3. Leítima defensa
La legítima defensa es un principio legal que
reconoce el derecho de una persona a protegerse
a sí misma, a otros individuos o a la propiedad
contra una agresión injusta e inminente. En
términos simples, implica el uso proporcionado
y necesario de la fuerza para repeler una
amenaza real y grave. Este principio está
respaldado en muchos sistemas legales en todo
el mundo y se considera un derecho
fundamental.
4. La causa de justificación en la legítima defensa es un concepto legal que se
refiere a la situación en la cual una persona utiliza la fuerza o violencia
contra otra persona como respuesta a una agresión injusta e inminente, con
el fin de protegerse a sí misma o a terceros de un daño grave e inminente. La
legítima defensa es reconocida en la mayoría de los sistemas legales como un
derecho fundamental que permite a una persona defenderse cuando se
encuentra en peligro.
Introducción
5. Las condiciones típicas para que se considere que una persona
actuó en legítima defensa suelen incluir:
Agresión injusta e inminente
La persona que se defiende
debe enfrentarse a una
amenaza real e inminente de
daño físico o grave por parte
del agresor.
01
Necesidad racional del medio
La respuesta de la persona que
se defiende debe ser
proporcional y necesaria para
contrarrestar la agresión. Esto
significa que la fuerza utilizada
debe ser razonable y no
excesiva en relación con la
amenaza que se enfrenta.
02
Falta de provocaciòn
La persona que busca
defenderse no puede haber
provocado deliberadamente la
agresión. Si alguien provoca o
inicia una pelea, generalmente
no puede reclamar legítima
defensa si luego es atacado
como respuesta.
03 Intención defensiva
La persona que se defiende
debe tener la intención de
protegerse a sí misma o a otros
de un daño inminente y no
actuar por venganza o con
cualquier otro motivo ilegítimo.
04
6. Es importante tener en
cuenta que las leyes y los
criterios específicos para la
legítima defensa pueden
variar según el país y el
contexto legal. Además, en
algunos sistemas legales,
como el derecho anglosajón,
la carga de la prueba puede
recaer en la persona que
afirma haber actuado en
legítima defensa para
demostrar que su acción fue
justificada.