El documento discute el derecho al uso del propio idioma y la identidad cultural según la constitución y varios tratados internacionales. Reconoce el quechua, aimara y otras lenguas indígenas como oficiales junto con el castellano, y promueve la educación bilingüe e intercultural. También protege los derechos de las minorías a cultivar su idioma, cultura y religión, y exige la consulta previa a los pueblos indígenas en asuntos que los afecten.