El Simce cumple 30 años siendo una herramienta útil para las comunidades educativas y para guiar las políticas públicas. Proporciona información valiosa sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes y los establecimientos educativos. Esto permite a las escuelas planificar mejor y a las familias elegir escuelas de manera informada. Si las políticas públicas se basaran más en los resultados del Simce, las reformas propuestas serían más sofisticadas y efectivas para mejorar la calidad de la educación. A pesar de

1. Opinión
Los 30 años del Simce
El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) cumple 30 años siendo una
herramienta de enorme utilidad para las comunidades educativas y como guía para las políticas
públicas. Pese a que existen críticas infundadas de algunos sectores, la información generada por
este instrumento es tremendamente valiosa.
En un sector como educación, donde existen tremendas asimetrías de información, tener un
sistema de medición de los logros de aprendizaje válido y confiable es un activo que debe ser
apreciado. Para los establecimientos educacionales, disponer de una evaluación periódica de su
trabajo y del desempeño de sus alumnos les permite planificar el trabajo pedagógico, la capacitación
docente y plantearse nuevos desafíos y metas. En el caso de las familias, conocer los resultados
educativos de cada establecimiento es un requisito mínimo para un sistema de libre elección de
escuelas como el que existe en nuestro país. Finalmente, si las decisiones de política pública
estuvieran más estrechamente ligadas a lo que muestran los resultados del Simce, probablemente
las reformas propuestas en el ámbito escolar serían más sofisticadas -en lugar de, por ejemplo,
culpar al lucro, al copago o a la municipalización de todas las deficiencias del sistema- y más efectivas
para lograr mejorar la calidad de la educación y disminuir las brechas de aprendizajes asociadas a
las diferencias socioeconómicas de origen.
Pese a que cada cierto tiempo surgen críticas, la mayor parte de ellas son infundadas o apuntan a
aspectos que el Simce no está llamado a solucionar. Uno de ellos es el uso que le da la ciudadanía a
los resultados. Es cierto que algunas comparaciones, sin considerar el contexto, son equivocadas,
pero mucho peor es la opacidad que significa que las familias no conozcan si el colegio al que asisten
sus hijos logra los mínimos que el mismo Estado fija a través del curriculum nacional. Por otro lado,
se dice que las pruebas estandarizadas estrechan el curriculum al incentivar los aprendizajes
únicamente en ciertas asignaturas. Sin embargo, es poco probable que una prueba de bajas
consecuencias para los alumnos y docentes pueda llevar a aquello y, por otro lado, la inclusión de
áreas como inglés, ciencias y escritura desestima dicha crítica. Finalmente, la creación de “otros
indicadores de calidad educativa” tales como convivencia escolar, autoestima académica y hábitos
de vida saludable, permiten una evaluación más comprehensiva de los establecimientos.
Con todo, cierta presión del sistema para lograr que los alumnos logren leer (gracias al Simce
sabemos que un porcentaje importante de los de los alumnos de 2° básico no comprende lo que
lee) y realizar operaciones matemáticas básicas es fundamental para que sobre dichos
conocimientos y habilidades puedan progresar en las diferentes asignaturas.
El presupuesto para 2018 contempla una inversión del Estado de más de US$ 9 mil millones en
subvención escolar. Información como la que proporciona el Simce ayuda a que la ciudadanía pueda
evaluar cuán provechoso es el uso que se da a esos cuantiosos recursos. Por ende, el Congreso en
lugar de pretender limitar el acceso a dicha información, debiera acercarla lo más posible a las
familias (por ejemplo, en el proceso de selección centralizado de escuelas) y a la comunidad en
general.