Los defensores públicos deben actuar con integridad, probidad y de acuerdo con los derechos humanos. Su servicio es gratuito y deben mantener la confidencialidad y lealtad con sus clientes. Los defensores públicos garantizan el derecho a la asistencia legal y la igualdad ante la ley, actuando en interés de sus clientes para obtener la mejor posición posible.