El Congreso de la Ciudad de México reformó el Código Penal local para establecer sanciones penales de dos a seis años de prisión y multas para los servidores públicos que difundan imágenes o información reservada de procedimientos penales o de víctimas sin autorización. Las sanciones se incrementan si la difusión busca menoscabar la dignidad de las víctimas o si se trata de mujeres, niñas o adolescentes. Si el delito lo comete un policía, la sanción aumenta aún más.