La Constitución de 1925 estableció un régimen presidencialista en Chile, con un presidente elegido por sufragio universal directo por un período de seis años con amplias atribuciones administrativas. Instauró un Congreso bicameral y separó definitivamente la Iglesia del Estado. También consagró la educación pública como una prioridad estatal y el derecho a voto para los ciudadanos.