Este documento describe el concepto de administrado y sus clases. Los administrados son personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentran en una relación de subordinación con la administración pública. Puede distinguirse entre administrados simples y específicos. También se analizan las causas que pueden modificar la capacidad de los administrados, como la nacionalidad, edad, enfermedad o condena penal. Finalmente, se describen brevemente las peticiones y solicitudes que pueden realizar los administrados ante la
Este documento trata sobre la atención al ciudadano en la administración local. Explica los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, como el derecho a la información y a presentar quejas. También describe las funciones de la atención al ciudadano, como la recepción, orientación e información a los ciudadanos, así como la recepción de iniciativas, quejas y sugerencias a través del Libro de Quejas y Sugerencias. Por último, analiza las medidas para mejorar la atención al público y la cal
La Ley 19.880 establece los principios básicos que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos en Chile, introduciendo por primera vez un modo común para realizar trámites ante organismos públicos. El documento describe las características, objetivos, ámbito de aplicación y definiciones clave de la ley, incluyendo los conceptos de procedimiento administrativo, acto administrativo e interesados, así como las etapas de iniciación, instrucción y finalización de los procedimientos.
El documento resume los principales aspectos de la revisión de actos en vía administrativa en España, incluyendo la revisión de oficio de actos nulos, la revocación de actos, la rectificación de errores, y los recursos administrativos como el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión. Explica los motivos, plazos y órganos competentes de cada procedimiento de revisión.
El documento explica el derecho de petición y el silencio administrativo en Colombia. El derecho de petición es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos solicitar información u obtener respuestas de las autoridades públicas. El silencio administrativo se refiere a la falta de respuesta por parte de las autoridades dentro de los plazos establecidos, lo cual se puede interpretar como una respuesta negativa. El documento también describe los diferentes tipos de peticiones, los plazos para responder, y el proceso de agotar la vía gubernativa antes de acudir
Este documento presenta los primeros artículos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela. Establece las disposiciones fundamentales sobre el alcance de la ley, los derechos de los ciudadanos, las responsabilidades de los funcionarios públicos, los plazos para la resolución de asuntos, y las normas para la emisión de actos administrativos válidos.
El documento describe el procedimiento administrativo en Venezuela. Explica que puede iniciarse a instancia de oficio o de parte, y que incluye la notificación, la presentación de descargos, y un acto administrativo definitivo que puede ser recurrido. También detalla los recursos ordinarios de reconsideración y jerárquico, así como recursos extraordinarios como la revisión administrativa.
Este documento resume la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444 de Perú. Explica que la ley se aplica a todas las instituciones públicas y personas jurídicas privadas que brindan servicios públicos. Define conceptos como acto administrativo, requisitos de validez, formas, causales de nulidad y efectos. El objetivo principal es establecer garantías para los administrados y asegurar el interés general en las actuaciones de la administración pública de acuerdo con principios como verdad material e informalismo.
Este documento trata sobre la atención al ciudadano en la administración local. Explica los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, como el derecho a la información y a presentar quejas. También describe las funciones de la atención al ciudadano, como la recepción, orientación e información a los ciudadanos, así como la recepción de iniciativas, quejas y sugerencias a través del Libro de Quejas y Sugerencias. Por último, analiza las medidas para mejorar la atención al público y la cal
La Ley 19.880 establece los principios básicos que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos en Chile, introduciendo por primera vez un modo común para realizar trámites ante organismos públicos. El documento describe las características, objetivos, ámbito de aplicación y definiciones clave de la ley, incluyendo los conceptos de procedimiento administrativo, acto administrativo e interesados, así como las etapas de iniciación, instrucción y finalización de los procedimientos.
El documento resume los principales aspectos de la revisión de actos en vía administrativa en España, incluyendo la revisión de oficio de actos nulos, la revocación de actos, la rectificación de errores, y los recursos administrativos como el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión. Explica los motivos, plazos y órganos competentes de cada procedimiento de revisión.
El documento explica el derecho de petición y el silencio administrativo en Colombia. El derecho de petición es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos solicitar información u obtener respuestas de las autoridades públicas. El silencio administrativo se refiere a la falta de respuesta por parte de las autoridades dentro de los plazos establecidos, lo cual se puede interpretar como una respuesta negativa. El documento también describe los diferentes tipos de peticiones, los plazos para responder, y el proceso de agotar la vía gubernativa antes de acudir
Este documento presenta los primeros artículos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela. Establece las disposiciones fundamentales sobre el alcance de la ley, los derechos de los ciudadanos, las responsabilidades de los funcionarios públicos, los plazos para la resolución de asuntos, y las normas para la emisión de actos administrativos válidos.
El documento describe el procedimiento administrativo en Venezuela. Explica que puede iniciarse a instancia de oficio o de parte, y que incluye la notificación, la presentación de descargos, y un acto administrativo definitivo que puede ser recurrido. También detalla los recursos ordinarios de reconsideración y jerárquico, así como recursos extraordinarios como la revisión administrativa.
Este documento resume la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444 de Perú. Explica que la ley se aplica a todas las instituciones públicas y personas jurídicas privadas que brindan servicios públicos. Define conceptos como acto administrativo, requisitos de validez, formas, causales de nulidad y efectos. El objetivo principal es establecer garantías para los administrados y asegurar el interés general en las actuaciones de la administración pública de acuerdo con principios como verdad material e informalismo.
Este documento es una ley chilena que establece las bases de los procedimientos administrativos de los órganos del Estado. La ley regula principios como la escrituración, gratuidad, celeridad, economía procedimental, contradictoriedad e imparcialidad de los procesos administrativos. Además, define conceptos como acto administrativo, decretos supremos y resoluciones. La ley es aplicable a organismos como ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos.
EXCUSA Y RECUSACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Si el administrado conoce de una causal que haga que la autoridad administrativa no sea imparcial en un procedimiento administrativo puede solicitar su excusa a través de una recusación (AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Este documento presenta los primeros capítulos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela. Establece disposiciones generales sobre la aplicación de la ley a diferentes organismos administrativos y sobre los derechos de los ciudadanos a dirigir peticiones e instancias a la administración. También define conceptos clave como actos administrativos, establece la jerarquía y requisitos de validez de dichos actos, y dispone sobre la actividad administrativa en general.
La Ley 19.880 establece las bases de los procedimientos administrativos del Estado chileno. Incluye regulaciones sobre plazos máximos para la resolución de solicitudes, el silencio administrativo positivo y negativo, y los derechos de las personas en los trámites administrativos. El silencio positivo presume la aprobación de una solicitud si no se resuelve dentro de los plazos, mientras que el silencio negativo presume el rechazo cuando afecta al patrimonio fiscal.
Analisis de algunas normas de la ley 38 del 2000 YAMILETH MÁRQUEZ VALENCIAimprepapty
Este documento analiza algunas normas de la Ley 38 del 2000 sobre el Procedimiento Administrativo General en Colombia. Resume los principales principios rectores del procedimiento administrativo como la legalidad, imparcialidad y celeridad. Explica el derecho de petición de los ciudadanos ante las autoridades públicas y los pasos para presentar consultas, denuncias y quejas. Finalmente, destaca la importancia de que las decisiones de los servidores públicos respeten el orden jerárquico normativo y se ajusten a los principios de responsabilidad y debido proceso.
El procedimiento administrativo consiste en una serie de pasos que permiten que los ciudadanos puedan sentirse amparados por la ley ante los trámites administrativos realizados por los organismos públicos. Estos procedimientos tienen varias fases como la iniciación, sustanciación y terminación. La sustanciación es la fase más variable e incluye actos de instrucción para proporcionar elementos de juicio a la decisión final. Al final del procedimiento se emite un acto administrativo que es la decisión más importante del derecho administrativo.
El documento describe las sanciones y el procedimiento administrativo aplicable a infracciones de la ley 11.683 de procedimiento tributario. Las sanciones incluyen multas de $300 a $30.000 y clausura de 3 a 10 días. El procedimiento involucra la confección de un acta, citación a audiencia, y posibilidad de apelación administrativa y judicial.
Este documento resume los principales aspectos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela. Establece los principios de legalidad y discrecionalidad que rigen la actividad administrativa. Describe los diferentes tipos de actos administrativos, como decretos y resoluciones. Explica los procedimientos ordinario, sumario y simple. También cubre los recursos administrativos como reconsideración, revisión y jerárquico.
Este documento presenta el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia. Establece los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad que rigen los procedimientos administrativos. También define los derechos y deberes de las personas y autoridades en estos procesos, así como las prohibiciones que rigen a las autoridades.
El Proceso Administrativo Ordinario y SumarioJuris Cucho
Este documento describe los procedimientos administrativos ordinario y sumario en Costa Rica. El procedimiento ordinario se utiliza cuando el acto final puede causar perjuicio grave al ciudadano, mientras que el sumario se utiliza cuando no hay afectación de derechos. El ordinario requiere más garantías procesales como audiencias y presentación de pruebas, mientras que el sumario es más rápido y no requiere estas garantías. El documento también analiza casos relacionados con el derecho a la defensa en procedimientos administrativos.
Este documento trata sobre el derecho administrativo y los procedimientos administrativos. Explica que el derecho administrativo regula la función administrativa del Estado y está compuesto por normas y principios que regulan esta función. Asimismo, describe los diferentes elementos de los actos administrativos como la validez, eficacia y nulidad. Finalmente, analiza los procedimientos administrativos, incluyendo la aprobación automática, evaluación previa y el silencio administrativo.
Este documento describe los factores y causas que llevaron a la reforma del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en Colombia en 2011. Entre ellos se encuentran los cambios en el contexto social e institucional debido a la globalización, la nueva Constitución de 1991 que definió un Estado Social de Derecho con énfasis en los derechos de las personas, y los cambios en la concepción del juez como garante de derechos. La reforma buscó adaptar la legislación a este nuevo marco constitucional.
1) El documento describe varios tipos de procedimientos administrativos y sus características. 2) Explica los requisitos para iniciar un procedimiento administrativo, ya sea de oficio o a instancia de parte. 3) Detalla las etapas de sustanciación e instrucción del expediente administrativo.
La ley establece que los procedimientos administrativos estarán sujetos a silencio positivo, lo que significa que si la entidad no responde dentro del plazo establecido, la solicitud se considerará aprobada. Sin embargo, existen excepciones donde aplica el silencio negativo como cuando se afecta el interés público. La ley también establece sanciones para funcionarios que no reconozcan los derechos de los ciudadanos cuando opere el silencio positivo o que exijan requisitos no establecidos.
El documento resume los principales conceptos relacionados con las disposiciones administrativas y los actos administrativos en España. Brevemente, establece que las fuentes del derecho español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Luego, describe los principios de buena regulación que deben seguir las iniciativas normativas administrativas y las clases de reglamentos administrativos. Finalmente, define el concepto de acto administrativo y establece sus requisitos de forma y contenido.
Diapositivas Neil Suller Ley Del Silencio Administrativonelcko
La ley establece el silencio administrativo positivo, por el cual una solicitud se considera aprobada automáticamente si la entidad pública no se pronuncia en un plazo de 30 días. Sin embargo, existen excepciones cuando se afecta significativamente el interés público en áreas como la salud, medio ambiente y seguridad. El documento también describe los procedimientos y responsabilidades en caso de incumplimiento por parte de los funcionarios o de presentación de declaraciones juradas falsas por los administrados.
Este documento presenta una introducción al procedimiento administrativo y contencioso administrativo en Perú. Explica los principios, fuentes y sujetos del procedimiento administrativo según la Ley 27444, así como conceptos clave como actos administrativos, requisitos de validez, nulidad y notificación. También resume los principales cambios introducidos por el Decreto Legislativo 1029 respecto a la notificación personal de actos administrativos.
El documento trata sobre las consecuencias en materia tributaria que tiene para un acreedor la declaración de concurso de acreedores de un deudor. Explica cómo afecta a los impuestos de IVA, IS e IRPF, permitiendo modificar la base imponible del IVA o deducir pérdidas por deterioro de créditos en el IS, entre otras cuestiones.
El concurso de acreedores es un procedimiento legal para resolver situaciones de insolvencia de una empresa. Los jueces de lo mercantil resuelven los casos del concurso de acreedores, el cual tiene dos fases: una primera fase común y una segunda fase que puede terminar en un convenio para reflotar la empresa o en su liquidación si la crisis no tiene solución. La declaración de un concurso como culpable acarrea inhabilitaciones y pérdida de derechos para los responsables.
Este documento es una ley chilena que establece las bases de los procedimientos administrativos de los órganos del Estado. La ley regula principios como la escrituración, gratuidad, celeridad, economía procedimental, contradictoriedad e imparcialidad de los procesos administrativos. Además, define conceptos como acto administrativo, decretos supremos y resoluciones. La ley es aplicable a organismos como ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos.
EXCUSA Y RECUSACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Si el administrado conoce de una causal que haga que la autoridad administrativa no sea imparcial en un procedimiento administrativo puede solicitar su excusa a través de una recusación (AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Este documento presenta los primeros capítulos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela. Establece disposiciones generales sobre la aplicación de la ley a diferentes organismos administrativos y sobre los derechos de los ciudadanos a dirigir peticiones e instancias a la administración. También define conceptos clave como actos administrativos, establece la jerarquía y requisitos de validez de dichos actos, y dispone sobre la actividad administrativa en general.
La Ley 19.880 establece las bases de los procedimientos administrativos del Estado chileno. Incluye regulaciones sobre plazos máximos para la resolución de solicitudes, el silencio administrativo positivo y negativo, y los derechos de las personas en los trámites administrativos. El silencio positivo presume la aprobación de una solicitud si no se resuelve dentro de los plazos, mientras que el silencio negativo presume el rechazo cuando afecta al patrimonio fiscal.
Analisis de algunas normas de la ley 38 del 2000 YAMILETH MÁRQUEZ VALENCIAimprepapty
Este documento analiza algunas normas de la Ley 38 del 2000 sobre el Procedimiento Administrativo General en Colombia. Resume los principales principios rectores del procedimiento administrativo como la legalidad, imparcialidad y celeridad. Explica el derecho de petición de los ciudadanos ante las autoridades públicas y los pasos para presentar consultas, denuncias y quejas. Finalmente, destaca la importancia de que las decisiones de los servidores públicos respeten el orden jerárquico normativo y se ajusten a los principios de responsabilidad y debido proceso.
El procedimiento administrativo consiste en una serie de pasos que permiten que los ciudadanos puedan sentirse amparados por la ley ante los trámites administrativos realizados por los organismos públicos. Estos procedimientos tienen varias fases como la iniciación, sustanciación y terminación. La sustanciación es la fase más variable e incluye actos de instrucción para proporcionar elementos de juicio a la decisión final. Al final del procedimiento se emite un acto administrativo que es la decisión más importante del derecho administrativo.
El documento describe las sanciones y el procedimiento administrativo aplicable a infracciones de la ley 11.683 de procedimiento tributario. Las sanciones incluyen multas de $300 a $30.000 y clausura de 3 a 10 días. El procedimiento involucra la confección de un acta, citación a audiencia, y posibilidad de apelación administrativa y judicial.
Este documento resume los principales aspectos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela. Establece los principios de legalidad y discrecionalidad que rigen la actividad administrativa. Describe los diferentes tipos de actos administrativos, como decretos y resoluciones. Explica los procedimientos ordinario, sumario y simple. También cubre los recursos administrativos como reconsideración, revisión y jerárquico.
Este documento presenta el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia. Establece los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad que rigen los procedimientos administrativos. También define los derechos y deberes de las personas y autoridades en estos procesos, así como las prohibiciones que rigen a las autoridades.
El Proceso Administrativo Ordinario y SumarioJuris Cucho
Este documento describe los procedimientos administrativos ordinario y sumario en Costa Rica. El procedimiento ordinario se utiliza cuando el acto final puede causar perjuicio grave al ciudadano, mientras que el sumario se utiliza cuando no hay afectación de derechos. El ordinario requiere más garantías procesales como audiencias y presentación de pruebas, mientras que el sumario es más rápido y no requiere estas garantías. El documento también analiza casos relacionados con el derecho a la defensa en procedimientos administrativos.
Este documento trata sobre el derecho administrativo y los procedimientos administrativos. Explica que el derecho administrativo regula la función administrativa del Estado y está compuesto por normas y principios que regulan esta función. Asimismo, describe los diferentes elementos de los actos administrativos como la validez, eficacia y nulidad. Finalmente, analiza los procedimientos administrativos, incluyendo la aprobación automática, evaluación previa y el silencio administrativo.
Este documento describe los factores y causas que llevaron a la reforma del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en Colombia en 2011. Entre ellos se encuentran los cambios en el contexto social e institucional debido a la globalización, la nueva Constitución de 1991 que definió un Estado Social de Derecho con énfasis en los derechos de las personas, y los cambios en la concepción del juez como garante de derechos. La reforma buscó adaptar la legislación a este nuevo marco constitucional.
1) El documento describe varios tipos de procedimientos administrativos y sus características. 2) Explica los requisitos para iniciar un procedimiento administrativo, ya sea de oficio o a instancia de parte. 3) Detalla las etapas de sustanciación e instrucción del expediente administrativo.
La ley establece que los procedimientos administrativos estarán sujetos a silencio positivo, lo que significa que si la entidad no responde dentro del plazo establecido, la solicitud se considerará aprobada. Sin embargo, existen excepciones donde aplica el silencio negativo como cuando se afecta el interés público. La ley también establece sanciones para funcionarios que no reconozcan los derechos de los ciudadanos cuando opere el silencio positivo o que exijan requisitos no establecidos.
El documento resume los principales conceptos relacionados con las disposiciones administrativas y los actos administrativos en España. Brevemente, establece que las fuentes del derecho español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Luego, describe los principios de buena regulación que deben seguir las iniciativas normativas administrativas y las clases de reglamentos administrativos. Finalmente, define el concepto de acto administrativo y establece sus requisitos de forma y contenido.
Diapositivas Neil Suller Ley Del Silencio Administrativonelcko
La ley establece el silencio administrativo positivo, por el cual una solicitud se considera aprobada automáticamente si la entidad pública no se pronuncia en un plazo de 30 días. Sin embargo, existen excepciones cuando se afecta significativamente el interés público en áreas como la salud, medio ambiente y seguridad. El documento también describe los procedimientos y responsabilidades en caso de incumplimiento por parte de los funcionarios o de presentación de declaraciones juradas falsas por los administrados.
Este documento presenta una introducción al procedimiento administrativo y contencioso administrativo en Perú. Explica los principios, fuentes y sujetos del procedimiento administrativo según la Ley 27444, así como conceptos clave como actos administrativos, requisitos de validez, nulidad y notificación. También resume los principales cambios introducidos por el Decreto Legislativo 1029 respecto a la notificación personal de actos administrativos.
El documento trata sobre las consecuencias en materia tributaria que tiene para un acreedor la declaración de concurso de acreedores de un deudor. Explica cómo afecta a los impuestos de IVA, IS e IRPF, permitiendo modificar la base imponible del IVA o deducir pérdidas por deterioro de créditos en el IS, entre otras cuestiones.
El concurso de acreedores es un procedimiento legal para resolver situaciones de insolvencia de una empresa. Los jueces de lo mercantil resuelven los casos del concurso de acreedores, el cual tiene dos fases: una primera fase común y una segunda fase que puede terminar en un convenio para reflotar la empresa o en su liquidación si la crisis no tiene solución. La declaración de un concurso como culpable acarrea inhabilitaciones y pérdida de derechos para los responsables.
1) El documento habla sobre varios temas relacionados con los derechos comerciales como la transmisión y garantías de títulos de crédito a través de la cesión de créditos, endosos y avales. 2) Explica conceptos como la cesión de créditos, los diferentes tipos de endosos y sus efectos, y las obligaciones y derechos de los avalistas. 3) También cubre temas como la intervención, el protesto y sus clases.
Este documento proporciona consejos sobre técnicas de estudio efectivas. Explica que los factores ambientales como el ruido, la iluminación y la temperatura afectan el estudio. Recomienda estudiar en un lugar tranquilo y cómodo, y planificar el tiempo de estudio usando un horario. También describe técnicas como el subrayado, los mapas conceptuales, las grabaciones y los resúmenes que pueden ayudar a estudiar y retener la información de manera activa.
Sujetos procedimiento y tribunales administrativosmelgarejoby
El documento explica la diferencia entre proceso y procedimiento administrativo. Indica que el proceso es el conjunto de actos destinados a lograr una decisión judicial, mientras que el procedimiento se refiere a la sucesión cronológica de actos realizados durante el proceso. También define el procedimiento administrativo como el conjunto de actos y diligencias tramitadas por las entidades públicas que conducen a la emisión de un acto administrativo. Finalmente, describe los sujetos involucrados en un procedimiento administrativo, como la administración pública y los administrados.
Este documento describe la organización de la Hacienda Pública en Argentina. Explica que existen tres órganos máximos o poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. También describe los principios de competencia y jerarquía que rigen las relaciones entre los distintos órganos de la administración pública, y explica las funciones de los órganos máximos y otros órganos secundarios como los de control.
Este documento resume las principales características y funciones de las bolsas de comercio y los mercados de valores. Explica que las bolsas de comercio actúan como mercados donde se realizan diferentes tipos de operaciones como las operaciones al contado, a plazo fijo, con opción o a prima. También describe los roles y requisitos de los agentes de bolsa y establece que los mercados de valores deben estar autorizados y regulados por la ley para operar.
Este documento resume la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en España. Establece los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento común para todas las administraciones públicas. Regula también los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones y la obligación de relacionarse electrónicamente con ellas para ciertos trámites.
La ley regula el procedimiento administrativo común para todas las administraciones públicas en España. Establece los principios generales del procedimiento como los derechos de los ciudadanos en sus interacciones con las administraciones, la obligación de relacionarse electrónicamente, el uso de lenguas oficiales, y los requisitos para la representación, registro de documentos, y archivo electrónico de expedientes.
(MUESTRA) Preguntas Guía de la Ley 39/2015Aprende la Ley
Aquí puedes ver y descargar una muestra de las Preguntas Guías referidas a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (www.aprendelaley.com)
Este documento establece las disposiciones generales de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en España. La ley regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común y los principios de la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Además, define conceptos como interesados, representación y capacidad de obrar, y establece los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas y la obligación
Este documento establece las disposiciones generales de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en España. La ley regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común y los principios de la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Además, define conceptos como interesados, representación y capacidad de obrar, y establece los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas y la obligación
Este documento establece las disposiciones generales de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en España. Regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común y los principios de la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Aplica al sector público, incluyendo las diferentes administraciones públicas y entidades. Define conceptos como interesados, representación y capacidad de obrar, así como los derechos de las personas en sus
Este documento describe las diferentes formas de responsabilidad de los funcionarios públicos en Venezuela. Existen dos tipos principales de responsabilidad: la responsabilidad de la administración pública y la responsabilidad personal del funcionario. La responsabilidad personal puede ser penal, administrativa o civil y depende de si el funcionario cometió un delito, incumplió con sus deberes o causó daños a un particular. El documento también resume las leyes y normas clave que rigen estas responsabilidades.
El documento describe un curso de formación sobre el procedimiento administrativo y los recursos administrativos según la Ley 39/2015. Explica el concepto y las fases del procedimiento administrativo, así como los principios generales y tipos de recursos administrativos. Se centra en los títulos y artículos de la ley que regulan estos temas, incluyendo disposiciones sobre interesados, representación, identificación electrónica y registros de apoderamientos.
El proceso contencioso administrativo es el reclamo o acción judicial que se interpone ante los tribunales para impugnar actos de la administración pública que vulneran derechos. Tiene como objetivos el control judicial de la administración y garantizar que responda por sus actos. Las partes involucradas son el administrado como demandante y la entidad pública como demandada. El proceso permite declarar la nulidad de actos o reconocer derechos vulnerados.
Comentarios Ley de Administracion PublicaAnge Macayo
La Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) establece los principios y bases sobre los cuales se funda la Administración Pública en Venezuela. La LOAP regula aspectos como la organización y funcionamiento de los órganos administrativos nacionales y locales, los compromisos de gestión, la participación ciudadana, el control de políticas y resultados públicos, y los archivos y registros públicos. Además, la LOAP reconoce una serie de derechos a los particulares en su interacción con la Administración Pública, como acceder a
El documento describe los derechos y obligaciones que tienen los particulares frente a la administración pública. Menciona que los particulares tienen derecho a la prestación de servicios administrativos, a la legalidad de los actos de la administración, y a la reparación de daños causados por la administración. También existen obligaciones de los particulares como prestar el servicio militar, pagar impuestos, y obtener permisos para ciertas actividades.
Este documento describe los diferentes tipos de procedimientos administrativos en Venezuela, incluyendo el procedimiento ordinario, el procedimiento sancionatorio, el procedimiento sumario y el procedimiento simple. También explica el derecho de petición, la reclamación previa administrativa o antejuicio administrativo, y los pasos, características y personas involucradas en el proceso administrativo y antejuicio administrativo.
1) La acción de tutela es el mecanismo para proteger derechos fundamentales y puede ser interpuesta por cualquier persona cuando estos derechos son vulnerados por autoridades públicas. 2) Las acciones populares protegen derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente, moralidad administrativa y otros asuntos. 3) La acción contencioso-administrativa permite controlar jurídicamente las actuaciones de la administración pública y tutelar derechos de los administrados.
1. La Ley 1437 de 2011 reformó el Código Contencioso Administrativo dividiéndolo en dos partes: el procedimiento administrativo y el procedimiento de lo contencioso administrativo. Derogó el Decreto 1 de 1984 y otras normas anteriores.
2. Los principales cambios incluyen nuevos términos para resolver peticiones, recursos y consultas, así como regulaciones sobre notificaciones, medios electrónicos, y recursos de revocatoria directa y excepción de pérdida de ejecutoriedad.
3. El document
Este documento presenta información sobre el derecho administrativo y el procedimiento administrativo en Perú. Explica que la Ley General de Procedimiento Administrativo establece las normas que definen los procedimientos administrativos y regulan los actos de las entidades públicas. También describe los principios del debido proceso y legalidad en que se sustenta el procedimiento administrativo, así como los tipos de procedimientos como el contencioso administrativo y el procedimiento trilateral.
Este documento clasifica y define los diferentes tipos de actos administrativos según su esfera de aplicación, finalidad, contenido y efectos, y su relación con la ley. Describe actos internos y externos, preliminares, decisorios, de ejecución, así como actos que incrementan o restringen los derechos de los particulares y aquellos que dan testimonio de una situación. También cubre actos reglados y discrecionales.
El principio de confianza legítima en la administraciónNibaldo Henriquez
Es una publicación de la revista scielo del sr. Jorge Bermudez Soto, actual Contralor General de la República, respecto de qué debemos entender por el principio de legítima confianza
Este documento presenta el temario de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Almería. El tema 1 trata sobre la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, incluyendo disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Se explican conceptos como ámbito de aplicación, interesados en el procedimiento, capacidad de obrar, representación, registros electrónicos de apoderamientos e identificación de
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La peor parodia del videojuego de Bioware "Dragon Age 2" jamas hecha. ¡James Franco es Hawke!, ¡Angelina Jollie es Flemeth!, ¡Danny McBride es Carver!, ¡la maziza Super DANNING es Aveline.
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Este documento presenta el Estatuto de Autonomía de Cantabria, que establece las instituciones y competencias de la comunidad autónoma de Cantabria de acuerdo con la Constitución española. El Estatuto define Cantabria como una comunidad histórica con derecho a autogobierno, y establece su Parlamento, Gobierno y Presidente como instituciones que ejercerán los poderes de la región. También determina el territorio de Cantabria, los derechos de los ciudadanos cántabros y las competencias del Parlamento regional.
El Parlamento de Cantabria representa al pueblo cántabro y es elegido por sufragio universal para un mandato de 4 años. Está formado por entre 35 y 45 diputados que controlan al Gobierno regional, aprueban los presupuestos y la gestión de servicios públicos. Además, eligen al Presidente de Cantabria y a los senadores que representarán a la región en Madrid.
El presidente de Cantabria dirige el gobierno regional, coordina a los consejeros, firma convenios y decretos, promulga las leyes, nombra y cesa a los miembros del gobierno, preside el consejo de gobierno, y delega temporalmente sus funciones en un consejero con la notificación al Parlamento regional.
Este documento resume los derechos y deberes de los empleados públicos en España. Existen varios tipos de empleados públicos como funcionarios de carrera, interinos y eventuales. Todos tienen derecho a promoción interna, retribuciones, defensa jurídica, formación continua, permisos familiares y sindicales. También tienen deberes como cumplir las tareas asignadas, guardar secreto y cumplir principios de conducta como tratar a otros con respeto y cumplir el horario laboral. Los empleados públicos ad
El documento resume las funciones y características del jefe de estado español. El rey es el símbolo de unidad del país, es inviolable y arbitra y modera. La corona se hereda y el consorte del monarca recibe el título de Alteza. En caso de que el rey sea menor de edad, necesita un tutor designado por testamento, las cortes o el viudo/a del monarca anterior. El príncipe heredero puede ejercer la regencia a los 18 años o si el rey abdica. Los actos del rey requieren el ref
Este documento describe el régimen disciplinario para el personal local en comparación con los funcionarios de las comunidades autónomas. Explica los diferentes tipos de personal local, incluido el personal de carrera, interino e indefinido. También detalla los tipos de faltas, que van desde leves a muy graves, y las sanciones correspondientes como suspensión, traslado o separación del servicio. Además, indica quiénes pueden incoar expedientes disciplinarios como el alcalde, director general de función pública o ministro de administración pública.
Este documento explica el funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno local en España. Describe la constitución y sesiones del pleno municipal, la junta de gobierno local y las comisiones informativas. Explica que el alcalde preside estas reuniones y establece el orden del día, da el uso de la palabra durante los debates y firma las actas de las sesiones. También cubre temas como la adopción de acuerdos, la presencia de público y la convocatoria de sesiones extraordinarias.
Este documento describe el proceso de aprobación de ordenanzas y reglamentos por parte de los entes locales. Las ordenanzas son aprobadas por el pleno mediante mayoría simple, aunque algunas requieren mayoría absoluta. Tras un período de información pública, las ordenanzas entran en vigor 15 días después de su publicación, excepto las fiscales que entran en vigor el mismo día. Los bandos son aprobados por el alcalde para recordatorios, convocatorias o decretos urgentes por catástrofes, infortunios o peligros graves.
Este documento resume la estructura de los funcionarios públicos locales en España. Explica que hay diferentes tipos de funcionarios como fijos, laborales o eventuales, e incluye detalles sobre cómo se adquiere y pierde la condición de funcionario. También describe las diferentes escalas y subescalas dentro de la administración local, incluyendo funciones técnicas, de gestión, administrativas, auxiliares y subalternas.
El pleno municipal controla al gobierno local y decide sobre presupuestos, servicios, reglamentos y ordenanzas. Tiene competencia sobre cambios de nombres, escudos o banderas de municipios, así como sobre contrataciones mayores al 10% o 6 millones de euros y créditos mayores al 10%. Además, aprueba la plantilla municipal, sueldos y personal eventual, mociones de censura y cuestiones de confianza, así como planes urbanos, reglamentos y presupuestos. Los ayuntamientos deben prestar servicios de alumbrado públic
El alcalde dirige la administración municipal y representa al ayuntamiento. Tiene autoridad para aprobar contrataciones menores de 6 millones de euros, adquisiciones menores de 3 millones de euros y operaciones de crédito menores de 2 millones de euros. Preside las sesiones del ayuntamiento y nombra y separa a los tenientes de alcalde. También dicta bandos y aprueba proyectos de urbanización.
El documento explica el proceso de empadronamiento en España. Los ayuntamientos crean y mantienen el padrón municipal anualmente y lo envían al INE para su revisión. El INE comprueba la exactitud de los datos y formula reparos si no está conforme. Las discrepancias se envían al Consejo de Empadronamiento, un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda que se encarga de coordinar a los ayuntamientos y elaborar las cifras oficiales de cada municipio.
Este documento describe dos clases de administrados: los simples y los cualificados. Los simples son tratados de forma impersonal y objetiva, mientras que los cualificados tienen una sujeción especial debido a un servicio público como funcionarios o contratistas. También se mencionan algunas causas que pueden modificar la capacidad de obrar como la edad, nacionalidad, domicilio y condenas penales. Finalmente, se alude brevemente a la colaboración y participación de los administrados.
Este documento resume la Constitución española de 1978. Explica que España es un estado social, democrático y de derecho con una monarquía parlamentaria. La constitución contiene diez títulos que establecen los órganos de poder del estado como la corona, el congreso, el senado y el gobierno. También enumera los derechos fundamentales de los ciudadanos como la libertad, la igualdad, la intimidad y la libertad de expresión, y explica que el recurso de amparo protege estos derechos.
ACERTIJO DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARÍS. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
El Mtro. JAVIER SOLIS NOYOLA crea y desarrolla el “DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARIS”. Esta actividad de aprendizaje propone el reto de descubrir el la secuencia números para abrir un candado, el cual destaca la percepción geométrica y conceptual. La intención de esta actividad de aprendizaje lúdico es, promover los pensamientos lógico (convergente) y creativo (divergente o lateral), mediante modelos mentales de: atención, memoria, imaginación, percepción (Geométrica y conceptual), perspicacia, inferencia y viso-espacialidad. Didácticamente, ésta actividad de aprendizaje es transversal, y que integra áreas del conocimiento: matemático, Lenguaje, artístico y las neurociencias. Acertijo dedicado a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...Juan Martín Martín
Criterios de corrección y soluciones al examen de Geografía de Selectividad (EvAU) Junio de 2024 en Castilla La Mancha.
Soluciones al examen.
Convocatoria Ordinaria.
Examen resuelto de Geografía
conocer el examen de geografía de julio 2024 en:
https://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2024/06/soluciones-examen-de-selectividad.html
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/
Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinaria). UCLMJuan Martín Martín
Examen de Selectividad de la EvAU de Geografía de junio de 2023 en Castilla La Mancha. UCLM . (Convocatoria ordinaria)
Más información en el Blog de Geografía de Juan Martín Martín
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/
Este documento presenta un examen de geografía para el Acceso a la universidad (EVAU). Consta de cuatro secciones. La primera sección ofrece tres ejercicios prácticos sobre paisajes, mapas o hábitats. La segunda sección contiene preguntas teóricas sobre unidades de relieve, transporte o demografía. La tercera sección pide definir conceptos geográficos. La cuarta sección implica identificar elementos geográficos en un mapa. El examen evalúa conocimientos fundamentales de geografía.
1. OPOSICIONES A ADMINISTRATIVO: EL ADMINISTRADO
TEMA2 – EL ADMINISTRADO.
1.1 Concepto
ADMINISTRADO – es toda persona física o jurídica, ya sea esta de Derecho Público o Privado q se
encuentren sometidos en una relación de subordinación respecto de una Administración Pública.
Las relaciones AAPP con los Administrados se regulan por el Dº Administrativo.
Paso de concepto de Administrado al de Ciudadano (menos connotaciones de dependencia y
subordinación con respecto a la Administración)
– Concepto de INTERESADO en el Procedimiento Administrativo (PA):
1) Quienes promuevan el Procedimiento --> como titulares de Dº e intereses legítimos
individuales o colectivos.
2) Los q tengan derechos q pueden resultar afectados por la decisión q se tome –> aunque no
promueva iniciación de Procedimiento
3) Aquellos cuyos intereses legítimos (individuales/colectivos) pueden resultar afectados por
la resolución y se personan en el procedimiento (mientras no recaiga resolución definitiva)
1.2 Clases
Los administrados pueden distinguirse:
Por la sujeción respecto de la Administración:
1) Administrado SIMPLE –-> Es aquel que se encuentra respecto de la A en un
estado de sujeción general, y que es tratado de una forma impersonal y objetiva.
2) Administrado ESPECÍFICO o CUALIFICADO –-> Cuando el estado de
SUJECIÓN ESPECIAL en virtud de circunstancias de diversa índole: ejercicio de
una determinada profesión, uno o la prestación de un servicio público, etc..., en el que
la regulación es más minuciosa, según la importancia, naturaleza, prerrogativas y
efectos de su actividad, o exigencias del servicio público que presta o utiliza.
Funcionarios, contratistas, etc.
Por la posición que ocupe.
2 - Capacidad del administrado y sus causas modificativas
2.1 La capacidad del administrado.
Según Art. 30, Ley 30/92 LRJAP y PAC
Tendrán Capacidad de Obrar ante las AAPP:
1) Las personas q la ostenten con arreglo a las normas civiles
1
2. 2) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus dº e intereses cuya actuación esté
permitida por el Ordenamiento Jurídico-administrativo sin la necesidad de la asistencia de la
persona q ejerza la
a. Patria potestad
b. Tutela
c. Curatela
--> Se exceptúa el supuesto de los Menores Incapacitados , cuando la extensión de la
incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los dº o intereses de q se trate.
2.2 Sus causas modificativas.
Son CAUSAS q modifican la CO de los Administrados: la nacionalidad. la edad. la enfermedad. la
condena penal. el procesamiento y la suspensión. el concurso y la quiebra. el domicilio
A Nacionalidad
Los extranjeros en España NO TIENEN los mismos Dº q los españoles:
1) No pueden acceder a cargos públicos o políticos
2) No pueden ser funcionarios
3) No derecho de sufragio en elecciones Generales o autonómicas
4) Podrán ejercer el dº de sufragio activo / pasivo según lo establecido por Ley orgánica 1/97,
de 30 de mayo en Elecciones Municipales
B La Edad
Puede Ampliar o Limitar la CO de los Administrados. Para acceder a la Función Pública (FP) se
requiere tener 18 años
C La Enfermedad
La enfermedad física o psíquica, nos referimos, puede impedir el acceso a la:
1) FP
2) El desempeño de cargos públicos
3) Ejercitar determinados actos
D. La Condena Penal
Cualquier condena penal puede influir en la capacidad jurídico-administrativa, unas veces impide que se
instaure: cuando se tienen antecedentes penales; y otras la extingue, bien automáticamente,
inhabilitación, o puede ser causa de separación.
E. El Procesamiento y la suspensión
Lo primero puede influir en la relación administrativa impidiendo su nacimiento o modificándolo, si se
produce la suspensión en el empleo y parte del sueldo; y lo mismo cabe decir de la suspensión
preventiva durante la instrucción del expediente disciplinario.
F. El concurso y la quiebra
2
3. Se incluiría el caso de insolvente o fallido. Tienen importancia porque extinguen o, al menos, modifican
la relación jurídico-administrativa que se instaura entre la Admón y el contratista o concesionario que es
declarado
La declaración judicial de QUEBRADO o CONCURSADO ---> Inhabilita para celebrar CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS con la AP.
G La Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas
La I es una PENA q se impone por sentencia judicial e impide el ejercicio de:
a) Cargos b) Funciones públicas
La Inhabilitación puede ser: a) ABSOLUTA b) ESPECIAL
H. El domicilio
El domicilio no coincide en Derecho administrativo y en el civil. También modifica la capacidad
jurídico-administrativa al tener relevancia como centro donde han de aplicarse los impuestos; otras
veces otorga derechos, ya que da lugar a la vecindad en un Municipio y al consiguiente
aprovechamiento de bienes comunales.
La Ley establece en cada supuesto las circunstancias q han de concurrir en un SUJETO para q
pueda ENTABLAR con la AAPP la relación q regula.
2.3 Representación
Los Interesados con CAPACIDAD DE OBRAR podrán actuar por medio de Representante,
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas.
Representante puede serlo cualquier persona con CO ante AAPP.
Deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna, o mediante DECLARACIÓN en comparecencia personal del interesado.
Se podrá actuar mediante representación para:
a) Formular solicitudes
b) Entablar Recursos
c) Desistir de Acciones
d) Renunciar a derechos
--> Para actos / gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación
La falta o insuficiente acreditación de la representación NO IMPEDIRÁ q se tenga por realizado el acto
de q se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días que
deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del
caso así lo requieran.
2.4 Pluralidad
Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a q den
lugar se efectuarán
a) Con el representante o
b) El Interesado que expresamente hayan señalado o q figure en 1º término
3
4. Cuando las pretensiones de una pluralidad de personas tenga un CONTENIDO y FUNDAMENTO
IDÉNTICO o SUSTANCIALMENTE SIMILAR
--> Podrán ser formuladas en una ÚNICA SOLICITUD salvo que las normas reguladoras de los
procedimientos específicos dispongan otra cosa.
2.5 Identificación
Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte
la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya
Identificación resulte en el Expediente y q puedan resultar afectados por la Resolución que se dicte
-->Se les COMUNICARÁ la tramitación del procedimiento.
Por otro lado, los interesados en un Procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros
interesados que no hayan comparecido en él, deben de proporcionárselos a la Administración
3 – ACTOS JURÍDICOS del ADMINISTRADO. PETICIONES Y SOLICITUDES.
En la relación jurídico-administrativa, el administrado aparece como SUJETO PASIVO, soportando las
prerrogativas y potestades de la Administración.
Aún así, nuestro ordenamiento jurídico reconoce al administrado una serie de DERECHOS y
POTESTADES q inciden en la relación jurídico-administrativa.
3.1 – Peticiones y solicitudes
Actualmente son diversas las normas que se refieren a la facultad que tiene el ciudadano de formular
ante la Administración peticiones y solicitudes.
Aunque a simple vista las peticiones y solicitudes son muy similares, presentan diferencias aunque en
algunos casos su distinción puede resultar complicada.
Así, es posible distinguir dos supuestos: aquellos en que la petición únicamente es susceptible de
fundamentarse en el derecho de petición recogido en el Art. 29 CE y aquellos en que la petición puede
apoyarse en otras normas que reconozcan de forma específica el derecho del administrado a iniciar un
procedimiento administrativo.
Las peticiones del primero de los supuestos se han denominado por la doctrina “peticiones graciables”.
Una de las principales diferencias respecto a las denominadas “solicitudes” (entendiendo la palabra en
sentido propio) radica en que las primeras únicamente dan derecho al justificante de recepción, mientras
que las segundas, dan lugar a una respuesta por parte de la Administración o, en caso de silencio, a una
resolución presunta, pudiendo presentar el administrado el recurso correspondiente.
A. Peticiones
a) Consideraciones previas.
Según el art. 29 de la Constitución, todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y
colectivo, por escrito, en la forma y con los efectos q determina la Ley.
Este derecho se encuadra dentro de lo que la Constitución reconoce como derechos y libertades
fundamentales y, como tal, goza de un sistema de garantías y de protección especial, de manera que
cualquier ciudadano puede solicitar su tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado
en los principios de preferencia y sumariedad, y también pueden interponer recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional.
4
5. La esencia política del derecho de petición se justifica por su encuadramiento en el texto
constitucional con otros derechos políticos, e igualmente por el carácter político de las autoridades ante
las que se ejerce este derecho.
b) Sujetos
Titulares del derecho de petición
Toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de
petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por esta Ley y
sin perjuicio que de su ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio para el peticionario. No obstante
esto no resultarán exentos de responsabilidad los que en ocasión del ejercicio del derecho de
petición incurran en delito o falta.
Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar,
solo podrán ejercer este derecho individualmente y de acuerdo con aquello que se ha dispuesto en
su legislación específica.
Destinatarios
El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración o
autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades
vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, respecto de las materias de su
competencia, sea cual sea el ámbito territorial o funcional de ésta.
c) Objeto
Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de
competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o
sean de interés colectivo o general.
No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para la satisfacción de las
cuales el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico diferente del regulado en
la Ley 4/2001.
d) Utilización de las lenguas cooficiales
En el ámbito territorial de las CCAA los Estatutos de la cual establezcan la cooficialidad
lingüística, los peticionarios tendrán derecho a formular sus peticiones a la Administración
General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en cualquiera de
las lenguas oficiales y a obtener respuesta en la lengua de su elección.
La institución, administración u órgano instructor habrá de traducir al castellano los documentos,
expedientes o partes de los mismos que hayan de producir efectos fuera del territorio de la CCAA
y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente.
e) Tramitación
Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter
electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del
solicitante, la nacionalidad si la tuviera, el lugar o el medio elegido para la práctica de
notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición.
En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir con los requisitos anteriores, serán
firmadas por todos los peticionarios, teniendo que figurar, al lado de la firma de cada uno de ellos,
su nombre y apellidos.
5
6. El peticionario podrá dar cuenta del ejercicio de su derecho a institución u órgano diferente de
aquel ante quien va a dirigir la petición, remitiéndole copia del escrito sin otro efecto que es de su
simple conocimiento.
Los peticionarios podrán exigir la confidencialidad de sus datos.
Presentación de escritos
El escrito que se deduzca de la petición, y cualquiera otros documentos y comunicaciones,
podrán presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos por la legislación
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recepción
de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Esta
actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente de acuerdo con la norma organizativa
de cada entidad.
Enmienda
Recibido el escrito de petición, la autoridad u órgano a que se dirija procederá a comprobar
su adecuación a los requisitos previstos por la Ley, previas las diligencias, comprobaciones y
asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciación tendrá que declararse su
inadmisión o tramitarse la petición correspondiente.
Si el escrito de petición no reuniese los requisitos, o no reflejase los datos necesarios con la
suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que enmiende los defectos advertidos en el
plazo de 15 días con la advertencia de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, notificándosele entonces su archivo con expresión de la causa.
Así mismo se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos
complementarios que obren en su poder o la obtención de la que esté a su alcance y que resulten
estrictamente imprescindibles para tramitar la petición. La no aportación de tales datos y
documentos no determinará por si sola la inadminisibilidad de la petición, sin perjuicio de sus
efectos en la decisión que finalmente se adopte.
Inadmisión de peticiones
No se admitirán las peticiones objeto de las cuales sea ajeno a las atribuciones de los poderes
públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquellas la resolución de las cuales
tengan que ampararse en un título específico diferente del establecido en esta ley que haya de ser
objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.
Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre el objeto de las cuales exista un
procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto que sobre
los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme.
La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y tendrá que acordarse y notificarse
al peticionario en los 45 días hábiles siguientes al de la presentación del escrito de petición.
En cualquier otro caso, se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite.
Cuando la declaración de inadmisibilidad se base en la falta de competencia, el destinatario
la ha de remitir a la institución, administración u organismo que considere competente en el
término máximo de 10 días, y lo tiene que notificar al interesado. En este caso los plazos se
computan desde que el órgano competente recibe el escrito.
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7. Cuando un órgano o autoridad se considere incompetente para el conocimiento de una
petición remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si los dos
perteneciesen a la misma institución, administración u organismo.
Respuesta de peticiones admitidas
En el supuesto de admisión de la petición, el órgano competente ha de responder y notificar
la respuesta en el término máximo de 3 meses a contar desde la fecha de la presentación, de
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 11 de la Ley 4/2001. En todo caso, el órgano
competente para resolver, si lo considera oportuno, puede convocar a los peticionarios en
audiencia especial.
Cuando la petición se considere fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de
ella, estará obligado a atenderla y a adoptar las medidas que crea oportunas a fin de conseguir su
plena efectividad, incluyendo, si procede, el impulso de los procedimientos necesarios para
adoptar una disposición de carácter general.
La respuesta recogerá, al menos, los términos en que la petición ha sido tomada en
consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos
por que se acuerda acceder a la petición de no hacerlo. En el caso de que, como resultado de la
petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se añadirá a la
resolución.
La autoridad u órgano competente para acordar, cuando lo considere conveniente, la
inserción de la respuesta en el Diario Oficial que corresponda.
Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades
derivadas de las peticiones recibidas.
B. Solicitudes
Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las
Administraciones Públicas podrán presentarse:
1) En los registros de los Órganos Administrativos a que se dirijan.
2) En los registros de cualquier Órgano Administrativo que pertenezca a la Administración
General del Estado, a la de cualquier CCAA, o a la de alguna de las Entidades q integran la
Administración Local (que tenga suscrito el oportuno Convenio).
3) En las oficinas de Correos
4) En las Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el Extranjero.
5) En cualquier otro establecido por las disposiciones vigentes
Las Administraciones mediante convenios de colaboración establecerá, los Sistemas de
intercomunicación y Coordinación de registros q garanticen su compatibilidad informática, así como la
trasmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Para la eficacia de los derechos reconocidos en el art. 35.c) de la Ley 30/1992 a los ciudadanos, éstos
podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto con sus solicitudes, escritos y
comunicaciones.
Dicha copia previa confrontación con el original, será remitida al órgano destinatario devolviéndose el
original al ciudadano. Cuando el original tenga que obrar en el procedimiento, se entregará al ciudadano
la copia de éste, una vez sellada y comprobada su identidad con el original.
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8. Cada Administración pública establecerá los DÍAS y HORARIOS en q permanecerá abiertos sus
REGISTROS para garantizar el dº de los ciudadanos a la presentación de documentos.
Se podrán crear registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y
comunicaciones, que permitirán su presentación durante las 24 horas, todos los días del año. A los
efectos de cómputo de plazos, la recepción en un día inhábil para el órgano o entidad se entenderá
efectuada en el primer día hábil siguiente.
3.2 – Reclamaciones
Será necesario distinguir entre reclamaciones en sentido estricto y reclamaciones en sentido amplio.
Las primeras se formulan en el ámbito del procedimiento administrativo, mientras que las segundas se
conciben como una colaboración del ciudadano en la valoración y evaluación sobre el funcionamiento
de los servicios y unidades administrativas, junto con las quejas, iniciativas y sugerencias.
A. En el Procedimiento administrativo.
Cuando hablamos de reclamaciones de los administrados nos estamos refiriendo a las que se
plantean contra resoluciones provisionales y a las reclamaciones en queja (denominación que proviene
de la derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958).
Las primeras son reclamaciones que el interesado puede formular contra un acto de trámite
adoptado en un determinado procedimiento administrativo. Este acto del administrado tendrá que ser
tenido en cuenta en la resolución definitiva de la Administración.
Al plantearse dichas reclamaciones contra actos de trámite y no contra actos definitivos, no
tienen la consideración de recurso administrativo previo a la vía jurisdiccional.
Por otro lado, las reclamaciones en queja, tienen como finalidad corregir los defectos de
tramitación en un determinado procedimiento administrativo que supongan:
a) Paralización
b) Infracción de los plazos preceptivamente señalados
c) Omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto
Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiera razones para ello, a la exigencia de
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.
No se exige ningún requisito especial para presentar una reclamación; la forma usual es que se realice
mediante un escrito, que tiene que ir firmado y con indicación del domicilio.
Respecto a las reclamaciones en queja, destacar que:
Han de formularse exclusivamente cuando haya un defecto de forma, nunca cuando trate sobre
el fondo del asunto, ni contra infracciones de normas.
Únicamente pueden ser presentadas por los que tengan la condición de interesados.
Los defectos de tramitación pueden ser alegados en cualquier momento.
B. Sobre el funcionamiento de servicios y unidades administrativas. El Libro de Quejas y
Sugerencias.
Definición.
8
9. El Libro de Quejas y Sugerencias tiene como objeto dejar constancia de las quejas, reclamaciones,
iniciativas o sugerencias que los ciudadanos consideren convenientes sobre el funcionamiento de
las unidades administrativas.
Localización.
Se ubicará en los registros generales y auxiliares de recepción o salida de documentos de aquellos
órganos y unidades administrativas que por su relación con el ciudadano se crea necesario y, en
todo caso, en las oficinas y centros de información y atención al ciudadano.
Composición.
Cada ejemplar del Libro de Quejas y Sugerencias estará integrado por 50 juegos de hojas
encuadernados y numerados. Cada juego de hojas constará de original y dos copias.
Forma de presentación.
Los ciudadanos formularán sus quejas o sugerencias por escrito en el Libro, indicando su nombre,
apellidos y su domicilio, a efectos de comunicaciones, y firmará al final de la correspondiente
hoja.
3.3 – Aceptación
Se puede definir la aceptación como la intervención del administrado consistente en aceptar el contenido
de un acto administrativo que afecta a sus derechos o intereses legítimos.
El administrado puede aceptar el acto administrativo a través de un escrito dirigido a la Administración.
En este caso, el administrado aceptaría el acto administrativo de forma expresa.
Por otro lado, se considera que el administrado ha aceptado el acto administrativo de forma presunta
cuando no ha interpuesto recurso administrativo en la forma y plazo establecido.
La aceptación del acto administrativo, ya sea de forma expresa o presunta, funciona, a veces, como
condición de la eficacia pero no de su validez, ya que puede ser perfectamente válido pero que no
produzca plenos efectos a causa de la falta de aceptación por el administrado.
Por ejemplo, la aceptación del nombramiento de los funcionarios públicos. En este caso, el acto de
nombramiento no produce efectos hasta que el interesado lo acepte mediante la toma de posesión.
3.4 – Renuncia y Desistimiento
Se puede definir la renuncia como un acto del administrado que permite poner fin a un procedimiento
administrativo, abandonando, de forma simultánea, tanto el procedimiento como el derecho utilizado,
sin que pueda volver a invocar dicho derecho con posterioridad.
No se tiene que confundir con el desistimiento, que igual que la renuncia finaliza de forma anticipada un
procedimiento administrativo pero se diferencia fundamentalmente en que en el desistimiento sólo se
abandona el procedimiento, no el derecho utilizado (que lo podrá invocar más adelante)
Si la solicitud de iniciación de un Procedimiento fuera colectiva, la Renuncia o Desistimiento sólo
afectará a aquellos que la pidieran.
Todo interesado puede RENUNCIAR a sus DERECHOS, sino está prohibido por ordenamiento
Jurídico.
3.5 – Requerimientos
Mediante el requerimiento o intimación, el administrado insta a la Administración para que actúe en la
forma legalmente establecida en un procedimiento administrativo concreto.
9
10. 4 – COLABORACIÓN y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LA
ADMINISTRACIÓN
4.1 - Colaboración
Conforme al Art. 39 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los ciudadanos están obligados a facilitar a la AAPP Informes,
Inspecciones y Otros Actos de Investigación sólo en los casos previstos por la Ley.
Los Interesados en un procedimiento que conozcan datos q permitan identificar a otros Interesados que
no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
4.2 - Participación
A Concepto
La Participación se define como el conjunto de técnicas que permiten la intervención de los ciudadanos
en la Organización o en la Actividad de la AAPP. El que participa actúa como ciudadano, preocupado
por el interés general, No actúa como INTERESADO personal y directo.
El art. 23 de la CE determina que:
1) Los ciudadanos tienen Dº a participar en los ASUNTOS PÚBLICOS,
Directamente o Por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal.
2) Asimismo, tienen Dº a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas SÓLO será OBLIGATORIA cuando así
lo prevea una norma con rango de Ley.
B Formas de Participación
a Participación orgánica
La participación orgánica Implica la incorporación del ciudadano en órganos Administrativos:
En Corporaciones Públicas
- En Corporaciones Locales
La LRBRL establece como derecho y deber de los vecinos el participar en la gestión municipal, de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes.
Las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación
de todos los ciudadanos en la vida local.
- En Colegios Profesionales
Se caracterizan por ser el cauce orgánico para la participación de los ciudadanos en las funciones
públicas de carácter representativo y demás tareas de interés general.
En Organismos no Corporativos
Por ejemplo, Asociaciones de vecinos, las Asociaciones de padres de alumnos, mesa electoral, etc.
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11. b Participación funcional
La participación funcional Implica una actuación de los ciudadanos en funciones administrativas, por
tanto, no es necesaria su incorporación a un órgano administrativo.
La Participación y Colaboración de los ciudadanos de carácter funcional se pone de manifiesto a través
de:
1) Escritos y comunicaciones
2) Ejercicio de acciones populares
3) Denuncias
4) Peticiones, Etc.
El artículo 142 de la Ley 8/87 de 15/04, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, dispone que
los ciudadanos podrán ejercer el derecho de petición ante las autoridades locales solicitando la
adopción de actos o acuerdos en materia de su competencia. Las peticiones se formalizarán
siempre por escrito.
Si la Admón. No resolviere en el plazo de tres meses, la petición se entenderá desestimada.
FIN
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