Caso bolt-y-otros-contra-la-republica-cardenalalexa1025
Este caso trata sobre una petición presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Cardenal. La petición alega violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y el proceso de justicia transicional posterior a un acuerdo de paz. El Estado alega que su proceso de justicia transicional, incluyendo criterios de selección de casos y penas alternativas, cumple con sus obligaciones internacionales y busca garantizar una paz estable. La Corte debe determinar si el enfoque de
Corte interamericana de DDHH: A la espera del veredicto “Nación Mapuche vs Es...Crónicas del despojo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia emitir dos sentencias en casos relacionados con la aplicación de la ley antiterrorista a dirigentes y activistas mapuche en Chile, incluyendo a los lonkos Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y Segundo Aniceto Norín Catrimán. Representantes mapuche confían en que el fallo determine acciones de justicia a favor del pueblo mapuche, mientras que el documento presenta antecedentes de los casos.
El documento trata sobre un caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Ricardo Bolt y ataques a la comunidad Boneca en el Estado Cardenal. La Corte admitió la demanda alegando violaciones a varios artículos de la Convención Americana. El Estado Cardenal se defendió argumentando que aplicó un marco de justicia transicional legítimo y buscó la verdad, justicia y reparación para las víctimas en circunstancias difíciles. Sin embargo, no puede ser responsabilizado por todos
Este documento resume un caso legal presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de la República Cardenal. Los abogados defensores del Estado argumentan que el Estado ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional al investigar los hechos, reparar a las víctimas y promover la reconciliación. El documento describe el conflicto armado, los actos denunciados, y las demandas presentadas ante la CIDH. Los abogados concluyen que el Estado ha actuado de acuerdo con los
El documento resume la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Masacres de Ituango v. Colombia. La sentencia establece la responsabilidad del Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares y la falta de protección a la población. Además, la sentencia desarrolla estándares sobre las obligaciones positivas y negativas del Estado respecto a los derechos humanos, como el deber de prevenir, investigar y sancionar violaciones para evitar la impunidad.
Observaciones de Fundación Social en Audiencia Pública sobre el proyecto de l...DPS
Este documento presenta observaciones y sugerencias de modificación a los proyectos de ley 107 de 2010 sobre medidas de asistencia y reparación para víctimas de violaciones de derechos humanos, y el proyecto de ley 085 de 2010 sobre normas transicionales para la restitución de tierras. Se proponen cambios a los principios generales, la definición de víctima, la participación de víctimas en procesos penales, y las medidas de ayuda y asistencia humanitaria para garantizar una reparación integral y el derecho
Este documento analiza la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano en proteger los derechos económicos de los familiares de víctimas de desaparición forzada. Presenta componentes histórico, conceptual y jurisprudencial. En el componente histórico describe el origen de la desaparición forzada y su tratamiento en el derecho internacional. En el componente conceptual explica los diferentes enfoques de reparación. Finalmente, en el componente jurisprudencial analiza sentencias de la Corte Constitucional colombiana sobre este tema.
Caso bolt-y-otros-contra-la-republica-cardenalalexa1025
Este caso trata sobre una petición presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Cardenal. La petición alega violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y el proceso de justicia transicional posterior a un acuerdo de paz. El Estado alega que su proceso de justicia transicional, incluyendo criterios de selección de casos y penas alternativas, cumple con sus obligaciones internacionales y busca garantizar una paz estable. La Corte debe determinar si el enfoque de
Corte interamericana de DDHH: A la espera del veredicto “Nación Mapuche vs Es...Crónicas del despojo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia emitir dos sentencias en casos relacionados con la aplicación de la ley antiterrorista a dirigentes y activistas mapuche en Chile, incluyendo a los lonkos Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y Segundo Aniceto Norín Catrimán. Representantes mapuche confían en que el fallo determine acciones de justicia a favor del pueblo mapuche, mientras que el documento presenta antecedentes de los casos.
El documento trata sobre un caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Ricardo Bolt y ataques a la comunidad Boneca en el Estado Cardenal. La Corte admitió la demanda alegando violaciones a varios artículos de la Convención Americana. El Estado Cardenal se defendió argumentando que aplicó un marco de justicia transicional legítimo y buscó la verdad, justicia y reparación para las víctimas en circunstancias difíciles. Sin embargo, no puede ser responsabilizado por todos
Este documento resume un caso legal presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de la República Cardenal. Los abogados defensores del Estado argumentan que el Estado ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional al investigar los hechos, reparar a las víctimas y promover la reconciliación. El documento describe el conflicto armado, los actos denunciados, y las demandas presentadas ante la CIDH. Los abogados concluyen que el Estado ha actuado de acuerdo con los
El documento resume la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Masacres de Ituango v. Colombia. La sentencia establece la responsabilidad del Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares y la falta de protección a la población. Además, la sentencia desarrolla estándares sobre las obligaciones positivas y negativas del Estado respecto a los derechos humanos, como el deber de prevenir, investigar y sancionar violaciones para evitar la impunidad.
Observaciones de Fundación Social en Audiencia Pública sobre el proyecto de l...DPS
Este documento presenta observaciones y sugerencias de modificación a los proyectos de ley 107 de 2010 sobre medidas de asistencia y reparación para víctimas de violaciones de derechos humanos, y el proyecto de ley 085 de 2010 sobre normas transicionales para la restitución de tierras. Se proponen cambios a los principios generales, la definición de víctima, la participación de víctimas en procesos penales, y las medidas de ayuda y asistencia humanitaria para garantizar una reparación integral y el derecho
Este documento analiza la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano en proteger los derechos económicos de los familiares de víctimas de desaparición forzada. Presenta componentes histórico, conceptual y jurisprudencial. En el componente histórico describe el origen de la desaparición forzada y su tratamiento en el derecho internacional. En el componente conceptual explica los diferentes enfoques de reparación. Finalmente, en el componente jurisprudencial analiza sentencias de la Corte Constitucional colombiana sobre este tema.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo propuso una Ley General para Prevenir, Investigar Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada que tipificaría este delito y establecería sanciones de 20 a 50 años de prisión. Expertos de la ONU y la CNDH discutieron la iniciativa y recomendaron fortalecer las investigaciones de desapariciones y la coordinación de datos entre autoridades. Representantes de organizaciones civiles pidieron crear una fiscalía especializada y conservar restos no identificados para facilitar su identific
La reforma busca ampliar y clarificar los derechos y protecciones de las víctimas del delito en México mediante la modificación de varios artículos de la Ley General de Víctimas y del Código Federal de Procedimientos Penales. Algunos de los cambios incluyen una definición más amplia de víctimas, procedimientos claros para la atención y compensación de víctimas, y medidas para evitar el abuso en la aplicación de la ley.
El documento discute los principios fundamentales del derecho internacional que deben guiar la solución de conflictos, incluyendo la búsqueda de la estabilidad mundial, el apoyo a procesos de paz, y la ponderación de los derechos de todas las partes involucradas. También destaca la importancia de los procesos de conciliación y la participación de organismos internacionales para guiar soluciones que respeten la dignidad humana de todas las personas afectadas.
Observaciones de Fundación Social en Audiencia Pública sobre el proyecto de l...DPS
Este documento presenta observaciones y sugerencias de modificación a los proyectos de ley 107 de 2010 sobre medidas de atención y reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos y 085 de 2010 sobre normas transicionales para la restitución de tierras. Se recomienda extender el principio de buena fe a todas las medidas y actualizar el principio de igualdad. También se señala que la reparación debe tener un fundamento ético para el Estado y no puede estar sujeta a topes judiciales, debiendo ser integral para todas las v
Este documento explica los conceptos de verdad, justicia y reparación. Define la verdad como el reconocimiento de las violaciones cometidas, las víctimas afectadas y los responsables. Explica que la búsqueda de la verdad es un proceso para descubrir qué ocurrió, por qué y quiénes son los responsables. Además, destaca que la verdad, la justicia y la reparación son derechos de las víctimas y la sociedad, y que el Estado es responsable de garantizar estos derechos.
Este documento resume los conceptos clave de víctima, conflicto penal y derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal venezolano. Define a la víctima como aquella que sufre daños como consecuencia de acciones u omisiones que violan la ley penal. Explica que el conflicto penal involucra a la víctima directa, al autor del delito y a la sociedad. Finalmente, destaca los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación que están consagrados en la Constitución
Inducción al suicidio: "La posibilidad de un nuevo tipo penal" (Chile)Nicolas M
Presentación sobre la inducción al suicidio, donde se plantean varias cuestiones anexas al tema, como la diferenciación del concepto con otras figuras similares o críticas de autores a este posible tipo penal.
Este documento contiene varias proposiciones para modificar un proyecto de ley relacionado con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Se proponen cambios a la definición de víctima, al carácter de las medidas de reparación, y a los artículos relacionados con el derecho a la reparación, la protección de víctimas y testigos, y los programas de protección.
Este documento discute las causas generales de atenuación de pena en derecho penal. Explica que las penas se reducen por circunstancias como la minoría de edad del autor, cuando no hubo intención de causar un daño grave, o cuando el acto se cometió bajo amenaza o injuria. También se pueden reducir las penas por condiciones como la buena conducta previa, la condición femenina, o la pobreza en algunos casos. Finalmente, cubre cómo la embriaguez puede ser una causa de atenuación si caus
Resolución repudiando el Protocolo Anti-Piquete Marcelo Pavka
El documento analiza el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas aprobado por el gobierno nacional y expresa preocupación por posibles violaciones a derechos constitucionales. Se destaca que el protocolo deja en manos de la policía definir qué protestas son legítimas y habilita la represión sin orden judicial, poniendo en riesgo los derechos a la libre expresión y reunión. Varias organizaciones rechazan el protocolo por criminalizar la protesta social y condicionar el trabajo periodístico.
Este documento presenta una minuta con un proyecto de decreto que propone reformar la Ley General de Víctimas de México. El documento describe los antecedentes de la iniciativa, las consideraciones y el contenido de las reformas propuestas. Las reformas buscan mejorar la protección y atención a las víctimas, ampliar la definición de víctima, y establecer un marco jurídico más robusto para garantizar los derechos de las víctimas. La comisión considera que las reformas son necesarias y apoya su aprobación
Este documento analiza los instrumentos jurídicos disponibles a nivel internacional, nacional y estatal para exigir la reparación de daños por violaciones a derechos humanos en el estado de Jalisco, México. Argumenta que los instrumentos actuales son insuficientes para garantizar una reparación integral. Revisa las normas y mecanismos de reparación establecidos en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas y la legislación mexicana. Concluye que se requiere fortalecer
Este documento presenta un proyecto de investigación sobre la conexión entre las víctimas y el principio de sostenibilidad fiscal en el contexto de la justicia transicional en Colombia. El objetivo general es determinar el carácter de la justicia transicional en el país. Los objetivos específicos incluyen establecer definiciones de víctima y sus derechos, identificar los principios y niveles de la justicia transicional, y examinar el estado actual del debate sobre el principio de sostenibilidad fiscal y cómo los desafíos fiscales podrían
1) El documento analiza la responsabilidad del Estado por actos terroristas bajo las figuras de falla en el servicio y riesgo excepcional con base en la jurisprudencia colombiana. 2) En particular, resume un caso donde se declaró responsable a la Nación y al DAS por la muerte de una persona durante un atentado terrorista contra las instalaciones del DAS. 3) El fallo condenó a la Nación y al DAS a pagar indemnizaciones a los familiares de la víctima por los perjuicios morales sufridos.
El documento discute los conceptos de justicia retributiva, restaurativa y transicional. La justicia retributiva se enfoca en aplicar castigos a los infractores de la ley, mientras que la justicia restaurativa busca que las víctimas sean escuchadas y los perpetradores reparen el daño causado. La justicia transicional incluye medidas como comisiones de la verdad, reparaciones y reformas para prevenir futuros abusos, con el fin de superar períodos de violaciones a los derechos humanos. El documento también explica los dere
Intervención de la Sra. Terry Morel, Representante del ACNUR en Colombia en l...DPS
La representante del ACNUR en Colombia presentó comentarios sobre el Proyecto de Ley de Víctimas ante el Congreso colombiano. Reconoció los avances del proyecto pero sugirió incluir mayores medidas de protección para las víctimas antes de la restitución de tierras debido a los altos riesgos de seguridad. También recomendó clarificar el efecto reparador de los programas sociales y revisar aspectos relacionados con la población desplazada y la restitución de tierras para fortalecer el proyecto y los
Este documento presenta el informe de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado sobre el proyecto de ley para la reparación de víctimas y la judicialización de violaciones de derechos humanos en Ecuador entre 1983 y 2008. El informe analiza el contexto, la justificación y el contenido del proyecto de ley, el cual busca establecer medidas de reparación para las víctimas y mecanismos para investigar y juzgar los crímenes, en cumplimiento de los derechos de las víctimas
Los delitos contra la libertad tutelan bienes jurídicos como la libertad de movimiento y la autonomía sexual. El secuestro se configura al privar a alguien de su libertad sin derecho y su penalidad puede llegar a cadena perpetua en circunstancias agravantes. La violación sexual se comete obligando a una persona a mantener relaciones sexuales u otro acto análogo mediante violencia o amenaza grave, siendo castigada con privación de libertad.
Este documento introduce los conceptos básicos del análisis semántico en procesadores de lenguaje. Explica que el análisis semántico es la fase encargada de verificar la validez semántica de las sentencias aceptadas sintácticamente. También describe brevemente las tareas del análisis semántico como comprobaciones de tipos, ámbitos y declaraciones de identificadores. Finalmente, introduce las gramáticas atribuidas como un mecanismo común para definir analizadores semánticos.
Ecotourism involves visiting fragile, pristine areas intended as a low-impact alternative to mass tourism. It aims to educate travelers and support local communities while respecting different cultures and the environment. Ecotourism focuses on responsible travel, personal growth, and sustainability by visiting places where nature and culture are primary attractions in order to foster environmental appreciation and influence. Responsible ecotourism includes programs that minimize tourism's negative effects on the environment and local cultures, as well as promote recycling, energy efficiency, and local economic opportunities.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo propuso una Ley General para Prevenir, Investigar Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada que tipificaría este delito y establecería sanciones de 20 a 50 años de prisión. Expertos de la ONU y la CNDH discutieron la iniciativa y recomendaron fortalecer las investigaciones de desapariciones y la coordinación de datos entre autoridades. Representantes de organizaciones civiles pidieron crear una fiscalía especializada y conservar restos no identificados para facilitar su identific
La reforma busca ampliar y clarificar los derechos y protecciones de las víctimas del delito en México mediante la modificación de varios artículos de la Ley General de Víctimas y del Código Federal de Procedimientos Penales. Algunos de los cambios incluyen una definición más amplia de víctimas, procedimientos claros para la atención y compensación de víctimas, y medidas para evitar el abuso en la aplicación de la ley.
El documento discute los principios fundamentales del derecho internacional que deben guiar la solución de conflictos, incluyendo la búsqueda de la estabilidad mundial, el apoyo a procesos de paz, y la ponderación de los derechos de todas las partes involucradas. También destaca la importancia de los procesos de conciliación y la participación de organismos internacionales para guiar soluciones que respeten la dignidad humana de todas las personas afectadas.
Observaciones de Fundación Social en Audiencia Pública sobre el proyecto de l...DPS
Este documento presenta observaciones y sugerencias de modificación a los proyectos de ley 107 de 2010 sobre medidas de atención y reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos y 085 de 2010 sobre normas transicionales para la restitución de tierras. Se recomienda extender el principio de buena fe a todas las medidas y actualizar el principio de igualdad. También se señala que la reparación debe tener un fundamento ético para el Estado y no puede estar sujeta a topes judiciales, debiendo ser integral para todas las v
Este documento explica los conceptos de verdad, justicia y reparación. Define la verdad como el reconocimiento de las violaciones cometidas, las víctimas afectadas y los responsables. Explica que la búsqueda de la verdad es un proceso para descubrir qué ocurrió, por qué y quiénes son los responsables. Además, destaca que la verdad, la justicia y la reparación son derechos de las víctimas y la sociedad, y que el Estado es responsable de garantizar estos derechos.
Este documento resume los conceptos clave de víctima, conflicto penal y derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal venezolano. Define a la víctima como aquella que sufre daños como consecuencia de acciones u omisiones que violan la ley penal. Explica que el conflicto penal involucra a la víctima directa, al autor del delito y a la sociedad. Finalmente, destaca los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación que están consagrados en la Constitución
Inducción al suicidio: "La posibilidad de un nuevo tipo penal" (Chile)Nicolas M
Presentación sobre la inducción al suicidio, donde se plantean varias cuestiones anexas al tema, como la diferenciación del concepto con otras figuras similares o críticas de autores a este posible tipo penal.
Este documento contiene varias proposiciones para modificar un proyecto de ley relacionado con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Se proponen cambios a la definición de víctima, al carácter de las medidas de reparación, y a los artículos relacionados con el derecho a la reparación, la protección de víctimas y testigos, y los programas de protección.
Este documento discute las causas generales de atenuación de pena en derecho penal. Explica que las penas se reducen por circunstancias como la minoría de edad del autor, cuando no hubo intención de causar un daño grave, o cuando el acto se cometió bajo amenaza o injuria. También se pueden reducir las penas por condiciones como la buena conducta previa, la condición femenina, o la pobreza en algunos casos. Finalmente, cubre cómo la embriaguez puede ser una causa de atenuación si caus
Resolución repudiando el Protocolo Anti-Piquete Marcelo Pavka
El documento analiza el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas aprobado por el gobierno nacional y expresa preocupación por posibles violaciones a derechos constitucionales. Se destaca que el protocolo deja en manos de la policía definir qué protestas son legítimas y habilita la represión sin orden judicial, poniendo en riesgo los derechos a la libre expresión y reunión. Varias organizaciones rechazan el protocolo por criminalizar la protesta social y condicionar el trabajo periodístico.
Este documento presenta una minuta con un proyecto de decreto que propone reformar la Ley General de Víctimas de México. El documento describe los antecedentes de la iniciativa, las consideraciones y el contenido de las reformas propuestas. Las reformas buscan mejorar la protección y atención a las víctimas, ampliar la definición de víctima, y establecer un marco jurídico más robusto para garantizar los derechos de las víctimas. La comisión considera que las reformas son necesarias y apoya su aprobación
Este documento analiza los instrumentos jurídicos disponibles a nivel internacional, nacional y estatal para exigir la reparación de daños por violaciones a derechos humanos en el estado de Jalisco, México. Argumenta que los instrumentos actuales son insuficientes para garantizar una reparación integral. Revisa las normas y mecanismos de reparación establecidos en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas y la legislación mexicana. Concluye que se requiere fortalecer
Este documento presenta un proyecto de investigación sobre la conexión entre las víctimas y el principio de sostenibilidad fiscal en el contexto de la justicia transicional en Colombia. El objetivo general es determinar el carácter de la justicia transicional en el país. Los objetivos específicos incluyen establecer definiciones de víctima y sus derechos, identificar los principios y niveles de la justicia transicional, y examinar el estado actual del debate sobre el principio de sostenibilidad fiscal y cómo los desafíos fiscales podrían
1) El documento analiza la responsabilidad del Estado por actos terroristas bajo las figuras de falla en el servicio y riesgo excepcional con base en la jurisprudencia colombiana. 2) En particular, resume un caso donde se declaró responsable a la Nación y al DAS por la muerte de una persona durante un atentado terrorista contra las instalaciones del DAS. 3) El fallo condenó a la Nación y al DAS a pagar indemnizaciones a los familiares de la víctima por los perjuicios morales sufridos.
El documento discute los conceptos de justicia retributiva, restaurativa y transicional. La justicia retributiva se enfoca en aplicar castigos a los infractores de la ley, mientras que la justicia restaurativa busca que las víctimas sean escuchadas y los perpetradores reparen el daño causado. La justicia transicional incluye medidas como comisiones de la verdad, reparaciones y reformas para prevenir futuros abusos, con el fin de superar períodos de violaciones a los derechos humanos. El documento también explica los dere
Intervención de la Sra. Terry Morel, Representante del ACNUR en Colombia en l...DPS
La representante del ACNUR en Colombia presentó comentarios sobre el Proyecto de Ley de Víctimas ante el Congreso colombiano. Reconoció los avances del proyecto pero sugirió incluir mayores medidas de protección para las víctimas antes de la restitución de tierras debido a los altos riesgos de seguridad. También recomendó clarificar el efecto reparador de los programas sociales y revisar aspectos relacionados con la población desplazada y la restitución de tierras para fortalecer el proyecto y los
Este documento presenta el informe de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado sobre el proyecto de ley para la reparación de víctimas y la judicialización de violaciones de derechos humanos en Ecuador entre 1983 y 2008. El informe analiza el contexto, la justificación y el contenido del proyecto de ley, el cual busca establecer medidas de reparación para las víctimas y mecanismos para investigar y juzgar los crímenes, en cumplimiento de los derechos de las víctimas
Los delitos contra la libertad tutelan bienes jurídicos como la libertad de movimiento y la autonomía sexual. El secuestro se configura al privar a alguien de su libertad sin derecho y su penalidad puede llegar a cadena perpetua en circunstancias agravantes. La violación sexual se comete obligando a una persona a mantener relaciones sexuales u otro acto análogo mediante violencia o amenaza grave, siendo castigada con privación de libertad.
Este documento introduce los conceptos básicos del análisis semántico en procesadores de lenguaje. Explica que el análisis semántico es la fase encargada de verificar la validez semántica de las sentencias aceptadas sintácticamente. También describe brevemente las tareas del análisis semántico como comprobaciones de tipos, ámbitos y declaraciones de identificadores. Finalmente, introduce las gramáticas atribuidas como un mecanismo común para definir analizadores semánticos.
Ecotourism involves visiting fragile, pristine areas intended as a low-impact alternative to mass tourism. It aims to educate travelers and support local communities while respecting different cultures and the environment. Ecotourism focuses on responsible travel, personal growth, and sustainability by visiting places where nature and culture are primary attractions in order to foster environmental appreciation and influence. Responsible ecotourism includes programs that minimize tourism's negative effects on the environment and local cultures, as well as promote recycling, energy efficiency, and local economic opportunities.
El documento proporciona instrucciones en 4 pasos para copiar un sistema operativo original a un CD en blanco utilizando un programa de quemado de CD. Primero se necesita el sistema operativo original, luego descargar e instalar el programa de quemado, seleccionar la opción de copiar en el programa, insertar el DVD original y luego el CD en blanco para que comience a copiar el contenido.
This document provides an overview of shell programming basics. It covers topics such as basic system commands like ls, cp, and rm; useful operations like wildcards and input/output redirection; shell variables; command substitution; decision making and loops; and other features like comments and head/tail utilities. The goal of the document is to introduce the reader to the core components of shell scripting.
O documento descreve os serviços de uma empresa de tecnologia chamada SAGES. Ele fornece resumos de seus serviços principais, incluindo AaaS, Cloud Computing, Agile Deployment Process e Outsourcing. Além disso, descreve parceiros, clientes e diferenciais.
El documento presenta un resumen de una actividad de aprendizaje en la asignatura de Geometría 2. Se trazó una línea de tierra a 3 metros de altura y se proyectó un cubo de 3 centímetros de lado y 1,5 metros de altura sobre esta línea. Se proyectó la vista vertical del cubo hasta la línea de tierra y se trazaron líneas gruesas para formar las aristas del cubo proyectado.
El prolapso rectal ocurre cuando el recto se cae o sobresale a través de la abertura anal, lo que causa serias complicaciones funcionales. Generalmente afecta a niños menores de 6 años, ancianos, y personas con estreñimiento u otras afecciones. El único tratamiento efectivo es la cirugía para corregir las alteraciones del recto y los músculos esfinterianos.
El prolapso rectal implica la salida del recto a través del ano, exponiendo la mucosa rectal. Esto causa incontinencia fecal, dolor, sangrado y secreciones. Afecta principalmente a mujeres mayores de 65 años. El tratamiento es quirúrgico, incluyendo procedimientos abdominales y perineales, dependiendo de factores como la edad y condiciones del paciente.
Este documento describe las quemaduras, su definición, etiología, profundidad y fisiopatología. Las quemaduras se definen como lesiones resultantes de la acción de alta temperatura, electricidad o agentes químicos. Su etiología más frecuente es el fuego, aunque también pueden ser causadas por electricidad, contacto, agentes químicos, escaldadura u otros. Se clasifican según su profundidad en primer, segundo, tercer o cuarto grado. Las medidas inmediatas ante una quemadura incluyen a
Este documento resume la clasificación, epidemiología, etiología, evaluación y tratamiento del prolapso rectal. Describe las diferentes clasificaciones del prolapso rectal y explica que afecta más a mujeres mayores de 50 años. Explora las posibles causas fisiopatológicas como la dismotilidad, hiposensibilidad y obstrucción de la salida rectal. Finalmente, compara los diferentes enfoques quirúrgicos como la reparación perineal, reparación abdominal con o sin mallas, señalando que la rectopexia ventral puede ser el mejor
Este documento describe el prolapso rectal, una condición en la que partes o todas las capas del recto se prolapso a través del ano. Afecta principalmente a mujeres mayores de 70 años. Se cree que es causado por esfuerzos defecatorios, constipación y laxitud de los tejidos del perineo y esfínter. El tratamiento quirúrgico implica fijar el recto al sacro, restaurar la continencia perineal y resecar cualquier tejido redundante. También describe los fecalomas, acumulaciones de
El documento describe diferentes técnicas quirúrgicas para el tratamiento del prolapso rectal, incluyendo abordajes abdominales como Ripstein, Frykman y Wells, y abordajes perineales como Delorme, Altmeier y Gant. La elección del procedimiento depende de factores como la edad del paciente, la condición general y el tamaño y tipo de prolapso. Los abordajes perineales son adecuados para pacientes ancianos con prolapso pequeño, mientras que los abdominales o una resección más amplia como Altmeier pueden
Este documento describe el prolapso rectal, definido como la salida de todas las capas del recto a través del orificio anal. Explica que existen factores que estabilizan el recto como la fijación por tejidos vecinos y las fascias aponeuróticas. Describe las causas como enfermedades neurológicas, excesiva presión del piso pélvico y constipación. Explica los síntomas como sensación de humedad, tenesmo y pujo, y los métodos de diagnóstico y tratamiento que incluy
Revisión del diagnóstico y manejo del Prolapso Rectal desde la perspectiva del cirujano digestivo. Se revisan brevemente la etiopatogenia y las técnicas quirúrgicas mas utilizadas. La presentación fue realizada en el Conversatorio Clínico Patológico POMPEYO CHAVEZ
Este documento describe varias afecciones ginecológicas como el prolapso rectal, cistocele, enterocele y rectocele. Explica sus causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. El prolapso rectal ocurre cuando el recto cae a través del ano y se trata principalmente con cirugía. El cistocele es la protrusión de la vejiga a través de la vagina, causado por debilidad muscular, y su tratamiento incluye cirugía, terapia con estrógenos y ejercicios de Kegel. El
Este documento presenta una introducción a la investigación cualitativa. Explica que surgió en los siglos XVIII y XIX para analizar conflictos sociales y el hecho económico. Se define como el estudio de la calidad de actividades y comportamientos humanos para explicar las razones subyacentes. Describe los componentes, características, tipos y meta de este enfoque, el cual busca comprender fenómenos de forma holística e inductiva más que estadística.
1) La unidad de aprendizaje se llevará a cabo del 20 de junio al 22 de julio en la Institución Educativa "René Guardián Ramírez" en San Luis - Amarilis, con el objetivo de abordar el problema de la falta de conciencia ecológica.
2) La situación significativa se centra en demostrar identidad y patriotismo a través del cuidado del medio ambiente. Se plantean preguntas sobre conceptos como patria, medio ambiente y demostraciones de patriotismo.
3) Los aprendiz
El documento describe el control de constitucionalidad en el derecho constitucional argentino. Señala que Argentina sigue el modelo estadounidense de control jurisdiccional difuso, donde el poder judicial ejerce el control de constitucionalidad. El documento también explica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el órgano competente para ejercer este control y puede declarar la inconstitucionalidad de las normas. Además, destaca la supremacía de la Constitucción sobre las leyes y tratados en el orden jurídico argentino.
Este documento analiza el derecho a la verdad en casos de violaciones masivas a los derechos humanos. Explica que los Estados tienen la obligación de investigar dichas violaciones de forma seria e imparcial para establecer la verdad de los hechos, identificar a los responsables y garantizar la reparación a las víctimas. Asimismo, destaca que el derecho a la verdad surge de las obligaciones generales que tienen los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.
El documento describe varias demandas de los pueblos indígenas en Chile relacionadas con su autodeterminación y autogobierno. Estas incluyen el reconocimiento constitucional de su pluriculturalidad, el respeto a sus territorios y derechos humanos, y su derecho a participar en las decisiones que los afectan. También analiza iniciativas del Estado como la aprobación de un reglamento para la consulta indígena y una mesa de consenso, pero señala que su alcance ha sido limitado y queda pendiente lograr una solución just
El documento presenta una aproximación jurisprudencial a las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Explica que los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida, y deben adoptar medidas para prevenir ejecuciones ilegales por parte de sus agentes. Define las ejecuciones extrajudiciales como aquellas realizadas intencionalmente sin amparo legal, ya sea como resultado de sentencias ilegales o por acción directa o indirecta de autoridades. Finalmente,
El documento resume un caso judicial sobre la declaración de inconstitucionalidad de un decreto de indulto emitido en 1989 por el Poder Ejecutivo Nacional que benefició a una persona acusada de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar en Argentina. La Cámara Nacional de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad del decreto al considerar que violaba tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Argentina.
Análisis: Caso González y otras vs México. Por: Jorge Alberto Fuentes Zapata. Universidad del Valle de México (UVM) Campus Mérida. Derechos Fundamentales.
El resumen del caso es el siguiente:
1) El caso se refiere a la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y la sustracción y sustitución de identidad de su hija María Macarena durante la dictadura cívico-militar en Uruguay entre 1973 y 1985.
2) La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que Uruguay es responsable por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y ordenó medidas de reparación como investigar los hechos, buscar a María Claudia y sanc
Las obligaciones estatales frente al feminicidio. Una mirada desde el derecho...Mario Mena Mendez
Artículo de Mario MenaMendez, publicado por ORMUSA. "Es absurdo creer que un proceso sostenido de violaciones a los Derechos Humanos se reproduzca sin la complicidad estatal a escalas masivas, en forma rutinaria, en todos los estratos sociales y bajo formas socialmente permisivas. La muerte de miles de mujeres cada día por la falta de iniciativa estatal en prevenir, combatir y erradicar el feminicidio compromete la responsabilidad estatal en la lesión del ius cogens internacional.
El documento describe la grave crisis de derechos humanos en Colombia donde millones de personas han sido víctimas de desplazamiento, asesinato, desaparición y otros crímenes cometidos por grupos insurgentes, paramilitares y el Estado. A pesar de las evidencias y las recomendaciones de organismos internacionales, el Estado asume esta realidad de manera fragmentada. Se necesitan políticas públicas que reconozcan el carácter sistemático de estos crímenes y garanticen la participación de las víctimas, la verdad, la justicia
Este documento resume las discusiones de dos jornadas sobre violencia doméstica organizadas por la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera jornada se centró en el recorrido que sigue una víctima al denunciar, el proceso civil y penal, y la necesidad de una respuesta interdisciplinaria. La segunda jornada analizó los derechos de las víctimas y los acusados, las garantías judiciales para la defensa, y la necesidad de articulación entre instituciones. El documento concluye resumiendo las
Este documento resume cuatro casos emblemáticos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que muestran los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia para acceder a la justicia. El primer caso fue el de María da Penha, que dejó en evidencia que el Estado brasileño no tomó medidas efectivas durante más de 15 años para procesar a su agresor a pesar de las denuncias. Los otros casos fueron contra Perú, México y México, y mostraron la falta de investigaciones serias y efectivas de la violencia contra mujeres,
La participación desde los Derechos Humanos posibilidades y límites (2)Antonio Díaz Piña
Este documento resume brevemente la historia de la reforma constitucional en México para incluir los derechos humanos. Incluye la aprobación del artículo primero de la constitución para reconocer los derechos humanos y la obligación del estado de promoverlos y protegerlos. También discute conceptos como el control de convencionalidad, el bloque de constitucionalidad, y la interpretación conforme con los principios de los derechos humanos.
ENJ-300 La Tutela de los Derechos y Garantías de las Personas Sometidas al Pr...ENJ
El documento describe el sistema interamericano de protección de derechos humanos, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que creó la Comisión y Corte Interamericanas. La Comisión recibe denuncias de violaciones y las evalúa conforme a requisitos como el agotamiento de recursos internos y plazos. La Corte resuelve casos contenciosos e interpreta la Convención de manera vinculante.
La pena de muerte está prevista en la Constitución Mexicana para ciertos delitos graves, pero en la práctica no se aplica. Mientras que algunos argumentan que podría disuadir crímenes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que es injusta e inaceptable, y que no inhibe la comisión de delitos. Un diputado propuso aplicarla para los feminicidios, generando controversia.
La pena de muerte está prevista en la Constitución Mexicana para ciertos delitos graves, pero en la práctica no se aplica. Mientras que algunos argumentan que podría disuadir crímenes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que es injusta e inaceptable, y que no inhibe la comisión de delitos. Recientemente, un diputado propuso aplicarla a los feminicidas, generando controversia.
Víctimas en relación con el principio de sostenibilidad fiscal. Juan Rubiano Fontecha
Este documento presenta un proyecto de investigación sobre la conexión entre las víctimas y el principio de sostenibilidad fiscal en el contexto de la justicia transicional en Colombia. El proyecto explorará cómo los recursos fiscales limitados del estado pueden afectar la capacidad de reparar a las víctimas, mientras que también identificará varias anomalías como la corrupción y evasión fiscal que reducen los recursos disponibles. El proyecto analizará estos temas y sus efectos sobre la sostenibilidad fiscal y las víctimas.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la violación sexual y tortura en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, así como la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de esos hechos.
Este documento presenta una comunicación a la Corte Penal Internacional para que investigue y acuse a los máximos responsables del crimen de persecución política ocurrido en Honduras tras el golpe de estado del 28 de junio de 2009. Argumenta que se ha producido un ataque generalizado y sistemático contra amplios sectores de la población civil hondureña por motivos políticos, y que el sistema de justicia hondureño ha colapsado y no puede llevar a cabo una investigación adecuada. Solicita a la fiscalía de la CPI que
Este documento presenta información sobre el control y la gestión del ruido industrial. Explica el contexto de la contaminación acústica y los efectos del ruido en la salud. Luego describe diferentes métodos para controlar el ruido en la fuente, en el camino de transmisión y en el receptor. Finalmente, resume varias normas colombianas relacionadas con los límites máximos de ruido y la zonificación acústica. El objetivo es capacitar sobre el ruido, su medición y las estrategias para reducirlo y cumplir
Este documento presenta información sobre la gestión de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Se describen los hitos en la gestión desde 1999 y el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA) adoptado en 2017 para mejorar progresivamente la calidad del aire y proteger la salud pública. El PIGECA contiene cinco ejes temáticos para fortalecer el conocimiento científico, mejorar la planeación territorial, reducir el impacto del transporte, fomentar la movilidad sostenible e imp
Este documento presenta un resumen de 3 oraciones del texto proporcionado:
El documento analiza el problema del despojo de tierras en Colombia y las perspectivas de las víctimas frente a la restitución de tierras en el marco de la justicia transicional. Aborda los marcos jurídicos de la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas, así como las posturas de organizaciones de víctimas sobre la oferta institucional y sus propias propuestas. El trabajo combina análisis académico con las voces
El documento resume los diferentes modelos históricos de discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. Explica el modelo social de discapacidad reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación colombiana. También define conceptos clave como accesibilidad, ajustes razonables y diseño universal para eliminar barreras, y describe sistemas de apoyo para la toma de decisiones de las personas con discapacidad.
Este documento presenta los fundamentos y principios del programa de gobierno "Una Nueva Agenda". Describe la importancia de la participación ciudadana en la elaboración del programa y sus objetivos de desarrollo sostenible. Explica que el programa busca mejorar las condiciones de vida de los antioqueños a través de cinco líneas estratégicas enfocadas en las personas, la economía, el territorio, la vida y la gobernanza. Finalmente, resume algunos de los logros alcanzados en periodos anteriores de gobierno basados en est
Este documento presenta el resumen de una decisión de la Sala de Casación Penal sobre criterios para valorar dictámenes periciales. La Sala establece que los peritos deben explicar claramente la base técnico-científica y fáctica de sus opiniones, y que la Fiscalía no puede confiar únicamente en dictámenes periciales sin obtener otras pruebas. También señala que la admisibilidad de pruebas periciales depende de argumentar su pertinencia y confiabilidad científica.
El principio de inmediatez de la acción de tutela: ¿Una barrera para la protección judicial de los derechos fundamentales?
Luisa Fernanda Cano Blandón. Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Grupo de Investigación en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de Antioquia. Magíster en Gobierno y Asuntos Públicos de la FLACSO (México), Doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. Correo: luisa.cano@udea.edu.co
LA CONEXIDAD CONTRACTUAL Y LOS EFECTOS RELATIVOS DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS APLICADOS A LOS CONTRATOS DE PAQUETES TURÍSTICOS EN COLOMBIA. Sandra Eliana Cataño Berrío; Luz María Wills Betancur.
La Unión Europea ha propuesto un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye un embargo al petróleo. El embargo se aplicaría gradualmente durante seis meses para el petróleo crudo y ocho meses para los productos refinados. Este paquete de sanciones requiere la aprobación unánime de los 27 estados miembros de la UE.
Este documento presenta un resumen de varios artículos publicados en la revista Estudios de Derecho de la Universidad de Antioquia. Los artículos analizan diferentes aspectos de la nueva Constitución colombiana de 1991, incluyendo el control jurisdiccional de la Constitución, los derechos de familia, laborales y sindicales, la acción de tutela, el debido proceso, derechos colectivos y del ambiente, límites del legislador penal y otros temas relacionados con la nueva Carta Magna colombiana.
MODELO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE FRAGMENTOS DE BOSQUE ANDINO EN SANTA ELENA (MEDELLÍN, COLOMBIA). Gabriel Jaime COLORADO ZULUAGA; Jorge Luis VÁSQUEZ MUÑOZ; Ingrid Natalia MAZO ZULUAGA.
La Unión Europea ha acordado un embargo petrolero contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. El embargo prohibirá las importaciones marítimas de petróleo ruso a la UE y pondrá fin a las entregas a través de oleoductos dentro de seis meses. Esta medida forma parte de un sexto paquete de sanciones de la UE destinadas a aumentar la presión económica sobre Moscú y privar al Kremlin de fondos para financiar su guerra.
Este documento presenta el resumen de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre el alcance de la acción de tutela. En primer lugar, describe el caso sobre la contaminación ambiental producida por obras inconclusas de alcantarillado. Luego, analiza si la tutela es el mecanismo adecuado para proteger el derecho a la salud y el medio ambiente. Finalmente, la Corte Constitucional falla que la tutela sí puede usarse para proteger derechos colectivos como la salud pública, siempre que exista un peligro
El documento presenta el caso de Fabio Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín, quien demandó la nulidad de las decisiones de la Procuraduría General de la Nación que lo sancionaron con destitución e inhabilidad por 12 años por participación en política. La Procuraduría lo encontró responsable por comentarios en Twitter y declaraciones a medios sobre el candidato Luis Pérez Gutiérrez durante la veda electoral. Salazar alega que hubo falsa motivación fáctica y jurídica en la decisión, así como despro
Este documento presenta tres ideas fundamentales sobre la justicia disciplinaria: 1) El derecho es lo justo presente en las relaciones sociales; 2) El derecho es el arte de observar y declarar lo justo; 3) La justicia consiste en dar a cada cual lo que le corresponde. Luego, analiza conceptos como la ilicitud sustancial y las causales de exclusión de responsabilidad, con el fin de orientar la aplicación correcta del derecho disciplinario de acuerdo con los postulados constitucionales.
El documento analiza las garantías constitucionales en el ámbito disciplinario de los servidores estatales desde la óptica de un derecho disciplinario autónomo. Plantea que el derecho disciplinario actualmente depende de los principios del derecho penal y administrativo, y que se podría dotarlo de una naturaleza jurídica propia basada en la teoría alemana de las relaciones especiales de sujeción. El objetivo es determinar qué principios de los derechos penal y administrativo se aplican al disciplinario y de qué manera se real
Este documento presenta un resumen de tres oraciones o menos:
El documento analiza el estrés laboral y su repercusión en la seguridad y salud del trabajo. Argumenta que el estrés puede considerarse una enfermedad profesional dado que está causado por factores presentes en el ambiente laboral como una excesiva carga de trabajo o malas relaciones. La prevención del estrés es responsabilidad de los empleadores para proteger la salud de los trabajadores.
El documento presenta un balance de la gestión del desarrollo en Medellín entre 1995 y 2007, analizando los cuatro planes de desarrollo implementados durante este periodo. Describe la evolución de los principales temas críticos abordados en los planes como educación, empleo y vivienda, e incluye un balance de los logros y dificultades encontradas en la gestión de cada uno de estos temas. Finalmente, propone asumir el seguimiento al plan de desarrollo como un proceso continuo para mejorar su ejecución y lograr
Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...Movimiento C40
Debates sobre la cantidad de provincias.
Debates sobre la enseña nacional y el uso de otras banderas en edificios públicos e instalaciones militares.
Debates sobre el escudo y los errores del Decreto de 1906 promulgado por Estrada Palma.
Más información:
https://movimientoc40.com/diario-de-sesiones-de-la-convencion-constituyente-sesion-22-extraordinaria/
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Primera Sesión -...Movimiento C40
En esta sesión de la Constituyente de 1940, comienza la discusión del proyecto constitucional presentado a la Convención.
Se discuten el prologo, artículos 1, 2, 3. Disputa territorial por la Cienaga de Zapata.
Ley y normas del Derecho Penal Unidad III.pptxdylantalvarez40
el archivo habla sobre la ley penal, ley y normal, el principio de legalidad, la interpretación de la ley, los concursos aparentes de las leyes penalesl la validez temporal y espacial y la extradición
Relatoria casos de actores involucrados en la defensa, promocion y/o proteccion de los Derechos Humanos (22 de febrero de 2017)
1. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
1
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
X
Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
Caso Consideraciones Relevantes Decisión/Reparación
ordenada
Efecto de fortalecimiento a
los Derechos Humanos
Buena práctica ordenada en la
reparación/decisión
Estándar convencional al que se
le dio aplicación
Caso Desplazamiento
forzado de lider social de
Planadas [Maldonado
Gallego]
i
C.E Sentencia de 8 de noviembre
de 2016. Rad. 40341.
Persona que, por alteración
de orden público, se
desplazó con su familia
desde el Municipio de
Planadas hacia Ibagué en
septiembre de 2000. Se
desempeñó como
vicepresidente de la
asociación de desplazados,
por lo que recibió amenazas
contra su vida, las cuales
fueron puestas en
conocimiento de varias
instancias gubernamentales,
sin embargo para 20 de
octubre de 2000 el DAS
informó que el grado de
amenaza era “medio-bajo”,
sin recibir medida de
protección alguna. El 19 de
octubre de 2004 fue
asesinado en zona rural de
Ibagué.
Imputación de responsabilidad
del Estado desborda plano
material y fáctico, traduciéndose
a un ejercicio de imputación
objetiva, valorando si el Estado
infringió el deber objetivo de
cuidado en razón de su posición
de garante institucional [págs.
18-22].
En el caso concreto la autoridad
conocía por informes de
inteligencia el riesgo de los
miembros de la Asociación en
razón a hechos violentos y
amenazas en su contra y
conocía que habían sido
declarados objetivos militares
por parte de las FARC, lo que
configuraba una posición de
garante a cargo del Estado.
Pese a ello, calificó el riesgo
como “medio-bajo”. Se declara
responsabilidad del Estado por
omisión al cumplimiento de los
deberes de seguridad y
protección [págs. 22-24].
Condenó a la Nación –
Policía Nacional al pago de
perjuicios morales a los
familiares del fallecido y
materiales en la modalidad
de lucro cesante.
Reafirmación del deber de
protección especial que se
predica respecto de quienes
son víctimas de actos
violatorios de Derechos
Humanos como es el
desplazamiento forzado y, en
especial, de quienes fungen
como líderes de esas
poblaciones.
Deber de valorar la situación
de seguridad personal
considerando la calidad y/o
actividad que desempeña la
víctima y su riesgo social.
N/A Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2 y 4 CADH).
[Posición de garante del Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con el Derecho a
la vida (Artículo 4° CADH). Caso
Masacres de Ituango vs Colombia,
sentencia de 1 de julio de 2006,
párr 214. Caso Chitay Nech y otros
vs Guatemala, sentencia de 25 de
mayo de 2010, párr 140-. Caso de
la Comunidad Moiwana vs.
Suriname sentencia de 15 de junio
de 2005, párr 108. Caso de las
Masacres de Río negro vs
Guatemala, sentencia de 4 de
septiembre de 2012, párr. 178.
2. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
2
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso del asesinato de
miembro de la Unión
Patriótica – III [León
Muñoz]
ii
C.E Auto de 24 de octubre de 2016.
Rad. 58051.
Secretario General del
Partido Político Unión
Patriótica en Medellín
asesinado el 6 de octubre de
1987.
[Nota: Esta providencia
refiere, exclusivamente, a si
puede admitirse a trámite la
demanda de responsabilidad
del Estado incoada por los
familiares en razón a que
según la legislación interna
han transcurrido más de dos
años desde el hecho dañoso
lo que, en principio, la
tornaría improcedente por
operar la caducidad del
medio de control].
Caducidad de la acción de
reparación directa es una
institución de orden público y de
estricto cumplimiento,
fundamento en la seguridad
jurídica. Deber del Juez de
admitir a trámite una demanda
cuando no vislumbre con
certidumbre la caducidad del
medio de control, como garantía
del acceso a la administración
de justicia [pág. 3-7].
En ejercicio del control de
convencionalidad, que llama a
que autoridad judicial considere
en términos sustantivos las
reglas procesales que permiten
el acceso a la justicia, se
advierte una excepción a la
regla de caducidad de la acción
de reparación directa y es en
casos atinentes a actos de lesa
humanidad [pág. 7-13].
Acto de lesa humanidad se
comprende como cualquier
ataque generalizado o
sistemático ejecutado contra la
población civil, siendo relevante
esa categoría en razón a la no
aplicación del término de
caducidad de la acción de
reparación, pues no solo se
discuten en ese caso intereses
particulares sino de interés
general que involucran a la
comunidad y la humanidad,
considerada como un todo. Lo
anterior en tanto desarrollo de
una norma de ius cogens –
consuetudinaria, superior e
Revoca decisión de primera
instancia que rechazó la
demanda y la admite para
su trámite.
Interpretación judicial garante
del ejercicio de los derechos
de las víctimas de actos que
constituyen graves
violaciones de Derechos
Humanos.
Incorporación y aplicación de
la figura del acto de lesa
humanidad implica la no
caducidad del recurso judicial
mediante el cual se puede
pretender la responsabilidad
del Estado por estos hechos.
N/A Derecho a las garantías judiciales y
protección judiciales (Artículos 1.1,
8, 25 y 63.1 CADH).
Control de convencionalidad
ampliado. Imprescriptibilidad de
actos de lesa humanidad como
norma de jus cogens, derecho
público consuetudinario imperativo
e inderogable, y sus implicaciones
en la responsabilidad del Estado.
Caso Bulacio Vs. Argentina.
Sentencia de 18 de septiembre de
2003, párr. 116. Caso Almonacid
Arellano Vs Chile. Sentencia de 26
de septiembre de 2006, párr. 93-
104. Caso Manuel Cepeda Vargas
Vs. Colombia. Sentencia de 26 de
mayo de 2010, párr. 42.
Resolución No. 95 (I) de 11 de
diciembre de 1946 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Afirmación de los Principios de
Derecho Internacional reconocidos
en el Estatuto del Tribunal de
Núremberg.
Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes
de guerra y de lesa humanidad de
1968.
Convención de Viena de 1969.
Artículo 53.
3. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
3
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
inderogable- que pregona la
imprescriptibilidad de ese tipo
de crímenes [pág. 7-13].
En el caso concreto se verifica
como elementos de juicio la
ocurrencia de un homicidio,
ejecutado contra la población
civil y presuntamente perpetrado
por miembros de grupos
insurgentes, hecho éste que fe
declarado por la Fiscalía
General de la Nación como de
lesa humanidad, lo que lleva a
plantear dudas sobre la
configuración o no de un acto
de lesa humanidad, de ahí que
se dispondrá admitir a trámite la
demanda para que el Juez de
conocimiento determine, con
acopia de los suficientes medios
probatorios y argumentos, si en
el caso ocurrió tal cuestión [pág.
13-18].
[Nota. La reciente sentencia de
la Corte Constitucional T-352 de
2016 reconoce estos
presupuestos y afirma que en
caso de actos de lesa
humanidad no opera la
caducidad de la acción de
reparación]
4. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
4
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso Asesinato de Jaime
Garzón [Garzón Forero]
iii
C.E Sentencia de 14 de septiembre
de 2016. Rad. 34349B
Garzón Forero, periodista,
humorista, interviniente en
medicaciones humanitarias
para liberación de
secuestrados y asesor en
asuntos relacionados con el
conflicto armado fue
ultimado por desconocidos
el 13 de agosto de 1999 en
Bogotá.
Eran conocidas amenazas
de muerte en su contra con
ocasión de su actividad
profesional, sin tener a cargo
medidas de seguridad o
protección.
El proceso penal iniciado por
este homicidio culminó con
la condena de Carlos
Castaño y la absolución de
otros individuos. Las
instancias penales
advirtieron en sus fallos la
existencia de un montaje
orquestado desde el DAS
para desviar la investigación
penal y generar impunidad
para los verdaderos autores
del execrable acto.
En las investigaciones
penales que se continuaron
obraron medios probatorios
que señalaron,
Prueba indiciaria y valoración de
contexto como insumo útil frente
a la configuración fáctica de
casos relativos a violaciones
graves de Derechos Humanos,
siguiendo estándares
constitucionales y
convencionales [pág. 40-42].
Vulneración grave de Derechos
Humanos en razón a la
situación de indefensión de la
víctima y la finalidad terrorista
perseguida, encuadrándose
dentro de un contexto de ataque
generalizado o sistemático
propiciado o auspiciado desde
la institucionalidad del Estado,
siendo una ejecución
extrajudicial calificable como
crimen de lesa humanidad [pág.
42-43].
En el caso concreto se probó la
alianza entre grupos al margen
de la Ley y la fuerza pública
[págs. 43-44].
Responsabilidad agravada del
Estado cuando se configuran
graves o sistemáticas
violaciones a los Derechos
Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario,
vulnerando de este modo
normas imperativas de ius
cogens, para lo cual el juez
actúa como juez de
convencionalidad [pág. 44-46].
En el caso concreto se probó
que grupos paramilitares
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Ejército y Policía Nacional
al pago de perjuicios
morales y materiales a favor
de los familiares.
Se adoptaron las siguientes
medidas de reparación
integral: i) realizar un acto
solemne de petición de
excusas públicas a los
familiares de la víctima con
reconocimiento expreso de
responsabilidad agravada
por los hechos; ii)
publicación en el sitio web
de las demandas de un link
que permita acceder al
contenido íntegro del fallo,
iii) remitir copia del fallo al
Centro de Memoria
Histórica y al Archivo
General de la Nación para
la construcción documental
de la memoria de la
violencia generada con el
conflicto, iv) remitir copia a
la Procuraduría General de
la Nación para que vigile el
cumplimiento de lo resuelto.
Deber de abstención, de no
injerencia y respeto hacia la
libertad de profesión,
expresión y de pensamiento.
Proscripción de conductas de
seguimientos y/o
interceptaciones ilegales a
ciudadanos y de actos de
connivencia, promoción o
apoyo a actividades
gravemente violatorias a los
Derechos Humanos entre la
fuerza pública y grupos
paramilitares.
Violación a las garantías
judiciales al pretender desviar
la investigación penal con
informes de autoridades
públicas falsos.
Adopción de medidas de
satisfacción (acto de disculpas
públicas, difusión del fallo y
remisión de copia al Centro de
Memoria Histórica).
Promoción del deber de
memoria histórica en sociedades
que han afrontados situaciones
de graves violaciones a DD.HH y
DIH reconocido y protegido en
sus facetas individuales (en
favor de las víctimas
particularmente consideradas) y
colectivas (en favor o en pro de
la sociedad considerada como
un todo), por vías judiciales y
extrajudiciales.
Publicitación del fallo como
forma de instrucción a fuerza
pública y garantía de no
repetición.
Deber de protección y seguridad
personal respecto de terceros y de
no injerencia o realización de actos
materiales de cooperación o
alianza entre fuerza pública y
grupos paramilitares. Deber de
respetar y hacer respetar los
derechos reconocidos en la
Convención y adoptar
disposiciones de derecho interno
(Art. 1.1, 2, 4 y 27 CADH; Art. 3
Declaración Universal de Derechos
Humanos; Art. 6 PIDCP; Art. 1
Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre).
[Posición de garante del Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. Caso Cantoral Huamaní y
García Santa Cruz vs Perú,
sentencia de 10 de julio de 2007,
párr 101. En relación con el
Derecho a la vida y ejercicio
profesional de la libertad de
expresión por parte de
comunicadores sociales (Artículos
4° y 13 CADH).
Resolución No. 60/147 de 2005
5. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
5
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
presuntamente, a un
catedrático de la Escuela
Superior de Guerra
vinculado también a otras
dependencias estatales
como quien persuadió para
la comisión del hecho y
participó en su realización.
También se probó la
obtención por parte de
grupos paramilitares de
conversaciones
suministradas por
autoridades de seguridad del
Estado.
perpetraron el homicidio de
Garzón Forero constante con
colaboración de miembros de
inteligencia del Ejército quienes
realizaron seguimientos e
interceptaciones ilegales,
suministraron información de
inteligencia, prestaron apoyo en
la ejecución del hecho y,
además, miembros del DAS
realizaron actos dirigidos al
ocultamiento de la verdad
material del caso; además de
probarse que los nexos entre la
fuerza pública y grupos
paramilitares obedece a una
práctica sistemática y
generalizada [págs. 46-60].
Se declara la responsabilidad
agravada del Estado por la
grave violación de Derechos
Humanos que constituyó la
ejecución extrajudicial de
Garzón Forero [pág. 60].
Asamblea General de las Naciones
Unidas Capítulo IX y
Jurisprudencia Contenciosa de
Corte Interamericana de Derechos
Humanos donde se reconocen
como medidas de reparación:
Restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición.
Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas. Estudio sobre el Derecho a
la Verdad. E/C.N.4/2006/91.
6. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
6
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso del desplazamiento y
asesinato de sindicalista
miembro de la Unión
Patriótica – II [Medellín
Narváez]
iv
C.E Auto de 5 de septiembre de
2016. Rad. 57625
Sindicalista y miembro del
Partido Político Unión
Patriótica en Chigorodó que
fue objeto de
desplazamiento forzado
junto a su familia, en razón a
sus amenazas y
posteriormente fue
asesinado el 3 de mayo de
1996 junto a otro sindicalista
y copartidario.
Sólo hasta el año 2012, con
declaraciones de
reconocidos líderes de
grupos paramilitares, se tuvo
conocimiento que
autoridades estatales habían
participado activamente en
la muerte de Medellín
Narváez.
[Nota: Esta providencia
refiere, exclusivamente, a si
puede admitirse a trámite la
demanda de responsabilidad
del Estado incoada por los
familiares en razón a que
según la legislación interna
han transcurrido más de dos
años desde el hecho dañoso
lo que, en principio, la
tornaría improcedente por
Caducidad de la acción de
reparación directa es una
institución de orden público y de
estricto cumplimiento,
fundamento en la seguridad
jurídica. Deber del Juez de
admitir a trámite una demanda
cuando no vislumbre con
certidumbre la caducidad del
medio de control, como garantía
del acceso a la administración
de justicia [pág. 3-7].
En ejercicio del control de
convencionalidad, que llama a
que autoridad judicial considere
en términos sustantivos las
reglas procesales que permiten
el acceso a la justicia, se
advierte una excepción a la
regla de caducidad de la acción
de reparación directa y es en
casos atinentes a actos de lesa
humanidad [pág. 7-13].
Acto de lesa humanidad se
comprende como cualquier
ataque generalizado o
sistemático ejecutado contra la
población civil, siendo relevante
esa categoría en razón a la no
aplicación del término de
caducidad de la acción de
reparación, pues no solo se
discuten en ese caso intereses
particulares sino de interés
general que involucran a la
comunidad y la humanidad,
considerada como un todo. Lo
anterior en tanto desarrollo de
una norma de ius cogens –
consuetudinaria, superior e
Revoca decisión de primera
instancia que rechazó la
demanda y la admite para
su trámite.
Interpretación judicial garante
del ejercicio de los derechos
de las víctimas de actos que
constituyen graves
violaciones de Derechos
Humanos.
Incorporación y aplicación de
la figura del acto de lesa
humanidad implica la no
caducidad del recurso judicial
mediante el cual se puede
pretender la responsabilidad
del Estado por estos hechos.
Derecho a las garantías judiciales y
protección judiciales (Artículos 1.1,
8, 25 y 63.1 CADH).
Control de convencionalidad
ampliado. Imprescriptibilidad de
actos de lesa humanidad como
norma de jus cogens, derecho
público consuetudinario imperativo
e inderogable, y sus implicaciones
en la responsabilidad del Estado.
Caso Bulacio Vs. Argentina.
Sentencia de 18 de septiembre de
2003, párr. 116. Caso Almonacid
Arellano Vs Chile. Sentencia de 26
de septiembre de 2006, párr. 93-
104. Caso Manuel Cepeda Vargas
Vs. Colombia. Sentencia de 26 de
mayo de 2010, párr. 42.
Resolución No. 95 (I) de 11 de
diciembre de 1946 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Afirmación de los Principios de
Derecho Internacional reconocidos
en el Estatuto del Tribunal de
Núremberg.
Convención de Viena de 1969.
Artículo 53.
Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes
de guerra y de lesa humanidad de
1968.
7. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
7
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
operar la caducidad del
medio de control].
inderogable- que pregona la
imprescriptibilidad de ese tipo
de crímenes [pág. 7-13].
En el caso concreto se verifica
como elementos de juicio la
ocurrencia de un homicidio, un
desplazamiento forzado,
ejecutado contra la población
civil y presuntamente perpetrado
por miembros de grupos
insurgentes, lo que lleva a
plantear dudas sobre la
configuración o no de un acto
de lesa humanidad, de ahí que
se dispondrá admitir a trámite la
demanda para que el Juez de
conocimiento determine, con
acopia de los suficientes medios
probatorios y argumentos, si en
el caso ocurrió tal cuestión [pág.
13-18].
[Nota. La reciente sentencia de
la Corte Constitucional T-352 de
2016 reconoce estos
presupuestos y afirma que en
caso de actos de lesa
humanidad no opera la
caducidad de la acción de
reparación]
8. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
8
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso de la Comunidad de
Paz de San José de
Apartadó [Giraldo Úsuga]
v
C.E Sentencia de 1° de abril de
2016. Rad. 55079.
La Comunidad de Paz de
San José de Apartadó,
organizada como tal desde
el 23 de marzo de 1997 y
establecida como sujeto
neutral ante las partes del
conflicto armado interno, ha
recibido medidas cautelares
y provisionales desde
diciembre de 1997 hasta la
fecha por parte de la
Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos, en razón a los
atentados que contra sus
miembros ha recibido por
cuenta de aquellos.
Igualmente la Corte
Constitucional dictó medidas
de protección, vía acción de
tutela, desde el 2004.
El 23 de diciembre de 2007
se presentó un ataque de
miembros del Ejército
Nacional en circunscripción
de la Vereda Arenas Bajas,
la que se encuentra
identificada como una de las
zonas protegidas por las
antecitadas órdenes
judiciales. Consecuencia de
ello ocurrió la muerte de un
civil miembro de la
Comunidad de Paz, quien no
Deber estatal de dar
cumplimiento a las órdenes
cautelares o provisionales
dictadas por los órganos del
Sistema Interamericano de
Protección de Derechos
Humanos (Art. 63.2 de la Corte
IDH y Art. 23 del Reglamento de
la CIDH), las que son
vinculantes para todas las
autoridades [pág. 33-40].
Comunidad de Paz de San José
de Apartadó como un sujeto
colectivo con medidas
cautelares y provisionales
dictadas en su favor por la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte
Constitucional, por vía de tutela
[pág. 40-54].
En el caso se probó la grave
afectación de orden público de
la zona del Urabá siguiendo lo
resuelto por la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Operación
Génesis Vs Colombia y fallos
dictados por diversas Salas de
Justicia y Paz de Tribunales
Superiores de Distrito Judicial
de Antioquia y Bogotá, la
Justicia Penal, el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional,
incluyendo acusaciones
elevadas por altos funcionarios
públicos donde se había
sindicado a miembros de esa
Comunidad de Paz como
colaboradores de grupos
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional al pago de
perjuicios morales y
materiales a favor de los
familiares.
Se adoptaron las siguientes
medidas de reparación
integral: i) tener la sentencia
como parte de la reparación
integral, ordenando remitir
una copia al Centro de
Memoria Histórica, ii)
publicar en los medios de
comunicación que dispone
la demandada el fallo por
tiempo de un (1) año, iii)
realizar, en cabeza del
Ministro de Defensa y el
Comandante de la
respectiva Brigada acto
público de reconocimiento
de responsabilidad, petición
de disculpas y
reconocimiento a la
memoria de la víctima, acto
que debe ser concertado
con los familiares, iv) emitir
un comunicado de prensa
donde se dé cuenta que la
interfecta era miembro de la
población civil y fue víctima
del conflicto armado interno,
v) remitir una copia a la
Fiscalía General de la
Nación para que considere
si los hechos del caso
merecen ser objeto de
priorización en la
investigación penal, vi)
Reafirmación del deber
estatal de cumplir, como un
todo, las medidas cautelares y
provisionales dictadas por el
Sistema Interamericano de
Protección de Derechos
Humanos. Deber de aplicarlas
en el ordenamiento interno.
Proscripción del Estado de,
unilateralmente, limitarlas e
inaplicarlas motu proprio.
Protección especial y
reforzada de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó
como una comunidad neutral
víctima de atentados,
señalamientos y amenazas
realizadas por varios actores
del conflicto actores del
conflicto armado interno.
Adopción de medidas de
satisfacción y garantías de no
repetición (reiterar cumplimiento
de las medidas provisionales
dictadas por la Corte IDH y
ordenar al Ejército Nacional
adoptar planes, procedimientos
y cursos para el respeto de los
DD.HH y DIH en relación con las
medidas dictadas en favor de la
Comunidad de Paz).
Promoción del deber de
memoria histórica en sociedades
que han afrontados situaciones
de graves violaciones a DD.HH y
DIH reconocido y protegido en
sus facetas individuales (en
favor de las víctimas
particularmente consideradas) y
colectivas (en favor o en pro de
la sociedad considerada como
un todo), por vías judiciales y
extrajudiciales.
Adopción de medidas eficaces
para dar cumplimiento, a todo
nivel estatal, de las medidas
provisionales dictadas.
Deber de respetar y hacer respetar
los derechos reconocidos en la
Convención y adoptar
disposiciones de derecho interno
(Art. 1.1 y 2 CADH). [Posición de
garante del Estado], en relación
con el Derechos a la vida (Artículo
4° CADH) en relación con el deber
de dar cumplimiento a las medidas
cautelares y provisionales dictadas
por la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos.
Observancia del principio de
distinción del DIH (Art.3 común a
los Convenios de Ginebra de 1949,
Arts 4 y 13 Protocolo II a los
Convenios de Ginebra de 1977)
como protección de la población
civil, su violación genera violación
de los derechos protegidos por la
CADH. Cfr. Caso Masacre de
Santo Domingo Vs Colombia,
Sentencia de 30 de noviembre de
2012, párr. 212 y 234.
Resolución No. 60/147 de 2005
Asamblea General de las Naciones
Unidas Capítulo IX y
Jurisprudencia Contenciosa de
Corte Interamericana de Derechos
Humanos donde se reconocen
como medidas de reparación:
Restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición.
Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas. Estudio sobre el Derecho a
9. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
9
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
estaba armado ni accionó
contra la fuerza pública.
insurgentes [pág. 57-68].
Se probó que las autoridades
militares no cumplieron con el
deber cautelar impuesto por
autoridades judiciales
convencionales y
constitucionales de respetar y
hacer respetar el principio de
distinción, pues la operación se
desarrolló en territorio de la
comunidad de Paz y en fase de
planeación o ideación del
operativo no se tuvo en cuenta
esa consideración cautelar, lo
que derivó en el daño causado
a la víctima directa y sus
familiares [pág. 79-97].
remitir copia del fallo a la
Corte Constitucional y a la
Corte Interamericana de
Derechos Humanos, esto
último por los canales
diplomáticos, vii) exhortar al
Estado para que acuda al
Comité de Derechos
Humanos de Naciones
Unidas en caso que los
recursos internos no
resulten eficaces, viii)
reiterar el cumplimiento de
las medidas provisionales
dictadas por la Corte
Interamericana y la Corte
Constitucional, ix) ordenar
al Ejército Nacional la
adopción de planes,
procedimientos y cursos
sobre respeto a los DD.HH
y DIH y puntualmente sobre
las medidas dictadas en
favor de la Comunidad de
Paz, x) reconocer a los
familiares como víctimas del
conflicto armado, por lo que
se solicita a la autoridades
su incorporación en la Ley
de Víctimas y xi) exhortar a
la Defensoría del Pueblo
elabore un informe de las
investigaciones sobre la
violación de los Derechos
Humanos en este caso.
la Verdad. E/C.N.4/2006/91.
10. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
10
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso del Personero
Municipal Desaparecido
[Sánchez Pinillos]
vi
C.E. Sentencia de 29 de febrero de
2016. Exp. 36305
Personero Municipal de
Planadas, donde operaban
diversos actores armados,
que fue capturado el 21 de
agosto de 1995 por
desconocidos quienes lo
obligaron a subir a un
vehículo sin tener noticia de
su paradero a día de hoy.
Desaparición forzada de
persona como acto pluriofensivo
que vulnera la dignidad
humana, libertad, vida,
integridad personal, libre
desarrollo de la personalidad,
libre circulación, daño también
irrogado a los familiares de la
víctima, agravándose esa
violación por el hecho de ser el
Personero un Defensor de
Derechos Humanos,
generándose así un impacto
colectivo y social [párr. 20-24].
No cualquier violación a los
Derechos Humanos es
imputable al Estado.
Responsabilidad por violación
de deberes de protección que
surgen a partir de una posición
de garante debe verificarse en
cada caso concreto atendiendo
a si el obligado no impidió el
resultado lesivo siempre que
estuviera en la posibilidad de
hacerlo. El deber positivo de
protección debe ser invocado o
ser cognoscible la situación de
riesgo en atención a la calidad,
situación fáctica o actividad
[párr. 29-31.12].
El derecho a la seguridad
personal de sujetos encargadas
de la defensa de los derechos
humanos, que tiene fuentes de
origen convencional y
constitucional, es una
emanación del principio
democrático cuando se
acreditan circunstancias que
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Policía Nacional al pago de
perjuicios morales y
materiales a favor de los
familiares.
Se adoptaron las siguientes
medidas de reparación
integral: i) la sentencia, per
se, hace parte de la
reparación integral, para lo
cual se remite una copia de
la misma al Centro de
Memoria Histórica, ii) debe
hacerse difusión de la
sentencia por los medios de
comunicación que disponga
la demandada por tiempo
de un (1) año; iii)
elaboración de un
monumento o busto del
Personero con una leyenda
alusiva a la labor de
defensa de los derechos
humanos que cumplen los
personeros, que se fijará en
la plaza principal el
Municipio; iv) realización de
un acto público de
reconocimiento de
responsabilidad, disculpas y
conmemoración a la
memoria del fallecido en
cabeza del Ministro de
Defensa y el Director
General de la Policía
Nacional en la plaza
principal de Planadas; v)
remisión de copia del
expediente a la Fiscalía y a
Reafirmación del deber de
protección especial respecto
de quienes desempeñan,
desde su rol funcional,
competencias de promoción y
respeto a los Derechos
Humanos (como lo es el
personero municipal) y
máxime en contexto de
violencia generalizada
promovida por diversos
actores del conflicto armado.
Deber oficioso de protección.
Adopción de medidas de
satisfacción.
Promoción del deber de
memoria histórica en sociedades
que han afrontados situaciones
de graves violaciones a DD.HH y
DIH reconocido y protegido en
sus facetas individuales (en
favor de las víctimas
particularmente consideradas) y
colectivas (en favor o en pro de
la sociedad considerada como
un todo), por vías judiciales y
extrajudiciales, como se hace en
este caso por medio de la
creación de un lugar de
memoria, la difusión de
cortometraje y documental y la
premiación de estudios que
versen sobre los DD.HH.
Publicitación del fallo como
forma de instrucción a fuerza
pública y garantía de no
repetición.
Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2, 3, 4, 5 y 63.1
CADH). [Posición de garante del
Estado].
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con los derechos
a la vida, integridad y libertad
personales (Artículo 4°, 5° y 7° de
la CADH).
Pluriofensividad, carácter
continuado y gravedad de la
desaparición forzada. Caso
Velásquez Rodríguez Vs.
Honduras, sentencia de 29 de julio
de 1988, párr. 150-155; Caso
Goiburú y otros Vs Paraguay,
sentencia de 22 de septiembre de
2006, párr. 81-84; Caso Radilla
Pacheco Vs México, sentencia de
23 de noviembre de 2009, párr.
146; Caso Gomes Lund (Guerrilha
do Araguaia) Vs Brasil, sentencia
de 24 de noviembre de 2009, párr.
11. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
11
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
exceden la normalidad o
peligros ordinarios [párr. 32-35].
El delito de desaparición forzada
de personas (reconocido en el
artículo 12 constitucional y en
las Convenciones
Interamericana e Internacional
sobre desaparición forzada de
personas) implica para el
Estado la asunción de deberes
negativos o de abstención de
realizar conductas de esa
naturaleza y activas de
prevención y protección [párr.
36-36.14].
En el caso concreto se probó
que el Personero aparecía en
una lista junto a otros
funcionarios donde se les
amenazaba de muerte, con lo
cual se acredita la situación de
amenaza, siendo conocido
también que la zona donde
desplegaba su actividad era
‘roja’ por cuanto operaban
varios actores armados y que
ese riesgo de la víctima también
se deriva del rol de garante de
los derechos humanos, en su
condición de personero [párr.
39-57].
Se declara la responsabilidad
del Estado al violarse su
posición de garante toda vez
que no se adoptaron medidas
necesarias para preservar los
derechos del personero, siendo
conocedor de la situación de
riesgo que afrontaba la víctima,
la Procuraduría General de
la Nación para que abra o
continúe las investigaciones
penales y disciplinarias por
lo ocurrido; vi)
reconocimiento al
desaparecido y a sus
familiares como víctimas del
conflicto armado, por lo que
se solicita a la autoridades
su incorporación en la Ley
de Víctimas; vii) remisión de
sendas copias al Ministerio
de Relaciones Exteriores
para dirigirlas, por su
conducto, a la Alta
Comisionada en las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y a la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos; viii)
exhortar a la Defensoría del
Pueblo para que elabore un
informe de las
investigaciones sobre lo
sucedido.
105, 122; Caso Rodríguez Vera y
otros (Desaparecidos del Palacio
de Juticia) Vs Colombia, sentencia
de 14 de noviembre de 2014, párr.
321-322.
Convenciones Internacional e
Interamericana sobre desaparición
forzada de personas.
Resolución No. 60/147 de 2005
Asamblea General de las Naciones
Unidas Capítulo IX y
Jurisprudencia Contenciosa de
Corte Interamericana de Derechos
Humanos donde se reconocen
como medidas de reparación:
Restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición.
Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas. Estudio sobre el Derecho a
la Verdad. E/C.N.4/2006/91.
12. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
12
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
por lo cual no era exigencia
demandar de ésta una solicitud
expresa de protección.
Igualmente se declara que los
hechos constituyeron un acto de
lesa humanidad [párr. 39-57].
13. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
13
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso del Periodista
Asesinado en Arauca
[Varela Noriega]
vii
C.E Sentencia de 29 de octubre de
2015. Rad. 34507.
El 28 de junio de 2002 en
Arauca desconocidos
armados abordaron en la vía
pública a la víctima, la
abordaron y obligaron a
subir a un vehículo. 20
minutos después fue
asesinado con signos de
tortura.
La víctima se desempeñaba
como director de una
emisora local, había
laborado en otros medios de
comunicación locales y
nacionales y había ejercido
como presidente de la
Comisión Departamental de
Paz en Arauca. Para la
fecha de los hechos había
realizado señalamientos
sobre la presencia de grupos
paramilitares en el
departamento.
En el caso concreto se probó la
colaboración del Ejército con
miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia, al retirarse
un retén militar para facilitar la
acción delictiva. La Fuerza
pública en lugar de luchar contra
los grupos paramilitares fue
partícipe del ilícito que condujo
a la muerte del Periodista [pág.
34-36].
Siendo función de las fuerzas
militares la salvaguarda de la
vida de los ciudadanos, resulta
inconcebible que sus agentes
establezcan alianzas con grupos
ilegales. Pese a que la víctima
conoció las amenazas contra su
vida se justifica el no haber
informado ello a las autoridades
en razón a la situación de
desconfianza generada hacia
las autoridades por las
denuncias formuladas por la
víctima [pág. 37-38].
Se declara la responsabilidad
del Estado por incurrir en una
falla del servicio en el daño
padecido por Varela Noriega.
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional al pago de
perjuicios morales y
materiales a favor de los
familiares.
Se adoptaron las siguientes
medidas de reparación
integral: i) enviar copia de la
sentencia al Centro de
Memoria Histórica y al
Archivo General de la
Nación para la preservación
de la memoria de la
violencia del conflicto
armado interno, ii)
publicación de avisos en
diarios de amplia circulación
nacional y local y en una
emisora local en los que se
de cuenta de la
participación de miembros
del Ejército en la muerte del
periodista y los móviles de
ese hecho, iii) publicación
de la sentencia en la página
web de la Entidad
demandada con una nota
de exhortación de no
repetición de actos de esa
naturaleza, iv) compulsar
copias a la Fiscalía General
de la Nación para que, si no
se ha hecho, identifiquen e
investiguen los hechos y
establezca la
responsabilidad penal a que
haya lugar y v) remitir copia
a la Procuraduría General
de la Nación para que
Reafirmación del deber de
protección especial respecto
de personas que en ejercicio
de su libertad de expresión y
dedicadas profesionalmente a
la actividad periodística se
exponen a un riesgo
excepcional o elevado,
especialmente cuando refiere
a señalamientos sobre orden
público y seguridad.
Deber de abstención, de no
injerencia y respeto hacia las
libertades de expresión y
opinión. Proscripción de
actividades de colaboración,
apoyo o alianza de la fuerza
pública con grupos
insurgentes.
Adopción de medidas de
satisfacción (remisión del fallo al
Centro de Memoria Histórica,
difusión del fallo, compulsa de
copias a las autoridades penales
y disciplinarias) y garantía de no
repetición (difusión de fallo en la
página web con nota de no
repetición de tales actos).
Promoción del deber de
memoria histórica en sociedades
que han afrontados situaciones
de graves violaciones a DD.HH y
DIH reconocido y protegido en
sus facetas individuales (en
favor de las víctimas
particularmente consideradas) y
colectivas (en favor o en pro de
la sociedad considerada como
un todo), por vías judiciales y
extrajudiciales, como se hace en
este caso por medio de la
creación de un lugar de
memoria, la difusión de
cortometraje y documental y la
premiación de estudios que
versen sobre los DD.HH.
Publicitación del fallo como
forma de instrucción a fuerza
pública y garantía de no
repetición.
Deber de protección y seguridad
personal respecto de terceros y de
no injerencia o realización de actos
materiales de cooperación o
alianza entre fuerza pública y
grupos paramilitares. Deber de
respetar y hacer respetar los
derechos reconocidos en la
Convención y adoptar
disposiciones de derecho interno
(Art. 1.1, 2, 4 y 5 CADH). [Posición
de garante del Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con el Derecho a
la vida y ejercicio profesional de la
libertad de expresión por parte de
comunicadores sociales (Artículos
4° y 13 CADH).
Resolución No. 60/147 de 2005
Asamblea General de las Naciones
Unidas Capítulo IX y
Jurisprudencia Contenciosa de
Corte Interamericana de Derechos
Humanos donde se reconocen
como medidas de reparación:
Restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y
14. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
14
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
supervise cumplimiento de
lo resuelto.
garantías de no repetición.
Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas. Estudio sobre el Derecho a
la Verdad. E/C.N.4/2006/91.
15. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
15
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso Sindicalista de
Anthoc [Orozco Serrano]
viii
C.E Sentencia de 5 de marzo de
2015. Rad. 33526
Persona asesinada el 2 de
abril de 2001, que se
desempeñaba como
Secretario General de
Anthoc [Asociación Nacional
Sindical de Trabajadores y
Servidores Públicos de la
Salud] en Barranquilla y
había recibido, entre otras
personas, amenazas contra
su vida, según información
difundida por la CUT para el
17 de febrero de 2000.
Se llevó a cabo estudio de
seguridad por cuenta del
DAS quien determinó un
nivel de riesgo “medio-bajo”
por lo cual se dispuso un
curso de autoprotección y
medidas de autoseguridad.
El 29 de marzo de 2001 la
CUT alertó sobre la llegada
de personas armadas que
asesinarían dirigentes
sindicales, sin obtenerse
respuesta o medida alguna.
Obligación estatal de garantizar
el derecho a la asociación
sindical originada en fuentes
convencionales (PIDCP,
PIDESC, CADH, informes
especializados de la Comisión
IDH) y constitucionales (artículo
39 Constitución Política y
jurisprudencia constitucional)
[págs. 19-26].
Seguridad personal de quienes
ejercen la asociación sindical
como derecho reconocido por la
Ley y la jurisprudencia, en razón
a las condiciones en que ejercer
esa actividad (Leyes 199/1995,
418/1997, 548/1999 y 782/2002)
[págs. 25-26].
En el caso concreto el que la
autoridad calificara como “bajo”
el riesgo de la víctima, lo que no
se compadecía con su situación
real, y el no haber reforzado los
esquemas de seguridad días
antes cuando se denunció la
presencia de personal que
atentarían contra sindicalistas,
llevan a señalar como ineficiente
la actividad del Estado, siendo
declarado responsable por
omisión en sus deberes [págs.
27-30].
Condenó a la Nación –
Ministerio del Interior y
Ministerio de Defensa al
pago de perjuicios
materiales y morales a favor
de los familiares del
causante.
En cuanto a medidas de
satisfacción se dispuso: i)
realizar una ceremonia
privada en la que las
Autoridades condenadas
ofrezcan excusas a las
demandantes, ii) la
publicación de la sentencia
en los sitios web de las
Entidades, iii) ofrecer
disculpas a ANTHOC y la
CUT y iv) adoptar políticas
institucionales para crear
conciencia sobre la
importancia del derecho
sindical en Colombia y la
necesidad de su garantía.
Reafirmación de deber de
protección especial a quienes
ejercen actividades como
sindicalistas.
Deber de valorar la situación
de seguridad personal
considerando la calidad y/o
actividad que desempeña la
víctima y su riesgo social.
Adopción de medidas de
satisfacción (acto de
reconocimiento de
responsabilidad y/o disculpas) y
garantías de no repetición
(formulación de políticas
institucionales de respeto a los
derechos laborales y sindicales).
Creación de conciencia
institucional sobre el peso
sustantivo de los derechos
sindicales, reforzamiento del
deber de protección estatal en
esos casos e insumos para
adoptar una política pública que
asegure la garantía y respeto de
los mismos.
Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2, 4 CADH; Art. 3
Declaración Universal de Derechos
Humanos; Art. 6 PIDCP; Art. 1
Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre).
[Posición de garante del Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con el Derecho a
la vida (Artículo 4° CADH).
Libertad sindical y protección para
el ejercicio de los derechos
sindicales (Art. 16 CADH; Art. 8°
Protocolo de San Salvador; Art. 8°
PIDESC; Convenio No. C-087 de
OIT sobre libertades sindicales).
Resolución No. 60/147 de 2005
Asamblea General de las Naciones
Unidas Capítulo IX y
Jurisprudencia Contenciosa de
Corte Interamericana de Derechos
Humanos donde se reconocen
como medidas de reparación:
16. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
16
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición.
17. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
17
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso del incumplimiento
de las medidas cautelares
de la Comisión
Interamericana a favor de
Periodista [Callejas
Bedoya]
ix
C.E Sentencia de 15 de enero de
2015. Rad. 2014-03081
Periodista que desde abril
de 2010 recibió medidas
cautelares de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos por recibir
amenazas en razón a su
actividad profesional. En
septiembre de 2012 un juez
de tutela ordenó a la Unidad
Nacional de Protección UNP
mantener las medidas de
protección y hacer un
estudio de seguridad a fin de
desmontarlas previo
información y respuesta de
la CIDH al respecto.
La Unidad Nacional de
Protección ha establecido
medidas de protección
solamente para la ciudad de
residencia sin autorizar
viáticos para movilización de
los escoltas a otros lugares.
Aun cuando el Estado tiene
discrecionalidad para establecer
qué medidas de protección se
deben adoptar, cuando la
Comisión Interamericana dicta
cautelares, estas deben estar
orientadas a prevenir que el
beneficiario pueda verse
afectado por las amenazas u
hostigamientos recibidos [pág.
13-14].
Con la limitación de brindar
medidas de protección solo en
el Municipio de residencia del
beneficiario la UNP, se pierde
de vista que la Comisión IDH
cuando decretó la cautela tuvo
en cuenta el oficio de periodista
del afectado y que las
situaciones de riesgo pueden
tener lugar en todo el territorio
nacional, en razón al oficio
desempeñado [pág. 15]
Es a la Comisión IDH a quien
corresponde analizar la
situación de peligro del
beneficiario y no a la autoridad
estatal o al juez de tutela, en
razón al carácter vinculante que
tienen las medidas cautelares
de la Comisión IDH en el
ordenamiento interno [pág. 17-
25]
Se ordena a la Unidad
Nacional de Protección
mantener las medidas de
protección a favor del
periodista en todo el
territorio nacional mientras
continúe vigente la medida
cautelar dispuesta por la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Se ordena que el
beneficiario de
cumplimiento a los
compromisos mínimos que
deben satisfacer los
beneficiarios de programas
de protección.
Reafirmación del deber
estatal de cumplir, como un
todo, las medidas cautelares y
provisionales dictadas por el
Sistema Interamericano de
Protección de Derechos
Humanos. Deber de aplicarlas
en el ordenamiento interno.
Proscripción del Estado de,
unilateralmente, limitarlas e
inaplicarlas motu proprio.
Adopción de medidas de
restitución (mantener las
medidas de protección) a los
fines de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos a
la vida e integridad física en
relación con la libertad de
expresión de la víctima, quien
ejerce su rol de periodista.
Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2 y 5 CADH).
[Posición de garante del Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con los derechos
a la vida, integridad personal y
ejercicio profesional de la libertad
de expresión por parte de
comunicadores sociales (Artículos
4°, 5° y 13 CADH).
18. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
18
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso del desplazamiento y
asesinato de sindicalista
miembro de la Unión
Patriótica – I [Durango
Moreno]
x
C.E Auto de 12 de diciembre de
2014. Rad. 50187.
Sindicalista y miembro del
Partido Político Unión
Patriótica en Chigorodó que
fue objeto de
desplazamiento forzado
junto a su familia, en razón a
sus amenazas y
posteriormente fue
asesinado el 3 de mayo de
1996 junto a otro sindicalista
y copartidario.
Sólo hasta el año 2012, con
declaraciones de
reconocidos líderes de
grupos paramilitares, se tuvo
conocimiento que
autoridades estatales habían
participado activamente en
la muerte de Durango
Moreno.
[Nota: Esta providencia
refiere, exclusivamente, a si
puede admitirse a trámite la
demanda de responsabilidad
del Estado incoada por los
familiares en razón a que
según la legislación interna
han transcurrido más de dos
años desde el hecho dañoso
lo que, en principio, la
tornaría improcedente por
operar la caducidad del
Término de caducidad de la
acción de reparación directa es
de dos (2) años contados a
partir del día siguiente del hecho
dañoso. Excepcionalmente en
eventos especiales se computa
el término en momento posterior
a la ocurrencia del daño y es
cuando éste adquiere
notoriedad [pág. 6-7].
Como sólo en época posterior al
fallecimiento de la víctima
directa los familiares tuvieron
conocimiento de la participación
de las autoridades estatales, a
partir de ese momento es que
surgen para los afectos el
interés para ejercer la acción de
reparación directa, dado que
con anterioridad a ello no
conocían tal hecho y por tanto
no tenían razón alguna para
accionar contra el Estado [págs.
7-9].
Revoca decisión de primera
instancia que rechazó la
demanda y la admite para
su trámite.
Interpretación judicial garante
del ejercicio de los derechos
de las víctimas de actos que
constituyen graves
violaciones de Derechos
Humanos.
Derecho a las garantías judiciales y
protección judiciales (Artículos 1.1,
2, 8, y 25 CADH), Interpretación
pro damnato como garantía para
ejercicio de los derechos de la
víctima.
19. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
19
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
medio de control].
Caso de político de
izquierda y defensor de
Derechos Humanos del
Meta [Giraldo Cardona]
xi
C.E. Sentencia de 26 de junio
de 2014. Rad. 26029.
Asesinato de líder político de
la Unión Patriótica e
integrante del Comité Cívico
por los Derechos Humanos
del Meta el 13 de octubre de
1996 que solicitó, junto a
otros copartidarios,
protección por vía de acción
de tutela que fue
desestimada por la Corte
Suprema de Justicia. ONG’s
solicitaron al gobierno
medidas de seguridad y
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos expresó
preocupación por la
situación de riesgo de los
miembros del Comité.
Se probó que la víctima y
otros fue objeto de
seguimiento ilegales por
inteligencia del Ejército al
tiempo que los sicarios
integraban un grupo de
paramilitar, existiendo
connivencia entre aquel y
este.
Los hechos se encuadran
dentro de las acciones
Obligaciones estatales de
respeto y garantía de los
derechos y de ajustar el derecho
interno acorde con el orden
internacional, derivadas de los
artículos 1º y 2º de la CADH
[párr. 12-17].
Siendo la razón de ser del
Estado la defensa material y
formal de los individuos,
cualquiera violación al deber de
protección especial supone una
deslegitimación institucional
suya, siendo necesario
constatar en cada caso los
niveles de riesgo y amenaza de
la víctima en orden a determinar
la garantía de protección
especial [párr. 18-22].
Los Defensores de Derechos
Humanos, que tienen por misión
la consolidación de Estados
fuertes y democráticos, son
merecedores de protección en
los ámbitos individual, colectivo
y social; calificándose esa
actividad como de amenaza
extrema en Colombia, siendo
más peligrosa en ciertos
departamentos en razón a la
tensión política y militar, como el
Departamento del Meta [párr.
23-29]
La jurisprudencia
interamericana, las autoridades
penales y la Defensoría del
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y Unidad
Nacional de Protección al
pago de perjuicios morales
y materiales a favor de los
familiares.
Las medidas de reparación
integral, sometidas al
principio de voluntariedad
por parte de familiares y
sobrevivientes de la Unión
Patriótica
1
, adoptadas en
este fallo fueron: i)
elaboración de un
documental de 24 minutos y
un cortometraje de 7
minutos que incluya
narración biográfica de
Giraldo Cardona, sus
esperanzas, aspiraciones e
ideales y las dificultades
que enfrentaron familiares y
sobrevivientes de la Unión
Patriótica, disponiéndose su
amplia difusión en lugares
públicos y privados; ii) el
montaje y adaptación de
una exposición itinerante a
cargo del Centro de
Memoria Histórica en
homenaje a la vida y
sacrificios de los activistas
de los defensores de
derechos humanos; iii) la
construcción de un lugar de
memoria en Villavicencio
Reafirmación del deber de
protección especial respecto
de personas que en razón a
las circunstancias políticas o
sociales se exponen a riesgo
excepcional o elevado, como
es el caso de líderes
sindicales y/o de partidos
políticos opositores.
Deber de abstención, de no
injerencia y respeto hacia las
libertades políticas e
ideológicas. Proscripción de
conductas de seguimientos
y/o interceptaciones ilegales a
ciudadanos con tendencias
políticas o ideológicas de
oposición.
Adopción de medidas de
satisfacción (elaboración de
documental y cortometraje,
exposición itinerante y
construcción de un lugar de
memoria, acto de disculpas
públicas), rehabilitación
(atención siquiátrica y
psicológica a las víctimas) y
garantías de no repetición
(promoción de los DD.HH y
memoria histórica con la
concesión de una beca y
premios de reconocimiento a
colectivos de defensa de
Derechos Humanos).
Promoción del deber de
memoria histórica en sociedades
que han afrontados situaciones
de graves violaciones a DD.HH y
DIH reconocido y protegido en
sus facetas individuales (en
favor de las víctimas
particularmente consideradas) y
colectivas (en favor o en pro de
la sociedad considerada como
un todo), por vías judiciales y
extrajudiciales, como se hace en
este caso por medio de la
creación de un lugar de
memoria, la difusión de
cortometraje y documental y la
premiación de estudios que
versen sobre los DD.HH.
Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2 4, 63.1 CADH).
[Posición de garante del Estado y
no injerencia estatal].
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con el Derecho a
la vida (Artículo 4° CADH).
Resolución No. 60/147 de 2005
Asamblea General de las Naciones
Unidas Capítulo IX y
Jurisprudencia Contenciosa de
Corte Interamericana de Derechos
Humanos donde se reconocen
como medidas de reparación:
Restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición.
Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
1
Esto es, que las medidas ordenadas serán conocidas y aprobadas por aquellas y ejecutadas si así lo convienen.
20. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
20
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
sistemáticas de exterminio
de los miembros del
movimiento político Unión
Patriótica.
Para el momento de su
muerte no contaba con
vigilancia ni escolta
personal.
Pueblo han acreditado, en sus
competencias, escenarios de
connivencia entre autoridades
estatales y grupos paramilitares,
bien sea mediante acciones de
colaboración, mediante
omisiones que facilitaron la
comisión de graves conductas o
con el entorpecimiento de
investigaciones judiciales
propiciando situaciones de
impunidad [párr. 30-33].
Particularmente se tiene
demostrado que los atentados,
intimidaciones y seguimientos
contra militantes de la Unión
Patriótica, en tanto partido de
tendencia política de izquierda,
constituyeron un plan
sistemático de exterminio contra
sus militantes, lo que se
desprende de la jurisprudencia
de la Corte IDH y del Consejo
de Estado, además de estudios
académicos e históricos; siendo
todas estas acciones de
conocimiento del Estado quien
con su retardo e insuficiencia
omitió cumplir con los deberes
de protección [párr. 34-44].
En el caso concreto se
considera que el asesinato de
Giraldo Cardona constituyó un
daño a su familia, un crimen de
lesa humanidad y una afrenta al
ejercicio de los derechos de
oposición política, en el que se
contó con participación de la
inteligencia del Ejército que
hicieron seguimientos
mediante la consolidación
de actos solemnes de
memoria y con los
monumentos que allí se
erijan; iv) la creación de un
fondo documental en el
archivo de DDHH y DIH en
el Centro de Memoria
Histórica para los
integrantes de la Unión
Patriótica con los procesos
judiciales que le sean
remitidos para su
conservación; v) la
financiación de una beca
para cursas estudios de
posgrado y financiación de
la publicación de la tesis y
un premio anual al grupo de
trabajo, de investigación u
organización que defienda y
promueva la defensa de los
DD.HH y DIH, uno y otro
premio llevará el nombre
Josué Giraldo Cardona, vi)
medidas de valoración y
terapia sicológica o
siquiátrica de la cónyuge e
hijas del fallecido y vii)
ofrecimiento de disculpas
públicas en cabeza del
Ministerio de Defensa y el
Director de la Unidad
Nacional de Protección.
Unidas. Estudio sobre el Derecho a
la Verdad. E/C.N.4/2006/91.
21. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
21
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
permanentes a los miembros de
la Unión Patriótica [párr. 45-52].
Se declara responsabilidad del
Estado por cuando se abstuvo
de prestar protección especial,
pues para el día de su muerte
no contaba con escolta, no
adoptó las medidas cautelares
ordenadas por la Comisión y la
Corte IDH a favor del Comité
Cívico de Derechos Humanos
del Meta y no se culminaron
investigaciones penales y
disciplinarias contra los
responsables de esos actos
[párr. 45-52].
22. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
22
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso de las medidas de
protección a favor de
abogado laboralista
[Gómez González]
xii
C.E. Sentencia de 27 de febrero de
2014. Rad. 2013-02780.
Abogado dedicado a la
defensa de los trabajadores
que sufrió atentado
perpetrado con armas de
fuego que lo dejó lesionado,
aunque el abogado reside
en Villavicencio fue
desplazado a Bogotá para
atender sus padecimientos
de salud en razón a la
gravedad.
Un agente oficioso solicitó a
la Fiscalía adoptara medidas
de protección, las mismas
que fueron desestimadas
por considerar que ello
compete a la Policía
Nacional. Al pedirlas a esta
última entidad en Bogotá la
solicitud fue remitida a
Villavicencio al ser el
domicilio del afectado. UNP
manifestó que la petición no
era procedente al no
acreditarse su condición de
persona objeto de
protección.
Se interpuso acción de tutela
para que se adoptaran
medidas de protección en
razón a la falta de respuesta
efectiva de las autoridades.
Acorde a la jurisprudencia
constitucional y a las normas
convencionales se decanta el
derecho a la seguridad
personal, para lo cual la Corte
Constitucional ha fijado escalas
de riesgo donde se advierte que
los riesgos mínimos u ordinarios
no activan obligaciones
especiales de protección.
Quienes estén ubicados en
situación de riesgo excepcional
o amenaza extraordinaria
resultan merecedores de
medidas positivas a fin de evitar
consumación de esa amenaza
[pág. 11-15].
Aun cuando Juez de tutela no
es competente para analizar la
pertenencia de un sujeto a un
grupo de protección, pues ello
corresponde a las autoridades
pertinentes, sí puede adoptar
providencias temporales,
durante el trámite de la petición,
para evitar la consumación de
un daño irreparable [pág. 16].
Resulta reprochable que niegue
medidas de protección sin tener
en cuenta que actividad de
abogado laboralista involucra el
derecho al trabajo, en tanto
derecho fundamental
reconocido a nivel constitucional
y convencional, y su defensa
puede ser de tal trascendencia
como para ser merecedor de
protección en ciertas ocasiones
[pág. 16-17].
Se ordena a la Unidad
Nacional de Protección
mantener protección hasta
tanto realice estudio de
seguridad. Igualmente se
dispone que en 48 horas
siguientes inicie trámites
para evaluar las
condiciones del accionante
y las medidas de seguridad
pertinentes.
Reafirmación del deber de
protección especial respecto
de quienes, en razón a las
circunstancias en las que
desempeñan su actividad
como profesional del derecho,
se ven expuestos a un riesgo
excepcional o elevado, más
cuando ha comprometido su
ejercicio a la defensa de
derechos laborales y/o
sindicales.
Deber de valorar
adecuadamente la situación
de seguridad personal
considerando la calidad y/o
actividad que desempeña la
víctima y su riesgo social.
Adopción de medidas de
restitución y satisfacción
(establecimiento de medidas de
protección provisional) a los
fines de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos a
la vida e integridad física en
relación con el ejercicio de su
profesión.
Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2 y 5 CADH).
[Posición de garante del Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con los derechos
a la vida e integridad física
(Artículos 4° y 5° CADH).
Garantías para el ejercicio de la
profesión de abogado, deber
estatal de asegurar a los abogados
en desempeño de sus funciones
profesionales sin intimidación,
obstáculos, acosos o interferencias
indebidas; poder desplazarse
libremente y comunicarse con sus
clientes. Principios básicos sobre la
función de los abogados. Aprobado
por el Octavo Congreso de las
Naciones Unidas sobre la
Prevención del Delito, celebrado
del 27 de agosto al 7 de
septiembre de 1990.
23. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
23
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso del civil
desaparecido [Lalinde
Lalinde]
xiii
C.E Sentencia de 27 de septiembre
de 2013. Rad. 19939.
Ciudadano que fue
capturado, desaparecido,
torturado y muerto a manos
del Ejército Nacional cuando
se disponía a colaborar en la
recuperación de los cuerpos
de unos combatientes
fallecidos del EPL. Desde el
2 de octubre de 1984 no se
tuvo noticia de él hasta el 15
de abril de 1992 cuando la
familia logró recuperar sus
restos óseos, los que fueron
entregados a sus familiares
el 18 de noviembre de 1996.
Las autoridades militares y
de justicia penal militar no
colaboraron en la búsqueda
y aclaración sobre los
hechos en que se vio
involucrado el desaparecido
insistiendo en varias
ocasiones en señalarlo
como un insurgente.
Estado y fuerzas insurgentes
están obligados al respecto del
Derecho Internacional
Humanitario en el contexto del
conflicto armado interno, que
llama a la preservación de la
dignidad de, inclusive, los
adversarios. El desconocimiento
por cuenta del Estado de las
reglas del DIH genera una
asimetría de poder, cuestiona su
legitimidad y amenaza la
institucionalizada estatal [pág.
26-29].
La desaparición forzada de
personas, atendiendo a los
estándares de la Corte
Interamericana y las normas
internacionales pertinentes,
afecta múltiples bienes jurídicos
a la víctima y sus familiares. En
casos de las fuerzas militares,
cuando éstas se ven
involucradas en estas prácticas
se pone en tela de juicio la
legitimidad del Estado, toda vez
que la ausencia de información
o su negativa impide el ejercicio
de recursos y mecanismos
legales para la protección de la
persona [pág. 29-34].
En casos de delitos de lesa
humanidad, como lo es la
desaparición forzada, la
reparación de los perjuicios
debe valorarse a la luz del
principio de equidad razonada y
proporcionada [págs. 34-41].
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional al pago de
perjuicios morales y
materiales a favor de los
familiares.
Se adoptaron las siguientes
medidas de reparación
integral: i) brindar atención
médica a la madre de la
víctima, si ella tiene a bien,
ii) ordenar, a cargo de las
demandadas, que el Centro
de Memoria Histórica
elabore un documental en
el que se haga semblanza
de Luis Fernando Lalinde,
reivindicando su buen
nombre, realizaciones y
proyecto de vida truncado
prematuramente por
acciones inadmisibles de un
Estado Social y
democrático de Derecho; iii)
adoptar medidas
conducentes a la
construcción de un
monumento conmemorativo
en el lugar donde se
ubicaron los restos mortales
de la víctima con
acompañamiento técnico
del Centro de Memoria
Histórica, siempre que así
lo consientan sus familiares,
iv) colocar, si así lo
consienten los familiares,
una placa adjunta al
monumento donde se
graben unas palabras
Deber de abstención, de no
injerencia y respeto hacia la
libertad personal.
Proscripción de conductas de
desaparición forzada de
civiles y de actos de
ocultamiento o
entorpecimiento en la
búsqueda del desaparecido.
Adopción de medidas de
satisfacción (elaboración de un
documental sobre la vida y
pensamiento del desaparecido,
construir monumento
conmemorativo y fijación de
placa, difusión del fallo en
medios de comunicación,
compulsa de copias a las
autoridades penales y
disciplinarias) y garantía de no
repetición (difusión de fallo en la
página web con nota de no
repetición de tales actos)
Rehabilitación (atención médica
a madre del desaparecido).
Promoción del deber de
memoria histórica en sociedades
que han afrontados situaciones
de graves violaciones a DD.HH y
DIH reconocido y protegido en
sus facetas individuales (en
favor de las víctimas
particularmente consideradas) y
colectivas (en favor o en pro de
la sociedad considerada como
un todo), por vías judiciales y
extrajudiciales, como se hace en
este caso por medio de la
creación de un lugar de
memoria, la difusión de un
documental y difusión del fallo.
Deber de respetar y hacer respetar
los derechos reconocidos en la
Convención y adoptar
disposiciones de derecho interno
(Art. 1.1 y 2 CADH). [Posición de
garante del Estado], en relación
con el Derechos a la vida,
integridad y libertad personal
(Artículo 4°, 5.2 y 7.2 CADH).
Pluriofensividad, carácter
continuado y gravedad de la
desaparición forzada. Caso
Velásquez Rodríguez Vs.
Honduras, sentencia de 29 de julio
de 1988, párr. 150-155; Caso
Goiburú y otros Vs Paraguay,
sentencia de 22 de septiembre de
2006, párr. 81-84; Caso Radilla
Pacheco Vs México, sentencia de
23 de noviembre de 2009, párr.
146; Caso Gomes Lund (Guerrilha
do Araguaia) Vs Brasil, sentencia
de 24 de noviembre de 2009, párr.
105, 122; Caso Rodríguez Vera y
otros (Desaparecidos del Palacio
de Juticia) Vs Colombia, sentencia
de 14 de noviembre de 2014, párr.
321-322. Caso Masacres de
Ituango vs Colombia, sentencia de
1 de julio de 2006, párr 214. Caso
Chitay Nech y otros vs Guatemala,
sentencia de 25 de mayo de 2010,
párr 140-. Caso de la Comunidad
Moiwana vs. Suriname sentencia
de 15 de junio de 2005, párr 108.
Caso de las Masacres de Río
negro vs Guatemala, sentencia de
4 de septiembre de 2012, párr 178.
Convenciones Internacional e
24. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
24
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
En el caso concreto se probó
que la víctima fue retenida,
torturada, denigrada de manera
arbitraria y desproporcional, se
le dio muerte y fue enterrado en
lugar desconocido. El Ejército
omitió adelantar acciones para
la búsqueda del desaparecido,
entregar el cadáver a las
víctimas y no brindó información
indispensable para la verdad y
sanción de los responsables,
hechos que fueron objeto de
conocimiento ante el Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos donde se dictó
informe de fondo donde se
declaró la violación de derechos
protegidos por la CADH [pág.
41-48].
pronunciadas por la madre
en el curso de la diligencia
de entrega de los restos
mortales, v) publicar en dos
diarios de amplia circulación
nacional apartes señalados
del contenido del fallo en
letras de tamaño legible; vi)
compulsar copias a la
Fiscalía y la Procuraduría
General de la Nación para
que investiguen, en sus
ámbitos penal y
disciplinario, a los agentes
involucrados en los hechos;
vii) instar a la Procuraduría
General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo para
que realice seguimiento de
las órdenes dispuestas en
el fallo.
Interamericana sobre desaparición
forzada de personas.
Resolución No. 60/147 de 2005
Asamblea General de las Naciones
Unidas Capítulo IX y
Jurisprudencia Contenciosa de
Corte Interamericana de Derechos
Humanos donde se reconocen
como medidas de reparación:
Restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición.
Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas. Estudio sobre el Derecho a
la Verdad. E/C.N.4/2006/91.
Nota: Respecto de los hechos de
este caso puede verse las
Resolución No. 24/87 de 16 de
septiembre de 1988 dictada en el
Caso 9620 contra Colombia donde
la Comisión IDH declaró que el
Estado violó, en perjuicio de Luis
Fernando Lalinde, los artículos 4 y
7 de la Convención.
Recién mediante Informe No. 40/13
de 11 de julio de 2013, Petición No.
12362 presentada por los
familiares de Luis Fernando
Lalinde, la Comisión IDH admitió a
trámite la alegada violación a los
derechos reconocidos en los
artículos 5, 8 y 25 de la
Convención.
25. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
25
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso de las medidas de
protección a favor de
Defensores de Derechos
Humanos [Valens Duque y
otros]
xiv
C.E Sentencia de 20 de junio de
2013. Rad. 2013-01369
Varios defensores de
derechos humanos
dedicados, específicamente,
a trabajar con población
desplazada, solicitan el
reforzamiento de sus
esquemas de seguridad y el
suministro de ayudas
humanitarias en su favor.
Han recibido amenazas
mediante panfletos por
diversos actores armados y
algunos de ellos han sufrido
más episodios de amenazas
contra su vida. De las
medidas adoptadas (chaleco
antibalas, móvil con minutos,
subsidio para transporte),
algunas no han sido
suministradas
oportunamente lo que pone
en riesgo su vida e
integridad.
Estado tiene deber de proveer
seguridad personal a quienes,
por razón de su cargo o por las
actividades políticas, sociales o
humanitarias se ubiquen en una
situación de riesgo
extraordinario o extremo
incluyéndose, en las normas
pertinentes, como personas
merecedoras de protección a los
activistas de organizaciones
defensoras de DD.HH, líderes o
representantes de poblaciones
desplazadas o reclamantes de
tierras, entre otros [17-20].
En casos de riesgo inminente y
excepcional la UNP podrá
adoptar medidas provisionales,
prescindiendo del procedimiento
ordinario establecido, sin
necesidad de evaluar el nivel de
riesgo; siendo las personas
desplazadas, entre otras,
beneficiarias de “presunción de
riesgo” lo que activa una
protección preferente y
provisional en su favor, salvo
expresa demostración de la falta
de fundamento para ello, caso
en que la autoridad puede
levantar o modificar las medidas
de protección [20-22].
Defensores de Derechos
Humanos como sujetos
expuestos a riesgo
extraordinario en razón a los
hostigamientos que reciben con
ocasión de su actividad, como
ha sido precisado por informes
de la Comisión IDH ocurriendo
Se ordena a la UNP i)
fortalecer los esquemas de
seguridad de dos de los
solicitantes, ii) ordenó
respecto de los demás
mantener las medidas
adoptadas salvo que surjan
circunstancias que ameriten
su modificación, iii)
investigar si ataques
sufridos por familiares de
una de las solicitantes se
debe a su condición de
defensora de Derechos
Humanos, a los fines de
determinar si son
merecedores de medidas
de protección; iv) conminó a
la UNP a prestar la
protección a favor de los
actores de manera
completa, eficiente y
oportuna, para que estas no
se vean suspendidas.
Reafirmación del deber de
protección especial respecto
de quienes, en razón a las
circunstancias en las que
desempeñan su actividad
como defensor de derechos
humanos, se ven expuestos a
un riesgo excepcional o
elevado, más cuando ha
comprometido su actividad a
la defensa de los derechos de
las personas desplazadas.
Deber de valorar
adecuadamente la situación
de seguridad personal
considerando la calidad y/o
actividad que desempeña la
víctima, su riesgo social y la
presunción de riesgo que
aplica para estos actores
sociales.
Adopción de medidas de
restitución y satisfacción
(establecimiento de medidas de
protección provisional) a los
fines de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos a
la vida e integridad física en
relación con el ejercicio de su
profesión.
Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2 y 5 CADH).
[Posición de garante del Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con los derechos
a la vida, integridad personal y
ejercicio profesional de la libertad
de expresión por parte de
comunicadores sociales (Artículos
4°, 5° y 13 CADH).
26. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
26
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
en Colombia casos donde se ha
atentado contra la vida de tales
sujetos, situación que no puede
ser ignorada por Juez de tutela
a la hora de valorar la situación
de quienes peticionan esas
medidas [pág. 29-32].
En el caso concreto se
encuentra que dos de los
solicitantes sí acreditaron
situación de riesgo
extraordinario al verificarse
panfletos amenazantes de dos
grupos armados en su contra y
varios eventos de amenazas, lo
que no se predica con la misma
intensidad de los otros
solicitantes.
La ayuda humanitaria, que debe
ser otorgada previa
caracterización y proveída por la
UARIV (Unidad para la Atención
y Reparación Integral de
Víctimas), se hace para fines de
atender necesidades básicas a
quienes son víctimas de
conflicto y no a defensores de
Derechos Humanos a título de
salario o remuneración [págs.
34-40]
27. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
27
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso del líder político y
sindical de izquierda
[Poveda Gaute]
xv
C.E Sentencia de 6 de marzo de
2013. Rad. 26217.
Persona fundadora de la
Federación sindical Agrícola
FENSA y militante del
Partido Comunista y la
Unión Patriótica que recibió
amenazas por su labor
sindical y política. Fue
asesinado el 17 de febrero
de 1999 en Bogotá.
Si daño es causado por terceros
el deber de reparar por parte del
Estado surge siempre que
existiera un deber de protección
especial frente a la víctima [pág.
18].
Cuando el daño es previsible
según las circunstancias
políticas y sociales, como el ser
líder sindicalista y pertenecer a
un partido comunista, el deber
de protección surge sin
necesidad de que la víctima así
lo pidiera expresamente [págs.
18-19].
Según jurisprudencia se sabe
que miembros de la Unión
Patriótica requerían de
protección especial en razón a
la política de persecución en su
contra [págs. 19-22].
En el caso concreto, existían
amenazas contra la víctima y su
muerte fue causada por un
tercero siendo atribuible el daño
al Estado por no haber brindado
la protección requerida [pág.
23].
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y
Departamento
Administrativo de Seguridad
DAS al pago de perjuicios
materiales y morales a favor
de los familiares del
causante.
En cuanto a medidas de
satisfacción se dispuso
remitir copia de la sentencia
al Centro de Memoria
Histórica para que haga
parte del material
documental sobre la
persecución sufrida por
miembros de los partidos
políticos Unión Patriótica y
Comunista.
Reafirmación del deber de
protección especial respecto
de personas que en razón a
las circunstancias políticas o
sociales se exponen a riesgo
excepcional o elevado, como
es el caso de líderes
sindicales y/o de partidos
políticos opositores.
Deber de protección oficioso.
Adopción de medidas de
satisfacción (remisión de
sentencia para la conformación
de verdad histórica del conflicto
y de la persecución al partido
político Unión Patriótica).
Promoción del deber de
memoria histórica en sociedades
que han afrontados situaciones
de graves violaciones a DD.HH y
DIH reconocido y protegido en
sus facetas individuales (en
favor de las víctimas
particularmente consideradas) y
colectivas (en favor o en pro de
la sociedad considerada como
un todo), por vías judiciales y
extrajudiciales, como se hace en
este caso por medio de la
remisión a un archivo del Centro
de Memoria Histórica.
Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1 y 2 CADH).
[Posición de garante del Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con el Derecho a
la vida (Artículo 4° CADH).
Resolución No. 60/147 de 2005
Asamblea General de las Naciones
Unidas Capítulo IX y
Jurisprudencia Contenciosa de
Corte Interamericana de Derechos
Humanos donde se reconocen
como medidas de reparación:
Restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición.
Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas. Estudio sobre el Derecho a
la Verdad. E/C.N.4/2006/91.
28. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
28
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso del Defensor de
Presos Políticos [Barriga
Vergel]
xvi
C.E Sentencia de 18 de enero de
2012. Rad. 19959.
Abogado defensor de presos
políticos y de otras causas
relacionadas con la defensa
de los Derechos Humanos
quien fue objeto de
seguimiento por parte de
fuerzas militares siendo
calificado en informes de
inteligencia como integrante
de un grupo armado
insurgente.
El 16 de junio de 1995 en
Cúcuta fue ultimado por dos
hombres que se movilizaban
en una motocicleta.
Actores sociales tales como los
abogados dedicados a la
defensa de delitos relacionados
con el conflicto armado son
merecedores de protección
personal como emanación del
principio democrático y como
protección del derecho a la vida
[págs. 27-29].
Atendiendo estándares
convencionales y
constitucionales debe
delimitarse frente a qué tipo de
riesgos se demanda las
medidas de protección del
Estado [págs. 30-31].
No es necesario, en ciertos
casos, que haya existido
solicitud previa, expresa y
formal por parte del amenazado
para que se derive la
responsabilidad del Estado
[pág. 40].
En el caso concreto se probó la
posición intuito personae de la
víctima como abogado dedicado
a la defensa de presos políticos,
que a este se le realizaron
interceptaciones legales que no
arrojaron ninguna comunicación
sospechosa, sin embargo la
inteligencia del Ejército calificó a
la víctima como parte de una
red de apoyo o auxiliador del
ELN. Se probó que las
autoridades penales calificaron
el móvil del homicidio como
derivado de la actividad de
defensa de los presos políticos,
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Policía Nacional al pago de
perjuicios morales y
materiales a favor de los
familiares.
Se adoptaron las siguientes
medidas de reparación
integral: i) realizar un acto
público de ofrecimiento de
disculpas a los familiares de
Barriga Vergel en cabeza
del Director del
Departamento de Policía de
Norte de Santander; ii)
publicar la parte resolutiva
del fallo en todas las
Estaciones de Policía de
ese Departamento y
difundirla en medios de
comunicación
departamental; iii) remitir
copia a las autoridades
penales y disciplinarias para
que consideren si hay lugar
a iniciar investigaciones por
los sucedido; iv) ordenar a
la Fiscalía General de la
Nación presentar un
informe acerca del
resultado de las
investigaciones adelantadas
por el homicidio de Barriga
Vergel.
Reafirmación del deber de
protección especial respecto
de quienes, en razón a las
circunstancias en las que
desempeñan su actividad
como profesional del derecho,
se ven expuestos a un riesgo
excepcional o elevado, más
cuando ha comprometido su
ejercicio a la defensa de
causas sensibles como son
los presos políticos.
Deber de valorar
adecuadamente la situación
de seguridad personal
considerando la calidad y/o
actividad que desempeña la
víctima y su riesgo social.
Deber de abstención, de no
injerencia y respeto hacia la
libertad de profesión u oficio.
Calificación de la víctima
como próximo o colaborador
de un grupo armado
insurgente constituye
estigmatización que pone en
riesgo a la víctima.
Adopción de medidas de
satisfacción (acto de disculpas
públicas, difusión del fallo,
compulsa de copias a
autoridades penales y
disciplinarias y orden de elaborar
un informe sobre la violación de
DD.HH en el caso).
Promoción del deber de
memoria histórica en sociedades
que han afrontados situaciones
de graves violaciones a DD.HH y
DIH reconocido y protegido en
sus facetas individuales (en
favor de las víctimas
particularmente consideradas) y
colectivas (en favor o en pro de
la sociedad considerada como
un todo), por vías judiciales y
extrajudiciales.
Publicitación del fallo como
forma de instrucción a fuerza
pública y garantía de no
repetición.
Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2, 3, 4 y 63.1
CADH). [Posición de garante del
Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con los derechos
a la vida e integridad física
(Artículos 4° y 5° CADH).
Garantías para el ejercicio de la
profesión de abogado, deber
estatal de asegurar a los abogados
en desempeño de sus funciones
profesionales sin intimidación,
obstáculos, acosos o interferencias
indebidas; poder desplazarse
libremente y comunicarse con sus
clientes. Principios básicos sobre la
función de los abogados. Aprobado
por el Octavo Congreso de las
Naciones Unidas sobre la
Prevención del Delito, celebrado
del 27 de agosto al 7 de
septiembre de 1990.
29. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
29
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
dando cuenta de numerosos
hechos similares, siendo un
crimen que coartó la libertad de
opinión política. Se demostró
que Barriga Vergel y demás
asociados al Comité de
Solidaridad con los presos
políticos había recibido
amenazas de un grupo
denominado “Colombia sin
Guerrillas” [págs. 45-60]
Se declara la responsabilidad
del Estado en razón a que la
situación de riesgo de la víctima
debió ser conocida por la
autoridad estatal en particular
por los actos sistemáticos de
violencia perpetrados contra
defensores de derechos
humanos, asumiendo así el
Estado posición de garante
sobre Barriga Vergel llamado a
adoptar medidas de protección
razonables para evitar la
afectación de sus derechos por
parte de terceros [págs. 61-64.]
30. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
30
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso Abogado sindicalista
del Urabá [Jiménez
Vaca]
xvii
C.E Sentencia de 31 de enero de
2011. Rad. 17842.
Atentado ocurrido el
Medellín el 4 de abril de
1988 y perpetrado por
sicarios en contra de un
abogado asesor de
sindicatos de empresas
bananeras en el Urabá
antioqueño quien fue objeto
de amenazas por su
actividad profesional y no
recibió protección por parte
del Estado pese al
conocimiento generalizado
de la situación de orden
público en la región y las
solicitudes elevadas.
Situación de riesgo constante
para las organizaciones
sindicales y sus miembros en
atención a los informes que
sobre la materia había
elaborado la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos en 1981 y 1999, al ser
amenazados por diversos
actores armados [págs. 20-23].
Obligación estatal de garantizar
ejercicio de derechos
fundamentales los miembros de
organizaciones sindicales,
siendo considerados como
población en riesgo y
vulnerables originada en fuentes
convencionales (CADH y
Protocolo de San Salvador que
consagran libertad de
asociación) y constitucionales
(artículo 39 Constitución Política
y jurisprudencia constitucional)
[págs. 23-25].
En el caso concreto, al existir
conocimiento por parte del
Estado de la situación de peligro
de la víctima en razón a la
actividad profesional, se
concluye que se violó el deber
de protección y seguridad, por lo
cual se declara su
responsabilidad [págs. 26-30].
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y Ejército
Nacional al pago de
perjuicios morales a la
víctima directa y sus
familiares y reconoció
perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante.
Reafirmación del deber de
protección especial respecto
de quienes, en razón a las
circunstancias en las que
desempeñan su actividad
como profesional del derecho,
se ven expuestos a un riesgo
excepcional o elevado, más
cuando ha comprometido su
ejercicio a la defensa de
derechos laborales y/o
sindicales.
N/A Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2 y 5 CADH).
[Posición de garante del Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con el Derecho a
la vida (Artículo 4° CADH).
Garantías para el ejercicio de la
profesión de abogado, deber
estatal de asegurar a los abogados
en desempeño de sus funciones
profesionales sin intimidación,
obstáculos, acosos o interferencias
indebidas; poder desplazarse
libremente y comunicarse con sus
clientes. Principios básicos sobre la
función de los abogados. Aprobado
por el Octavo Congreso de las
Naciones Unidas sobre la
Prevención del Delito, celebrado
del 27 de agosto al 7 de
septiembre de 1990.
Libertad sindical y protección para
el ejercicio de los derechos
31. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
31
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
sindicales (Art. 16 CADH; Art. 8°
Protocolo de San Salvador; Art. 8°
PIDESC; Convenio No. C-087 de
OIT sobre libertades sindicales).
Nota: Respecto de los hechos de
este caso puede verse la
Comunicación No. 859/1999
CCPR/C/74/D/859/1999 de 15 de
abril de 1999 del Comité de
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en el que se
declaró que el Estado colombiano
había violado en perjuicio de
Jiménez Vaca los derechos
reconocidos en los artículos 6º,
párr. 1º, 9º párr. 1º y 12 párr 1 y 4
del PIDCP.
32. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
32
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso Muerte del
Personero de San Alberto
[León Chávez]
xviii
C.E Sentencia de 18 de febrero de
2010. Exp. 18274.
Asesinato del Personero
Municipal del Municipio de
San Alberto el 24 de
noviembre de 1995, siendo
ampliamente conocida la
situación de violencia, la
presencia de actores
violentos como subversión y
paramilitares y asesinatos
de servidores públicos y
pobladores.
Imputación de responsabilidad
del Estado desborda plano
material y fáctico, traduciéndose
a un ejercicio de imputación
objetiva, valorando si el Estado
infringió el deber objetivo de
cuidado en razón de su posición
de garante institucional. Resulta
imputable al Estado un daño si
su actuar fue relevante para su
desencadenamiento o si
pudiendo evitarlo se abstuvo de
ello [págs. 19-25].
En el caso concreto el Estado
tenía posición de garante
respecto de la víctima en
atención a la situación de
violencia del Municipio. El hecho
no resultó ser imprevisible ni
irresistible. Aun cuando Estado
no conocía amenazas
específicas contra el Personero
si era consciente del riesgo al
que se exponían los
funcionarios públicos máxime
los involucrados en la lucha
contra la violencia que se vivía
en el lugar [págs. 25-30]
Se declara la responsabilidad
del Estado al haber fallado en
su deber de protección y
seguridad [págs. 31-32].
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Policía Nacional al pago de
perjuicios morales a los
familiares y reconoció
perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante.
Reafirmación del deber de
protección especial respecto
de quienes desempeñan,
desde su rol funcional,
competencias de promoción y
respeto a los Derechos
Humanos (como lo es el
personero municipal) y
máxime en contexto de
violencia generalizada
promovida por diversos
actores del conflicto armado.
Deber oficioso de protección.
N/A Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2, 4, 27 y 63.1
CADH). [Posición de garante del
Estado]
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. Caso Valle Jaramillo y Otros
Vs Colombia, sentencia de 27 de
noviembre de 2008, párr. 78. Caso
Defensor de Derechos Humanos y
otros Vs Guatemala, Sentencia de
28 de agosto de 2014, párr. 138-
142. En relación con el Derecho a
la vida (Artículo 4° CADH).
33. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
33
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso muerte del candidato
presidencial de la Unión
Patriótica [Pardo Leal]
xix
C.E Sentencia de 30 de octubre de
1997. Rad. 10958.
Jaime Pardo Leal se
desempeñaba como
presidente del partido
político Unión Patriótica y
candidato a la Presidencia
de la República.
El 11 de octubre de 1987, al
regresar de su finca, a la
altura del Municipio de Tena
fue asesinado.
Policía Nacional tiene a su
cargo el abstracto deber de
garantizar la vida de los
habitantes, concretándose
cuando una persona invoque
protección de la fuerza o, sin
necesidad de solicitud previa,
por la notoriedad del inminente
peligro que corre el ciudadano.
La omisión del cumplimiento de
ese deber compromete la
responsabilidad del Estado por
los daños causados [pág. 11].
En el caso concreto el sólo
hecho de ser líder de oposición,
presidente de un partido
perseguido y diezmado
violentamente ya era suficiente
para que la víctima recibiera
protección para su vida, sin
necesidad de pedido. El
esquema de seguridad prestado
a Pardo Leal era deficiente y
para el momento de los hechos
no estaba presente, sin
conocerse los motivos de su
ausencia. En consecuencia, se
declaró la responsabilidad del
Estado por tales hechos [pág.
12-14]
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Policía Nacional al pago de
perjuicios morales y
materiales a favor de los
familiares.
Reafirmación del deber de
protección especial respecto
de personas que en razón a
las circunstancias políticas o
sociales se exponen a riesgo
excepcional o elevado, como
es el caso de líderes
sindicales y/o de partidos
políticos opositores.
Deber de adoptar medidas de
seguridad proporcionales y
efectivas para garantizar vida
e integridad física de
afectado.
N/A Deber de protección y seguridad
personal. Deber de respetar y
hacer respetar los derechos
reconocidos en la Convención y
adoptar disposiciones de derecho
interno (Art. 1.1, 2, 4, 23, 27 y 63.1
CADH). [Posición de garante del
Estado].
Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 110-111
y 114. Reiterado, inter alia, en
Caso de la Masacre de Pueblo
Bello Vs Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2005, párr. 111-
118. En relación con los derechos
a la vida, integridad y libertad
personales (Artículo 4°, 5° y 7° de
la CADH).
34. Relatoría casos de actores involucrados en la defensa, promoción y/o protección de los Derechos Humanos
22 de febrero de 2017
34
República de Colombia – Rama Judicial - Consejo de Estado
Caso de captura y tortura
de sindicalista [Quebrada
Trejos]
xx
C.E Sentencia de 28 de noviembre
de 1996. Rad. 9617.
En la noche del 5 de marzo
de 2000 militares sin orden
judicial allanaron una
reunión de dirigentes
sindicales en el Sindicato de
Trabajadores de GoodYear
S.A., fueron llevados a una
Brigada Militar, les vendaron
los ojos y fueron torturados.
Fueron sindicados de ser
responsables de atentados a
oleoductos y quema de un
bus, como integrantes del
ELN.
Las autoridades penales no
impusieron medidas de
aseguramiento al no
encontrar serias pruebas
sobre la sindicación.
Posteriormente también la
víctima fue vinculada a una
causa penal por el secuestro
de un ciudadano, donde
también se dispuso su
absolución.
En el caso concreto se advierte
que la retención ilegal ocurrida
para la víctima y los demás
sindicalistas es constitutiva de
una falla del servicio al existir
informes de inteligencia vagos
que causan un daño
injustificado a la víctima, sin que
exista una orden judicial de
detención, flagrancia ni una
captura administrativa. Las
simples sospechas sembradas
por llamadas anónimas no
pueden dar lugar a la privación
de la libertad. A tenor del PIDCP
y PIDESC toda persona
ilegalmente detenida tiene
derecho a obtener reparación,
por lo que se declarará
responsabilidad sobre el
particular [pág. 10-14].
Se declara, también, la
responsabilidad por los actos de
tortura que recibió de parte de
los militares la víctima al ser
golpeado en varias ocasiones
en todo su cuerpo, lo que
constituyó violación de normas
internacionales tales como la
Convención contra la Tortura y
otros Tratos o penales crueles;
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; el Pacto
Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y, a nivel
interno, al artículo 12
constitucional que proscribe
actos de tortura, tratos crueles e
inhumanos y desaparición
forzada de personas [págs. 14-
Condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional al pago de
perjuicios morales.
Reafirmación del deber de
respeto al ejercicio libre del
derecho de asociación y
sindicalización.
Proscripción de actos de
violación a la libertad
personal, al haberse privado
de la libertad sin el
cumplimiento de los requisitos
legales, prohibición de
realización de actos de tortura
para obtener una confesión.
N/A Deber de respetar y hacer respetar
los derechos reconocidos en la
Convención y adoptar
disposiciones de derecho interno
Art. 1.1, 2, 5 y 63.1 CADH).
[Posición de garante del Estado],
en relación con el Derechos a la
vida, integridad y libertad personal
(Artículo 4°, 5.2 y 7.2 CADH).
Convenciones Internacionales e
Interamericana para la prevención
de la tortura o penas crueles,
inhumanas o degradantes.
Libertad sindical y protección para
el ejercicio de los derechos
sindicales (Art. 16 CADH; Art. 8°
Protocolo de San Salvador; Art. 8°
PIDESC; Convenio No. C-087 de
OIT sobre libertades sindicales).