Análisis de la adecuación de las normas infra constitucionales que regulan la administración pública ecuatoriana con los principios y disposiciones de la Constitución de 2008

1. “LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO
ECUATORIANO”

2. PROBLEMA DE ANÁLISIS
CONSTITUCIONAL:
¿Cómo se ha desarrollado y debería
desarrollarse en las normas infra
constitucionales la aplicación por las
Instituciones del Estado, en el ejercicio de
sus competencias y facultades
constitucionales y legales, la disposición
constitucional de hacer efectivo el ejercicio
de los derechos reconocidos en la
Constitución?

3. • Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras
o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento
de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución.

4. • El Art. 226 de la CRE, se relaciona
directamente con lo dispuesto en los Arts.
11.5 y 85.1 del mismo cuerpo legal; con
los Arts. 1; 2; 3.2, 3.3; 4; 5; 6; 8; 9;19;
40.3 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional;
así como con la Ley Contencioso
Administrativa, principalmente.

5. • El camino para los administrados no es
fácil, especialmente para quienes litigan
contra la administración pública; la
eficacia, economía, celeridad, eficiencia,
rapidez y sencillez de los procesos que se
cita en la Constitución, se convierten en
simples enunciados una vez que los
administrados tratan de restablecer el rigor
jurídico de la norma objetiva (recurso
objetivo) o eliminar de la vida jurídica la
resolución administrativa contraria al
ordenamiento jurídico (recurso subjetivo).

6. • La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, en su numeral 4 del Art. 42
es inconstitucional cuando plantea que una acción
de protección de derechos no procede “cuando el
acto administrativo pueda ser impugnado en la vía
judicial, salvo que demuestre que la vía no fuere
adecuada y eficaz”. Esto es contrario a lo
dispuesto en el Art. 173 de la misma Constitución
que dispone que “ Los actos administrativos de
cualquier autoridad del Estado podrán ser
impugnados tanto en la vía administrativa como
ante los correspondientes órganos de la Función
Judicial”

7. • El numeral 4 del Art. 42 de la LOGJCC
transforma en residual a la acción de
protección que impugne la
constitucionalidad de un acto
administrativo, ya que obliga a que se
agote la vía contencioso administrativa.

8. • El agotamiento de la acción en ese ámbito
usualmente toma 4-5 años, con lo que se
atenta también contra los principios de
celeridad y eficacia en el acceso a la justicia
contemplado en el Art. 169 de la CRE

9. • Es preocupante que a los accionantes
que buscan justicia por actos ilegítimos de
la administración pública (que privilegian
su normativa interna antes que la
Constitución) se les exija agotar la vía
contencioso administrativa, inadmitiendo
las acciones de protección, frente a
evidentes vulneraciones de los derechos
constitucionales.

10. • Cuando se exige agotar la vía contencioso
administrativa ante acciones de protección
solicitadas, también se está violando el principio
pro homine, consignado en el Art. 29 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
de la cual Ecuador es signatario, el mismo que
dispone que la interpretación jurídica siempre
debe buscar el mayor beneficio para el ser
humano, es decir, que debe acudirse a la norma
más amplia o a la interpretación extensiva cuando
se trata de derechos protegidos y, por el contrario,
a la norma o a la interpretación más restringida,
cuando se trata de establecer límites a su
ejercicio.

11. • Muchas veces el operador de justicia ve
solo el punto duro de la ley, la letra escrita
y no la afectación de quien busca en la
justicia la solución a sus controversias.

12. ”Una cosa no es justa
por el hecho de ser
ley. Debe ser ley
porque es justa”.
Montesquieu

13. • La vía de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa está cargada de
formalidades lo que hace que su
aplicación muchas veces sea inadecuada
para el administrado, quien debe esperar
la resolución de su caso por años.

14. • La Ley de la Jurisdicción Contenciosos
Administrativa se promulga en el año de
1968, su publicación se hace en el
Registro Oficial 338 del 18 de marzo del
mismo año; ha tenido varias reformas
inclusos la penúltima se da luego de la
entrada en vigencia de la Constitución
1998, la última reforma a finales del 2001
siete años antes de entrar en vigencia la
Constitución 2008.

15. “Nada se parece tanto
a la injusticia como la
justicia tardía”.
Lucio Anneo Séneca

16. • Esta ley caduca ya no refleja la realidad
actual que vive el Estado Ecuatoriano y
debe, por mandato de la propia
Constitución, adecuarse a los principios y
valores que emanan de la Carta Magna
vigente.

17. • La vía contencioso administrativa para que
sea eficiente y realmente proteja a la
ciudadanía, como dice el mandato
constitucional, debe transformarse a tal
punto que lo que resuelva, se lo haga de
manera justa, rápida, sencilla y motivada.

18. • Los ordenamientos constitucionalizados
hoy por hoy deber encauzarse y ser
direccionados a la consecución de los
valores y principios refrendados en la
Constitución, fundamentales para la vida
civil y política de un Estado democrático y
de derechos.

19. • El legislador, el operador de justica y los
administradores de las instituciones
públicas debe deducir que los actos
administrativos son imperfectos, por tanto
intangibles si no están legítima y
correctamente motivados.

20. • Es inexcusable y urgente incorporar
reformas a la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y a las demás
leyes infra constitucionales relacionadas,
pero por sobre todo a los reglamentos que
se aplican de manera institucional para
resolver problemas administrativos
propios de cada institución.

21. Este es el mecanismo más eficaz para que
sé que se eviten vacíos e incongruencias
legales, solo así podremos decir que
vivimos en un Estado Democrático y de
Derecho donde todos somos iguales ante la
ley, ante el Estado y sus administradores.

22. Estudiante: Tatiana E. Layana
Oñate
UNIVERSIDAD TÉCNICA
PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja