El documento habla sobre la responsabilidad del Estado colombiano por los daños causados a los ciudadanos a través de terceros o por el desarrollo de actividades lícitas. Explica que el Estado es responsable sin necesidad de probar falla cuando se rompe el equilibrio de cargas públicas y se causa un daño especial a alguien que no tenía obligación legal de soportarlo. También es responsable por el desarrollo de actividades peligrosas aunque no haya falla, siempre que la ley o jurisprudencia las consideren como tales.