inmuebles pagando la mayor parte del precio, o la
totalidad, con dinero en efectivo.
g. Compra de bienes inmuebles realizando el pago inicial con dinero en
efectivo.
h. Compra de bienes de alto valor por parte de entidades con escaso
capital o sin aparente capacidad económica.
i. Compra de bienes inmuebles por parte de personas que no han
informado su domicilio o han presentado datos aparentemente falsos.
j. Adquisición de un inmueble pagando un precio considerablemente
menor o mayor que su valor de mercado conocido.
k. Indicios de que el adquiriente no actúa por su cuenta y que intenta
ocultar la identidad del verdadero comprador.

l. Cliente se muestra renuente a aportar antecedentes respecto del origen
de fondos involucrados en una determinada operación de compraventa
de bienes inmuebles.
m. Compra y venta frecuente de Sociedades.
n. Compra y venta de empresas en quiebra o con graves dificultades
financieras, por parte de personas sin trayectoria en el sector.
o. Cancelación anticipada de hipotecas con pagos de elevadas sumas de
dinero en efectivo.
p. Creación de complejas estructuras corporativas y/o legales que, pese a
mostrar coherencia en su objeto social, pudiese tener el propósito de
eludir, disimular o generar obstáculos para la identificación del origen de
los fondos o sus verdaderos propietarios y/o beneficiarios.
q. Constitución de varias sociedades en la misma fecha o en períodos
cercanos, presentando coincidencias respecto de sus socios,
accionistas, domicilios, administradores, representantes legales y otras
características que pudiesen relacionarlas entre sí.
r. Constitución de Sociedad con nombre similar al de empresas de
trayectoria reconocida.
s. Constitución de personas jurídicas sin fines de lucro con objeto social
inconsistente o sospechoso.
t. Constitución de Sociedades con altos aportes de capital en dinero
efectivo.
u. Nombramientos de administradores o representantes legales que
aparentemente carecen de idoneidad profesional para cumplir con esos
cargos.
v. Liquidación de una sociedad sin motivo o justificación aparente.
w. Modificación de la Escritura de Constitución o Estatutos de una
Sociedad para incluir o excluir a socios relacionados entre sí o con otras
empresas.
x. Empresas constituidas totalmente o en parte con capitales extranjeros,
figurando entre sus aportantes personas o sociedades extranjeras,
respecto de las cuales no se dispone de suficiente información.
y. Sociedades constituidas con capitales bajos, que al poco tiempo reciben
importantes aportes en forma de inversión extranjera.
z. Sociedades constituidas con capitales bajos, cuyos socios o accionistas
al poco tiempo venden o ceden su participación a una sociedad
extranjera, la cual efectúa un importante aumento de capital, quedando
como socia o accionista mayoritaria.
aa.Personas jurídicas que cambian de razón social y/o socios sin razón
aparente y mantienen el giro asociado al rubro inmobiliario.

bb.Sociedades que son recientemente constituidas y que absorben en un
corto período de tiempo a otras empresas, por medio del patrimonio de
una tercera sociedad.
4.3.3 Relacionadas con Personas Expuestas Políticamente (PEP)
nacionales o extranjeras:
a. Utilización de intermediarios para realizar operaciones que por lo
general no lo requieren, pudiendo tener como propósito ocultar la
identidad de la PEP.
b. La PEP realiza preguntas respecto de las políticas antilavado de
activos, vinculadas con las PEP, que aplica el Abogado y Notario
Público; con el propósito de ocultar su identidad.
c. La persona se muestra renuente a proporcionar información respecto
del origen de los fondos.
d. Una PEP extranjera que no es capaz de explicar la razón de sus
negocios en el país.
e. Cuando se dificulta la distinción entre los flujos de fondos personales
y aquellos derivados de su actividad profesional.
f. La actividad financiera de la PEP, no coincide con su actividad
profesional.
g. PEP procedente de un país identificado como riesgoso por sus altos
niveles de corrupción o de países que no aplican completamente o de
manera suficiente, conforme el Derecho Internacional, los estándares
contra él LA/FT/FP.
4.3.4 Relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo:
a. Personas naturales y/o jurídicas (incluyendo socios, accionistas,
directores, gerentes, etc.) que desarrollan actividades comerciales y
que figuren en listas internacionales de alerta y exclusión (Ejemplo:
Lista de Sanciones del CSNU).
b. Solicitudes de múltiples depósitos en efectivo en cuentas personales
de un tercero o de una persona jurídica (con o sin fines de lucro), en
concepto de “donaciones” o “contribuciones a ayuda humanitaria” o
en términos similares.
c. Creación y funcionamiento de organizaciones sin fines de lucro cuya
actividad u objeto social no resulta justificado con las características
del medio o lugar en donde opera, la recepción y el envío frecuente
de dinero desde o hacia el exterior.

4.4 Detección temprana y análisis de las señales de alerta.
El Abogado y Notario Público detectará a través de las señales de alerta, la
interacción con el cliente, la revisión del perfil del cliente y su
comportamiento u otros medios, cualquier operación y/o servicio intentado o
completado, que pueda estar relacionado con LA/FT/FP y delitos
precedentes asociados al LA, incluso con independencia de su cuantía. En
particular el Abogado y Notario Público analizará con atención todo servicio
o comportamiento complejo, inusual o carente de justificación económica o
jurídica aparente.
El comportamiento inusual detectado conforme el párrafo anterior, deberá
ser objeto de un análisis estructurado, debiéndose documentar todas las
fases de información consultadas. En tal caso, el proceso de análisis
deberá abarcar todas las operaciones y/o servicios relacionados, todos los
intervinientes en la operación y/o servicio, y toda la información relevante en
poder del Abogado y Notario Público, y no podrá excederse de un plazo de
quince días calendarios a partir de la fecha de ocurrencia de la actividad,
operación y/o servicio inusual.
Cuando el análisis concluya que existe inusualidad de LA/FT/FP, el
Abogado y Notario Público deberá remitir inmediatamente a la DGCIP el
respectivo ROI. Por inmediatamente debe entenderse el término de las 24
horas posteriores a la conclusión del análisis.
El Abogado y Notario Público deberá crear un expediente de cada análisis
que lleve a cabo, en que se deje constancia de los resultados del examen.
4.5 Procedimientos internos de detección y análisis.
El Abogado y Notario Público establecerá y aprobará por escrito:
1. Las políticas y procedimientos adecuados para la detección y análisis de
las operaciones y/o servicios de una relación susceptible de estar
relacionada con el LA/FT/FP y delitos precedentes asociados al LA en su
Manual de Prevención con información completa y actualizada; el cual
estará a disposición de la DGCIP.
2. La política de revisión periódica de la relación con el cliente; así como en
el caso de uso de aplicaciones informáticas apropiadas, teniendo en
cuenta el tipo de operación y/o servicio, sector de negocio, ámbito
geográfico y volumen de la información.

3. Las medidas que garanticen la confidencialidad y el uso de la información
referida en el numeral 1 del presente ítem, especialmente para evitar que
sea revelada a la(s) persona(s) que serían objeto de ROI.
4.6 Obligación de reportar y tipos de reporte.
Los Abogados y Notarios Públicos tienen la obligación de:
1. Reportar a la DGCIP sobre operaciones inusuales, independientemente
del monto y que sean realizadas o intentadas, cuando tengan indicios
que los activos de un cliente están vinculados con el LA/FT/FP y delitos
precedentes asociados al LA y estén relacionados a la prestación de sus
servicios o realicen para o en nombre de sus clientes, las actividades
referidas en el artículo 2 de la Normativa PLA/FT/FP.
2. Reportar a la DGCIP, lo siguiente:
a. Reporte de Detección e Inmovilización de Activos (RDIA), informando
los resultados de la búsqueda e inmovilización de fondos o activos de
los clientes que conforme a la lista de personas designadas por el
CSNU están vinculadas al FT/FP, según lo dispuesto en los Decretos
No. 17-2014 y No. 15-2018. El reporte anteriormente señalado, se
realizará sin demora siempre y cuando los resultados de la búsqueda
sean positivos; debiendo entenderse sin demora, de modo inmediato y
en cuestión de horas, en un lapso que no exceda de 24 horas después
de publicadas las listas.
b. Reportes de umbrales relacionados a los servicios referidos en el
artículo 2 de la Normativa PLA/FT/FP.
c. Reporte de Beneficiario Final.
3. Cualquier información de interés relacionada a los reportes del numeral
1 y 2, sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno.
Para el debido cumplimiento de lo antes expuesto el Abogado y Notario
Público debe cumplir con lo dispuesto en los artículos del 8 al 12 de la
Normativa sobre las Obligaciones de Reporte de los Abogados y Notarios
Públicos en materia de LA/FT/FP (Normativa de Reportes de LA/FT/FP), los
que contienen las disposiciones relacionadas con la forma y los plazos para
la remisión de los reportes anteriormente relacionados.

4.7 Colaboración con Autoridades Competentes y Dirección General
Centralizadora de Información y Prevención (DGCIP).
1. Los Abogados y Notarios Públicos facilitarán la documentación e
información que la DGCIP les requiera para el ejercicio de sus
competencias. Estos requerimientos precisarán la documentación que
haya de ser aportada o ser informada. Además, las Autoridades
Competentes que lleven a cabo investigaciones por LA/FT/FP y delitos
precedentes asociados al LA, podrán requerir directamente o a través de
la DGCIP, información relacionada con las actividades previstas en el
artículo 2 de la Normativa PLA/FT/FP en poder de los Abogados y
Notarios Públicos.
2. El Abogado y Notario Público tendrá un plazo máximo de 15 días para
contestar dichos requerimientos. En caso que la información o documento
requerido haya sido remitido de forma incompleta o errónea, la DGCIP
otorgará un plazo de 5 días para su completamiento o corrección. En
caso excepcional y/o de urgencia, la DGCIP podrá establecer un plazo
menor a lo previsto anteriormente para que el Abogado y Notario Público
conteste, complete o corrija dichos requerimientos.
Transcurridos dichos plazos sin que se haya realizado la remisión,
completamiento o corrección según sea el caso, se entenderá como
incumplida la obligación, lo cual será objeto de sanción de conformidad a
lo establecido en la Normativa de Organización y Funcionamiento de la
Dirección Centralizadora de la Información y Prevención y del Régimen
Sancionatorio (Normativa DCIP-RS).
4.8 Exención de Responsabilidad.
Los Abogados y Notarios Públicos que de buena fe realicen una
comunicación a la DGCIP con arreglo a la Normativa PLA/FT/FP, no
constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información
impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal,
reglamentaria o administrativa, y no implicará para el Abogado y Notario
Público, ningún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa, según
corresponda derivados del debido cumplimiento de las normas vigentes
sobre prevención del LA/FT/FP.

4.9 Prohibición de Revelación.
Los Abogados y Notarios Públicos no revelarán al cliente ni a terceros que se
ha comunicado información a la DGCIP o que se está examinando o puede
examinarse alguna operación y/o servicio que pudiera estar relacionada con
el LA/FT/FP y delitos precedentes asociados al LA.
5. Procedimientos para conservar registros sobre el cliente.
5.1 Mantenimiento de registros.
El Abogado y Notario Público deberá conservar en expedientes físicos o digitales
los documentos que se especifican a continuación:
1. Documentos obtenidos en función de la aplicación de medidas de DDC;
2. Registros de operaciones, nacionales o internacionales, según corresponda;
3. Correspondencia entre el Abogado y Notario Público y el cliente;
4. Resultados de los análisis que se hayan realizado de operaciones inusuales
relacionadas con sus productos o servicios; y
5. Cualquier otra información que se derive de las gestiones de prevención,
detección y reporte de actividades vinculadas con el LA/FT/FP.
Los registros deberán ser adecuados y suficientes para poder reconstruir las
operaciones de las personas naturales y jurídicas, que soliciten o hagan uso de
sus servicios/operaciones.
Los Abogados y Notarios Públicos que almacenen copias de los documentos
obtenidos en función de la aplicación de medidas de DDC en soportes
electrónicos, deberán garantizar su integridad, la correcta lectura de los datos, la
imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación y localización. En todo
caso, el sistema de archivo de los Abogados y Notarios Públicos deberá asegurar
la adecuada gestión y disponibilidad de la documentación, tanto a efectos de
control interno, como de atención en tiempo y forma a los requerimientos de la
DGCIP y Autoridades Competentes que lleven a cabo investigaciones por
LA/FT/FP y delitos precedentes asociados al LA, según corresponda.
Estos registros deberán ser actualizados periódicamente o al menos anualmente
durante el tiempo en que exista una relación de servicios con las personas
naturales y jurídicas que soliciten o hagan uso de los servicios/operaciones del
Abogado y Notario Público y deberán estar a disposición de la DGCIP.

Los registros anteriormente referidos deberán conservarse por un período mínimo
de cinco años, que iniciará a contarse desde la finalización del servicio/operación
ocasional proveído o desde que terminó la relación de servicios.
Los Abogados y Notarios Públicos conservarán durante un período de cinco años,
los documentos en que se formalice el cumplimiento de sus medidas y
procedimientos internos de administración y mitigación de los riesgos de
LA/FT/FP.
6. Capacitación.
6.1Capacitación en materia ALA/CFT/CFP
El Abogado y Notario Público deberá adoptar, financiar y recibir capacitaciones
anuales en materia de ALA/CFT/CFP, incluyendo a sus empleados, en caso de
contar con estos y si los mismos desarrollaran actividades en materia de
prevención del LA/FT/FP; todo sin perjuicio de aquellas que la DGCIP imparta.
Estas capacitaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones:
1. Promover cultura y sensibilización en materia de prevención del LA/FT/FP.
2. Estar dirigido al personal si se ha asignado responsabilidades y actividades en
materia de prevención del LA/FT/FP.
3. Ser permanente, continua, actualizada, adecuada y ajustada a su perfil
operacional dentro del sector en que opere el Abogado y Notario Público y a sus
riesgos de LA/FT/FP.
6.2 Registros sobre capacitación
El Abogado y Notario Público deberá mantener estadísticas, registros, controles y
soportes actualizados sobre el desarrollo de la capacitación y de su personal en
prevención del LA/FT/FP, de manera particular, la recibida por el Abogado y
Notario Público, las que deberán estar a disposición de la DGCIP.

DE LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESENTE MANUAL
El/La suscrito(a) _______________________________________________
Abogado(a) y Notario(a) Público de la República de Nicaragua, con carné número
__________, de conformidad con el artículo 9 de la normativa PLA/FT/FP, aprueba
y procede a la implementación del presente Manual de Prevención anteriormente
relacionado, que firmo y sello en la Ciudad de ___________, Departamento/Región
Autónoma de la Costa Caribe________________________________, a los
_________días del mes ________________ del año ___________.
Firma y Sello del Abogado y/o Notario Público

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